Evolución de la central nuclear de Lemoiz

Historia del proyecto de la Central Nuclear

Inicio del proyecto

Se planifica y se realizan los estudios para la construcción de la central nuclear de Lemóniz, ubicada en la cala de Basordas, en el municipio de Lemoiz (Bizkaia). La planificación y concesión se llevaron a cabo en 1970 y 1971, comenzando las obras en 1972. La central nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

Fue construida por la empresa eléctrica Iberduero, con el apoyo del PNV en su apuesta por crear una «Costa Vasca Nuclear». El plan contemplaba varias centrales en la Comunidad Autónoma Vasca: dos en Lemóniz, una en Deba y otra en Ispaster (Gipuzkoa), además de una cuarta en Tutera (Nafarroa).

Cada central preveía unidades de 1.000 megavatios (MW). La de Ispaster (Punta Mendata) llegaría a contar con seis unidades. En conjunto, el plan generaría 12.000 MW/hora adicionales, con posibilidad de exportar energía a través de la interconexión con Francia en Hernani (Gipuzkoa).

El PNV defendía la independencia energética vasca, obviando el grave problema de la gestión del uranio enriquecido una vez agotado su ciclo —estimado entre tres y seis años—, material que requiere almacenamiento durante más de 700 millones de años.

Evolución del proyecto

Comenzaron las obras en la cala de Basordas, transformando para siempre su fisonomía. Se inició la construcción sin contar con todos los permisos necesarios.

Iberduero presionó y amenazó a los municipios afectados con acciones legales si no aceptaban las condiciones impuestas, incluida la tasación de los terrenos expropiados. La empresa gozaba de gran influencia política en la Diputación de Bizkaia, controlada entonces por el PNV.

Se construyó un dique para ganar terreno al mar Cantábrico y se vertieron unas 200.000 m³ de hormigón y 1.000 toneladas de hierro, sepultando la cala para siempre.

Los vecinos desconocieron inicialmente la finalidad de las obras. Posteriormente fueron obligados a ceder sus caseríos y terrenos, bien por venta forzada al precio de tasación o bien por expropiación.

La afectación total ascendió a 180 hectáreas:

A. Zona Industrial Urbana (35 ha), delimitada por la carretera BI-3152:
  A.1. Plataforma de Basordas (7 ha): explanada ganada al mar con los edificios principales.
  A.2. Perímetro de seguridad interna (28 ha): viales, talleres, oficinas y pasillo de seguridad con doble vallado de 1.600 m.

B. Zona no urbanizable / Cinturón de protección (145 ha): terreno expropiado por motivos de seguridad. Incluía zonas boscosas, laderas, terrenos agrícolas y dos caseríos tradicionales.

Lemóniz se encuentra a 30 kilómetros de Bilbao por carretera y a 15 en línea recta, lo que agravaba considerablemente los riesgos.

A medida que avanzaban las obras y se conocían los proyectos siguientes, creció la oposición ciudadana, articulada en grupos ecologistas y antinucleares y respaldada por los vecinos y ayuntamientos de la zona.

La oposición antinuclear logró detener los proyectos de Deba e Ispaster. Lemóniz quedó como la única central nuclear en construcción en Hego Euskal Herria.

Se articuló la «Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear», que recogió más de 140.000 firmas exigiendo la paralización y una consulta popular. El lema Nuklearrik ez, eskerrik asko se popularizó en toda Euskal Herria.

El rechazo era transversal: se sumaron intelectuales como el director Imanol Uribe y el escultor Eduardo Chillida, que diseñó el emblema de la lucha antinuclear. A favor de la central estaban las autoridades franquistas, AP, UCD y PNV. Xabier Arzalluz llegó a pronosticar que sin la central Euskadi «se alumbraría con velas». La oposición más firme vino de Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna.

El 29 de agosto de 1976 una marcha entre Plentzia y Gorliz reunió a 50.000 personas.

El 14 de julio, Bilbao acogió una manifestación de 200.000 personas contra la central, calificada como la mayor manifestación antinuclear del mundo hasta ese momento. En agosto, la Diputación de Bizkaia falló a favor de Iberduero, ignorando todas las reclamaciones populares.

El 17 de marzo, ETA colocó una bomba en uno de los reactores, causando la muerte de dos trabajadores —Andrés Guerra y Alberto Negro— y cuantiosos daños materiales.

El 3 de junio fue abatida por la Guardia Civil Gladys del Estal durante una concentración en Tudela contra la energía nuclear.

El 28 de marzo el accidente de Three Mile Island (Harrisburg, Pensilvania) encendió las alarmas mundiales sobre la seguridad nuclear. El 13 de junio ETA introdujo una segunda bomba en la zona de turbinas, causando la muerte de Ángel Baños.

ETA secuestró a José María Ryan, jefe de la central, dando un ultimátum al Gobierno: paralizar las obras en siete días o sería ejecutado. Los técnicos detuvieron voluntariamente los trabajos. Transcurrido el plazo sin respuesta, Ryan fue asesinado.

El Gobierno transfirió las competencias energéticas al Ejecutivo vasco, que a finales de año relanzó el proyecto creando una sociedad mixta público-privada con el apoyo de PNV, UCD y AP.

