Felicidades y hasta el año que viene

1La dignidad, calculada desde el despacho

Conviene empezar por una frase que ya hemos recordado en estas páginas, porque explica más que cualquier informe. En junio de 2017, una consejera del Gobierno Vasco explicó en una emisora pública que con 600 euros al mes se vive dignamente. Ella cobraba entonces algo más de 7.300.

No fue un desliz. Fue una definición. Y las definiciones tienen consecuencias administrativas: cuando la vida digna de los demás se fija desde un despacho, lo demás viene rodado. Las pensiones se contienen con elegancia técnica, los servicios se recortan con prudencia presupuestaria y la espera pasa a ser un dato de gestión.

De ahí salió aquella revalorización del 0,25% anual, célebre por su gracia matemática, que durante años subió las pensiones justo lo justo para que no pudiera decirse que no subían. Aquello no se acabó en el Boletín Oficial del Estado, sino en la calle. Hoy las pensiones se revalorizan con el IPC, lo que es un avance indiscutible y, al mismo tiempo, un curioso sistema de crédito: lo que encarece este año la compra, la luz o la residencia lo adelanta el pensionista de su bolsillo y se le compensa en enero del siguiente. Sin intereses, por supuesto.

📄 Sobre aquella frase escribimos en su día: La vida digna, según quien cobra 7.000

2Ellas, sobre todo ellas

La parte más incómoda del asunto tiene nombre de mujer. Las pensiones femeninas son, en este país, sensiblemente inferiores a las masculinas, y buena parte de ellas se mueven en cifras que no admiten adjetivos amables.

No es porque trabajaran menos. Es porque su trabajo no figuraba en ninguna nómina. Dejaron el empleo con el primer hijo, o cuando la ama enfermó; cosieron en casa, atendieron la tienda del marido, limpiaron portales por horas, cuidaron de los abuelos hasta el último día. Sostuvieron durante décadas, gratis, el sistema de cuidados que ningún gobierno se molestó en construir. Cuarenta años después, esa aportación figura en su expediente como un vacío de cotización.

Cuando miles de personas llevaron al Parlamento Vasco una iniciativa popular para equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo —es decir, las suyas—, la mayoría decidió que aquello no merecía ni tramitarse. Ni debate, ni pleno, ni voto. Al cajón, con esa cortesía sin rostro de las burocracias satisfechas.

3De dónde sale el beneficio

Hay una pregunta que rara vez aparece en los pliegos de contratación: cuando una empresa gestiona una residencia con dinero público, ¿de dónde sale exactamente su beneficio?

La respuesta no admite demasiadas variantes. El dinero que entra es el que es, de modo que la ganancia hay que extraerla de algún sitio: menos personal, sueldos más bajos, contratos más precarios y minutos cronometrados para levantar, lavar y dar de comer a una persona. El beneficio sale del tiempo de cuidado y del salario de quien cuida. No hay una tercera opción escondida en el balance.

En sanidad el mecanismo es el mismo con otro decorado. Cada derivación a la clínica concertada, cada servicio externalizado, cada especialidad que se vacía en el hospital público es dinero común que sale y no vuelve. Mientras tanto la lista de espera crece, hasta que quien puede pagar deja de esperar y quien no puede se resigna. El resultado no es una avería del sistema: es el sistema funcionando según lo previsto.

Además, aquí no hay mercado posible. Quien necesita una cama, una cura o un médico no es un cliente: no puede comparar, ni negociar, ni esperar a las rebajas, ni marcharse a otra tienda. Una necesidad que no se puede rechazar no debería ser nunca un negocio. Esta lección la dieron las residencias de este país durante la pandemia, y no parece que haya cundido el ejemplo.

4Un tercero sin ascensor

Hay una forma de encierro que no consta en ningún registro y que está en cualquier casco viejo de este país: un tercero sin ascensor. Nuestros pueblos y nuestros barrios obreros se construyeron cuando sus vecinos tenían treinta años y subían las escaleras de dos en dos. Cincuenta años después, esas mismas escaleras deciden cuántas veces por semana sale alguien de casa, si sigue yendo al mercado y si conserva alguna amistad. Nadie ha encerrado a nadie, pero el efecto es indistinguible.

La solución técnica se conoce desde hace décadas y no tiene ningún misterio: ascensores en los edificios antiguos, ayudas reales para adaptar baños y viviendas y, sobre todo, pisos tutelados en los pueblos y en los barrios. Viviendas adaptadas, con apoyo, donde una persona mayor conserva su autonomía sin tener que ingresar en una residencia antes de tiempo ni marcharse de su calle.

Salen más baratos que todo lo que viene después, retrasan el ingreso residencial y permiten envejecer en el propio entorno. Por eso aparecen en casi todos los programas electorales. Y por eso, cumplido el mandato, el solar suele seguir en el mismo estado en que lo dejó la campaña anterior.

5La misma carta con distinto sello

Lo notable es que el fenómeno no respeta ninguna frontera administrativa. En Gasteiz y en Iruñea gobiernan partidos distintos, con competencias distintas y dos servicios de salud distintos, Osakidetza y Osasunbidea. Y sin embargo, en Bizkaia, en Araba, en Gipuzkoa y en Nafarroa se repiten las mismas esperas para el especialista, los mismos ambulatorios sin atención por la tarde, los mismos kilómetros desde los pueblos pequeños y las mismas listas para una plaza residencial.

Tampoco se detiene en el Bidasoa. En Iparralde, de Lapurdi a Zuberoa, los mayores envían la misma carta con otro sello. En los valles de Nafarroa Beherea y Zuberoa, médicos que se jubilan y no se reemplazan, servicios que se alejan, residencias caras, hijos que tuvieron que marcharse a trabajar. En la costa labortana, un precio de la vivienda que expulsa de sus barrios a quienes llevan allí toda la vida. Otro Estado, otras leyes, otro idioma administrativo y los mismos problemas.

6Un día al año

Este 1 de octubre habrá, como cada año, declaraciones institucionales sobre el valor de nuestros mayores. Habrá también, en varios pueblos y ciudades, gente mayor en la calle reclamando pensiones suficientes, sanidad pública, cuidados y vivienda adaptada. Es decir, reclamando exactamente aquello que las declaraciones dan por descontado.

La pregunta que dejan sobre la mesa no va dirigida solo a quien peina canas. Va dirigida a cualquiera que piense envejecer algún día, que es, si no nos equivocamos, el conjunto de la población. Lo que hoy se recorta, se privatiza o se archiva sin debate es exactamente lo que estará ahí, o no estará, cuando llegue el turno de cada cual.

Felicidades, entonces. Y hasta el año que viene.