El Negocio Vasco: Anatomía de un Sistema

Puntu eta jarrai

Cuando el servicio público es apenas el prólogo
En ocho meses, Andoni Ortuzar ha conseguido lo que a muchos profesionales les lleva toda una carrera: tres puestos directivos en empresas de primer nivel. Septiembre, PwC. Diciembre, Movistar Plus+. Entremedias, un expediente disciplinario por incompatibilidad que resolvió con elegancia: abandonar el puesto menos lucrativo.
No es un caso aislado. Es el método.

La puerta que gira siempre en la misma dirección
Iñigo Urkullu dejó Ajuria Enea en marzo de 2024. En agosto ya presidía eAtlantic, financiada por BBVA, Iberdrola, Petronor y Kutxabank. Las mismas corporaciones que prosperaron bajo su mandato durante doce años. Su sueldo permanece en secreto, “por motivos de confidencialidad empresarial”.
Arantxa Tapia reguló la industria vasca como consejera. Ahora asesora en KPMG, consultora multada por manipular licitaciones públicas en Euskadi.
Gotzone Sagardui defendió la concertación con la sanidad privada desde el Gobierno. Medio año después dirigía la clínica Vithas, sin haber ejercido nunca como médica.
Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por el escándalo de las OPEs. En mayo ocupaba un cargo directivo en Keralty Health, grupo médico privado.
El patrón es consistente: cargo público → breve pausa → puesto privado en el sector que regulaste. La pausa es opcional.

El control silencioso
En diciembre de 2025, Xabier Sagredo dejó la presidencia de BBK. Le sustituye Unai Rementeria, exdiputado general de Bizkaia. No es casualidad. BBK, Kutxa y Vital, las tres fundaciones que controlan Kutxabank,están dirigidas por cuadros del PNV. Las tres.
Kutxabank nació de la mayor privatización de patrimonio público en la historia vasca reciente. Tres cajas de ahorros que pertenecían a las diputaciones se convirtieron en banco privado. Los ciudadanos perdieron el control de miles de millones. Quienes facilitaron la operación ahora lo dirigen.
Nadie pregunta cuánto cobraban esos responsables en lo público. Todos sabemos que cobran más en lo privado.

Los números que importan
Mientras Telefónica negocia un ERE para 5.000 trabajadores, encuentra presupuesto para incorporar a Ortuzar a su consejo. Mientras Osakidetza acumula listas de espera interminables, sus exconsejeros dirigen clínicas privadas. Mientras los pensionistas se manifiestan cada mes, los expresidentes cobran pensiones blindadas más sueldos privados de seis cifras.
El sistema funciona. Para algunos.

Las preguntas incómodas
¿Por qué las empresas más beneficiadas por políticas públicas contratan sistemáticamente a quienes diseñaron esas políticas? ¿Qué servicios prestaron en el cargo para merecer tal gratitud empresarial? ¿Cómo se gobierna pensando en el bien común cuando tu futuro económico depende de no incomodar a ciertos intereses?
Las respuestas son transparentes. El problema es que nadie quiere formular las preguntas.

El código ético de papel
“Todos han firmado el código ético”, repite el lehendakari Pradales. Es cierto. También es cierto que ese código no impide nada de lo descrito aquí. Periodos de incompatibilidad inexistentes. Prohibiciones de trabajar en sectores regulados: ninguna. Transparencia en salarios privados: cero. Consecuencias por incumplimiento: menos aún.
El código existe. Su eficacia también, pero en sentido inverso: legitima lo que debería prohibir.

Lo que otros países hacen
Francia: dos años de incompatibilidad para ministros. Reino Unido: autorización previa obligatoria para cualquier cargo privado relacionado con el sector público. Canadá: prohibición de ejercer lobbying durante cinco años. Alemania: tres años sin poder trabajar en sectores regulados desde el cargo público.
Comunidad Autónoma Vasca : nada. Bueno, un papel que firmar.

El verdadero problema
No es que antiguos responsables públicos trabajen en empresas privadas. Es que lo hagan en las empresas que se beneficiaron de sus decisiones, a los pocos meses de dejar el cargo, sin periodo de carencia, sin transparencia, sin control.
Cuando quien reguló la banca dirige fundaciones bancarias, cuando quien privatizó servicios sanitarios dirige clínicas privadas, cuando quien adjudicó contratos asesora a consultoras, el mensaje es inequívoco: el cargo público no es servicio, es inversión.

La solución que no llegará
Bastaría con copiar lo que funciona en democracias consolidadas. Periodos de incompatibilidad reales. Prohibición de trabajar en sectores relacionados. Transparencia total en contrataciones posteriores. Sanciones efectivas.
No ocurrirá. Quienes deberían regular las puertas giratorias son precisamente quienes piensan utilizarlas.

Epílogo
Cada septiembre, el Alderdi Eguna se llena de ikurriñas, discursos encendidos y proclamas sobre la identidad vasca. Las palabras son grandilocuentes, las referencias al pueblo abundan, el fervor nacionalista alcanza su punto álgido. Pero en ningún momento se explica para qué están realmente en el poder. Para qué sirve tanto discurso si no es para preparar el terreno de lo que vendrá después.
Porque la trampa se ve al final. Detrás de las banderas y las arengas, lo que hay es un sistema perfectamente engrasado de aprobetxategis. Gente cuya única preocupación real son ellos mismos y su círculo de estómagos agradecidos. El nacionalismo es el envoltorio. El negocio es el contenido.
En la CAV existe una agencia de colocación extraordinariamente eficaz. No necesitas currículum, ni entrevistas, ni demostrar méritos empresariales. Solo requiere haber ocupado ciertos cargos públicos y haber facilitado negocios a las empresas adecuadas.
El resto se resuelve con una llamada. Y algo de paciencia. Tres meses, seis como máximo.
Lo llaman “tener salidas profesionales”. Nosotros podemos llamarlo como queramos. Los hechos hablan un idioma que no necesita traducción.