Basta ya de perseguir y criminalizar a las personas pensionistas que perciben el complemento de pensiones de la RGI.

El Movimiento de Pensionistas de Barakaldo junto con el colectivo contra la exclusión social Berri-Otxoak, denunciamos la semana pasada, que LANBIDE, a través de un cuerpo policial como la Ertzaintza, sin orden judicial o amparo legal, está irrumpiendo en los hogares para comprobar enseres y revisar armarios y cuartos de baños.
Esto ocurre con la excusa de acreditar las personas que constituyen la unidad de convivencia y revisar la residencia efectiva cuando, incluso, la propia persona que abre la puerta a la Ertzaintza se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o prestación. Decenas de ciudadanos/as están sufriendo ya este atropello y vulneración de derechos.
Por lo que exigimos la paralización de estas prácticas humillantes, ya que el fraude entre dichos perceptores es menor al 0,5% , según datos oficiales. Denunciamos que esta actitud no es sino un intento de criminalización de la pobreza que afecta de forma directa a 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real. En la CAV 12.888 pensionistas perciben la RGI, en su modalidad de “Complemento de Pensiones”.
-Siendo el 25% de las unidades de convivencia que perciben la RGI en la CAV.
-De estás 12.888 personas 7.899 son mujeres
Además el Movimiento de Pensionistas junto a otros colectivos sociales, exigimos al Gobierno Vasco que este complemento a pensionistas sea aplicado de oficio para quienes sean acreedores de tal complemento, sin tener que pasar por el actual calvario burocrático al que se somete actualmente a los y las demandantes de tal ayuda y que en la mayor parte de los casos resulta disuasorio.

Hay que tener en cuenta que, en sus 34 años de historia, las políticas del ejecutivo vasco han sido incapaces de proteger a las personas y familias: cada año un tercio de la población en situación de exclusión social grave no accede al sistema de garantía de ingresos, según datos del propio gobierno vasco, siendo muchas de ellas personas pensionistas.
Basta de criminalizar la pobreza y a las personas perceptoras de estas ayudas sociales.
Movimiento de pensionistas de Barakaldo y
Berri-Otxoa (colectivo contra la exclusión social )
