Los lobbies en la sombra: Cuando la influencia se convierte en corrupción

Puntu eta jarrai

El negocio de susurrar al oído del poder

Imagínate por un momento que eres un político. Llega a tu despacho un tipo trajeado, con maletín de cuero y una sonrisa que vale millones. Te habla de “colaboración público-privada”, de “desarrollo económico” y de “oportunidades de inversión”. No te ofrece dinero directamente, claro está. Eso sería demasiado burdo. Pero sí una consultoría para tu mujer, un viaje a Dubai para “estudiar” energías renovables, o simplemente la promesa de un puesto en su empresa cuando dejes la política.

Bienvenido al mundo de los lobbies, esos grupos de presión que mueven los hilos del poder desde las sombras. Un universo donde se gastan más de 1.500 millones de euros al año solo en Bruselas para “influir” en las decisiones políticas. Y aquí, en casa, en el País Vasco y Navarra, la cosa funciona de manera aún más opaca si cabe.

El escándalo que lo cambió todo: “Qatargate”

Diciembre de 2022. La policía belga entra a saco en varios domicilios de Bruselas. Lo que encuentran es para echarse las manos a la cabeza: maletas con 600.000 euros en efectivo, como si fuera dinero de Monopoly. Pero esto no era un juego. Era el mayor escándalo de corrupción de la historia del Parlamento Europeo, conocido como “Qatargate”.

La trama es digna de una película de Hollywood, pero con menos glamour y más sordidez. Resulta que Qatar, Marruecos y Mauritania habían estado comprando literalmente a eurodiputados, personal político y lobbistas para que hicieran la vista gorda con sus políticas. No hablamos de pequeñas propinas, sino de operaciones millonarias que incluían desde efectivo hasta regalos de lujo.

El caso destapó la caja de los truenos. De repente, todo el mundo se dio cuenta de que el Parlamento Europeo era como un supermercado donde se podían comprar votos al por mayor. Y lo más sangrante: hasta ese momento, la regulación de lobbies era más bien de boquilla.

Europa: El paraíso de los lobbies

Hablemos de cifras, que son las que duelen. En Bruselas hay más de 25.000 lobbistas registrados. Sí, has leído bien: veinticinco mil. Es como si hubiera un lobbista por cada funcionario europeo. Y eso solo los que están registrados, porque hasta 2021 apuntarse en el registro era voluntario. Vamos, como quien se apunta al gimnasio en enero.

Los pesos pesados del lobby europeo tienen nombres y apellidos. La Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) agrupa a los presidentes de las 50 empresas más grandes de Europa. Imagínate una cena donde están sentados los jefes de Volkswagen, Shell, Siemens y Total. Esa es la ERT. Cuando estos señores hablan, Bruselas escucha.

Pero hay más. BusinessEurope, la patronal continental, maneja presupuestos que ni te imaginas. Solo en 2022, las empresas energéticas gastaron más de 100 millones de euros en lobbying. Y no es casualidad que las políticas energéticas europeas parezcan diseñadas por y para estas mismas empresas.

El lobby armamentístico: La guerra como negocio

Si hay un sector que se ha forrado con la guerra de Ucrania, ese es el armamentístico. Las grandes corporaciones militares europeas – Airbus Defence, BAE Systems, Leonardo, Thales – han visto cómo sus acciones se disparaban mientras los obuses volaban sobre suelo ucraniano.

El lobby militar europeo ha conseguido algo que parecía imposible: convertir a la pacífica Unión Europea en una potencia armamentística. El Fondo Europeo de Defensa ya maneja miles de millones de euros, y guess what? Van a parar a las mismas empresas que llevan años susurrando al oído de los políticos europeos.

La ironía es brutal. Mientras los ciudadanos europeos se aprietan el cinturón por la crisis energética, las empresas de armas se están forrando con dinero público. Y todo perfectamente legal, claro está.

La Comunidad Autonoma  Vasca (CAV): El salvaje oeste del lobbying

Ahora vamos a casa. En el País Vasco, la regulación de lobbies es como el Yeti: todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto. No existe. Cero. Nada de nada.

