Fondos europeos: pretexto para medidas antisociales

Mikel de la Fuente

Para la concesión al Estado español de 72 mil millones de euros en subvenciones y 68.000 en préstamos en los tres próximos años, la Unión Europea exige que se presente una lista de proyectos de inversión en materia de digitalización, transformación ecológica, etc.

Para ella el gobierno vasco ha presentado proyectos de muy escaso contenido social y ecológico y que benefician sobre todo a las grandes empresas. Además, la Unión Europea exige que el gobierno español presente un Plan de Reformas en materia laboral y de pensiones, a fin de garantizar que se encuentra en condiciones de devolver la deuda pública. Aunque el gobierno no ha hecho pública la documentación que dice ya haber enviado a Bruselas, se acaba de hacer público en algunos medios resúmenes de su contenido. Habida cuenta de su redacción, al parecer bastante general, su alcance práctico hay que valorarlo a la vista de las propuestas y declaraciones de los y las representantes de la mayoría del gobierno.

En materia laboral se plantea penalizar la utilización incontrolada de los contratos de muy corta duración, para evitar la “temporalidad oportunista”, así como limitar la utilización de las subcontrataciones y aprobar una ley que fije que los “riders” sean trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, como ya ha dispuesto una reciente sentencia de un juez de Barcelona en relación con Deliveroo. Se habla de mejorar la empleabilidad mediante el aumento de la formación, obviando la necesidad de aumentar el empleo público para atender necesidades sociales insatisfechas en materia de salud, educación y protección contra la dependencia y así contrarrestar así los despidos practicados por las grandes empresas. Se habla también de acordar un programa de empleo juvenil e impedir la dualidad entre los trabajadores con mejores condiciones laborales y los que sufren peores condiciones y están sometidos a una elevada temporalidad y parcialidad.  

Cuando los cambios, limitados, se vayan a concretar en ley, es de temer que el gobierno recoja las exigencias de la vicepresidenta Calviño, para que los cambios sean aceptables para las organizaciones patronales. Y que se rechace que la igualación en derechos de los y las trabajadores temporales con los indefinidos, se produzca mediante una mejora hacia arriba. Eso exigiría la derogación no solo de la reforma laboral de PP de 2012 sino también la del PSOE de 2010 mientras que la mayoría del gobierno pretende que se mantenga la actual normativa, con retoques sobre los “aspectos más lesivos” de la de 2012. Reforma de la que no se recoge su derogación en la documentación enviada a Europa, como tampoco se incluye el aumento del salario mínimo para alcanzar el objetivo de la Carta Social Europea de equivalencia del 60% del salario medio, lo que conduciría a una cuantía de 1.200 euros en Hego Euskalherria frente a los 950 actuales. 

En materia de pensiones, sin citar las cifras, se plantea “ampliar el período de cómputo para la base reguladora de la pensión”, lo que se debe entender a la vista del documento enviado a todos los ministerios que participan en la Comisión delegada de Asuntos Económicos sobre las intenciones del gobierno de aumentar ese período de 25 a 35 años (aunque las niegue el Ministro Escrivá. Daría lugar a una reducción en la cuantía media que el mismo gobierno estima que puede llegar hasta el 6,3%, al incluir los años iniciales de trabajo remunerado de bajos salarios. Puede ser mayor aún en los casos en que haya habido mucho tiempo sin cotizar por desempleo o excedencia por cuidado de hijos/as u otros familiares, ya que esos tiempos se computan por la base mínima de cotización los cuatro primeros años y por la mitad de esa base mínima el resto. 

La propuesta incluye el endurecimiento de la jubilación anticipada mediante un aumento de las penalizaciones a través de un cálculo de los coeficientes reductores directamente sobre la pensión y no sobre la base de cálculo, lo que aumentará la reducción en las pensiones más altas y quizá también en otras. También se propone empeorar la jubilación parcial, probablemente mediante la exigencia de cotizaciones más elevadas durante ese período, lo que dará lugar a la negativa de las empresas a ponerlas en marcha. Se propone incentivar más el atraso voluntario de la jubilación una vez cumplida la edad legal, aumentando los recargos hasta el 4% por año y que permiten sobrepasar el tope máximo. Esta medida dificultaría el acceso al empleo de las y los jóvenes y contribuiría a mantener un enorme desempleo juvenil. 

Sobre la revalorización se propone cambiar el criterio del aumento anual de los precios por un período más amplio, que pueda dar lugar a revalorizaciones más bajas en los años de crisis, que en teoría se compensarían con mayores aumentos en otros años, con toda la inseguridad que acompaña a ese cambio y la pérdida en los períodos de congelación. 

Sobre el factor de sostenibilidad, en la actualidad en vigor, aunque suspendido hasta el 2023 y que reduciría las pensiones iniciales de jubilación en proporción al aumento de la esperanza de vida, en una cuantía próxima al 1% por cada año, se propone no la derogación radical del mismo sino una modificación que integraría, además del elemento de la esperanza de vida, otros indicadores, especialmente económicos, pero que contribuirían también, de otra forma, a la reducción de las pensiones.

Por supuesto, no se recogen ninguno de los elementos de mejora exigidos por el movimiento pensionista ni en materia de aumento de las pensiones mínimas, ni sobre la jubilación anticipada sin penalización para quienes hayan cotizado 40 y más años, ni sobre la eliminación de la brecha de género, ni sobre los numerosos elementos regresivos de las reformas de 2011 y 2013. Para aumentar los ingresos se apunta, de forma ambigua, la posibilidad de aumentar la base máxima de cotización, acompañado de una modificación de la pensión máxima. Está por ver la decisión del gobierno en este tema, a la vista de la congelación de estas bases en el 2020 y el 2021, lo que reduce los ingresos del sistema de pensiones.    

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2 Comments

  1. En ningún momento se plantea recuperar aquellos años de mayor cotización, cuando los trabajadores han perdido sus empleos por el cierre de miles de empresas durante las reconvencciones que la industria ha sufrido.

  2. Si teniendo 45 años de cotización , te hacen los descuentos de hasta un 6 x 100 partiendo de los expedientes que acomodaron para rejuvenecer las plantillas, está claro que hubo hay y habrá suficientes medidas para acometer el recorte de pensiones.

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