CARTA SOCIAL: TABLA REIVINDICATIVA

El éxito de la huelga general del 30 de enero demostró, por un lado, la necesidad de abordar la precariedad y las desigualdades cambiando radicalmente las políticas que las provocan y, por otro, la fuerza y el potencial de los movimientos de diferentes ámbitos (sociales, sindicales, feministas, de pensionistas, antiracistas, ecologistas…) en la lucha por el trabajo, las pensiones y las vidas dignas, máxime cuando nos unimos.

Hemos reivindicado en voz alta que queremos situar las vidas en el centro, y la situación creada por el Covid-19 no ha hecho más que visibilizar la crisis sistémica y la necesaria transformación social que hemos denunciado constantemente los agentes que conformamos la Carta Social de Euskal Herria.

Por ello, ahora es el momento de interpelar con más fuerza que nunca a las patronales y a las instituciones vascas para que den los pasos necesarios hacia la transformación social que necesitamos y salgamos de esta crisis en el conflicto entre capital y vida poniendo en el centro los cuidados y las vidas dignas. En este sentido seguiremos movilizándonos a favor de las siguientes reivindicaciones concretas:

Modelo económico: desarrollo de una economía territorializada para la soberanía económica y social que ponga la vida en el centro

• Democratizar la economía garantizando el control público y social. Dominio público de recursos estratégicos: suelo, agua, energía, telecomunicaciones, finanzas…
• Cambio en el modelo productivo y de consumo, para que la vida y el planeta sean sostenibles.
• Promover modelos empresariales democráticos y territorializados, priorizando la creación de empresas que garanticen la propiedad y el poder de decisión de los trabajadores frente al modelo empresarial individual y capitalista.
• Reducir la huella ecológica de Euskal Herria. Parar los proyectos reductores.
• Soberanía económica de Euskal Herria. Promover la soberanía mediante redes en el ámbito vasco: desarrollo de estrategias de alimentación, energía, tecnología, cuidado, información, soberanía laboral. Ámbito socioeconómico vasco. Relocalización de la economía. Relaciones económicas legítimas con los demás países.

Políticas económicas: abandono de las políticas de austeridad.

• Romper con el marco presupuestario establecido (límite de déficit, deuda pública o límite de gasto) y suspensión del artículo 135 de la Constitución y de las leyes de estabilidad presupuestaria y financiera.
• Cambiar las políticas fiscales para que esta crisis sea sufragada por las rentas altas, las empresas y el capital.
• Medidas para acabar con el fraude fiscal.
• Retroceder en las rebajas fiscales aprobadas en las últimas décadas para las rentas altas, las empresas y el capital.
• Presupuestos sociales, feministas y ecologistas.

Marco propio de relaciones laborales y protección social

En el ámbito laboral:

• Derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy
• Priorizar la aplicación de los convenios provinciales sobre los estatales.
• Que un convenio de ámbito inferior no pueda agravar las condiciones de otro de ámbito superior.
• Revocar las restricciones a los derechos laborales.

Empleo: defensa y protección de los puestos de trabajo. Combatiendo la precariedad.

• ¡Ningún despido!
• Derecho a volver vivas del empleo. Incrementar las plantillas de inspección de trabajo y establecer un riguroso plan de acción contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• 35 horas de jornada máxima semanal laboral y 20 horas como mínimo.
• Eliminar las jornadas parciales impuestas que se imponen especialmente a las mujeres. Que los trabajadores tengan contratos a jornada completa, salvo que voluntariamente soliciten lo contrario.
• Salarios mínimos de 1200 euros.
• Medidas para acabar con la brecha salarial.
• Fomentar el empleo estable y sancionar el fraude en la contratación.
• Garantizar el derecho a la subrogación en el empleo subcontratado.
• Garantizar que en la contratación no se produzcan discriminaciones por razón de sexo, origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica.
• Eliminar cualquier fórmula de precarización en la contratación (régimen especial de empleados de hogar, falsos autónomos, uberización)
• Regularización de todas las personas en situación administrativa irregular y de todas las personas que trabajan en la economía sumergida.
• Condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras

Garantizar servicios esenciales y dignos para la sostenibilidad de las vidas

• Publificación inmediata de los empleos de cuidado (residencia de ancianos, centros de día, asociaciones residenciales para personas con diversidad funcional, residencia de menores y servicios a domicilio), servicios de sanidad pública, servicios de limpieza subcontratados por las administraciones públicas y servicios de ambulancias, garantizando la subrogación de todo el personal y un procedimiento excepcional de consolidación. Equiparar las condiciones laborales de estos ámbitos a las del empleado público.
• Más puestos de trabajo en los sectores que sustentan la vida: Sanidad, educación, cuidados, limpieza, producción y comercio de alimentos.
• Equiparación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar con las que deben establecerse en el sistema público. Es mínimo su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social y su aplicación al Estatuto de los Trabajadores y a la normativa de salud laboral como a todas los trabajadoras.

Desarrollo de los servicios públicos

• Salud, educación, servicios públicos de dependencia… de calidad, universales y gratuitos.
• Escuelas infantiles públicas y gratuitas para 0-3 años.
• Dar pasos en el desarrollo de un sistema educativo vasco propio e inclusivo, centrado en la educación pública.
• Echar atrás los recortes de los últimos años.
• No privatización.
• Destinar recursos materiales y personal suficiente para el desarrollo de servicios públicos de calidad.
• Consolidación de empleo.
• Respetar el derecho a la negociación colectiva.

Trabajos de cuidados

• Desarrollar un sistema de cuidados público, universal, gratuito y digno.
• Reorganización y corresponsabilidad de las tareas de cuidado en los hogares.
• Garantizar el derecho a ser atendidas a las personas en situación de dependencia.

Pensiones dignas:

• Derogar los recortes en las pensiones aprobados en las reformas de 2011 y 2013.
• Pensión mínima de 1080 euros.
• Garantizar la financiación del sistema de pensiones mediante cotizaciones sociales e impuestos.
• No aplicar penalidades en el cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo parcial. Aplicación con carácter retroactivo (durante todo el periodo) de un día cotizado por día trabajado.
• Acabar con la brecha de género en las pensiones.

Derechos sociales: derechos de las personas por encima del capital

• Garantizar legalmente un servicio público, universal y gratuito de asistencia a todas las personas en situación de dependencia.
• Garantizar prestaciones sociales que garanticen una vida digna a todas las personas: un ingreso mínimo garantizado equivalente al SMI, una mejora importante de las prestaciones sociales (RGI, RG, AES) y/o pensiones mínimas de 1080 euros.
• Garantizar a todas las personas los derechos de acceso a la vivienda (en línea con la ILP), alimentación, agua y energía. Prohibir los cortes de suministro y los desahucios por impago por causas económicas.
• No a la Ley de Extranjería. Libertad de todas las personas que están en los CIE.
• Aumentar el número de plazas de los centros de acogida para la atención de casos de violencia y dotar a estos centros de acogida de recursos para garantizar la seguridad de sus trabajadores y usuarios.
• Libertades sociales y políticas: medidas para combatir las actitudes hostiles y violentas hacia los colectivos más vulnerables (migrantes, LGTBIQ+, mujeres); acabar con la Ley mordaza, las devoluciones en caliente o la dispersión; no perseguir la movilización social y sindical; garantizar el tránsito de la ciudadanía.
• Garantía de los derechos lingüísticos. Garantizar el derecho a trabajar en euskera y a garantizar el servicioa la ciudadanía en euskara. Prioritariamente en sanidad y servicios públicos y privados. Asimismo, poner los medios para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en su lengua.