Noticias e informaciones de interés 11-septiembre-2021

Difundimos estas noticias del movimiento de pensionistas por su interes.

1.- ¡No al tarifazo eléctrico!

Bajo ese eslogan el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) saldrá a la calle en las cuatro capitales y en unos 70 pueblos para denunciar el escandaloso aumento de la luz y de las tarifas eléctricas.

Tal como se señala en su comunicado público “semana tras semana asistimos a una subida de la luz y de las tarifas eléctricas, situándose en cotas históricas nunca conocidas. Subidas que junto a las del gas y los carburantes está provocando que el alza de la inflación y del coste de la vida alcance un nivel interanual en agosto del 3,30%. Estas subidas afectan especialmente a las personas con menos ingresos y personas pensionistas que malviven en la pobreza energética”.

“Mientras tanto los beneficios del monopolio de las grandes empresas eléctricas aumentan de manera escandalosa. En el año 2020 fueron así: Iberdrola, 3610,7 millones de euros; Endesa, 1394 millones de euros; Naturgy, 490 millones de euros y, EDP, 556. El año 2021, según sus previsiones, sus ganancias van a ser incluso mayores que las del año pasado”.

“La única medida paliativa tomada por el Gobierno para reducir la factura eléctrica ha sido rebajar el IVA, del 21% al 10%. Pero sólo ha supuesto un pequeño ahorro de 8 a 12 euros, de los 28 euros de media que ha aumentado la factura desde julio del año pasado al actual. Más allá de esta medida, el gobierno se remite a hacer promesas más bien con poco fundamento”.

“En el Estado, estos oligopolios de la energía han conseguido privatizar totalmente la producción y el mercado eléctrico y decidir los precios a aplicar a las personas consumidoras con el beneplácito de los grandes partidos PP y PSOE, muchos de cuyos dirigentes han sido y son recolocados en esas grandes eléctricas con sueldos de cientos de miles de euros al año”.

“El problema de los precios de la energía requiere medidas estructurales para acabar con el monopolio eléctrico; impulsar la publificación del servicio eléctrico descentralizando su producción y comercialización; fijar precios máximos de la energía y reducir el escandaloso reparto de beneficios a los accionistas en beneficio del abaratamiento del coste de la energía”

Concluye el comunicado con el llamamiento a todos y todas las pensionistas a salir a la calle a protestar en las capitales y en 70 pueblos, el próximo lunes, 13 de septiembre. Subrayando, al mismo tiempo, la necesidad de ampliar la protesta y la movilización en colaboración con el mayor número de agentes sociales. En Bilbao, a las 12:00, la concentración será ante la torre de Iberdrola y a continuación manifestación hasta la subdelegación del gobierno central en Plaza Moyúa.

2.- Retroactivo a las y los pensionistas a finales de año

Estos días atrás algunos medios han hecho publicidad señalando que las y los pensionistas previsiblemente tendremos el próximo enero una paguilla extraordinaria de unos 200 euros de media, por lo que “deberíamos estar contentos y contentas”. Por supuesto no hacen referencia a la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo desde enero.

Esa “paguilla” no tiene nada de extraordinaria. Simplemente se trata de que, si el IPC se sitúa al final del año por encima del 0,90% que nos subieron el 1 de enero, nos tienen que abonar el retroactivo correspondiente y actualizar la pensión con ese IPC.

En agosto, el IPC interanual estaba en el 3,30%. Los “expertos” pronostican un IPC a final de año del 2,50%. Si es así, nos tienen que abonar el retroactivo a todos/as las pensionistas y actualizar las pensiones con un 1,60%, que es la diferencia entre el 0,90% y el 2,50%. Para una pensión de 1.000 euros supondrá una cantidad de 16 euros por 14 pagas, lo que equivale a 224 euros. Para una pensión de 750 euros significará una cantidad de 12 euros por 14 pagas, lo que equivale a 168 euros. Obviamente, si el IPC final es superior al 2,50% el abono por el retroactivo será más alto. Si es más bajo, la cantidad será menor.

3.- Sin acuerdo por el momento para la moderada subida del SMI

La reunión celebrada el lunes entre el Gobierno, CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT para tratar de llegar a un acuerdo sobre una subida moderada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se cerró sin acuerdo. Al parecer las negociaciones continuarán ahora de un modo bilateral. De este modo, la promesa de la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, de que se trataba de la última reunión y de que con acuerdo o sin acuerdo el Gobierno decidiría de inmediato la subida del SMI mediante decreto ley, se retrasa sin precisar por cuánto tiempo.