Ángel Pascual sucedió a Ryan como jefe de la central. El 5 de mayo ETA lo asesinó cuando llevaba a su hijo al colegio. Los técnicos se negaron a reincorporarse. El 13 de mayo Iberduero anuló todos los contratos. Las obras quedaron definitivamente suspendidas.

Situación final

Oficialmente, la construcción se detuvo por la moratoria nuclear del gobierno de Felipe González, fundamentada en la seguridad de las instalaciones y en la imposibilidad de gestionar los residuos radiactivos.

El 26 de abril, el accidente de Chernóbil —provocado por una prueba de seguridad fallida, graves defectos de diseño y errores humanos— destruyó el reactor y liberó material radiactivo a la atmósfera. La zona de exclusión de 30 km afectó a 350.000 personas.

Iberdrola —heredera de Iberduero— vendió el equipamiento y desmanteló la central. Solo quedaron los grandes edificios vacíos. En 2017 alguna empresa manifestó interés en convertirlas en piscifactoría, aunque la iniciativa no prosperó.

El 11 de marzo, el seísmo y el tsunami de Fukushima inutilizaron los sistemas de refrigeración de la central japonesa, provocando la fusión parcial de tres reactores. La zona de exclusión afectó a 80.000 personas. Ese año el Gobierno español aprobó compensaciones a las eléctricas por las centrales paralizadas, que los consumidores pagaron en la factura eléctrica hasta 2015.

El Gobierno español transfirió la propiedad de las instalaciones al Gobierno Vasco.

Coste estimado y forma de pago

El valor invertido en Lemóniz antes de la paralización se cifró en torno a los 2.103 millones de euros (350.000 millones de pesetas). Mediante la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994, el Estado fijó la indemnización a Iberdrola en 2.273 millones de euros. El coste total de todos los proyectos nucleares paralizados en el Estado superó los 5.700 millones. Esta deuda la pagaron íntegramente los consumidores a través de un recargo en la factura eléctrica durante más de dos décadas, hasta octubre de 2015.

En abril, el Gobierno Vasco y el grupo inversor valenciano Atitlan anunciaron una inversión de 170 millones de euros para reconvertir los restos de la central en una piscifactoría de cría de lenguado, prevista para entrar en operación en 2030.

Situación actual

Desde 2002, lo que queda en la cala son los edificios vacíos y una línea eléctrica de muy alta tensión que ya no tiene razón de ser. En cualquiera de los proyectos anunciados, la zona implicada es solo la antigua cala de Basordas (35 ha). Queda sin resolver qué se hace con las 145 hectáreas restantes, expropiadas en 1972 y ya innecesarias para cualquier uso industrial. Puesto que la razón de la expropiación ha desaparecido, lo razonable sería devolverlas a los descendientes de los vecinos afectados o a los ayuntamientos, con la correspondiente indemnización.

Valentín Elortegi, hijo de los antiguos propietarios de parte de esos terrenos, aboga por recuperar el espacio como patrimonio cultural y organiza cada septiembre una romería que recrea la vida de la desaparecida cala de Basordas.

La arquitecta Carmen Abad defiende la necesidad de «devolver al pueblo un espacio que le fue extirpado». Propone mantener los edificios de los reactores como memoria histórica y rehabilitar el resto de la bahía con un mirador y espacios de uso público.

Análisis final del proceso

La central se paralizó cuando los afectados por ETA eran directivos de Iberduero. Mientras las víctimas fueron trabajadores, la presión no bastó. Los accidentes de Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima contradicen la seguridad inherente que se atribuía a las centrales nucleares. El paraje no ha sido restaurado. Los consumidores pagaron la indemnización a Iberdrola y el coste de todos los proyectos paralizados. Nunca se consideró devolver las 145 hectáreas usurpadas. Ni se atendieron las proposiciones populares ni se consultó a la ciudadanía sobre los planes que afectaban a su territorio.

Otros proyectos gestionados por el Gobierno Vasco

El vertedero acumula 29 nuevas alertas sin solución. El derrumbe del 6 de febrero de 2020 causó la muerte de Alberto Sololuze y la desaparición de Joaquín Beltrán, por incumplimiento de las normas que el Gobierno Vasco tenía obligación de hacer cumplir.

El proyecto fracasó ante la oposición vecinal e institucional y estudios de impacto sobre la marisma. Carecía de toda lógica dado que el Guggenheim ya existe en Bilbao.

El 27 de febrero de 2026, escape de benceno con niveles de entre 20 y 200 microgramos/m³, muy por encima del umbral de 2 microgramos. La gestión institucional fue duramente criticada. A fecha de hoy se desconocen las medidas correctoras comprometidas.

El PNV ha ignorado peticiones populares masivas: la exigencia de paralizar Lemóniz (140.000 firmas, manifestación de 200.000 personas); la ILP del Movimiento de Pensionistas (145.142 firmas); la ILP sindical por el SMI de 1.500 euros (138.495 firmas). En cambio sí admitió la piscifactoría, ante la que Greenpeace ha pedido su suspensión definitiva.

El 18 de junio de 2026 el Gobierno Vasco presentó la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación de la Actividad Económica Sostenible, que crearía una «autopista regulatoria» para proyectos de Interés Público Superior: redes eléctricas, parques eólicos, solares y vertederos. Incluye también disposiciones sobre Urdaibai sin explicar qué ha hecho el Gobierno durante cuarenta años para evitar la situación actual.