IV parte de la reforma de las pensiones: Las reformas propuestas en el RDL 117/2024 buscan retrasar la jubilación y no garantizan pensiones dignas.
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha emitido una valoración crítica sobre el próximo voto en el Congreso del Real Decreto Ley 117/2024, que se centra en mejorar la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.
Este RDL, firmado el 31 de julio de 2024 entre el gobierno del Estado y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, así como los sindicatos CCOO y UGT, cuenta con el apoyo de los partidos que forman el Gobierno y del Partido Popular (PP).
El MPEH señala que, a pesar de las reformas realizadas desde 2021, el RDL no responde a las demandas más apremiantes de las personas pensionistas, que han sido reiteradamente expuestas ante los partidos políticos. La organización destaca la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones desde 2011 y la falta de atención a la mejora de las pensiones mínimas. La reforma de 2023 ha limitado los objetivos de estas pensiones, fijando el umbral de la pobreza en un 100% para las pensiones mínimas contributivas y un 75% para las no contributivas, lo que consideran insuficiente.
El MPEH también critica que los recortes establecidos en la reforma de 2011 siguen vigentes, incluyendo el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años y el incremento de los años necesarios para calcular la pensión. Además, la brecha de género en las pensiones, que se sitúa en un 37%, continúa sin abordarse de manera efectiva.
El Movimiento expresa su preocupación por los miles de pensionistas que han visto perjudicadas sus pensiones por los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, quienes no han recibido respuestas a sus demandas. A pesar de compromisos previos, como la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, estas no se han llevado a cabo.
El MPEH sostiene que las medidas adoptadas en el RDL son parciales y no garantizan pensiones públicas dignas y suficientes. Las estrategias propuestas, que buscan compatibilizar la pensión con el trabajo, parecen ocultar problemas más profundos, como los bajos salarios y la presión para retrasar la edad de jubilación. Las reformas, como la ampliación de los supuestos de jubilación parcial y la promoción de la jubilación flexible, están diseñadas para reducir el gasto en pensiones, a menudo en detrimento de los colectivos más vulnerables.
Aunque se reconocen algunas mejoras, como la mejora de las condiciones del contrato de relevo y el coeficiente multiplicador del 1,5 para contratos fijos discontinuos, el MPEH considera que estas no compensan las deficiencias y estrategias erróneas del RDL.
Finalmente, se menciona la creación de una comisión estatal para supervisar los convenios entre servicios públicos de salud y mutuas, una medida que, según el MPEH, puede desviar la atención de la necesidad de un tratamiento integral de la salud laboral en el sistema público.