Aquí las empresas grandes se relacionan con los políticos como Pedro por su casa. Iberdrola, con sus casi 50.000 millones de facturación, BBVA con sus 30.000 millones, o Gestamp con sus 12.000 millones, tienen un acceso directo a las instituciones que ya querríamos los ciudadanos normales.

Pero es que además tenemos un sector armamentístico que factura 750 millones de euros al año. Más de cien empresas vascas viven de hacer armamento, y ojo al dato: el Gobierno vasco tiene prohibido por ley colaborar con la industria armamentística. Pero lo hace. Así, sin más. Como quien se salta un semáforo en rojo.

¿Cómo es posible esta contradicción? Pues muy fácil: sin regulación específica de lobbies, todo vale. Las empresas armamentísticas vascas se han beneficiado de más de 2.000 millones de euros del Fondo Europeo de Defensa. Y mientras tanto, el Gobierno vasco mira hacia otro lado.

Navarra: Un poco mejor, pero tampoco para echar cohetes

En Navarra la cosa está algo mejor, pero solo un poco. Al menos tienen cierta conciencia de que los lobbies existen y hablan de “transparencia” en la actividad parlamentaria. Pero vamos, que es como decir que tienes un coche porque tienes las llaves, aunque no sepas dónde está aparcado.

Las grandes empresas navarras – Viscofan, Grupo Osasuna, Windar Renovables – operan con la misma opacidad que en el País Vasco. La diferencia es que en Navarra son más pequeñas y discretas, pero igual de influyentes en su entorno.

El sector de la construcción: Cuando el ladrillo tiene lobby

Y luego está el sector de la construcción, ese gran olvidado cuando se habla de lobbies. Amenabar, con sus 880 millones de euros de facturación y más de 5.000 viviendas en gestión, no es solo una empresa inmobiliaria. Es una máquina de influir en las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

Las asociaciones de constructores y promotores – ASCOBI, ACPG, ACPA – funcionan como auténticos lobbies. Cuando hay que cambiar una normativa urbanística o flexibilizar el planeamiento, ahí están ellos, con sus informes técnicos y sus argumentos sobre el empleo y la reactivación económica.

¿Por qué esto facilita la corrupción?

La respuesta es sencilla: sin reglas claras, todo vale. Cuando no hay registros obligatorios, cuando no hay límites a los regalos, cuando no hay que declarar las reuniones, cuando no hay códigos éticos específicos, la frontera entre lobbying legítimo y corrupción se vuelve muy difusa.

En la CAV y Navarra, un empresario puede invitar a un político a cenar, regalarle un reloj de 5.000 euros, ofrecerle un puesto en su empresa para cuando deje la política, y financiar sus campañas electorales. Y todo esto es perfectamente legal porque no hay normas que lo prohíban.

La corrupción no siempre es el soborno burdo de toda la vida. A veces es más sutil: información privilegiada, puertas que se abren, expedientes que se tramitan más rápido, normativas que se adaptan a medida. Y todo eso es mucho más fácil cuando no hay transparencia ni control.

El precio de la opacidad

Mientras escribimos esto, en algún despacho de Vitoria, Pamplona o San Sebastián, un empresario está explicando a un político por qué su sector necesita “flexibilidad normativa”. Y el político, que tiene hipoteca como todos, hijos que estudian en la privada, y aspiraciones políticas, escucha atentamente.

No decimos que sea corrupción. Decimos que sin reglas claras, es imposible distinguir entre lo que es legítimo y lo que no. Y cuando los ciudadanos no pueden saber quién habla con quién, cuándo, por qué y para qué, la democracia se convierte en un club privado.

Europa ya ha empezado a poner límites después del Qatargate. Registros obligatorios, límites a los regalos, códigos éticos más estrictos. Pero aquí, en casa, seguimos en la edad de piedra del lobbying.

Mientras tanto, los lobbies siguen trabajando. En silencio, con eficacia, y sin que nadie les moleste. Porque como dice el refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Y políticos que no se ven, democracia que no funciona.

La transparencia no es un lujo, es una necesidad democrática. Y mientras no tengamos reglas claras sobre cómo se relacionan el poder político y el económico, seguiremos siendo el far west del lobbying europeo.