El acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, perpetúa los recortes

La irrupción del movimiento pensionista en 2018 con las multitudinarias protestas en todo el estado contra la depauperización de las pensiones supuso una presión sobre los poderes públicos para recuperar la revalorización con el IPC y tomar medidas para defender el sistema público de pensiones dotándole de más recursos para mejorar su efectividad en la protección de las personas más débiles, corregir la brecha de género, etc.

Sin embargo, esas expectativas favorables de reforma del sistema y de la satisfacción de las necesidades más acuciantes reivindicadas por el movimiento pensionista se han transformado, de hecho, en una nueva contrarreforma negociada en los despachos ministeriales, sin presencia del movimiento reivindicativo pensionista, lo que empobrecerá las pensiones actuales y futuras.

  De los acuerdos que están teniendo lugar en la mesa del diálogo social se deduce claramente que la reforma sustancial de las pensiones llevada a cabo en 2011 sigue vigente e incluso se profundiza.  Se realizan cambios que mejoran aspectos parciales, pero la esencia de la reforma se mantiene: controlar el crecimiento del gasto en pensiones y adaptarlo a los ingresos por cotizaciones sociales cada vez más reducidas por la devaluación del trabajo. En estos acuerdos se sigue retrasando la edad de jubilación, se endurece el acceso, se reduce la cuantía de la pensión, se incentiva la permanencia en el trabajo más allá de los 67 años, penalizando la jubilación anticipada, volviendo a reintroducir un mecanismo como el MEI, que sustituye al Factor de Sostenibilidad y cuyo objetivo era recortar las pensiones en función del crecimiento de la esperanza de vida.

M.E.I. Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Este nuevo mecanismo en esencia es una nueva fórmula menos agresiva y limitada en el tiempo que el Factor de Sostenibilidad, para conseguir el mismo objetivo: el control del crecimiento del coste de las pensiones.

Este acuerdo incorpora tímidamente un aumento de ingresos a través del incremento de las cotizaciones sociales de un 0,6% (0,5% a las empresas y 0,1% a los trabajadores). Este cambio de dirección, poniendo el acento en los ingresos, lo consideramos insuficiente para cubrir las necesidades, pero muy positivo. Comenzará a implantarse en 2023 y se extenderá hasta 2032. Toda esa recaudación se destinará a incrementar la Hucha de las Pensiones. Esta Hucha a la que ahora se le quiere dotar con los recursos provenientes del aumento de las cotizaciones hace tiempo debería haber sido dotada con las transferencias de los presupuestos públicos necesarios para compensar los gastos impropios pagados por la S. Social, reconocidos incluso por el Tribunal de Cuentas. 104.000 millones de euros fueron desviados de las pensiones, tan solo en concepto de gastos sanitarios y complementos a pensiones mínimas.

  En 2033 y con una periodicidad trienal se verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageint Report de la Comisión Europea, el nivel de gasto en 2050 supera la previsión para ese año del informe de 2024 de la CE. Si lo supera, se dispondrá de los activos de la Hucha con un límite anual del 0,2% del PIB. Si la desviación fuese superior a ese 0,2% o se hubiese agotado la Hucha el gobierno negociará con los interlocutores sociales para llevar al Pacto de Toledo una propuesta que permita reducir el gasto en pensiones en términos de PIB introduciendo cambios en los parámetros principales del sistema, o sea: el cálculo de la pensión, la edad de jubilación, la revalorización de las pensiones… Esto significa claramente que, si sus cálculos no salen, si se mantiene la crisis económica como es previsible, o los salarios siguen siendo miserables a consecuencia de no derogar la reforma laboral y el monto de las pensiones supera lo previsto por la Unión Europea la receta es la de siempre: recortar las pensiones públicas.

  Este acuerdo desatiende las necesidades de las personas pensionistas, mantiene los recortes de las pensiones de las reformas de 2011, no atiende ni dignifica las pensiones mínimas, ni cumple la Carta Social Europea y las eleva a 1080€ en estos momentos en el que el 27% de la población, much@s de ell@s pensionistas, están en situación de pobreza o exclusión. No hace frente a la brecha de género, y amenaza con reducir las pensiones futuras incrementando el periodo de cálculo hasta los 35años. En definitiva, nuestra lucha para exigir unas pensiones públicas dignas y defender el sistema público de pensiones están más justificadas que nunca.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

Pentsionistak Aurrera                                                              Vitoria-Gasteiz a 29-11-2021

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