En defensa del sistema público de pensiones.
No al alargamiento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión
Este año de 2022 va a ser un año decisivo para el futuro de las pensiones públicas. Antes del 31 de diciembre entrará en vigor la segunda parte de la reforma comprometida por el Gobierno con la Unión Europea en el “Componente 30” del Plan de Transformación y Resiliencia.
Como hemos visto en la primera parte, las medidas acordadas en 2021 en el Dialogo Social dentro de este Plan, en general han servido para perpetuar los recortes a las pensiones efectuados en las reformas anteriores, y algunas medidas positivas como la revalorización de las pensiones con un IPC Promedio que no se corresponde con el IPC real; o el reconocimiento de los gastos impropios, etc., han sido obtenidas por nuestra presencia permanente en las calles desde 2018.
Este año, siguiendo el guion del pacto del Gobierno con la Union Europea y como contraprestación obligatoria a la entrega de los Fondos europeos, como ha ocurrido en la primera parte y también en la negociación de la Reforma Laboral tratarán, si no lo impedimos, de imponernos más medidas regresivas, como el alargamiento del periodo de cómputo, sin precisar, o la introducción de los planes privados, que empobrecerán más las pensiones futuras.
Una de las medidas acordadas en el Plan firmado con la UE es la extensión del período de cómputo, incluso a toda la vida laboral, para el cálculo de la pensión de jubilación. El ministro Escrivá ha hecho declaraciones públicas dándolo por hecho y ha tenido que retractarse ante las críticas recibidas. Pero el texto del pacto habla claramente de la extensión del período de cómputo de forma genérica. El aumento del período de cómputo ha sido tradicionalmente uno de los métodos usados para devaluar la cuantía de las pensiones. A mayor número de años de cómputo, entran más años del inicio de nuestras carreras laborales en las que nuestros salarios fueron más bajos y la media resultante es una pensión más baja. De eso se trata, de reducir la pensión en referencia al último salario, no de contributividad ni sostenibilidad del sistema como argumentan.
Los efectos de la reforma de pensiones del 2011 al alargar el periodo de cómputo de 15 a 25 años son muy claros. Los expertos afirman que, sólo por este aumento, la pensión se ha reducido un 10%. Podemos imaginar el efecto empobrecedor de la pensión si se incorporara el período de cálculo hasta los 35 años, prácticamente toda la vida laboral de una personaA esto tenemos que añadir como efecto multiplicador del daño, la precariedad generalizada durante importantes periodos de la vida laboral, la situación de desempleo que por ejemplo ahora sufren más de 3 millones de personas etc…
Como venimos denunciando desde hace cuatro años, lo que se quiere con estas medidas es cambiar el modelo público de Seguridad Social. Quieren que las pensiones sean raquíticas, que se reduzca la protección social, para crear un mercado, un negocio en el que esas necesidades las cubra la iniciativa privada, los Planes Privados de Pensiones, que es uno de los principales objetivos a introducir este año. Ya ha puesto en marcha el Gobierno la maquinaria para desarrollarlo aportando dinero de todos para fondos privados de pensiones. No lo podemos consentir.
Evitar que se implanten estas medidas, conseguir las mejoras por las que venimos luchando como la pensión mínima de 1080 acorde con el compromiso al que obliga la firma de la Carta Social Europea depende de nosotros y nosotras. Tenemos que mantener viva nuestra lucha y nuestra determinación de ganar esta batalla, de involucrar al conjunto de la sociedad, porque no es un problema exclusivamente nuestro-a, sino de toda la sociedad.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
Pentionistak Aurrera Vitoria Gasteiz 7 de Febrero de 2022