Breve análisis del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021

Por su interés, divulgamos estas noticias del Movimiento Pensionistas

Noviembre 2020

Resumen Conclusiones

Los PGE 2021 deben tener como prioridad revertir los recortes, hacer frente a los problemas económicos y sanitarios derivados de la pandemia y cambiar las políticas públicas.

Si bien es cierto que el Gasto social se incrementa un 10,3%, la Ley de Estabilidad Financiera sigue vigente (aunque se relajan los objetivos del déficit y la deuda), así como las reformas laborales y de pensiones que están disminuyendo salarios y pensiones.

Tras analizar las grandes líneas de los PGE 2021 la prioridad no es la equidad fiscal, se toman medidas puntuales en espera de una reforma en profundidad y como consecuencia queda abierta la puerta a nuevos recortes.

De hecho, aun con las ayudas decididas por el Gobierno, la llegada de la pandemia ha reducido drásticamente los ingresos de las personas trabajadoras mediante el aumento del desempleo, los ERTEs, los ingresos de autónomos…

Pensiones. Las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, se revalorizarán un 0,9% y las no contributivas un 1,8%. La pensión mínima como consecuencia subirá entre 2 y 11 euros y la de viudedad entre 4,7 y 7,2 euros.

Se realizarán trasferencias a la SS del Estado de acuerdo con la Recomendación 1 del PT (ayudas familiares, deducciones por contratación, prestaciones no contributivas)

Pero en los presupuestos se seguirán realizando préstamos, la misma cantidad que el año 2020 con lo que se incrementará aún mas la deuda ficticia acumulada por la SS con el Estado.

Es inaceptable, en esta situación de crisis económica y sanitaria que en los PGE las pensiones mínimas contributivas se incrementen solamente un 0,9% y las no contributivas un 1,8%. Estos incrementos no permitirán a sus perceptores ni comprar las mascarillas mensuales para protegerse del COVID19. Perpetúan las pensiones de miseria y la brecha de género en pensiones. Nos parece raquítico el incremento de las pensiones un 0,9% cuando las personas pensionistas hemos perdido entre 2011 y 2020 un 6% de poder adquisitivo.

Una de nuestras reivindicaciones fundamentales, pensión mínima de 1080 euros queda excluida.

Atención a la dependencia.

Si bien es cierto que se aumentan las partidas presupuestarias, estas son insuficientes para dar la vuelta a una situación que viene de lejos; el modelo actual de creciente privatización se mantiene sin cambios.

Fiscalidad. La reforma fiscal anunciada se pospone. Queda pendiente, por tanto, la equipararnos a la UE en presión fiscal (UE 41,6%, Estado 35,4%), la reforma del Impuesto de Sociedades que en el año 2014, el tipo impositivo era del 30% y en 2020 es el 25% (según la agencia tributaria las empresas pagan la mitad que hace 10 años; las grandes empresas tributan un 6,6% de media y la banca un 4,4%) se posterga la tasa Tobin y la fiscalidad de las transacciones financieras, las medidas antifraude anunciadas, el tratamiento fiscal de las SICAV….)

Evidentemente estas medidas no son las que se necesitan para incrementar la equidad fiscal, dejan como están los paraísos fiscales y no establecen medidas distributivas de la riqueza que permitan salir de la actual crisis.

Sanidad y educación. Los gastos que se presupuestan en los PGE 2021 son los correspondientes a las competencias estatales en la materia, un 10% del total. Llama la atención los grandes titulares que dicen que se incrementa la partida destinada a sanidad un 75,3% y Educación un 25%.

Hay que decir que en esos incrementos están incluidos los fondos europeos procedentes de programas como el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (MRR) y “Ayuda a la recuperación para la cohesión de los territorios de Europa”

Breve Análisis.

Antes de analizar algunas partidas del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno del Estado, queremos hacer una primera constatación.

Las políticas de austeridad realizadas con la excusa de la crisis de 2008 han resultado ser un completo fracaso; no se hicieron las reformas estructurales necesarias y esta nueva crisis económica, social y sanitaria está siendo abordada con graves carencias acumuladas.

Una vez mas las instituciones públicas tienen que asumir los riesgos y los costes y seguir apuntalando un modelo económico hegemonizado por las grandes corporaciones financieras que volverán a hacer negocio con el endeudamiento público.

Las políticas de reducción y privatización de los servicios públicos y las políticas laborales de la precarización del empleo han esquilmado los recursos de las personas y crisis como la presente no hace mas que incrementar a gran escala la pobreza y la exclusión social.