Según las últimas informaciones publicadas el Gobierno mantuvo su propuesta de subir el SMI de entre 12 y 19 euros al mes este año. Desde enero está en 950 euros y su objetivo es llegar al 2023 con un SMI entre 1.011 y 1.049 euros. Como alternativa CCOO y UGT plantearon una subida de 25/30 euros al mes este año y situarlo en 2022 en 1.000 euros. La patronal, como era de prever, dice que se deje el SMI como está.

Por otra parte, el gobierno mantiene que la subida que se acuerde, o se decrete por el gobierno si no hay acuerdo, no tenga carácter retroactivo desde principios de año, incluso al parecer hay una discusión entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, la primera para que se aplique la subida en el mes de octubre y la segunda que se haga a partir del 1 de septiembre. Si ya la subida va a ser muy moderada y sin carácter retroactivo, el debate entre ambas ministras roza el ridículo y la ruindad.

No podemos aventurar qué tipo de subida concreta se va a dar finalmente. Cabe suponer que una cantidad a medio camino entre la que ofrece el gobierno y la que plantean los sindicatos. Pero en todo caso muy baja y quizás por debajo de cómo se sitúe la inflación a finales de año. Si se mantiene como en agosto, que es del 3,30%, corresponderían 31,3 euros al mes. Si es del 2,50%, serian 23,7 euros. En cualquier caso, sea una u otra cantidad, la pérdida del poder adquisitivo del SMI este año va a ser importante, si se mantiene el que no tenga carácter retroactivo.

Además, hay otra cuestión, si calculan que ahora, siguiendo sus criterios de aplicación del 60% del salario medio de la Carta Social Europea, les sale una cantidad de 1.049 euros, lo más probable es que esa cantidad sea mayor en el año 2023 si en estos dos años la inflación se sitúa por encima del 0%, lo cual está previsto hasta por los “expertos” del gobierno.

Otro problema de importancia es cómo se establece el salario medio para luego calcular el 60%. Toman como referencia a todo el Estado. Pero el salario medio en Hego Euskal Herria es un tanto superior al salario medio estatal. De igual modo, el costo de la vida también es más elevado. Si tomamos como referencia el salario medio en el País Vasco, con la aplicación del 60% para calcular el SMI, esto da como resultado una cantidad algo superior a 1.200 euros.  Es obvio que un SMI de 970/980 euros como el que se puede acordar o decretar ahora, no tiene el mismo valor real en relación al coste de la vida en Euskal Herria que en otras autonomías del estado. Y de seguir así, el problema se mantendrá en los años siguientes.

4.- La dirección de Tubacex continúa chantajeando a las y los trabajadores

Las conversaciones entre la dirección y el comité de empresa de Tubacex celebradas el martes terminaron sin acuerdo, ni siquiera sobre el nuevo expediente de regulación de empleo (ERTE) que se quiere prolongar hasta finales de año. Ese día sumaban ya 209 días de huelga indefinida.

El comité de empresa una y otra vez está proponiendo un plan hasta el 2024 que garantice el empleo sin medidas traumáticas. Incluso dispuesto a aceptar bajas voluntarias y prejubilaciones, siempre que no sea forzadas o bajo chantaje y en condiciones dignas. Pero para quitarse de encima el riesgo de la resolución con despidos, que pueda decidir el Tribunal Supremo, plantean a la empresa que retire su recurso ante el mismo.

Pero la dirección se niega a ello. Solo aceptaría retirarlo si el comité asumiera una serie de medidas: readecuación del modelo de trabajo, ampliación de bajas “voluntarias” y prejubilaciones, etc., todo ello con el mismo objetivo, es decir, lograr sus planes a cuenta de la reducción de empleo y de recorte de las condiciones laborales de las y los trabajadores, sin necesidad de recurrir al expediente presentado ante el Tribunal Supremo, que espera que le sea favorable.

El pleno del comité por unanimidad le planteó su disposición a negociar diversas medidas si la dirección retiraba su recurso. Pero la dirección se niega una y otra vez pues sabe que dispone de un fuerte elemento de chantaje para intentar hacer doblegarse a las y los trabajadores después de una huelga tan larga que alcanza ya los 212 días.

