La privatización en silencio
ANáLISIS · SANIDAD PÚBLICA · EUSKAL HERRIA
Los gobiernos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, y el de Nafarroa, comparten la misma receta: privatizar despacio y sin hacer ruido. Osakidetza y Osasunbidea se desmoronan desde dentro mientras PNV, PSOE y Geroa Bai miran hacia otro lado.
Abril de 2026 · Donostia · Gasteiz · Bilbo · Iruñea
Hay formas de robar que no salen en los informativos. No hace falta dar un golpe sobre la mesa, levantar la voz ni firmar manifiestos. Basta con dejar que el tejido se deshilache poco a poco, hilo a hilo, año tras año, hasta que un día el ciudadano levanta la vista y ya no reconoce lo que un día fue suyo. Eso es lo que está ocurriendo con Osakidetza (y con su homóloga navarra, Osasunbidea), y ese silencio administrado es, quizá, la más sofisticada de las estafas políticas contemporáneas.
En Madrid lo dicen sin pudor: privatizar, concertar, externalizar. Uno puede estar en desacuerdo, pero al menos conoce las cartas. Los gobiernos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba llevan décadas jugando la misma partida, solo que boca abajo. PNV y PSOE, juntos en el gobierno, comparten la responsabilidad de un sistema que se deteriora de forma deliberada. La diferencia con Madrid no es ideológica: es de estilo. El resultado, para el paciente que espera en la lista, es exactamente el mismo.
Un sistema que se sostiene con horas extras
En abril de 2026, los médicos comenzaron a renunciar de forma indefinida a las peonadas (las jornadas voluntarias de tarde que, durante décadas, han sido el pegamento invisible con el que Osakidetza ha tapado sus grietas estructurales). Lo que nació como medida excepcional se había cronificado hasta convertirse en la columna vertebral del sistema. La plataforma MUD lo expresó sin rodeos: «No podemos seguir aportando un sobreesfuerzo para ayudar a un sistema que no nos cuida.» La lista de espera quirúrgica, que era de 54 días antes del conflicto, ya supera los 74.
| 74 días de espera quirúrgica media | +40% temporalidad del personal | 500M€ derivados al sector privado |
El patrón: debilitar para privatizar
Los números no mienten, aunque el relato oficial sí lo intente. Según denuncian las plataformas ciudadanas OPA Herri Plataformak, medio millar de millones de euros públicos han sido derivados al sector privado. La temporalidad del personal sanitario supera el 40%. Los planes de contingencia (eufemismo para los recortes estacionales que se aplican durante cinco meses al año) cierran servicios, reducen horarios y dejan consultorios sin médico. El 95% de las interrupciones del embarazo se siguen derivando a centros concertados. Y una de cada tres personas en Euskal Herria ya tiene seguro privado.
No es descuido. Es ingeniería. Se debilita lo público hasta que resulta insuficiente, se alimenta la desconfianza ciudadana, y entonces el mercado privado aparece como solución natural. Los partidos que gobiernan en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba no lo dicen. Lo hacen. Con parsimonia, con elegancia institucional, con la legitimidad que otorgan décadas de gobierno.
Ni usuarios ni profesionales: nadie está bien
Lo que hace singular este momento es la confluencia de dos descontentos que rara vez coinciden: el del ciudadano que espera semanas para ver a su médico de cabecera y el del médico que ya no puede aguantar otro turno de tarde después de una mañana agotadora. Atención Primaria desbordada. Salud Mental olvidada. Cuidados paliativos infrafinanciados. Urgencias con pacientes en los pasillos. Consultorios comarcales sin facultativos durante meses. El Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco) lleva tiempo alertando del aumento de quejas por demoras.
La huelga médica se extiende también a Osasunbidea, el servicio sanitario de Nafarroa. El conflicto desborda las fronteras administrativas porque las causas apuntan al mismo patrón: un sistema que ha convertido el esfuerzo extraordinario de sus profesionales en un recurso de gestión ordinario, y que ahora descubre que esa estrategia tiene fecha de caducidad.
La OPE más grande de la historia: una promesa con trampa
El gobierno de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba ha presentado la OPE 2023-2024-2025 como la solución al problema de plantillas: 5.425 plazas en 107 categorías, la convocatoria ordinaria más grande de la historia de Osakidetza. Los titulares fueron amables. Pero conviene leer la letra pequeña.
Detrás de esas cifras hay más de cien mil personas inscritas. Cien mil aspirantes para poco más de cinco mil plazas. Una proporción que revela la magnitud del trabajo precario acumulado durante décadas: miles de interinos y sustitutos que llevan años sosteniendo el sistema con contratos basura, aguardando una estabilización que se ha ido postergando convocatoria tras convocatoria.
Los puestos de difícil cobertura seguirán sin cubrirse, porque una OPE masiva no es lo mismo que una planificación estratégica de recursos humanos. Y sobre la sombra del enchufismo hay poco que añadir que no diga ya el juicio en curso por presuntas filtraciones en procesos selectivos anteriores: una OPE de este tamaño exige una transparencia que por ahora nadie ha garantizado.
La pregunta que nadie formula en voz alta
¿Dónde aterrizará el consejero Alberto Martínez cuando deje su cargo? No es una pregunta caprichosa. Es la que resume décadas de puertas giratorias entre la administración sanitaria y el sector privado. Las apuestas están abiertas.
Osakidetza y Osasunbidea son nuestras. Se financia con el dinero de todos. Se construyó con el esfuerzo colectivo de generaciones que creyeron en la salud como derecho, no como mercancía. Lo que está en juego no es una disputa técnica sobre modelos de gestión. Es una pregunta moral: ¿a quién pertenece lo público? La respuesta, a juzgar por lo que ocurre en las calles de Bilbo, Gasteiz, Donostia e Iruña cada vez que se convoca una manifestación, está mucho más clara entre la ciudadanía que entre quienes gobiernan.
El silencio con el que se privatiza no es inocente. Es una estrategia. Y cada día que pasa sin que se corrija el rumbo, el sistema se acerca un poco más al punto de no retorno. Cuando ese momento llegue, quienes lo propiciaron habrán abandonado ya sus despachos. Los que quedarán para afrontar las consecuencias seremos, como siempre, los demás.
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Es una realidad que nos está pasando por encima, esperando que este peso sea repartido entre todas, cuando nadie debería soportar en lo más mínimo, ni profesionales ni usuarios.
La Sanidad, el cuidado de la salud de las personas, es un derecho que tiene mucho que ver con la democracia. La ley de libre mercado que otorga el poder al Capital para implantar su ley a través del manejo de los precios, desde la vivienda hasta la electricidad, pasando por todo lo que tiene que ver con la cesta de la compra, combustibles y también el cuidado de la salud, supone, esa ley de libre mercado, la dictadura del Capitalismo. No nos gobiernan quienes se presentan a las elecciones sino quienes tienen el poder del dinero. Y la sanidad puede ser un gran negocio y ya lo es para la medicina privada que poco a poco va aniquilando a la sanidad pública, la de todas y todos. La situación queda perfectamente definida en este artículo. Pero ¿cuántas personas se han tomado la “molestia” de leerlo detenidamente? La gran manifestación del 18 de abril mostró la preocupación de la población por el deterioro de Osakidetza, pero una vez al año “no hace daño”. La protesta y la reivindicación habría que mantenerla, por lo menos, mensualmente. Habría que seguir el ejemplo de las personas pensionistas: ¡todos los lunes ante los ambulatorios! La realidad es que van desapareciendo las concentraciones que las asociaciones vecinales venían convocando y parece que no nos preocupa demasiado el futuro de nuestra atención sanitaria.