Auditoria de la Seguridad Social ya!

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

La principal recomendación de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DE TOLEDO es la de exigir al Gobierno español que ponga fin al desvío sistemático de cotizaciones sociales para pagar prestaciones no contributivas o servicios de carácter universal. Por eso exigen que antes de 2023 se acabe con el déficit financiero de la SS y se concrete la deuda histórica que el Estado tiene con el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

El año pasado, el TRIBUNAL DE CUENTAS hizo público el INFORME DE FISCALIZACIÓN de las cuentas de la SS entre 1.989 y 2013. Ni más ni menos que 155.500 millones (hablamos en euros de 2013), fueron desviados de las cotizaciones sociales para pagar gastos sanitarios y complementos no retributivos, y esto se hizo a pesar de que la ley 24/1997 exigía la separación financiera según la naturaleza de las prestaciones. Este fraude afectó al FONDO DE RESERVA DE LA SS, o HUCHA DE PENSIONES, que recaudó entre 2.000 y 2.011 solamente 68.000 millones de euros, y que en los ocho años siguientes dejaron prácticamente vacía los sucesivos gobiernos. El propio ministro ha reconocido que tan sólo el año pasado 22.300 millones de euros han sido gastos impropios cargados a la SS, como gastos de gestión, reducción de cotizaciones por políticas de empleo, o prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos.  

Durante años, no hubo escrúpulos en meter la mano en los recursos destinados a garantizar una pensión digna después de toda una vida de trabajo. Al revés, utilizaron el desvío de cotizaciones para atacar al SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, y lo hicieron mediante las REFORMAS DE PENSIONES DE 2.011 Y 2013, retrasando la edad de jubilación a pesar de los cinco millones de parados, rebajando la pensión aumentando los años para su cálculo, y creando un factor de sostenibilidad que penalizaba el que viviéramos más años. Empeoraron el sistema público para convencernos de que debíamos ahorrar en fondos privados de pensiones incentivados con dinero público y gestionados por los bancos. Si durante años no han conseguido engañarnos, no van a hacerlo ahora que pretenden que seamos los trabajadores los que tiremos piedras contra nuestro propio tejado, estableciendo sistemas complementarios de pensiones mediante acuerdos laborales. No vamos a dejar que conviertan las pensiones en un negocio, ni tampoco la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, o cualquier necesidad básica para las personas.

Por eso decimos al ministro Escrivá que no vamos a esperar al año 2023, que exigimos ya una AUDITORIA PÚBLICA, para saber dónde están los superávits de las cotizaciones sociales que no se ingresaron en la HUCHA DE LAS PENSIONES, y que exigimos que cumpla con el TRIBUNAL DE CUENTAS “haciendo efectiva la liquidaciónde gastos no contributivos asumidos por la Seguridad Social sin corresponderle”. Tenemos derecho a saber dónde han ido a parar nuestras cotizaciones durante años de trabajo. Sabemos, además, que la LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL obliga al Estado a hacer las aportaciones que necesite el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES y por eso rechazamos que se hable de préstamos y no de transferencias con la intención de debilitar lo público a favor de lo privado.

Hay que seguir, en la calle y en la lucha, hasta dar la vuelta a la desigualdad y la injusticia, hasta conseguir nuestras reivindicaciones, especialmente una pensión mínima de 1.080 euros, acabar con la brecha de género, un salario mínimo de 1.200 euros, y un SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES transparente, sostenible, suficiente, y digno

PENTSIONISTAK AURRERA

PENTSIONISTAK ARABA. Gasteiz 2021-06-07