Las abogadas vascas persisten en su lucha por una jubilación digna
Puntu eta jarrai
La movilización del 29 de noviembre en Bilbao evidencia que la batalla por la pasarela al RETA continúa sin resolverse.
Desde gaurgeroa.eus defendemos un marco autónomo de relaciones laborales para Euskal Herria. Creemos que muchas de las abogadas que participaron en esta manifestación comparten esta visión. Sin embargo, esta lucha evidencia que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir ese marco propio en materia de relaciones laborales.
El sábado 29 de noviembre, las calles de Bilbao volvieron a teñirse de negro forense. Más de 500 abogadas y procuradoras procedentes de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa recorrieron la Gran Vía desde la Plaza Circular hasta la plaza Federico Moyúa, frente a la Subdelegación del Gobierno, portando una pancarta y un tifo de 30 metros de longitud con un mensaje contundente: exigen que se apruebe la pasarela al RETA que permitiría a las trabajadoras atrapadas en las mutualidades profesionales trasladar voluntariamente sus fondos a la Seguridad Social.”Durante la marcha, que comenzó a las once de la mañana, se escucharon lemas como ‘sin pasarela, currar hasta la esquela’ y ‘abogados, procuradores, sin pensiones’.”
Una lucha que se prolonga en el tiempo
Hace meses, estas mismas profesionales ya alzaban su voz para reclamar justicia. Ahora, lejos de encontrar una solución, se ven obligadas a continuar movilizándose. La propuesta que defienden es clara: una pasarela 1×1, donde cada año de cotización en la Mutualidad se reconozca como un año en el RETA, computado con la base mínima de cotización. Para aquellas que hayan aportado cantidades superiores, solicitan que se compute conforme a las normas aplicables a cualquier trabajadora autónoma.
Esta reivindicación cobra especial relevancia al considerar el déficit prestacional que han soportado durante décadas. Las mutualistas no han disfrutado de ninguna prestación de la Seguridad Social y, hasta 2012, han tenido que costear su propia sanidad privada, un gasto que han asumido mientras también contribuían con sus impuestos al sostenimiento del sistema público de pensiones.
La realidad tras la toga
La abogada Yvonne Corcuera, del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha explicado con dureza la situación: “Nosotras nos hemos visto forzadas a cotizar en unas mutualidades profesionales porque estaba así previsto”. El resultado es dramático. Tras décadas de ejercicio profesional, muchas abogadas se enfrentan a pensiones de apenas 300 a 500 euros mensuales, muy alejadas de la imagen social que se tiene de la profesión.
La mayoría de estas profesionales llegaron tarde al régimen de autónomos. “Entrábamos con 35, con 40, con 50 años al RETA sin generar una vida laboral suficiente para tener derecho a una pensión y sin poder jubilarnos, porque no cumplíamos los años mínimos de cotización”, ha denunciado Corcuera. Además, solo han tenido derecho a un año de baja laboral en toda su carrera, sin cobertura completa de viudedad, orfandad o incapacidades.
Un proceso legislativo estancado
El proceso legislativo avanza con una lentitud exasperante. En noviembre de 2024, el PSOE registró una Proposición de Ley para modificar la Ley de Seguridad Social, pero la propuesta ha sido duramente criticada por ser insuficiente y discriminatoria. El texto abre una pasarela voluntaria solo para quienes cumplan requisitos muy restrictivos: carecer de un período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como profesional colegiada a 31 de diciembre de 2022 y no tener la condición de pensionista. Esta fórmula deja fuera a miles de profesionales, especialmente a quienes ya están jubiladas o en situación pasiva.
Nueve partidos políticos han presentado ponencias al proyecto del PSOE, pero la tramitación se encuentra paralizada. La pasada semana no se logró el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso para aprobar las enmiendas propuestas, lo que ha generado frustración entre las afectadas.
Una reivindicación de dignidad, no de privilegios
“No queremos que se piense que buscamos unas paguitas”, ha subrayado Corcuera. La reivindicación se centra en el reconocimiento de un derecho fundamental: el derecho constitucional a recibir una pensión digna y periódicamente actualizada. Las abogadas y procuradoras reclaman que se reconozcan las cantidades aportadas durante años como si hubieran sido cotizaciones a la Seguridad Social. “Día cotizado, euro cotizado, día reconocido, euro reconocido”, resume la portavoz.
La propuesta técnica presentada por la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) plantea la conversión de las cuotas destinadas al Fondo Acumulado en años cotizados en el RETA. Este cálculo tiene en cuenta el factor de conversión del RETA y el Índice de Precios al Consumidor histórico, y contempla mecanismos de arbitraje similares a los de los planes de pensiones para hacer líquidas las aportaciones sin descapitalizar las mutualidades.
El camino continúa
La manifestación del 29 de noviembre en Bilbao se suma a una larga lista de movilizaciones que han recorrido el Estado español durante los útimos años. En febrero, miles de profesionales tomaron Madrid; en septiembre, otra gran marcha congregó a miles de personas; y en noviembre, más protestas en Sevilla y otras ciudades evidenciaron que el colectivo no está dispuesto a ceder.
Mientras tanto, las abogadas vascas siguen atrapadas en un limbo administrativo que las condena a una jubilación indigna después de toda una vida de trabajo. La pregunta que resuenan en las calles de Bilbao es clara: ¿hasta cuándo tendrán que seguir saliendo a la calle para reclamar un derecho que debería estar garantizado?
La respuesta, de momento, solo la tienen las instituciones. Y el tiempo apremia.