Crisis en la sanidad pública: las médicas exigen ser escuchadas

Puntu. eta jarrai

Del 9 al 12 de diciembre en la Comunidad Autónoma Vasca, y durante cuatro semanas en Nafarroa —del 10 de marzo al 6 de abril—, las médicas y facultativas protagonizaron movilizaciones sin precedentes. Los hospitales de Donostia, Cruces, Txagorritxu y los centros de salud de toda Euskal Herria vivieron jornadas de huelga que reflejan un agotamiento generalizado del colectivo.

Los números del burnout

El 94% de las médicas jóvenes en el estado español presenta síntomas de burnout, según el estudio IKERBURN de la Organización Médica Colegial. Más de la mitad cumple criterios de burnout completo: 79% con agotamiento emocional, 84% con despersonalización y 63% con baja realización personal. Dos de cada tres sufren insomnio, tres de cuatro ven deterioradas sus relaciones familiares, y el 38% recurre a ansiolíticos o alcohol.

A esto se suman 847 agresiones registradas en 2024, una cada diez horas, aunque solo se denuncia una quinta parte de los casos. El 62,4% de las agresiones afectan a mujeres, concentrándose el 47,7% en Atención Primaria.

Jornadas extenuantes y contratos precarios

El 84,7% de las médicas realiza guardias de 24 horas sin descanso adecuado posterior. En Nafarroa, según Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico, hay profesionales que trabajan “60, 70 e incluso 80 horas semanales”. Más del 50% de las médicas jóvenes tiene contratos de días o semanas, dependiendo económicamente de la acumulación de guardias.

La batalla por el Estatuto Marco

El conflicto gira en torno al Estatuto Marco del personal estatutario, una ley estatal básica que regula las condiciones laborales de todo el personal sanitario público. En la mesa de negociación solo hay una médica, con voz pero sin voto.

El Sindicato Médico de Euskadi y la plataforma MUD (Médicos Unidos por sus Derechos) reclaman un estatuto propio que reconozca la especificidad de la profesión médica. Según Mabel Arciniega, secretaria general del SME, el nuevo marco propuesto las incluye “en la misma categoría profesional que las enfermeras. Con todo el respeto del mundo, nuestra formación es muchísimo más larga, más compleja y la responsabilidad que tenemos es diferente”.

Las médicas piden tres garantías: blindar por ley los actos propios del médico (diagnóstico, indicación terapéutica y prescripción), asegurar autonomía clínica y condiciones laborales seguras, y atraer talento al sistema público. Advierten que la redacción ambigua de “competencias por funciones” podría permitir que personas sin formación médica completa diagnostiquen, indiquen tratamientos o prescriban.

La paradoja autonómica

Aunque las competencias sanitarias están transferidas a la CAV y Nafarroa, el Estatuto Marco se negocia en el ámbito estatal dentro de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Los gobiernos autonómicos gestionan Osakidetza y Osasunbidea, pero tienen escaso margen para modificar el marco laboral básico del personal sanitario.

Durante la primera jornada de huelga, 2.000 facultativas se manifestaron en Bilbo. El seguimiento fue del 30% en Bizkaia, 26,89% en Gipuzkoa y 16,52% en Álava, aunque las médicas denuncian que los servicios mínimos excesivos falsean las cifras. En Nafarroa, el Departamento de Salud cifró el seguimiento en un 2%, dato que el Sindicato Médico rechaza al no contabilizar a quienes estaban en servicios mínimos.

Fuga de talento y perspectivas

Las médicas jóvenes abandonan el sistema público hacia el extranjero o el sector privado. En Nafarroa, Alberto Pérez alerta de que “están quedando plazas vacantes porque la gente no quiere coger su plaza de funcionario. Las perspectivas son penosas”. La falta de profesionales se cubre con médicas extranjeras de formación no siempre homologada o extendiendo competencias médicas a otros profesionales sanitarios.

Las médicas navarras añaden otro agravio: son las únicas trabajadoras sanitarias excluidas de la carrera profesional durante su periodo MIR.

Un debate con múltiples lecturas

El conflicto plantea cuestiones que trascienden lo laboral. Las médicas reclaman que su formación diferenciada —seis años universitarios más cuatro o cinco de especialización— y su responsabilidad clínica merezcan un marco específico. Argumentan que se trata de seguridad para las pacientes y de retener talento en el sistema público.

Sin embargo, un informe de análisis del conflicto señala tensiones adicionales: la reivindicación de un estatuto exclusivo “rompe la lógica de negociación colectiva conjunta” e “introduce una diferenciación estructural entre colectivos que trabajan de forma interdependiente”. El documento advierte del riesgo de “fragmentación del sistema público” y de reforzar “jerarquías internas en un servicio que se basa en el trabajo en equipo”.

El mismo informe reconoce razones legítimas formación exigente, alta responsabilidad, sobrecarga real, pero cuestiona el “planteamiento excluyente” que separa a las médicas del resto del personal sanitario.

El futuro de la sanidad pública

Las 100 horas semanales, el burnout del 94%, las agresiones cada diez horas y los contratos precarios dibujan un sistema al límite. Como advirtió una médica durante las movilizaciones: “No es solamente el problema de las médicas. Es un problema de toda la sanidad pública y de toda la población, porque todas vamos a llegar a ser pacientes”.

El debate permanece abierto: ¿cómo mejorar las condiciones de las profesionales sin fragmentar el sistema público? ¿Debe el autogobierno autonómico servir para crear marcos diferenciados o para fortalecer servicios universales cohesionados? Las respuestas determinarán no solo las condiciones laborales de las médicas, sino el futuro de la sanidad pública en Euskal Herria.