Los servicios públicos han sido reducidos a su mínima expresión y muestran sus deficiencias para afrontar una crisis como la que desde principio de 2019 estamos padeciendo; es imposible aplicar nuevas medidas de recortes y austeridad por la sencilla razón de que es insostenible e imposible de realizar.

Son muchas las voces que se han alzado reclamando cambios sustanciales de la política económica, de nuestro modelo de interacción con el medio natural y los seres vivos y con el modelo de gobernanza; no vale en esta ocasión ni el postureo político, ni medidas cosméticas porque las necesidades sociales no están siendo atendidas y se están incrementando.

Por lo anteriormente comentado, los presupuestos para 2021 tienen que ser distintos porque la austeridad no es alternativa y son imprescindibles políticas expansivas del gasto para revertir los recortes realizados en años anteriores y hacer frente a los nuevos problemas.

La cuestión es cómo se va a financiar ese gasto y las alternativas básicamente son dos; o el inevitable endeudamiento del sector público se paga con nuevos recortes o se toman medidas para desde la equidad fiscal drenar los recursos necesarios.

Tras analizar las grandes líneas de los PGE 2021 no vemos las medidas necesarias para que la segunda opción sea la prioritaria. Como consecuencia queda abierta la puerta a nuevos recortes.

De hecho, aun con las ayudas decididas por el Gobierno, la llegada de la pandemia ya ha reducido drásticamente los ingresos de las personas trabajadoras mediante el aumento del desempleo, los ERTEs y los ingresos de autónomos.

En este trabajo solamente analizaremos algunas partidas claves en relación a las personas pensionistas.

Las grandes cifras del PGE 2021

Los PGE de 2021 se basan en que el próximo año, el PIB crecerá un 9,8% y la deuda pública se incrementará hasta el 117,4%; se flexibiliza temporalmente la regla de gasto hasta un – 7,7%; el gasto social se eleva un 10,3%. La actual evolución de la pandemia y la crisis económica subyacente convierten a estas previsiones en inciertas e insuficientes.

Desglose del PGE

Ingresos 323.926 m/e un 6,6% mas que el año 2020. Se recaudarán 222.107 m/e desglosados por impuestos de la siguiente manera: IRPF 94.196 m/e, Impuesto de Sociedades 21.720 m/e, IVA 72.220 m/e, Impuestos Especiales 21.809 m/e, Otros ingresos 12.163 m/e.

Como se ve la diferencia entre lo que se recauda y lo que se propone ingresar es de 100.000 m/e y entre el capítulo de ingresos y gastos mas de 200.000 m/e. ¿Como se piensa cuadrar estos números? Con el incremento de la deuda pública y con la financiación europea.

Gastos 550.484 m/e un 19,4% mas que el año 2020 (en el capítulo de gastos están incluidos 26.634 m/e adelantados en previsión de los fondos europeos)

Datos significativos: Pago de la deuda 31.675 m/e…

Si bien es cierto que las partidas correspondientes al ámbito social se amplían y se destina la mayor partida en gasto social, esta equivale al 52,6% del gasto total del Presupuesto cuando en 2018 fue el 56% y en el anteproyecto de 2019 era el 57,3%, lo cual nos da una pista de que no serán suficientes. Si la referencia la tomamos en función del nivel de empleo, en 2019 el porcentaje de empleo en sectores como la sanidad y la educación es muy inferior a la media de la UE28 sanidad y servicios sociales UE28, 12,7%, Estado, 8,5%).

Las pensiones en el PGE 2021

Respecto a la revalorización de las pensiones se dice “incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales del IPC de los meses de Diciembre 2020 a Noviembre 2021.

Esto se concreta, teniendo en cuenta el deflactor del PIB previsto para 2021, en una revalorización de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, un 0,9% que afecta a 9,7 millones de pensiones. La pensión mínima como consecuencia subirá entre 2 y 11 euros y la de viudedad entre 4,7 y 7,2 euros.

Revalorización de las pensiones no contributivas un 1,8% que afecta a 449.188 pensiones (261.221 de jubilación y 187.967 de invalidez).

Revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples un 5% hasta los 564,7 euros.

Es necesario recordar que cuando se habla de revalorizar las pensiones habrá que tener en cuenta que entre 2011 y 2020 las pensiones han visto reducido su poder adquisitivo un 6%.

Junta a estas decisiones se incorporan otras, algunas ya recogidas en Decretos Ley, como:

Equiparación de los permisos de progenitores por nacimiento, adopción y guarda y la prestación extraordinaria por cese de la actividad que se extiende a 2021.