Alega cínicamente que el futuro de la empresa está en riesgo por la huelga, cuando el único responsable de la misma es ella. Y que el recurso al Tribunal Supremo es absolutamente legítimo y justo para la patronal. Asimismo, se siente muy respaldada con diversas declaraciones de apoyo de la gran patronal vasca, la última de ellas la realizada por el director general de la patronal alavesa, SEA, Juan Ugarte, manifestándole su respaldo y tachando la petición del comité de que retire el recurso al Tribunal Supremo como “una demanda que responde a posturas más cercanas a la mafia siciliana que  otra cosa”.

La lucha de las y los trabajadores de Tubacex es una referencia ejemplar de pelea en defensa de los puestos de trabajo y contra los despidos, tanto en Euskal Herria como en otros pueblos del estado. Su victoria o derrota marcará, para bien o para mal, el futuro de muchas empresas donde la patronal ‒aprovechándose de la crisis abierta por la pandemia‒ quiere reducir plantillas como sea, incluidos despidos masivos y recortar derechos laborales para ampliar incluso más sus beneficios. La solidaridad con los compañeros y compañeras de Tubacex es muy importante no sólo en Aiaraldea, sino en todo Hego Euskal Herria.

5.- ¿Factor de Equidad Intergeneracional versus Factor de Sostenibilidad?

La reforma de las pensiones de 2011, a través de la Ley 27/2011, introdujo el llamado Factor de Sostenibilidad (FS) con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones, fijando el 2027 como fecha de implantación.

Un Decreto Ley de 2013 aprobó la creación de un “comité de expertos” para elaborar un informe sobre ese factor, con el objetivo de dar cobertura “científica” a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no tanto a la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público acordados con la Comisión Europea. Ello a pesar de que, en ese momento, en octubre de 2013, el Fondo de Reserva de las Pensiones tenía todavía una dotación de 59.350 millones de euros, lo que permitía soportar los déficits hasta la recuperación de los superávits que según la previsión del mismo Gobierno tendrían lugar en el 2018.

Como se sabe, la caída de los salarios y el empleo durante la última crisis y la dedicación de las cotizaciones sociales a otros destinos que pagar la seguridad social ha dado lugar al agotamiento de ese Fondo.

El Informe sobre el Factor de Sostenibilidad incluía dos elementos: el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y el Factor de Revalorización Automática. La Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización fue aprobada a propuesta del Gobierno Rajoy. La aplicación del Factor de Sostenibilidad se demoraría hasta el 2019 y luego hasta el 2023. Pero el factor de revalorización se empezó a aplicar inmediatamente dando lugar a las subidas del 0,25% anuales, hasta que el movimiento de pensionistas logramos que se quedará sin efecto y ahora se ha acordado su derogación.

La función del Factor de Sostenibilidad era hacer pagar a las personas pensionistas el aumento de esperanza media de vida tras la jubilación. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) la aplicación de este habría supuesto una reducción de las pensiones que alcanzaría entre el 9% y el 18% en el 2049. Sólo si la esperanza media de vida se estancaba o retrocedía se evitaría la reducción de las pensiones.

En el proyecto de ley aprobado el 24 de agosto se incluye la derogación del Factor de Sostenibilidad, pero no se incluye el nuevo Factor de Equidad Intergeneracional anunciado repetidamente por el ministro Escrivá para hacer frente al gasto por el acceso a la pensión de los baby boomers (los nacidos entre 1957 y 1977) y que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos. Está previsto que se incorpore al proyecto antes del 15 de noviembre, plazo que se ha dado el gobierno para llegar a un acuerdo con las patronales CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, que se introduciría como una enmienda aprobada por el Congreso.  

Hasta el momento no se ha hecho público el contenido que tendrá Factor de Equidad Intergeneracional. Pero caben pocas dudas de que tendrá por objetivo reducir la cuantía de las pensiones. El movimiento pensionista, que ha conseguido impedir la puesta en marcha del Factor de Sostenibilidad tiene ahora el reto, buscando la colaboración más amplia posible con otros agentes sociales, de impedir el nuevo Factor de Equidad Intergeneracional que tienen previsto aplicar en el 2027.

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Una respuesta a «Noticias e informaciones de interés 11-septiembre-2021»

  1. Respecto a la continúa escalada del precio de la electricidad, está claro que quienes gobiernan no son los partidos políticos cuyo nombre figura en la papeleta que introducimos en las urnas. Quienes gobiernan son los que se asignan sueldos y pensiones millonarias, con la colaboración de políticos corruptos, comprados a través de las puertas giratorias. Tendríamos que exigir la ilegalización de tales fraudes, ejemplo de corrupción política.

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