Madrid sí importa. Pero no tanto como nos dicen.

Lo que el Estado retiene, y por qué importa

Hay dos palancas fundamentales que el Estado no ha soltado nunca.

La primera es el Estatuto Marco —la Ley 55/2003—, que fija las condiciones laborales básicas de todo el personal sanitario: jornada, categorías profesionales, régimen de guardias, movilidad. El ejecutivo de las tres provincias puede mejorar esas condiciones, pero no puede ignorarlas ni negociarlas directamente con sus médicos sin pasar por Madrid.

La segunda es el número de médicos que se forman cada año. Las plazas MIR las convoca el Ministerio de Sanidad. El ejecutivo de las tres provincias puede pedir más o menos plazas, pero la decisión final es estatal. Si en el Estado español se forman pocos cardiólogos, Osakidetza sufre esa escasez como cualquier otro sistema sanitario.

Estas dos dependencias son reales. No son un invento del PNV. Y explican en parte por qué la huelga de médicos de 2026 tiene ese nudo tan difícil de desatar.

La huelga: un ejemplo perfecto del juego a dos bandas

Llevamos cuatro semanas de huelga de médicos en las tres provincias. Las listas de espera se han disparado. Los quirófanos llevan semanas parados. Y el conflicto sigue sin resolverse.

El ejecutivo ha adoptado una postura que merece analizarse con cuidado. Por un lado, exige públicamente al Ministerio que negocie, que resuelva, que actúe. Por otro, tardó meses en sentarse con sus propios médicos, y solo lo hizo cuando estos dejaron de hacer las horas extraordinarias voluntarias —las «peonadas»— que sostenían el sistema.

El consejero de Salud llegó a pedir formalmente la transferencia de las competencias del Estatuto Marco. Un movimiento presentado como reivindicación de autogobierno. Pero que en la práctica sirve para dos cosas: presionar a Madrid en los medios, y trasladar a otra mesa una negociación que lleva meses sin avanzar en la propia.

Mientras tanto, el PNV pedía en el Congreso que Sánchez interviniese personalmente. Y al mismo tiempo negociaba en privado con el comité de huelga, con una reunión prevista para el 27 de mayo.

La coartada que vale más que la competencia

El PNV lleva décadas reclamando competencias que Madrid retiene. Esa reclamación es legítima en muchos casos. Pero hay algo que no cuadra: cuando esas competencias llegan —o podrían llegar— la urgencia desaparece.

Si el Estatuto Marco se transfiriese mañana a las tres provincias, el ejecutivo sería el único responsable de negociar las condiciones laborales de sus médicos. Ya no habría Ministerio al que señalar. Cada lista de espera, cada médico que se marcha, cada guardia de 24 horas sería responsabilidad exclusiva de quien gobierna en Vitoria-Gasteiz.

No se trata de una conspiración. Se trata de incentivos. El PNV necesita al PSOE en Madrid, el PSOE necesita al PNV para gobernar. Entre los dos construyen una zona de confort en la que nadie aprieta demasiado. El PNV pide las competencias para los titulares. El PSOE las retiene para no sentar precedentes. Y entre los dos, el problema sanitario de las tres provincias sigue sin resolverse.

El Concierto Económico: la pregunta que nadie formula

Las tres provincias tienen el Concierto Económico. Recaudan sus propios impuestos, deciden su propio presupuesto, no dependen de los fondos que Madrid reparta. Es una ventaja singular que ninguna otra comunidad del Estado tiene en la misma medida.

Eso significa que el argumento de «nos quitan dinero desde Madrid» no funciona aquí como funciona en otras partes. El ejecutivo de las tres provincias decide cuánto destina a sanidad. Y ya vimos en el primer artículo que esa decisión ha llevado el peso del presupuesto de salud por debajo del 31% por primera vez desde 2008.

La escasez de médicos de familia no es solo un problema de cuántas plazas MIR convoca el Ministerio. Es también un problema de qué condiciones ofreces cuando esos médicos terminan su formación. Y eso lo decide exclusivamente el ejecutivo de las tres provincias.

Lo que haría falta y nadie propone

La primera línea es la planificación real de especialistas. Si el ejecutivo puede pedir las plazas MIR que necesita, ¿por qué lleva años llegando tarde? ¿Por qué hay 55 especialidades deficitarias y se buscan médicos en el extranjero cuando la respuesta tendría que haberse construido hace una década?

La segunda es la reforma de las condiciones en Atención Primaria. No un programa de fidelización con contratos temporales de tres años. Un modelo laboral estable que haga de la medicina de familia una opción atractiva, no una penalización. Eso no requiere ninguna transferencia de Madrid. Requiere voluntad política propia.

La tercera es la transparencia en los contratos concertados. Mientras haya empresas vinculadas a excargos facturando cientos de millones con Osakidetza sin que la ciudadanía sepa quién decide esas concertaciones y bajo qué criterios, el debate seguirá siendo un debate contaminado.

Dos artículos, una sola conclusión

La sanidad de las tres provincias tiene dos problemas entrelazados.

Uno depende de Madrid: el marco laboral de los médicos, el número de especialistas que se forman, la coordinación básica del sistema. Son problemas reales que merecen una respuesta real, no una retórica de autogobierno que lleva décadas sin resolverlos.

El otro depende del ejecutivo de las tres provincias: cómo se gasta el dinero, a quién se conciertan los servicios, qué condiciones se ofrecen a los profesionales, cómo se planifica el sistema a largo plazo. Son problemas que no tienen ninguna excusa válida. Ni en Madrid, ni en la pandemia, ni en la falta de médicos que el propio sistema ha contribuido a crear.

Osakidetza fue una conquista. Lo que se ha hecho con ella es una elección.

Y esa elección la han tomado, durante décadas, quienes gobernaron las tres provincias. Con distintos socios, con distintos nombres, con los mismos resultados.