Elecciones, ¿ para que ?

1El ritual y la promesa

Cada cierto tiempo se nos invita a un ritual: depositar un papel en una urna y, con él, una promesa. La promesa de que algo puede cambiar. De que el resultado de noviembre, o de mayo, o de cuando toque, va a alterar quién decide y para quién decide. Es una promesa hermosa, y es la que sostiene la idea misma de democracia. El problema empieza cuando uno mira con atención a quién se ha atendido, año tras año, gane quien gane, y descubre que la balanza casi nunca cambia de lado.

2Quien pide elecciones

Conviene no perder de vista un detalle de estos días: quien más insiste en pedir elecciones generales no es la oposición de siempre, sino el propio PNV, socio de gobierno de Sánchez en Madrid y socio del PSE en las tres provincias a la vez. Y cuando le preguntan si una alternativa de PP y Vox sería peor que lo actual, la respuesta oficial ha sido esquivar la pregunta: no se puede pensar, han dicho, que el PSOE vaya a gobernar siempre por mandato divino. Una frase elegante para no comprometerse con nada.

No haría falta tanta cautela si no se tuviera ya, de antemano, alguna certeza sobre el sillón donde sentarse después de las urnas, sea cual sea el color que gane. Es el mismo partido que sostuvo a Aznar, que sostuvo a Rajoy, que sostiene hoy a Sánchez, y que gobierna a la vez con los socialistas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Pedir elecciones, en ese contexto, no es una apuesta por el cambio. Es una forma de no perder nunca, gane quien gane.

3Quién se sienta primero a la mesa

Hace apenas unos días, la Diputación de Bizkaia presentaba en Madrid, ante empresarios y con el presidente de la patronal estatal en primera fila, su nueva batería de medidas fiscales. Se habló de talento, de arraigo, de competitividad, de construir futuro. Son palabras bonitas, y no es casualidad que lo sean: cuando se favorece a alguien, el lenguaje que se usa para explicarlo suena siempre a cariño institucional.

Entre las medidas concretas hay una exención que beneficia especialmente a quien más gana, ayudas para atraer profesionales cualificados desde fuera, y deducciones fiscales por pagar un seguro médico privado o una cuota de gimnasio. Hay algo en esto que cuesta no señalar: se ofrece dinero para traer talento de fuera mientras el talento de casa —médicos formados aquí, con años de residencia pagados por el sistema público— lleva meses marchándose, harto de unas condiciones que nadie ha tratado con la misma generosidad. A esos no se les ofrece una deducción. Se les deja terminar la residencia, pagada con dinero público, y marcharse después a otro lugar donde el mismo trabajo se valore mejor.

4Lo que no llega

Mientras tanto, en los hospitales vascos los médicos siguen una huelga que se ha alargado durante meses sin que nadie de las administraciones implicadas la resuelva. Las listas de espera crecen, y la respuesta que se ofrece no es reforzar lo público, sino derivar pacientes a la sanidad privada cuando la espera se hace insoportable. Los pensionistas, por su parte, llevan años aprendiendo a desconfiar de cualquier promesa sobre la revalorización de su pensión, porque ya han visto de cerca cómo se negocia con ellos: se sostiene la medida que les perjudica mientras conviene, y solo se corrige cuando la calle se llena y ya no queda otra salida digna.

5Esto no es nuevo

Y conviene decirlo sin gritar, porque grita solo: este no es un episodio aislado. Hace más de una década, el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskal Herria destapó una red de comisiones ilegales en el seno del PNV alavés. Lo llamativo no fue solo la sentencia. Fue que, mientras se sucedían los recursos judiciales, uno de los condenados siguió ascendiendo, año tras año, en una sociedad pública dependiente del propio Gobierno vasco. Otros partidos, incluido el socio socialista, lo describieron entonces con una palabra que vale la pena recordar: clientelismo. No una manzana podrida. Una manera de entender la política y los contratos públicos.

6La pregunta que queda

Así que volvemos al principio. Elecciones, ¿para qué? Quien más las pide tampoco lo dice con claridad, y quizá no haga falta que lo diga: si ya sabe con quién sentarse gane quien gane, la fecha es lo de menos. La pregunta, entonces, no es para decidir si habrá protección o no la habrá —siempre la hay, en abundancia—, sino para decidir, de verdad, a quién se dirige. Esa es la pregunta que merece ocupar el centro del debate, no como denuncia cansada, sino como una exigencia razonable: que el cuidado que un país ofrece a quienes lo gobiernan se parezca, aunque sea un poco, al cuidado que ese mismo país necesita.

Acelerar la cita con las urnas no resuelve nada de esto por sí solo: solo decide quién administra después la misma lógica, y en el momento actual probablemente se la entregaría a quien menos motivos ha dado para que se confíe en él. Lo coherente no es correr hacia una convocatoria que hoy beneficia sobre todo a quien más la reclama desde la derecha, sino resistir ese empuje mientras se construye, con calma, una alternativa que la gente perciba distinta de verdad —no en el lenguaje, sino en a quién beneficia primero.

Mientras eso no ocurra, votar seguirá siendo un acto necesario. Pero conviene no confundirlo con un acto suficiente.