Cuando la democracia se veta: el precio de callar a la ciudadanía

El rechazo a las ILPs de Pensiones y Salario Mínimo desvela las verdaderas prioridades del poder

Prólogo

El autor desnuda con lucidez las contradicciones de un sistema que invoca la democracia mientras cierra las puertas a la participación real. Analiza cómo el veto a las Iniciativas Legislativas Populares responde a una estrategia deliberada de protección de intereses económicos. Su postura es firme: defiende un modelo público de pensiones dignas frente a la privatización neoliberal y reivindica la movilización social como única herramienta efectiva de transformación. Este texto es una llamada a no confundir silencio institucional con derrota.

ILP de Pensiones, ILP de Salario Mínimo Propio para Euskal Herria, una negativa por razón de Estado

Hay verdades incómodas que los poderes económicos prefieren mantener en la penumbra. Una de ellas es la agenda real sobre las pensiones: su privatización progresiva, la conversión de los fondos públicos en EPSVs gestionadas por la banca y los fondos de inversión, y la reducción de las pensiones públicas a meros subsidios de supervivencia. No es una teoría conspirativa. Es una estrategia que se despliega ante nuestros ojos con la naturalidad de quien sabe que controla el relato.

Permitir que las pensiones públicas prosperen, aunque sea de forma complementaria, supondría una fisura inaceptable en ese modelo de negocio. Por eso se activa toda la maquinaria: leyes de competencia exclusiva del Estado que blindan el statu quo, regulaciones restrictivas del Pacto de Toledo cuando la presión social aprieta, rechazo sistemático a las iniciativas parlamentarias de la izquierda, y un veto permanente, profundamente antidemocrático, a las iniciativas ciudadanas. A esto se suma el uso estratégico de los medios públicos y privados para normalizar las EPSVs, mientras se difunden artículos plagados de datos manipulados y medias verdades.

¿Y los gobiernos? Tanto el del Estado como los autonómicos comparten, en el fondo, esa visión neoliberal. Gestionan las pensiones públicas no por convicción, sino porque la ley aún no les permite hacer otra cosa. Administran lo que no pueden desmantelar… todavía.

Frente a este panorama, la ciudadanía y los movimientos sociales, sindicatos, pensionistas, feministas, juventud, tenemos claro que nada se regala. La sanidad, las pensiones, los cuidados, la vivienda, el derecho a una vida digna sin violencias… todo se conquista. Y se conquista usando las escasas herramientas legales disponibles y, sobre todo, la movilización como fuerza transformadora.

Por eso se presentaron la ILP de Pensionistas y la ILP por un Salario Mínimo Propio. Miles de firmas recogidas persona a persona. Propuestas trabajadas, argumentadas, ajustadas a cada exigencia reglamentaria. La ciudadanía cumplió con su parte. Ahora esperaba que sus representantes cumplieran con la suya: escuchar, debatir, decidir. Lo básico en una democracia que se precie.

Pero no. Las aspiraciones populares han sido vetadas sin contemplaciones. Se nos niega algo tan elemental como el derecho a ser escuchados. Y esto no puede quedar sin consecuencias. Sin respeto no hay legitimidad. Y sin legitimidad, los gobiernos, todos, corren el riesgo de ser sustituidos.

Lo saben. Por eso eluden el debate. Carecen de argumentos sólidos y prefieren quitarse de en medio la presión de las movilizaciones, confiando en que el silencio nos canse y nos mande a casa. Asumen el descrédito social como un mal menor. Lo prefieren antes que exponerse a un debate público, tan cerca de unas elecciones, en el que su falta de argumentos quedaría al descubierto.

Detrás de esta decisión hay un pacto no escrito entre PSOE y PNV. Este último nunca ha apostado realmente por un marco propio de Protección y Seguridad Social para Euskal Herria. Se conforma con reclamar la transferencia de la gestión económica contemplada en el Estatuto de Gernika, presentándola como un avance histórico cuando, en realidad, no cambia nada sustancial: no otorga capacidad de decisión real, no rompe la caja única, no transforma el modelo.

Las pensiones se han convertido en razón de Estado. PNV y PSOE han pactado frenar cualquier debate que pueda servir de precedente para otras comunidades y pueblos del Estado. El veto a las ILPs no es solo un rechazo: es un cortafuegos.

Alguien podría pensar que ante este muro, lo sensato es tirar la toalla. Nada más lejos de la realidad. En Euskal Herria sabemos que nada se ha conseguido sin lucha. Toca repensar las estrategias, diversificar las acciones, buscar otros caminos para materializar lo que está escrito en esas ILPs. El contenido no se abandona. Solo cambia la ruta.

Reflexión final

Un veto no es el final de la partida, sino la confirmación de que estamos tocando el nervio del sistema. Cuando miles de firmas ciudadanas se desestiman sin debate, queda claro que la democracia participativa solo existe mientras no incomode al poder económico. Pero la historia nos enseña que las puertas cerradas obligan a abrir ventanas. Los derechos sociales no se mendigan: se conquistan en las calles, en la organización colectiva y en la certeza de que rendirse nunca fue una opción. La lucha continúa, porque la dignidad no es negociable.

Pentsionistak aurrera!