La hipocresía de los buitres: cuando los corruptos dan lecciones de honradez

Puntu eta jarrai

Mientras se rasgan las vestiduras por casos individuales de corrupción, privatizan servicios esenciales en el mayor ejercicio de expolio colectivo de nuestra historia

El espectáculo de la indignación selectiva

Cuando en junio de 2025 se conocieron los últimos detalles del caso Santos Cerdán, el teatro político desplegó su repertorio más predecible. Los mismos que han convertido la política en un mercadeo de favores se alzaron como adalides de la ética pública. Los mismos que han expoliado durante décadas el patrimonio común se erigieron en guardianes de la honradez.

Es un espectáculo que hemos visto demasiadas veces, y que ya no engaña a nadie con dos dedos de frente.

Los números de la vergüenza

Los datos son implacables y dibujan un mapa de la corrupción que atraviesa todas las siglas que han ostentado poder:

El PNV, ese supuesto partido de gestores ejemplares, acumula casos que suman decenas de millones de euros defraudados: el caso De Miguel con más de 10 millones, Alonsotegi con 17 millones en un pueblo de 3.000 habitantes, las autopistas de Bidegi… Una red clientelar que se extiende por las tres capitales vascas como una mancha de aceite.

El PSN-PSOE, desde Urralburu con sus comisiones del 3% institucionalizadas hasta el reciente caso Koldo-Cerdán que ha dinamitado la cúpula socialista. Santos Cerdán, expulsado de su propio partido tras ser desenmascarado, había tejido una red de corrupción que convertía la obra pública en su particular cortijo.

Y el PP, el campeón absoluto de la corrupción a nivel estatal, con más de 1.400 millones de euros defraudados documentados en casos como Gürtel, Kitchen, Púnica, Lezo… Un partido que mantiene en sus filas a 37 investigados por corrupción pero que se permite dar lecciones de honradez.

El silencio ensordecedor de los limpios

Resulta revelador que solo dos fuerzas políticas con presencia institucional significativa no aparezcan en este catálogo de la infamia: Euskal Herria Bildu, que ha gobernado en Gipuzkoa y sigue gobernando en decenas de ayuntamientos en todo Euskal Herria sin un solo caso de corrupción documentado, y Sumar-Podemos, sin presencia relevante en Euskal Herria pero tampoco con casos a nivel estatal.

La gran estafa: privatizar es robar

Pero claro, a estos no se les ve rasgándose las vestiduras. No necesitan el teatro de la indignación porque no tienen que tapar sus propias vergüenzas.

Mientras el circo mediático se concentra en casos individuales de corrupción, los mismos políticos que protagonizan estos escándalos implementan el mayor robo de la historia: la privatización sistemática de los servicios públicos.

Porque privatizar también es robar. Es despojar a la ciudadanía de lo que es suyo por derecho, de lo que se construyó con el esfuerzo y los impuestos de generaciones.

En sanidad, las listas de espera se alargan mientras se derivan recursos hacia la medicina privada. Los mismos hospitales públicos externalizan servicios a empresas que, casualmente, aparecen en los papeles de Bárcenas o en las tramas de corrupción investigadas.

En los cuidados, la atención a personas mayores y dependientes se convierte en un negocio donde prima el beneficio empresarial sobre la dignidad humana. Residencias convertidas en factorías del lucro mientras las familias se arruinan pagando servicios que deberían ser públicos.

En las pensiones, el sistema público se debilita deliberadamente para abrir paso a los planes privados. Mientras tanto, 16.911 personas perciben en Hego Euskal Herria una pensión no contributiva que no llega a los 600 euros y no garantiza de ninguna manera cubrir las necesidades básicas.

La pobreza que se oculta

Porque tras las cifras oficiales que hablan del “bienestar récord” en Euskadi se esconde una realidad más cruda. Euskadi tiene un 14,8% de su población en riesgo de pobreza, y entre los pensionistas la situación es especialmente dramática.

Mientras los corruptos se recolocan en empresas privadas y mantienen sus redes de influencia después de cumplir penas ridículas, miles de personas mayores que trabajaron toda su vida para construir este país malviven con pensiones de miseria.

