De Anoeta a Washington: Sánchez de comercial y Aperribay de cobrador

Puntu eta jarrai

El teatro del otro y el pringao

Recordemos la escena: el otro en Washington exigiendo que Europa pague más por su “protección”. Pedro Sánchez vuelve a casa con el discurso aprendido: “La Administración española cumplirá con el 2% del PIB en defensa”. Aplausos en Bruselas, satisfacción en el Pentágono.

Pero aquí está el truco: ese 2% podría cumplirse de muchas maneras. Comprando a la industria del Estado español, invirtiendo en I+D, diversificando proveedoras. Pero no. El dinero público irá directo a comprar armamento estadounidense. Y de paso, a empresas como SAPA, la joya de la corona de los Aperribay.

La supuesta “tensión” entre el otro y Sánchez es puro teatro. Lo que hay es un acuerdo perfecto: Washington vende, Madrid compra con nuestros impuestos, y Ucrania es la coartada perfecta.

SAPA y los Aperribay: el negocio redondo

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, no vive solo del fútbol. Su familia controla SAPA, empresa guipuzkoana especializada en tecnología militar que acaba de firmar contratos millonarios con el Ejército de los Estados Unidos y con la Administración española para suministrar componentes a vehículos blindados.

Y ahora viene lo mejor: SAPA anuncia una nueva planta de producción. ¿Quién la pagará? Subvenciones públicas, ayudas a la “industria estratégica”, deducciones fiscales… La ciudadanía contribuyente financiando el negocio privado de los Aperribay.

Mientras tanto, Indra ha denunciado públicamente conflicto de intereses en las adjudicaciones a SAPA. Pero aquí no pasa nada. En la Administración española de las puertas giratorias, estas denuncias son papel mojado.

Pradales, Jainaga y el blanqueamiento institucional

Y por si faltaba algo, ahora llega Imanol Pradales a poner la guinda. El lehendakari se ha reunido este mismo 17 de noviembre con Jokin Aperribay e Ibon Aperribay en el Edificio de la Bolsa de Bilbao. Motivo oficial: “conocer las necesidades del tejido empresarial vasco” y “los retos que plantea la actividad de Defensa”.

Traducción: blanqueo institucional en toda regla. Pradales hace de anfitrión oficial de una empresa que fabrica tecnología para blindados militares, que vende a quien sea, incluidas potenciales clientas como Israel, y que se está forrando con contratos públicos mientras recibe subvenciones con nuestros impuestos. Y todo ello envuelto en el lenguaje aséptico de “apoyar al tejido industrial vasco”.

Curioso: le cuesta mucho más conocer y actuar para corregir las necesidades de las pensionistas. Pero con estos empresarios sí hay feeling. Reunión rápida, comunicado oficial, respaldo público. Las prioridades están claras.

Y no olvidemos al investigado Jainaga, otro de los empresarios vascos bien relacionados con el poder, ni a Sener, que tampoco se queda atrás cuando hay contratos internacionales que rascar. Todos forman parte del mismo ecosistema: empresarios que se benefician de lo público cuando conviene y defienden lo privado cuando toca repartir.

¿Dónde está la coherencia ética? ¿Dónde están los límites cuando hablamos de industria militar? A estos empresarios les da igual si venden a gobiernos genocidas o a ejércitos “democráticos”. La cuestión es hacer dinero. Y las instituciones vascas, lejos de exigir transparencia o establecer líneas rojas, les hacen la ola.

Pradales se convierte así en el mejor blanqueador que los Aperribay podrían desear. Reunión oficial, comunicado institucional, respaldo público. Negocio limpio, señores. Aquí no pasa nada.

El silencio del accionariado de la Real

Gipuzkoa y Donostia son territorios con una profunda conciencia social y solidaria. La movilización por Palestina, el compromiso con causas justas, la sensibilidad ante las injusticias… todo eso es real y forma parte del alma de esta tierra.

Pero hay algo que chirría. La Real Sociedad es una Sociedad Anónima, una empresa privada cuyo accionariado y consejo de administración eligen y mantienen a Jokin Aperribay en la presidencia. Y ese accionariado guarda un silencio que duele.

Quienes van a Anoeta a ver los partidos no tienen responsabilidad sobre las decisiones empresariales de la directiva. Ir a ver jugar a la Real no te convierte en cómplice de nada. Pero quienes son accionistas sí tienen voz y voto. Son ellas y ellos quienes en las juntas pueden exigir explicaciones, plantear mociones, pedir cuentas.

¿Dónde están las voces críticas en las juntas de accionistas? ¿Nadie va a plantear que tener un presidente que se lucra fabricando tecnología militar supone un conflicto ético insalvable?

El accionariado de la Real debería exigir la dimisión de Aperribay. Sin más. No se trata de fiscalizar sus negocios privados, sino de reconocer una incompatibilidad moral evidente: no se puede presidir una institución que es símbolo de Gipuzkoa mientras se fabrica armamento para quien sea.

Pero no hay mociones. No hay voces alzadas. Solo silencio.

¿Y la afición de Anoeta? Es una pregunta que cada cual tendrá que responder en su conciencia. La misma gente que sacó pancartas convocando el partido de la selección de Euskal Herria, la misma que se moviliza por Palestina —como se vio en San Mamés antes del partido contra el Athletic—, ¿debería también hacer oír su voz sobre quién preside su club? No somos quiénes para decirlo. Solo planteamos la pregunta. Porque a veces, las contradicciones pesan en el alma.

Tú pagas, ellos cobran

El modelo es tan sencillo como doloroso:

  • Sánchez necesita justificar el aumento del gasto militar ante Bruselas y Washington.
  • Los Aperribay necesitan contratos para expandir SAPA.
  • Pradales necesita mostrar que “apoya a la industria vasca”.
  • Solución: la Administración firma contratos millonarios con dinero público. SAPA crece, seguramente con ayudas del erario. Y las instituciones vascas bendicen el negocio.
  • Resultado: ellos privatizan los beneficios, nosotras socializamos los costes.

Mientras se recorta en sanidad y pensiones, florece el negocio de la guerra. Y todo envuelto en la bandera del “compromiso atlántico” y el “apoyo al tejido industrial”.

Las preguntas que quedan

¿Alguien en el accionariado de la Real va a exigir transparencia sobre estos contratos? ¿Alguien en el Gobierno Vasco va a establecer líneas rojas éticas para la industria militar? ¿O seguiremos viendo goles y comunicados institucionales mientras miramos para otro lado?

Sánchez hace de comercial para el otro, Pradales hace de blanqueador, los Aperribay se forran, y nosotras seguimos pagando impuestos para financiar el espectáculo.

Bienvenidas al Estado español progresista: donde la guerra es el negocio, el fútbol el escaparate, y las instituciones el notario.

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