La vida digna, según quien cobra 7.000

1La frase

Hay frases que uno lamenta perder. Perdimos, hace años, el audio de aquella declaración. La conservamos, sin embargo, en esa parte de la memoria donde se acumulan las pequeñas revelaciones: no la escandalosa, no la delirante, sino la que tiene la elegancia inconfundible del acto fallido. Porque una consejera de Empleo puede equivocarse en muchas cosas, pero no en su idea de lo que es una vida digna. Ahí no se improvisa. Ahí habla la clase.

Seiscientos euros. Al mes. En un país donde el alquiler de un estudio en cualquier capital vasca ronda esa cifra. Donde una factura de la luz de invierno se lleva un tercio. Donde ir al médico especialista privado —porque la lista de espera pública ya no aguanta, esa sí— cuesta lo que dos cestas de la compra. Uno hace la cuenta y descubre que la dignidad, según esta doctrina, consiste esencialmente en no morirse del todo antes de fin de mes.

La consejera no era una excéntrica. Era un cuadro representativo de la clase política de su tiempo, y lo sigue siendo. Su frase no fue un desliz: fue la explicitación —involuntariamente sincera— de un consenso que gobierna el Estado español desde hace décadas.

📄 La declaración, recogida en su día por la prensa: “La consejera de Urkullu que defiende cobrar 600 euros en el RGI gana 87.000 euros al año”

2El pequeño detalle del 0,25%

Este es, si se piensa bien, el mismo espíritu que inspiró aquella “revalorización” del 0,25% anual de las pensiones, cifra que se ha vuelto célebre por su gracia matemática: aumentar tan poco cuesta más letras que no aumentar nada. Se pactó, se firmó, se defendió con esa placidez propia de quien no va a padecerlo.

El Gobierno de Rajoy la impuso en 2013 con su mayoría absoluta; el PNV convivió con ella durante años sin excesivo estruendo, avalando sucesivos Presupuestos Generales del Estado que la mantenían intacta, hasta que en 2018 le arrancó a Rajoy una excepción parcial para las pensiones mínimas. A cambio obtuvo, entre otras contrapartidas, el edificio del partido en París.

Aquella fórmula duró lo que duró, y acabó saltando por los aires. No por generosidad legislativa, sino porque en las calles del Estado —y muy señaladamente en las de Bilbao, Donostia y Gasteiz— pasaron cosas. Cosas que la prensa “seria” prefirió tratar como fenómeno meteorológico: llovía viejos. Nadie quiso ver que ese aguacero tenía nombre y apellidos, hemeroteca y biografía.

3La ecuación imposible

Cada pocos meses reaparece en los editoriales del grupo Vocento el mismo tipo de artículo. El sistema no aguanta. La pirámide se invierte. Los alemanes se enfadan. Un académico bien peinado explica, con gráficos, que el gasto en pensiones crecerá hasta el 15% del PIB en 2050. Todo muy riguroso. Todo muy inevitable.

Rara vez aparece, en cambio, el otro lado del balance. Que las grandes empresas del IBEX —bancos, energéticas, constructoras— tributan efectivamente, con toda la ingeniería fiscal que les asiste, cerca de la mitad de lo que paga cualquier taller de barrio. Que esas mismas eléctricas, las que cada invierno nos obligan a elegir entre pagar la factura y encender la calefacción, llevan años acumulando beneficios de récord histórico. Y que cada vez que el Congreso ha intentado gravarlas temporalmente, el mismo partido que negoció el 0,25% ha votado, mano en el corazón y sonrisa institucional, junto al PP y a Vox para tumbarlo.

Hay una coherencia admirable en todo esto. Una vez que uno decide que la vida digna empieza en los 600 euros, todo lo demás fluye solo. Los impuestos progresivos son un exceso; las revalorizaciones, un capricho; los fondos europeos, una tentación demasiado grande para gastarlos en otra cosa. Y las lecciones alemanas sobre austeridad —que Berlín recita ahora mismo mientras desmantela alegremente su propio Estado del bienestar para comprar carros de combate— vienen a completar el cuadro con una ironía casi cómica.

4Quien decide, y quien paga

Lo notable de estos años no es que existan políticos capaces de decir que se vive dignamente con seiscientos euros. Lo notable es que sigan diciéndolo sin bajar los ojos. Que la consejera Artolazabal ocupe hoy la tenencia de alcaldía en Gasteiz, con el mismo partido y el mismo confort que trae el cargo. Que en el Parlamento Vasco, cuando la ciudadanía trata de hacer llegar propuestas para equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo, la mayoría del PNV y del PSE decida sistemáticamente que ese debate no debe siquiera abrirse. Ni tramitación. Ni pleno. Al cajón, con esa cortesía sin rostro que caracteriza a las burocracias satisfechas.

En este último detalle conviene detenerse un instante. Porque el PSE es —según sus propios carteles del Primero de Mayo, según sus mítines, según su tradición ya centenaria— el partido de las trabajadoras y trabajadores. Es curioso, entonces, que en el Parlamento Vasco se sitúe con puntualidad de reloj suizo junto al PNV para asegurarse de que las medidas materiales que aliviarían a esas trabajadoras y trabajadores no lleguen ni siquiera a debatirse.

En Madrid, sus dirigentes proponen —con boca pequeña, todo hay que decirlo— impuestos a la banca y a las grandes fortunas. En Gasteiz, gobiernan con el PNV y votan mano en mano para que las iniciativas populares en favor de las pensiones más humildes —las de esas mujeres, señaladamente, que arrastran sobre la espalda toda una vida de cuidados no remunerados y salarios de segunda— se archiven antes de empezar.

Uno no sabe qué es más elocuente: si el “no” o el “no discutamos siquiera si sí o no”. La primera opción respeta al adversario. La segunda le comunica que su opinión no es materia parlamentaria.

5Vuelta al principio

Volvamos, precisamente, al principio. A esa señora del despacho grande, explicando por radio, con la naturalidad con que se pide un café, que 600 euros al mes garantizan una vida digna.

Nos gustaría creer que fue un lapsus. Que era tarde, que el micrófono la traicionó, que se pasó de café. Pero uno relee la frase y descubre que no hay confusión: hay filosofía. Hay una manera muy precisa de entender qué merecen los demás. Y hay, sobre todo, una notable falta de curiosidad —una carencia casi orgánica de imaginación— hacia lo que significa vivir con eso.

Quizá el problema del sistema público de pensiones no sea, después de todo, el que nos cuentan. Quizá lo insostenible no sea el coste de las pensiones, sino la distancia entre quien las cobra y quien las decide. Una distancia que se mide, entre otras varas, en euros al mes. Digamos: en unos seis mil setecientos de diferencia.