“La Necesidad de Reformar el Sistema de Cuidados: Un Derecho Fundamental en la Sociedad Actual” ( Nº 1 )

Presentamos “Algunos apuntes sobre los cuidados de larga duración”, una serie de capítulos que iremos publicando de manera numerada a lo largo de este verano.

En Duintasuna – Gaurgeroa, consideramos fundamental abrir y fomentar el debate en torno a temas de gran relevancia, siendo los cuidados uno de los aspectos más importantes a abordar.

Los cuidados como base del sistema

El SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia) fue aprobado en el año 2006 por el gobierno de Zapatero. El sistema de cuidados lo componen todas aquellas instituciones que tienen por objetivo satisfacer las necesidades básicas de atención y cuidado de las personas, especialmente las que se encuentran en situación de dependencia. Entre estas instituciones encontramos las familias, el Estado (Servicios Sociales) y el sector privado (con o sin ánimo de lucro). El peso de cada una de estas instituciones determina el modelo de sistema de cada sociedad.

Uno de los ámbitos pendientes de desarrollar, y que ocupa un espacio central en la vida de millones de personas en el Estado, es el que se conoce como el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar (educación, sanidad, pensiones y “cuidados a la dependencia”), es decir, la articulación desde lo público del sistema de cuidados y atención y servicios de dependencia de las personas mayores. La crisis social y económica derivadas del COVID-19 obligaron a dar un golpe de timón para cambiar los principios del actual sistema de cuidados, que es injusto, ineficiente e insostenible.

Por otro lado, la aceleración del envejecimiento de la población, la reducción de la natalidad o el aumento de las parejas de doble ingreso provocan una llamada de atención, de manera que todas las predicciones demográficas apuntan al crecimiento acelerado de la demanda de cuidados de larga duración. “Sistema de actividades llevadas a cabo por cuidadores informales (familia, amigos o vecinos) o profesionales (sociales, sanitarios) o ambos, para conseguir que una persona que no sea totalmente capaz de cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad humana” (según la OMS).

Los cuidados constituyen un proceso complejo y relacional, que implica al Estado, a la familia y a la sociedad, y que se desenvuelve en múltiples ámbitos. Los cuidados son necesarios en las personas mayores dependientes, pero van más allá: son previsores de la misma dependencia y reducen la intensidad de la discriminación estructural que la sociedad produce hacia las personas de edad. El buen cuidado pone a la persona en el centro. Para cuidar bien deben conocerse las biografías de las personas, su identidad y respetar sus opiniones, deseos y aspiraciones. La dignificación de las tareas del cuidado, las condiciones adecuadas y el respeto de los derechos laborales y sociales básicos de las personas que cuidan resultan esenciales para construir un modelo de cuidados apropiado y coherente con el Estado Social de Derecho.

Cuidados de larga duración y principios básicos.

El sistema de atención a la dependencia debería diseñarse de forma que garantice unos servicios de atención a la dependencia ajustados al reconocimiento de dicha atención como un derecho subjetivo y universal que se atienda de forma suficiente por parte de los servicios públicos; es decir, que garantice la autonomía funcional de las personas dependientes, sin necesidad de recurrir a personas de la familia. El sistema ha de basarse en servicios prestados directamente por el sector público, ha de estar dotado de los recursos necesarios y es fundamental que garantice la igualdad de género y la equidad interterritorial.

Para ello, es imprescindible una transformación radical del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actual y el diseño y financiación de un nuevo sistema que, eliminando todo planteamiento de tipo asistencial, garantice el derecho a la atención a la dependencia como un elemento básico de justicia social. Para que esto sea así, el sistema debe basarse en los principios básicos de: carácter público, universalidad, cobertura suficiente, prestación directa de servicios, empleo público, gratuidad del cuidado, equidad de género y equidad interterritorial.

En el sistema vigente, estos principios básicos no se respetan en la práctica, pese a que muchos de ellos también se digan en la teoría.

El sistema propuesto requiere, por ello, aumentar la inversión social y modificar el uso de los recursos públicos, para garantizar la universalidad real, aumentar la intensidad protectora y financiar con cargo a impuestos, sin copago, los cuidados ofrecidos por el sistema, sin perjuicio de la participación de los usuarios en los costes de alojamiento y manutención que conllevan las soluciones institucionales (centros de día, residencias, etc.). Paralelamente, es preciso reforzar y diversificar la oferta pública de servicios, de forma que los cuidados puedan prestarse directamente por parte de entidades públicas, sin el recurso a empresas privadas. El sistema propuesto excluye los pagos monetarios directos a los dependientes y sus cuidadores informales, por tratarse de uno de los elementos del diseño actual que más ha distorsionado su funcionamiento.

Los cuidados son, sin embargo, la base del sistema y sin ellos la vida y el desarrollo económico y social no serían posibles, dado que asumen la responsabilidad de sostener la vida (cerrar y abrir el ciclo económico) bajo tres condiciones:

Se realizan de forma reprivatizada: son una responsabilidad de lo privado-doméstico, no colectiva, donde se asumen de forma generalmente no remunerada (están familiarizados) o vía compra en el mercado privado (están mercantilizados).

Están feminizados: En un sentido simbólico (asociados a la construcción de la feminidad) y material (reparto desigual). Son causa clave de las desigualdades laborales que viven las mujeres.

Están invisibilizados: Por una combinación de carencias más o menos agudas (conceptos y datos para visualizarlos; compensación monetaria o en clave de derechos; regulación de las condiciones laborales y las cualificaciones profesionales; reivindicaciones políticas…) no generan acceso a la ciudadanía socioeconómica y política.