Las cuentas de la Seguridad Social

La SS destinará en 2021, 172.429 millones de euros por la totalidad de sus operaciones incluidas las de carácter financiero (un 4,3% mas que el año anterior). Este incremento se destina a pagar la revalorización de las pensiones y el IMV, así como el aumento de pensiones a pagar y el posible incremento de la pensión media.

De este presupuesto el 72,6% corresponde a cotizaciones sociales, 125.144 m/e y 31.163 m/e a trasferencias corrientes de los PGE desglosadas de la siguiente manera:

13.929 m/e en función de la Recomendación 1 del Pacto de Toledo (2.785 m/e por nacimiento y cuidado de menores, 1.779 m/e para financiar las reducciones de cotización por contrataciones y 9.365 m/e para otros gastos.

7.075 m/e complemento pensiones mínimas

2.353 m/e para dependencia

3.017 m/e para Ingreso Mínimo Vital

Procedentes del MRR (Mecanismo Recuperación y Resiliencia) 18,5 m/e para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y 8,5 m/e para gerencia informática de la SS.

Como podemos comprobar las trasferencias a la SS desde el estado incluyen las tres materias considerados gastos impropios en la Recomendación 1 del PT (ayudas familiares, deducciones por contratación, prestaciones no contributivas)

En los presupuestos se contempla también un préstamo de 13.830 m/e para el equilibrio financiero de la SS, la misma cantidad que el año 2020 con lo que se incrementará aún mas la deuda ficticia acumulada por la SS con el Estado. Se añade en este apartado que “la mayor necesidad de financiación por impacto de la pandemia se atenderá mediante un incremento estructural de las trasferencias en cumplimiento con la Recomendaciones del PT”.

Como vemos las pensiones se van a revalorizar, (aunque habrá que valorar la evolución del IPC) y se van a pagar con trasferencias gastos impropios recogidos en la Recomendación 1 del Pacto de Toledo, pero también va a continuar la política de préstamos.

Nos parece inaceptable, en esta situación de crisis económica y sanitaria que en los PGE las pensiones mínimas contributivas se incrementen solamente un 0,9% y las no contributivas un 1,8%. Estos incrementos no permitirán a sus perceptores ni comprar dos mascarillas al mes para protegerse del COVID19

Una de nuestras reivindicaciones fundamentales, pensión mínima de 1080 euros queda excluida como ha quedado excluida en las Recomendaciones del Pacto de Toledo.

La partida destinada a pensiones se incrementa un 3,2% una de las mas bajas del presupuesto y por debajo de partidas como, defensa un 5%, Casa Real un 6,5%, Infraestructuras 115%, Justicia 7,6% ect. y muy alejada del incremento medio de las partidas encuadradas en el gasto social 10,3%.

Las personas pensionistas somos el 20% de la población, pero sólo accedemos al 13% de la riqueza que se genera en términos de PIB.

Atención a la dependencia.

Según las cuentas de la SS se destinará a dependencia 2.353 m/e un 34,4% mas que en 2020. Se incrementa el presupuesto en 603 m/e mas, con el fin de revertir, se dice, los recortes de 2012 a los que habría que añadir otros 700 m/e procedentes de los fondos europeos.

Destacamos del presupuesto; 290 m/e aumentar el número de beneficiarios y las cuantías de cada grado; 283 para recuperar la financiación del Estado para el nivel convenido; 218 m/e financiación de las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales.

Valoramos positivamente el cambio de tendencia por parte del Gobierno del Estado respecto a ampliar la parte correspondiente a la financiación de los servicios de atención a la dependencia aunque también aquí el PGE se queda corto; el porcentaje de financiación del Estado fijado en la Ley de Dependencia es del 50% y la partida asignada en el PGE 2021 queda lejos de ese porcentaje. Cuando se dice que se revertirán los recortes de 2012 hay que tener en cuenta que, los recortes acumulados en atención a la dependencia entre 2012 y 2019 son de 5.864 m/e. ¿esto se va a arreglar con 600 millones?

En 2019 hubo en el Estado 426.000 personas pendientes de valorar y en el “limbo”. El tiempo medio de tramitación de los expedientes es de 426 días y 31.000 personas con derecho a prestación mueren anualmente sin haberla percibido. Ver informe de dependencia documento trabajo del MPB.

Como podemos ver si bien es cierto que se aumentan las partidas presupuestarias, estas son insuficientes para dar la vuelta a una situación de infrafinanciación que viene de lejos y el modelo actual de creciente privatización del sistema de atención a la dependencia se mantiene sin cambios.

Fiscalidad.

