Por su interés reproducimos las noticias del movimiento pensionista
1.- Movilizaciones de protesta contra el acuerdo de las pensiones
El lunes día 12 convocadas por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria se llevaron a cabo diversas manifestaciones, concentraciones y otras iniciativas para denunciar el acuerdo suscrito sobre las pensiones en la Mesa de Dialogo Social y después rubricado por el Consejo de ministros, encabezado por Pedro Sánchez.
En Bilbao se llevó a cabo una manifestación con la participación de 1.500 pensionistas desde el Ayuntamiento hasta la subdelegación del Gobierno central. En Iruña fueron algo más de 200 pensionistas quienes arrancaron desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la delegación del Gobierno central. Y en el Boulevard de Donostiase celebró una rueda de prensa masiva. Asimismo, se llevaron a cabo concentraciones en 12 pueblos de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa.
En todos los actos se hizo pública la carta enviada por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, junto a plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del Estado, al presidente del Gobierno de Madrid, Pedro Sánchez, en la que se le solicitaba una entrevista directa y presencial para mostrarle nuestra preocupación y desacuerdo con la reforma de pensiones recién aprobada, demandarle su rectificación y que tuviera en cuenta las demandas del movimiento de pensionistas. Asimismo, se repartió y dio una explicación de otro documento del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, en el que se recogían bien fundamentadas y razonadas las críticas a ese acuerdo, nuestras propuestas alternativas y la disposición a continuar con las movilizaciones hasta que las necesidades de los y las pensionistas sean debidamente atendidas.
También se informó de que ese mismo día a la mañana se había celebrado una rueda de prensa telemática del movimiento de pensionistas vasco junto al resto de plataformas del Estado, tomando como referencia otro documento con los mismos fundamentos del especifico vasco, sólo que con un compromiso importante: impulsar una movilización coincidente en todos los pueblos del Estado el 13 de noviembre, dos días antes de la fecha prevista por el gobierno, las patronales y CCOO y UGT para intentar cerrar otros acuerdos referidos a la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Acudieron a los diversos actos un número significativo de medios de comunicación interesados en la opinión y posicionamiento del movimiento de pensionistas vasco en torno al acuerdo citado. La publicación después de lo recogido, fue bastante limitada, salvo en los medios periodísticos de Gipuzkoa, donde tuvo un eco importante.
2.- A vueltas con los fondos privados de pensiones
En el periódico El País han aparecido en los últimos días algunas referencias a las propuestas de Escrivá, según las cuales el ministro de la seguridad social, tras el acuerdo de la Mesa de Dialogo Social, centra ahora sus esfuerzos en desarrollar la otra gran medida que confía en tener aprobada este mismo año: el diseño de un nuevo fondo público-privado de pensiones que el Gobierno aspira a introducir de forma generalizada en las empresas españolas, vía convenios colectivos, incluyendo grandes compañías, convenios sectoriales y pymes.
El Gobierno planea delegar la gestión del fondo en manos privadas emitiendo un pliego de condiciones que detallará, entre otros aspectos, la comisión máxima que se podrá cobrar, revelan en la Seguridad Social, donde barajan proponer entre un 0,20% y un 0,30%.
El presidente de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones, señala que no le parece atractiva una comisión del 0,30% para asumir esa gestión, por lo que plantea que sea del 0,50%.
Por otro lado, al parecer el ministerio de seguridad social, presidido por Escrivá, quiere mantener el control del fondo con la colaboración de patronal y sindicatos. Pero fuentes que están metidas en el meollo del proyecto señalan que Escrivá estaría dispuesto a crear un comité de “expertos independientes” que se encargaría de “monitorizar” la política de inversiones del fondo, velar por su prudencia y controlar que se ajusta al fin para el que fue creado.
Para vender su proyecto, Escrivá destaca que la rentabilidad media de los planes de empleo ha sido en los últimos 20 años de un 3,1% y que pretende favorecer más las ayudas -deducciones- fiscales a los planes colectivos que a los individuales. No le preocupa si esa rentabilidad se ha logrado por medio de mecanismos de especulación y explotación, tampoco las quiebras de los sistemas privados individuales y colectivos de los EEUU que dejaron sin ningún margen de recuperación de sus aportaciones a los usuarios o clientes de esos sistemas de pensiones. Encima, para lavar la cara a este modelo, lo definen como “plan de ahorro para la jubilación”.
