Hacerse viejo no debería ser un negocio ajeno

1. Sección

El dinero es nuestro

Envejecer es, de por sí, un proceso duro. El cuerpo cambia, la autonomía mengua, el círculo se estrecha. No hace falta añadir drama a algo que ya lo tiene. Pero hay una indignidad añadida, evitable y elegida, que convierte ese proceso en algo aún más amargo: que haya quien haga negocio con esa vulnerabilidad.

Negocio con nuestro dinero, con el dinero que cada ciudadana y ciudadano de Hego Euskal Herria aporta cada año a través de sus impuestos, y que las Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, y el Gobierno de Nafarroa a través de la ANADP —Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas—, gestionan en nuestro nombre. No es el Estado abstracto quien paga las residencias: somos nosotros. Y conviene que lo tengamos claro cuando hablemos de este tema.

El debate europeo sobre demografía y cuidados ha encontrado en Alemania su expresión más polémica: un impuesto para quienes no tienen hijos, bajo la lógica de que quien no genera futuros contribuyentes no financia a quienes le cuidarán. Es una lógica fría, discutible, que reduce la vida humana a una ecuación actuarial. Pero tiene el mérito de poner encima de la mesa una pregunta que en Hego Euskal Herria también nos concierne: con el 24% de la población superando ya los 65 años, y esa proporción creciendo año a año, ¿qué modelo de cuidados queremos? ¿El que tenemos, o el que merecemos?

2. Sección

Cuatro territorios, cuatro modelos, una misma desigualdad

La primera anomalía del sistema actual es su fragmentación. En la Comunidad Autónoma Vasca, cada Diputación Foral gestiona los servicios sociales de su territorio con criterios propios: distintos baremos de acceso, distintas ratios de atención, distintas condiciones para las trabajadoras. En Nafarroa, es el Gobierno Foral quien asume esa responsabilidad a través de la ANADP, mientras Osasunbidea gestiona la parte sanitaria —una separación que, como veremos, forma parte del problema—. El resultado es que dos personas con el mismo grado de dependencia, viviendo a pocos kilómetros de distancia pero en territorios diferentes, pueden recibir una atención sustancialmente distinta. No porque sus necesidades sean distintas, sino porque el modelo así lo ha construido.

No es una idea utópica: es la coherencia mínima que exige un proyecto colectivo que se reclama solidario.

3. Sección

Residentes que son enfermos: la incoherencia que nadie nombra

Hay una trampa semántica en el centro del modelo actual que merece ser nombrada sin rodeos. Los centros se llaman residencias, pero quienes viven en ellos no son residentes en ningún sentido real. Para acceder a una plaza es necesario acreditar una patología, un grado certificado de dependencia, un deterioro funcional reconocido por la administración. Hay que estar enfermo. No mayor, no solo, no frágil: enfermo.

Y aquí surge la pregunta que nadie en las instituciones quiere responder: si quienes habitan estas residencias son, a todos los efectos, enfermos —con atención sanitaria continua, medicación, tratamientos—, ¿por qué no dependen del sistema de salud? ¿Por qué Osakidetza en la CAV, o Osasunbidea en Nafarroa, no gestionan estos centros del mismo modo que gestionan hospitales o centros de salud?

4. Sección

El negocio garantizado: ¿quién paga cuando bajan los márgenes?

El modelo residencial privado concertado tiene una característica que lo hace especialmente atractivo para el inversor: la demanda está garantizada institucionalmente. Las listas de espera son largas, la necesidad es creciente, y el pagador final somos nosotros a través de las Diputaciones y el Gobierno de Nafarroa. No hay riesgo empresarial real. Y sin riesgo, cabe preguntarse qué justifica el beneficio.

La respuesta llega cuando los márgenes se estrechan. Cuando suben los costes energéticos, cuando hay que negociar un convenio colectivo, cuando la inflación aprieta, la empresa privada tiene que recortar en algún sitio. Y ese sitio, de manera casi invariable, son los ratios de personal y la calidad de la alimentación. No los beneficios. No los dividendos. No los sueldos de la dirección.

La huelga que llevan meses sosteniendo las trabajadoras de residencias en Gipuzkoa no es una anécdota laboral ni un conflicto sectorial más. Es el síntoma más elocuente de un modelo roto. Son mujeres —porque este sector es abrumadoramente femenino— que reclaman ratios dignos, condiciones que no destruyan su salud, reconocimiento de una profesión esencial. Que lleven meses en huelga sin resolución dice todo lo que necesitamos saber sobre la prioridad real que tienen los cuidados en la agenda institucional.

5. Sección

Una escala de soluciones: de la casa al cuidado continuado

El ideal, avalado por quienes trabajan en gerontología y por la propia voz de las personas mayores cuando se les pregunta, es claro: envejecer en casa, en el propio barrio, rodeado de historia y de vínculos. No es una aspiración romántica: es, bien organizada, la opción más humana y frecuentemente la más eficiente en términos de coste público.

Para hacerla posible hacen falta decisiones concretas. Una parte importante del parque de viviendas de Hego Euskal Herria, especialmente en los barrios construidos entre los años cincuenta y setenta, carece de ascensor. Una persona con movilidad reducida en un cuarto piso sin ascensor no tiene opción real de envejecer en su hogar: tiene una condena a la institucionalización anticipada. Invertir en ascensores, en adaptación de viviendas, en eliminación de barreras arquitectónicas no es un gasto: es una inversión que evita o retrasa ingresos en recursos de coste muy superior.

Cuando vivir solo ya no es posible pero la dependencia no es severa, los pisos tutelados ofrecen una solución intermedia de gran valor: autonomía supervisada, escala humana, integración en el tejido urbano, vida comunitaria real. No un pasillo largo con habitaciones numeradas, sino un hogar compartido con apoyos. Es un modelo que funciona y que debería expandirse con financiación pública y gestión sin ánimo de lucro.

Más allá, los cuidados comunitarios —centros de día de barrio, redes vecinales coordinadas profesionalmente, viviendas colaborativas de mayores— representan una alternativa a la macrorresidencia que pone la escala humana por delante de la escala económica. Y cuando la dependencia es tan severa que requiere atención sanitaria continua, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿por qué no el sistema público de salud?

6. Sección

La conversación que debemos tener

Hacerse viejo es duro. Es una verdad que no necesita adorno. Pero hay una diferencia enorme entre envejecer con dignidad, en un entorno que te conoce y te sostiene, y envejecer en una institución diseñada para optimizar costes por plaza. Esa diferencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, de modelos elegidos, de prioridades presupuestarias. Y por tanto, es reversible.

Lo que necesitamos en Hego Euskal Herria no es un debate técnico entre gestores y consultoras. Es una conversación ciudadana honesta, sin eufemismos, sobre qué queremos para nosotros y para quienes nos precedieron. Una conversación que parta de una premisa simple: el dinero con el que se financian los cuidados es nuestro, y tenemos todo el derecho a exigir que no genere beneficios privados sino bienestar colectivo. Que las personas que cuidan tengan condiciones dignas. Que quienes son cuidados sean tratados como lo que son: personas, no plazas.

El reloj demográfico no espera. Pero tampoco deberíamos esperar nosotros.