La energia no es un negocio: es un derecho

Puntu eta jarrai

Una guerra que se paga en casa

La guerra que Estados Unidos e Israel han desatado contra Irán no es un conflicto lejano. Sus consecuencias llegan directamente a nuestras facturas, a nuestro carrito de la compra, a nuestra calefacción. El precio del barril de petróleo, sometido a una volatilidad extrema desde el inicio del conflicto, puede escalar fácilmente hasta los 200 dólares si la guerra se prolonga, según advierten los propios analistas del sector. El Banco Central Europeo advierte de que la inflación podría alcanzar el 4,4 % en 2026 si el conflicto se prolonga. Y los fertilizantes, cuya producción depende en gran medida del gas natural que transita por el estrecho de Ormuz, encarecen los alimentos antes incluso de que lleguen a la mesa.

El impacto en quienes viven de ingresos fijos

Quienes más lo sufren, una vez más, son quienes viven de ingresos fijos: las personas pensionistas. Sin capacidad de trasladar los costes a nadie y sin margen para invertir en autoconsumo o en mejoras de eficiencia, la inflación energética supone una pérdida directa e inmediata de poder adquisitivo en la vida cotidiana.

Beneficios privados, costes colectivos

Mientras tanto, las grandes energéticas hacen caja. Repsol ha alcanzado en estos días valores históricos en bolsa. Y la patronal del sector, con Repsol, Moeve y BP al frente, aprovecha la crisis para pedir al Gobierno una bajada de impuestos. El negocio, privado. El coste, para los pueblos.
El Gobierno ha respondido con medidas como la reducción del IVA energético. Pero bajar impuestos significa también menos recaudación: menos dinero para la sanidad pública, para los servicios sociales, para la dependencia, para las pensiones. La crisis la generan las guerras y los mercados; el agujero lo tapamos entre todas. Eso no es un escudo social: es trasladar el coste a quienes más necesitan esos servicios.

Una dependencia estructural

Esto no es solo una crisis coyuntural. Es la consecuencia de una dependencia estructural que Euskal Herria arrastra desde hace décadas. Somos un territorio pobre en recursos fósiles, lo que nos hace vulnerables a cada sacudida geopolítica. La única salida real es la transición hacia energías propias, renovables y con control público y comunitario. No como negocio verde para los mismos de siempre, sino como condición de soberanía.

Retrasos institucionales

El 12 de marzo, EH Bildu presentó en el Parlamento de Gasteiz una moción sobre el despliegue de energías renovables. El debate que abrió es necesario. Pero hay que recordar que la Ley de Sostenibilidad Energética de 2019 obligaba al Gobierno Vasco a aprobar en 2021 el Plan Territorial Sectorial que ordenara ese despliegue. Llevamos cinco años de incumplimiento. Lakua dilata, retrasa y entrega el paso a los lobbies eléctricos mientras la dependencia energética nos sigue costando cara.

Lo que hace falta de verdad

Lo que se necesita es un escudo social real frente a la inflación energética: blindaje de pensiones, tarifas sociales efectivas y vivienda pública con eficiencia energética. Y una transición energética que se haga con criterios de justicia social y participación ciudadana, no al ritmo que marcan los mercados.
Las guerras las deciden otros. Las facturas las pagamos nosotras.

Y a nosotras, ¿quién nos cuida?

Nosotras. Juntas.