Entender los cuidados y su impacto implica entender el funcionamiento de la base de toda la estructura socioeconómica, realizar una aproximación al sistema de abajo hacia arriba.

Definición y dimensiones de los cuidados:

Los cuidados son aquellas actividades que permiten la regeneración del bienestar físico y emocional de las personas y abarcan tres dimensiones:

Cuidados directos: Mantenimiento del cuerpo en sí mismo mediante la realización de las actividades básicas de la vida diaria (comer, vestirse, alimentarse, desplazarse…).

Trabajo familiar doméstico: Actividades que ponen las precondiciones del cuidado directo (proveer de alimentos, cocinar, limpiar…).

Gestión mental: Coordinación y planificación de todo lo anterior. Se traduce no solo en tiempo de trabajo, sino en intensidad y desgaste emocional.

¿Quién necesita cuidados?:

Todas las personas necesitamos cuidados, siempre, aunque la necesidad y las formas de resolverlo cambian a lo largo del ciclo vital y en función de una serie de condicionantes fisiológicas, de salud y sociales. En muchos momentos de la vida tenemos autonomía potencial (capacidad de autocuidado y de participar activamente en relaciones de cuidado mutuo). En otros momentos o circunstancias, necesitamos apoyo para algunas de esas tareas o para todas. Es aquí cuando comenzamos a hablar de situaciones de dependencia.

¿Quién puede cuidar?:

“Casi todos, casi siempre”. La dependencia no puede entenderse desde una mirada ni estática, ni individualizadora y médico-rehabilitadora. En la transición a la fase adulta, las personas van adquiriendo autonomía, pudiendo pasar a jugar un papel más activo en los cuidados. Por el contrario, en el proceso de envejecimiento la dependencia aumenta. Aunque todas y todos podamos cuidar (nos) en alguna medida a lo largo de la mayor parte del ciclo vital, muy a menudo no lo hacemos. La interdependencia que existe en los cuidados, combinada con la ausencia de un Sistema Integral de Cuidados, se resuelve en clave de explotación y desigualdad.

La democratización de los cuidados.

Desde una perspectiva centrada en la justicia social, se introduce la necesidad de democratizar el modelo de cuidados de larga duración como una de las mayores garantías de equidad social en el actual contexto de transición demográfica. Se argumenta la necesidad de reforzar la responsabilidad pública de un ámbito que ha tendido a individualizarse e invisibilizarse en el espacio privado, contribuyendo a su familiarización, feminización y mercantilización (Comas-D’Argemir 2019).

La reivindicación de un derecho al cuidado en la que la inexistencia de corresponsabilidad convierte a los cuidados en una responsabilidad a resolver en los hogares (cuidados familiarizados) con los recursos privadamente disponibles: tiempo para cuidar gratuitamente, con el consecuente impacto en el ejercicio de otros derechos de quienes asumen esta función, fundamentalmente mujeres; o dinero para comprar cuidados (cuidados mercantilizados). Los cuidados han de entenderse como un derecho que, además, facilita el acceso a otros derechos.

Familiarísimo sobreentendido.

Las clasificaciones propuestas para identificar los distintos regímenes de cuidados de larga duración caracterizan el modelo en el Estado, como el resto de los países del sur de Europa, por el papel central de la familia y la débil red de servicios sociales: el 73,6% de los cuidados dependen mayoritariamente de mujeres dentro de las familias. Se suele considerar como un ejemplo de familiarismo implícito donde el soporte familiar, sustentado por el ideal de cuidados “en casa y con la familia”, acompaña una visión asistencialista de los servicios públicos. Unos servicios que se perciben como sustitutos de la familia y no como un derecho universal de ciudadanía.

Además, como respuesta a la escasez de servicios de cuidados, destaca la importante presencia de mujeres inmigradas que, desde la formalidad o informalidad del servicio doméstico, cubren buena parte de las necesidades. Se estima que más del 30% de las cuidadoras se encuentra en una situación de economía sumergida (Díaz-Gorfinkel y Martínez-Bujan). En resumen, este sistema de atención se basa, principalmente, en el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, con una escasa participación de los servicios sociales y con una creciente privatización a través del servicio doméstico.

Discurso universalista, prácticas asistencialistas.

El caso del Estado Español también se caracteriza por tener un discurso universalista en relación a los cuidados desde la aprobación de la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), mientras que persisten unas prácticas e imaginarios asistencialistas que condicionan las preferencias de las personas. En efecto, uno de los aspectos fundamentales para construir el discurso universalista en torno a la dependencia es la aprobación de la LAPAD. Un marco normativo que reconoce, por vez primera, el derecho subjetivo de ciudadanía a los cuidados de larga duración a través del sistema público estatal.

Como explica Martínez (2020), el Estado Español inició de manera tardía y con muchas dificultades la política de atención a la dependencia, de manera que aún tiene mucho camino por recorrer. Existe una brecha que separa el contenido de la ley de la realidad social, dando como resultado un reconocimiento de derechos no efectivos: el sistema no responde a los principios de universalidad, carácter público, igualdad efectiva y no discriminación que contempla la LAPAD. Las razones de esta brecha señalan problemas de financiación, diseño y gestión de la ley. En esta línea, se evidencia a continuación cómo la implementación de la norma, desplegada de forma insuficiente, conlleva desigualdades sociales, precariedad laboral y fragmentación territorial.

Existe consenso en apuntar a los problemas de financiación que acompañan la LAPAD desde sus inicios. En 2021, el SAAD se financió con un 0,82% del PIB (10.000 millones de euros), mientras que la media europea se situó en el 1,7% del PIB, considerando que algunos países nórdicos y los Países Bajos encabezaron la lista con partidas del 3,5% del PIB.