LOIU: LA VERGÜENZA QUE NO CESA

Los que volvían de las manos del opresor

Los miembros de la Global Sumud Flotilla no llegaban de unas vacaciones. Llegaban de haber sido interceptados ilegalmente en aguas internacionales, de haber sido humillados, golpeados y sometidos a lo que sus propios compañeros describieron como torturas y acoso sexual a manos de las fuerzas de represión del Estado de Israel. Algunos venían dados de alta del hospital horas antes. Traían en el cuerpo las marcas de lo que el mundo entero, incluido el Gobierno Vasco, no duda en llamar genocidio.

Y en Loiu les esperaba otro uniforme. Otra porra. Otro suelo.

Jotas Oses, el primero en recibir el golpe, lo resumió con una lucidez devastadora:

No hacen falta más palabras. La continuidad de la violencia institucional estaba servida, solo cambiaba la bandera cosida al hombro.

La Ertzaintza: ¿al servicio de quién?

Cuando en los años de la Transición —ese pacto chapucero y apresurado que dejó sin resolver tantas heridas abiertas— se diseñó la Ertzaintza, muchos y muchas creyeron que algo esencial iba a cambiar. Que una policía vasca, nacida en aquella “democracia” —más bien pseudodemocracia cosida a despachos y silencios pactados—, con una sociedad civil vigorosa y una identidad propia, sería distinta. Que no cargaría contra los suyos. Que entendería de qué lado estaba la historia.

Cuatro décadas después, el historial acumulado desmiente ese sueño con una pertinacia dolorosa: Iñigo Cabacas muerto en 2012 por una pelota de goma —y solo en 2026 condenado el agente responsable—; Amaia Zabarte en la UCI con hemorragia cerebral; Iker Arana mutilado por un disparo en Errekalde; Aritz Ibarra con la mandíbula fracturada por un foam disparado a corta distancia para proteger un acto de Falange; Karen Daniela Agredo, con secuelas graves tras una detención que el propio Zupiria tuvo que reconocer como mal gestionada. Y ahora Loiu.

Y ese patrón tiene una explicación estructural que ningún consejero querrá nunca pronunciar en sede parlamentaria. Empresas israelíes como Guardian Homeland Security —”100% Made in Israel”, según su propia publicidad—, dirigidas por exmilitares y exagentes de los servicios de inteligencia israelíes, han transferido sistemáticamente sus métodos a cuerpos policiales de todo el Estado, incluida la Ertzaintza. Sus programas incluyen técnicas de tiro avanzadas, defensa personal, conducción y “combate en zona urbana”. Sus propios alumnos lo justifican sin pudor: “tienen técnicas muy depuradas, probadas en combate” — en referencia, claro, a décadas de represión sobre la población palestina en territorios ocupados.

Una policía formada con métodos “probados en combate” contra civiles palestinos no puede sorprendernos cuando reproduce esos mismos métodos contra activistas que precisamente iban a romper ese bloqueo. La coherencia es siniestra, pero perfecta.

La comparecencia: el arte de no decir nada

El consejero Bingen Zupiria compareció este martes ante el Parlamento Vasco. Comenzó en inglés —gesto calculado para la galería internacional— condenando el genocidio israelí. Luego pasó al castellano para justificar a la policía que golpeó a quienes se oponían a ese mismo genocidio.

Su argumento central:

La frase, pronunciada con aplomo institucional, merecería un análisis de manual. Porque si no fue por ideología ni por activismo, ¿por qué fueron? ¿Por casualidad? ¿Les tropezaron encima? Las imágenes muestran a agentes golpeando a personas inmovilizadas en el suelo. A personas que acaban de llegar. A personas que venían de ser torturadas.

Zupiria no dimitió. Lamentó. “Sentimos lo sucedido, no tenía que haber sucedido.” Las palabras de los que saben que han cruzado una línea pero no están dispuestos a pagar el precio político de cruzarla.

Dos pesos, dos medidas: la imagen prohibida

Hay imágenes que en Euskal Herria nunca hemos visto. No se ha visto a ningún imputado del PNV esposado y arrastrado por el suelo. No se ha visto a ningún ejecutivo de las grandes fortunas vascas reducido a porrazos ante las cámaras. No se ha visto a ningún corrupto de cuello blanco con la cara contra el asfalto. Esas son las imágenes que no existen, las que el orden establecido protege con esmero.

Lo que sí existe, lo que se repite, lo que se graba y da la vuelta al mundo, es la imagen del activista, del militante, del que grita lo que no debe gritarse, del que lleva ayuda humanitaria donde no debe llevarla. Esos sí acaban en el suelo. Esos sí salen esposados. Esos sí llenan los sumarios.

Lo que exige la dignidad

No hay gestión interna que valga aquí. No hay comisión de investigación que repare lo irreparable. Lo que exige la dignidad elemental, la coherencia política mínima y el respeto a un pueblo que lleva décadas reclamando otra forma de entender la seguridad pública es:

La dimisión inmediata del consejero Bingen Zupiria. No por haber ordenado personalmente los golpes, sino porque la responsabilidad política no es un concepto abstracto. Cuando bajo tu mando se golpea a personas recién llegadas de una prisión israelí, en el aeropuerto de tu propia tierra, ante las cámaras de medio mundo, y tu respuesta es un comunicado de disculpas y una comparecencia de justificaciones, has perdido la legitimidad moral para seguir en el cargo.

El cese fulminante de los mandos que diseñaron y ejecutaron ese operativo. No los agentes de base, que obedecieron órdenes —aunque eso tampoco les exime—, sino quienes tomaron la decisión de desplegar ese dispositivo, con esa violencia, en ese momento, contra esa gente.

La depuración de responsabilidades penales de quienes golpearon a personas inmovilizadas, con especial atención a los impactos en zonas prohibidas por el propio protocolo policial.

Una revisión profunda del modelo de formación policial, incluyendo la auditoría completa de los convenios de cooperación con fuerzas de seguridad extranjeras, muy especialmente con las israelíes.

El grito que no envejece

“¡Disolución de cuerpos represivos!” Lo gritábamos nosotros, los que ya tenemos algunos años encima y lo vivimos en primera persona. Sin artículo, sin adornos — porque en la calle las consignas se afinan a golpe de garganta y esa rimaba mejor, caía más limpia, retumbaba más fuerte entre los edificios. Lo gritábamos porque habíamos aprendido, a golpes, que ningún uniforme garantiza por sí mismo la justicia. Que lo que determina el carácter de una policía no es el color de su boina ni el idioma en que lee el Miranda, sino a quién protege y a quién reprime.

Loiu nos lo ha vuelto a enseñar. Con la misma brutalidad de siempre. Con el mismo pretexto de siempre —el orden público, la provocación, la resistencia—. Y con el mismo resultado de siempre: los de abajo en el suelo y los de arriba explicándolo desde una tribuna.

Lo que este pueblo necesita, lo que lleva décadas reclamando sin ser escuchado, no es solo otra policía. Es una policía a la que podamos respetar. Y que nos respete a nosotros. Una institución que no levante la porra cuando llegan activistas torturados, sino que reconozca en ellos lo que son: ciudadanos que arriesgaron su vida por una causa justa. Una policía que entienda que el orden público no puede construirse sobre la humillación de los más vulnerables, ni sobre la protección de los poderosos.

Ese respeto mutuo es la única base posible para una seguridad pública digna de ese nombre. Loiu nos ha alejado de ese horizonte. Pero también, paradójicamente, nos ha recordado con dolorosa claridad por qué seguimos necesitándolo.