GOBIERNO ESTATAL Y GOBIERNO VASCO DEBEN GARANTIZAR UNA PENSIÓN MÍNIMA DE 1080 €  

El primer día de este año ha entrado en vigor la Ley 21/2021, que obliga al Gobierno estatal a revisar este año las cuantías de las pensiones mínimas “teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional”, para cumplir el ART. 50 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA y la CARTA SOCIAL EUROPEA, que exigen a los poderes públicos garantizar la suficiencia económica durante la tercera edad.  

Justo ahora, cuando se pretende dedicar miles de millones de euros de recursos públicos a financiar nuevos FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA, con el concurso de patronales y sindicatos mediante la negociación colectiva, gestionados por BANCOS, FONDOS DE INVERSIÓN, y ASEGURADORAS, las personas pensionistas exigimos, al GOBIERNO ESTATAL y al GOBIERNO VASCO, que esos recursos, y los que hagan falta, sirvan para garantizar una pensión mínima de 1.080€ mensuales.  

Es inaceptable que seis millones de pensionistas, un 63% mujeres, estén ingresando menos de 1.000 € mes que es el actual salario mínimo. Y aún lo es más que cuatro millones de pensionistas cobren menos de 750 € mes, y que el 76% sean mujeres. En nuestra comunidad autónoma, según datos sindicales, el 35% de las personas pensionistas vascas (175.000) tienen ingresos inferiores a 750 € mes, y de ellas, el 78% son mujeres, víctimas de una mayor precariedad y de cotizaciones bajas porque sus trabajos de cuidados no están remunerados.   

Garantizar una renta adecuada en la vejez debe ser, junto a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, o la vivienda, una prioridad social. De hecho, la LEY VASCA 18/2008, PARA LA GARANTÍA DE INGRESOS, ya contemplabaque las personas pensionistaspercibieran el 100% del SMI si la unidad de convivencia era unipersonal, 125% SMI la unidad de convivencia de dos personas, o 135% SMI la unidad de convivencia de tres o más personas.  

Hace cinco años el GOBIERNO VASCO decidió desvincular la RGI del Salario Mínimo Interprofesional como parte de su política de recortes sociales, amputando gravemente la ley. Ahora, con la transferencia íntegra e indefinida del INGRESO MÍNIMO VITAL, no hay ninguna excusa para cumplir el PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES, aprobado en GOTEMBURGO en 2017, y dar respuesta a necesidades básicas de las personas en la vejez, considerando a cada una de ellas como sujeto de derecho subjetivo al margen de su convivencia. En este sentido, el nuevo ANTEPROYECTO DE LEY DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN, presentado por el GV el año pasado, en el que se considera a las personas pensionistas UNIDAD DE CONVIVENCIA EXCEPCIONAL, debe corregir la suficiencia económica que demandamos como movimiento pensionista. Una posición que defenderemos en la próxima reunión con la CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO del GV. 

En la actual situación, con una pandemia que ha agravado la desigualdad y la pobreza, y una guerra en UCRANIA que algunos sectores económicos están utilizando para lucrarse a costa de las personas más necesitadas, garantizar una pensión mínima es urgente. Hoy día no se puede vivir con menos de 1.080 €, cuando hay que pagar comida, luz, gas, agua, o transporte, y sostener a la familia, porque no nos salen las cuentas. El precio de la electricidad ha subido un 80% en un año, según el INE, las gasolinas son un 50% más cara que en febrero 2021, el butano un 33%, los aceites de consumo doméstico un 30%., leche y arroz un 9%, harinas y cereales el 12%. La inflación cerró el mes de febrero en un 7.6%, la perspectiva es que aumente, y es conocida nuestra denuncia pública de que se nos hayan actualizado las pensiones sólo un 2.5%, que corresponde a la inflación media el año pasado, y no conforme al IPC real, lo que rebaja radicalmente nuestro poder adquisitivo y empobrece las pensiones.  

 Las personas que tienen ingresos suficientes tienen un envejecimiento 14 puntos mejor que las personas con ingresos insuficientes, y éstas adelantan su “fragilidad” una media de 3.5 años. Por eso reivindicamos medidas para erradicar la brecha de género, 100% en la pensión de viudedad, y una pensión mínima de 1.080 €, porque la suficiencia económica es garantía de la dignidad de la persona, de la que habla el ART. 10 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, y es una exigencia del derecho internacional que nuestras administraciones tienen obligación de garantizar.   

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN ¡ 

Vitoria-Gasteiz 28 marzo de 2022