NO A LOS PLANES Y FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES, INDIVIDUALES O DE EMPLEO NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

 El GOBIERNO ESPAÑOL, en cumplimiento de la Recomendación 16 del PACTO DE TOLEDO, y de sus compromisos con BRUSELAS, acaba de aprobar el 22 de  Febrero  y enviar al Parlamento para su tramitación por vía de urgencia el PROYECTO DE LEY DE REGULACION PARA EL IMPULSO DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO. Su objetivo es incrementar  el número de los 2,1 millones de adherentes actuales  hasta el 80% de los asalariados y autónomos, mediante la negociación colectiva.

Los PLANES Y FONDOS PRIVADOS DE EMPLEO, se constituyen con salarios diferidos, QUE NO COTIZAN A LA SEGURIDAD SOCIAL. El plan Escrivá prevé la creación de un macrofondo que cuenta  con el apoyo y promoción del estado pero gestionado por bancos y gestoras de fondos privados.  Nos dicen que servirá para impulsar el ahorro complementario a las rentas medias y bajas, pero no es cierto, estos planes de empleo agravarán el déficit de la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones y favorecerán a las rentas mas altas y a la oligarquía financiera que verá incrementado su negocio en miles de millones de euros.

 Para que el plan funcione y personas de altos ingresos puedan tener pensiones complementarias, entre todos hemos de costear la puesta en marcha de este sistema con aportaciones públicas iniciales, con desgravaciones fiscales y lo que es mas grave con descuentos para las empresas en la base de cotización. El plan Escrivá reduce a las empresas la cuota  a la S. Social en 400 euros anuales por cada trabajador-a adscrito a un plan de empleo. Se reduce en la base imponible del IRPF las cantidades que aporte el trabajador-a por encima de lo que aporte la empresa en trabajadores-as con salarios de menos de 60.000 euros anuales. Se baraja una deducción en el Impuesto de Sociedades de un 10%, todavía no acordada, pero que Escrivá quiere introducir en el trámite parlamentario. Con estos instrumentos el estado compromete los ingresos de Hacienda y la S. Social. para hacer atractivos los planes privados.

 Este plan es muy lesivo, cuanto más éxito tengan los planes de empleo más déficit tendrá la S. Social. Si se cumplen los objetivos de implantación de los planes  en 2030, y el 80% de la población asalariada tiene un plan de empleo, supondrá para la S. Social unas pérdidas de 5.200 millones de euros. Eso, sin contar otras desgravaciones tipo IRPF o impuesto de Sociedades. El objetivo está claro, reducir el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES al nivel asistencial y conseguir aumentar el negocio privado. Con lo que no contaban es con la reacción de las-los pensionistas, que en enero de 2018 salimos a la calle, y desde entonces no hemos parado de denunciar el expolio al que nos están sometiendo.

Después de años sin conseguir sus objetivos de captar un ahorro significativo de la clase trabajadora, el poder económico, y sus representantes políticos, en el Estado y en Euskadi, han llegado a la conclusión de que la única manera de GENERALIZAR los PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS es conseguir convencernos de que se hacen en nuestro propio interés, y que los aceptemos mediante la negociación colectiva.  

El MPEH rechazamos que se fomenten los PLANES Y FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES, SEAN INDIVIDUALES O DE EMPLEO. A las representaciones sindicales SOLICITAMOS que no promuevan nuevas EPSV ni FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES a través de la negociación colectiva o de su participación en órganos de control. Reclamamos la eliminación de cualquier beneficio fiscal para cualquiera de ellos.

El MPHE estamos a favor de fortalecer el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, y para ello es necesario derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, reducir las sangrantes tasas de paro, especialmente la juvenil, entre otras medidas fomentando el relevo generacional y la jubilación anticipada, y no penalizándola. Defendemos elevar el SMI hasta los 1200 € mensuales, volver a la jubilación a los 65 años para toda la población trabajadora y no sólo para quienes tengan 38.5 años cotizados, elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 € mensuales, en consonancia con las recomendaciones de la CARTA SOCIAL EUROPEA. También reivindicamos suprimir la brecha de género, mediante la incorporación de las más de un millón de EMPLEADAS DE HOGAR al sistema general, o estableciendo el 100% en las pensiones de viudedad, y otras medidas necesarias, como despenalizar las jubilaciones anticipadas forzosas para quienes tienen carreras de cotización de 40 o más años.  

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN

Pentsionistak Aurrera Gasteiz a 14 marzo de 2022