Sabemos que el gobierno trabaja con el horizonte de tener en marcha ese nuevo fondo llamado público en el 2022. Traerá consigo una mayor diferenciación entre las pensiones, fomentará la división entre las y los pensionistas y debilitará la protesta y movilización pensionista para mantener y lograr unas pensiones públicas y dignas y un sistema público que las garantice.
3.- La subida interanual del IPC se sitúa en el 2,7
Según el Instituto Nacional de Estadística estamos conociendo un aumento ininterrumpido de la carestía de la vida en los últimos cuatro meses, situándose el IPC interanual a nivel estatal en el 2,7%. Este encarecimiento aún es mayor en Hego Euskal Herria: 2,8 en Araba; 2,9 en Bizkaia y Gipuzkoa; y 3,2 en Nafarroa.
Las subidas más importantes se han dado en los sectores de la electricidad, los alimentos y la vivienda. Todos ellos elementos básicos para la sociedad, preocupantes y graves sobre todo para las personas o familias con ingresos más bajos. ¡Que se lo pregunten cómo soportan este encarecimiento a las personas y familias con bajos o ningún ingreso, por ejemplo, a los y las pensionistas con pensiones de miseria!
4.- El Ayuntamiento de Tolosa concede el servicio de atención diurna a una empresa privada por 36 años
La semana pasada el Ayuntamiento de Tolosa, gobernado por el PNV y el PSOE, bajo la dirección del primero, acordó conceder el servicio de atención diurna a una empresa privada por 36 años. Con esa decisión el gobierno municipal elude su responsabilidad y deja ese servicio en manos de una empresa privada durante casi cuatro décadas.
Pasa de largo de los problemas acentuados con la pandemia en el sistema de cuidados. Hace caso omiso de las necesidades de la sociedad, en especial de las personas mayores. Y se cierra los ojos y los oídos ante las demandas de diversas asociaciones sociales, sindicatos del sector, el movimiento de pensionistas…, para abordar los problemas de fondo detectados y caminar con urgencia no hacia la privatización sino hacia sistema público sanitario y sociosanitario de calidad que proteja y garantice la salud y los cuidados de toda la sociedad, en especial de los sectores más vulnerables.
Otro ejemplo más de los recortes que vamos a conocer este verano con la reducción de los horarios de los servicios de atención primaria en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Este es el modelo de Auzolan comunitario del que tanto se enorgullece el gobierno de Urkullu.
5.- Acuerdo para la reforma de las pensiones entre el Gobierno, las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT(III)
Abordamos un tercer y último capítulo sobre la reforma de las pensiones del 30-junio.
No se menciona la exigencia de los Proyectos No de Ley que demandan la derogación de los coeficientes de reducción con 40 años cotizados.
Desde hace bastantes años, algo más de 500.000 trabajadores/as en el conjunto del Estado -varias decenas de miles en Hego Euskal Herria- que se habían jubilado anticipadamente, la gran mayoría de ellos forzosamente por la reconversión industrial, venían demandando que, al menos, con cuarenta años de cotización se les eliminaran los coeficientes de reducción de las pensiones que se les habían impuesto. En numerosas instituciones autonómicas se habían aprobado Proposiciones No de Ley defendiendo esa reivindicación.
Se les había prometido que se iba a revisar esa situación, incluso dentro de los debates de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Pero en el acuerdo firmado ni siquiera se menciona, con lo que la incógnita sobre la posible solución a este problema continúa pendiente.
La ampliación de los años de cotización de 25 a 35 años para el cálculo de las pensiones
No ha entrado en este acuerdo sobre la primera parte de la reforma de las pensiones. Pero la discusión ha estado sobre la mesa de negociaciones y no cabe descartar que en la segunda fase se acuerde esa ampliación, que supondrá una agravación mayor de las pensiones de quienes ya las vienen sufriendo desde que se impuso el proceso de 15 a 25 años que culminará en el 2022
Es probable que traten de dulcificarla con que puedan elegir los 35 mejores años de cotización. Pero ¿qué margen de mejora queda para las nuevas generaciones si van a tener grandes dificultades para llegar a los cuarenta años de cotización y más aún para sobrepasar ésta? No digamos nada si se amplían los años de cotización para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral.