Las principales medidas del presupuesto en esta materia están determinadas por la consideración que se hace en el propio presupuesto; “se harán modificaciones fiscales puntuales previas a una reforma fiscal en profundidad”…Esta es la misma excusa histórica, adecuada a las circunstancias, de los gobiernos tanto del Estado como de la CAV y Navarra para no hacer nunca una reforma fiscal equitativa.

Tras esta frase queda pendiente la reforma del Impuesto de Sociedades que en el Estado el año 2014 era del 30% y en 2020 es el 25% (según la agencia tributaria las empresas pagan la mitad que hace 10 años; las grandes empresas tributan un 6,6% de media y la banca un 4,4%) se posterga la tasa Tobin y la fiscalidad de las transacciones financieras, las medidas antifraude anunciadas, el tratamiento fiscal de las SICAV….)

Se aplaza sine die equipararnos con la media de la Eurozona en presión fiscal; en relación al PIB la eurozona es de 41,6% y la del Estado un 35,4%.

Entre tanto, se incluye en el presupuesto:

Incrementar un 2% la tributación del IRPF para rentas de trabajo superiores a 300.000 euros (del 45% al 47%) y 3% mas para rentas de capital de mas de 200.000 euros (de 23% a 26%)

Incrementar un 1% la imposición sobre patrimonio de mas de 10 millones de euros que pasa del 2,5% al 3,5%.

Tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades para las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

Se pasa del 100% al 95% las exenciones por plusvalías y dividendos generados por filiales.

Se reduce de 8000 a 2000 euros de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción del IRPF (sólo afecta a un 8%) y se eleva de 8000 a 10000 el límite conjunto de los planes de empleo.

Hay algún incremento de impuestos especiales como el gasóleo de 30,7 cént. litro a 34,5, los seguros del 6% al 8%, el Iva de las bebidas azucaradas y edulcorantes del 10 al 21%.

Evidentemente estas medidas no son significativas para incrementar la equidad fiscal ni supone establecer medidas distributivas de la riqueza que permitan salir de la actual crisis. No apostar por la equidad fiscal es apostar por nuevos recortes.

Sanidad y Educación algunos apuntes.

La valoración realizada se limita a las partidas mas cercanas a nuestra situación de pensionistas, por eso lo hemos centrado en pensiones, Seguridad Social, Dependencia y Fiscalidad.

No hablamos de Sanidad ni Educación porque esas materias están trasferidas a las CCAA y los gastos del Estado en estas materias suponen aproximadamente un 10% del gasto total; el análisis tendrá que hacerse en función de los presupuestos de cada Comunidad.

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Los gastos que se presupuestan en los PGE 2021 son los correspondientes a las competencias estatales en la materia; en sanidad son; asistencia sanitaria a colectivos integrados en el mutualismo administrativo (funcionarios del Estado pertenecientes a MUFACE, MUGEJU, ISFAS), Mutuas, INGS (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, ISM (Instituto Social de la Marina, Agencia medicamento…

Para hacernos una idea de lo que decimos, en el 2019 el gasto en sanidad en el conjunto del Estado fue de 79.315 m/e y en los PGE 2021 se presupuesta como gasto sólo 7.330 m/e; en Educación fue de unos 40.000 m/e en el conjunto del Estado y se presupuestan 4.893 m/e para competencias estatales en 2021.

No obstante, llama la atención los grandes titulares que dicen que se incrementa la partida destinada a sanidad un 75,3% y Educación un 25%.

Hay que decir que en esos incrementos están incluidos los fondos europeos procedentes de programas como el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (MRR) y “Ayuda a la recuperación para la cohesión de los territorios de Europa” que en el caso de la sanidad serán 522 m/e procedentes del MRR y 2.423 m/e. de React EU de los cuales 1.011 m/e son para vacunas. Como es el estado quien recibe esos ingresos los contabiliza incrementando sus partidas presupuestarias.

Si no tomamos en consideración los ingresos procedentes de los fondos europeos, el incremento del presupuesto sanitario en relación a 2020 será de 203 m/e un 4,9% mas que en 2020. Y el presupuesto en Educación será de un 7,8% mas ya que se recibirán 1.800 m/e del MRR de los 4.893 m/e presupuestados. Otro tanto pasa con el presupuesto de asistencia social que recibirá de los MRR 917 m/e de los 5.201 m/e presupuestados.

En fin, que los grandes titulares no nos confundan. El problema sigue estando donde lo dejamos, mientras no haya equidad fiscal y reparto equitativo de la riqueza no habrá servicios públicos universales de calidad y la brecha de género y de ingresos seguirá profundizándose.

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