Es la paradoja más cruel de nuestro sistema: quienes roban millones acaban como consultores de las mismas empresas que se beneficiaron de sus decisiones, mientras quienes lo dieron todo por su pueblo sobreviven con 600 euros al mes.

El hartazgo de una sociedad cansada

Ya basta. Ya basta de este teatro grotesco donde los corruptos señalan a otros corruptos. Ya basta de que quienes han hecho de la política un negocio privado se permitan dar lecciones de ética.

Ya basta de que mientan descaradamente hablando de “casos aislados” cuando los datos demuestran que es un problema sistémico que afecta a todos los partidos que han gobernado.

Ya basta de que normalicen el expolio de lo público mientras criminalizan a quienes señalan sus vergüenzas.

La privatización: el robo perfecto

Porque ahí está la clave de todo: han conseguido convertir el robo en política oficial. Han logrado que expoliar el patrimonio común se llame “modernización” y “eficiencia”. Han normalizado que empresas privadas se lucren con servicios esenciales que deberían ser un derecho.

Un político que roba 100.000 euros va a la cárcel. Quienes privatizan servicios que valen miles de millones son aplaudidos como reformistas.

Y no es casualidad que prefieran esta vía. La privatización de los recursos públicos es la mejor manera de favorecer a los propios perdiendo la posibilidad de fiscalización democrática. Cuando la gestión es pública, la oposición institucional puede fiscalizar cada euro, cada contrato, cada decisión. Los plenos municipales, las comisiones parlamentarias, los órganos de control pueden exigir explicaciones.

Pero cuando se privatiza, esa fiscalización desaparece. Las empresas privadas se escudan en el “secreto comercial” para ocultar sus cuentas. Los contratos se blindan con cláusulas de confidencialidad. Los beneficios empresariales quedan fuera del escrutinio público. No hay democracia si no hay fiscalización del empleo de los recursos públicos privatizados.

Es el robo perfecto: legal, legitimado, aplaudido por los medios de comunicación y presentado como inevitable. El neoliberalismo ha conseguido que el pueblo aplauda mientras le roban, y además, que pierda para siempre la capacidad de controlar cómo se gasta su dinero.

La verdadera corrupción

La verdadera corrupción no son solo las comisiones, los sobres o las cuentas en Suiza. La verdadera corrupción es un sistema que convierte la necesidad en negocio, que mercantiliza la salud, que privatiza los cuidados, que debilita las pensiones públicas.

La verdadera corrupción es que mientras se recortan derechos sociales, se multiplican los beneficios empresariales de quienes gestionan lo que antes era público.

La verdadera corrupción es que las mismas empresas que aparecen en las tramas judiciales sean las adjudicatarias de los contratos de privatización.

La exigencia de dignidad

Exigimos otra cosa. Exigimos una política que anteponga el bien común al negocio privado. Exigimos que quien robe vaya a la cárcel de verdad, no a un spa penitenciario con salidas diarias. Exigimos que quien defraude sea inhabilitado de por vida, no recolocado en el consejo de administración de la empresa beneficiaria.

Exigimos el fin de las privatizaciones encubiertas. Exigimos sanidad pública y universal. Exigimos pensiones dignas para quienes construyeron este país. Exigimos que los servicios esenciales sean un derecho, no un negocio.

La hora de la verdad

Porque al final, tras tanto ruido y tanto teatro, la realidad es muy simple: unos pocos se han enriquecido exponiendo lo que era de todos, mientras la mayoría ve cómo se deterioran los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos.

Ya no nos vale la indignación de boquilla. Ya no nos sirven las comisiones de investigación que no investigan nada. Ya no creemos en los gestos grandilocuentes de quienes tienen las manos manchadas hasta los codos.

Queremos hechos. Queremos reversión de privatizaciones. Queremos que lo público vuelva a ser público. Queremos que quienes robaron paguen de verdad.

Y sobre todo, queremos que se acabe ya esta hipocresía insultante de quienes se enriquecieron con el expolio y ahora se permiten dar lecciones de honradez.

Porque privatizar también es robar. Y ya va siendo hora de que lo digamos alto y claro.

Mientras escribimos estas líneas, las listas de espera en sanidad pública siguen creciendo, las residencias privadas siguen lucrándose con el sufrimiento de nuestros mayores, y los pensionistas siguen malviviendo con 600 euros al mes. Ellos saben por qué.