No derogan la reforma de pensiones del 2011
Tuvo los mismos apoyos que este último acuerdo, en aquel caso bajo la presidencia de Zapatero. La reforma del 2011, entre otros recortes, estableció la edad de jubilación hasta los 67 años; pasar de 15 a 25 años para el cálculo de la pensión; y también recogió el factor de sostenibilidad. Las medidas que ya se han acordado y las que piensan adoptar a corto plazo no son más que una prolongación o ampliación de los recortes o retrocesos que entonces se acordaron.
Se mantiene el proceso de privatización del Sistema Público de Pensiones a través de planes privados de convenio de empresa y sectoriales. Están comprometidos a empezar a concretar desde ahora ese plan de impulso de los sistemas privados de empresa y sectoriales para ser incluido en la segunda parte de la reforma.
En el acuerdo se asegura que el Estado se compromete a garantizar el equilibrio financiero del Sistema Público de Pensiones con los Presupuestos Generales del Estado. Es un compromiso genérico que necesita concretarse mucho más. El movimiento de pensionistas no sólo queremos que se garantice el equilibrio financiero del sistema, queremos que se garanticen pensiones públicas, dignas y suficientes y para esto se deroguen las reformas laborales que precarizan el empleo y reducen las cotizaciones; se asuma la deuda del Estado con la Seguridad Social y en caso necesario se hagan las transferencias necesarias desde los PGE. De no tomar esas medidas laborales y otras de carácter fiscal que engrosen las cajas públicas, podemos encontrarnos con que, en función de la necesidad del equilibrio financiero, haya una presión del gobierno del Estado a reducir las pensiones.
Salvo el reconocimiento legal de la subida del IPC y algunas mejoras muy limitadas y parciales, sólo se puede concluir que el Acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social ratifica los recortes de 2011; cambia de nombre el factor de sostenibilidad, que previsiblemente va a mantener su esencia; deja la puerta abierta a la privatización del sistema público de pensiones y nuevos recortes y no garantiza unas pensiones públicas dignas, sobre todo para los millones de pensionistas, en especial mujeres, con pensiones de miseria; la mayor parte del Movimiento de Pensionistas reivindicaciones siguen pendientes.
6.- ITP y Tubacex pendientes de la resolución del Supremo sobre los expedientes de despidos
ITP está a la espera desde hace bastantes semanas de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó la empresa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), anulando el ERE con el despido de 90 trabajadoras/es. La empresa continúa sin recolocarlos, es decir, en la calle, pagándoles el sueldo.
Ahora, las y los trabajadores de Tubacex se enfrentan a la misma disyuntiva. La dirección de la empresa ha recurrido, no recoloca a los 129 despedidos y los mantiene en la calle mientras no salga una sentencia del Supremo, que puede tardar hasta un año hasta que se resuelva. El Comité de Empresa ha tratado de encontrar alguna salida acordada, pero la dirección se limita a lanzar algún globo sondas, sugiriendo que en determinadas circunstancias podría readmitir algunas de las personas despedidas, pero nada seguro ni convincente ni concreto.
Ahora la plantilla se encuentra ante una disyuntiva muy difícil y complicada. Continuar con la huelga indefinida hasta que salga la sentencia, después del desgaste económico, y de todo tipo, tras 154 días de huelga es una decisión muy dura y comprometida. Estos días atrás cada sección sindical se ha reunido con sus afiliados/as para valorar la situación y ver qué hacer. El Comité de Empresa se reunía el día de ayer para debatir sobre el panorama a que se enfrentan y cómo continuar la resistencia. En el momento de cerrar este boletín de noticias, antes de la celebración de la reunión del Comité de Empresa, no nos permite informar de lo que resolvió. Pero somos de la opinión, en cualquier caso, que no sólo hay que tener en cuenta la opinión de las personas afiliadas a los sindicatos, sino que la decisión –o decisiones– a adoptar sean presentadas y decididas en asamblea conjunta de todos los trabajadores y trabajadoras.
7.- Respuesta de Sánchez a la petición del movimiento de pensionistas
A última hora hemos tenido conocimiento de la contestación de la Presidencia del Gobierno, que firmó Iván Redondo, hasta hace pocas fechas jefe del Gabinete de Pedro Sánchez, a la petición de entrevista solicitada por el movimiento de pensionista vasco junto a plataformas del resto del estado. Como intuíamos, esa entrevista ha sido “desestimada”. El lunes se hará pública esa contestación y la carta de respuesta que se le remitirá a Pedro Sánchez demandándole de nuevo la necesidad sin dilación de esa entrevista.
