Noticias e informaciones de interés 15 julio 2023

1.- Manifestaciones pensionistas y poca atención a las pensiones en los debates electorales

Hoy, 15 de julio, se llevarán a cabo las manifestaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria en Gasteiz (12:00 Artium)) y Donostia (12:00 Alderdi Eder). En Bilbao, se celebrará el próximo lunes día 17, a las 12:00, desde la Plaza Elíptica hasta el Ayuntamiento.

El objetivo de éstas es expresar en la calle las demandas pensionistas, en especial la pensión mínima de 1.080 euros, y pedir a los partidos políticos que se comprometan a defender en el próximo Congreso de Diputados unas pensiones públicas y dignas, concretadas en las propuestas o demandas que les hemos hecho llegar.

En los debates electorales la cuestión de las pensiones ‒en especial las medidas concretas y positivas a adoptar‒ está teniendo escasa presencia, a pesar de que afectan a millones de personas, con especial preocupación para las 220.000 personas en Hego Euskal Herria y más de cinco millones en todo el Estado español que perciben pensiones inferiores ‒o muy inferiores‒ a 1.080 euros y para quienes conseguir esa pensión es una cuestión de primera y vital necesidad.

En el debate celebrado el lunes en una cadena televisiva privada entre los dos principales candidatos a dirigir el próximo gobierno del Estado, apenas hubo unas referencias genéricas sobre pensiones de Pedro Sánchez reclamándose de los avances impulsados por su Gobierno. Pero sin ningún compromiso concreto sobre las demandas que venimos realizando desde el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y del resto de los Pueblos del Estado desde hace más de cinco años. De Feijóo ‒obviamente‒ no podíamos esperar nada bueno o positivo habida cuenta de los intereses económicos y políticos conservadores que defiende.

Salvo la excepción de un partido vasco y de algunos otros soberanistas y de izquierdas del resto del Estado que han defendido la pensión mínima de 1.080 euros ‒entre otras medidas‒ el resto no ha dado importancia a esta cuestión. El PNV ha hecho propaganda indicando que exige la transferencia de la Seguridad Social a la CAV, pero solo de su gestión. Esta es una demanda positiva, aunque limitada, pero ya sabemos que su modelo y proyecto es mantener e impulsar los fondos privados de pensiones en diversas áreas de la administración y en determinadas empresas y sectores.

Las demandas y exigencias del movimiento de pensionistas no se limitan simplemente a emplazamientos a los partidos ante las elecciones, sino que tendrán un carácter permanente de exigencia, apoyada con protestas y movilizaciones en la calle, a todos los partidos que formen parte del próximo Congreso de Diputados y en especial al Gobierno que salga del mismo.

Algunos medios televisivos y radios han tenido la deferencia de posibilitar a algunos compañeros y compañeras del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria pequeñas entrevistas y preguntas en algunos debates electorales, pero han sido muy limitados y no se corresponden con la importancia social del problema de las pensiones.

2.- El IPC baja, pero el coste de la cesta de la compra se mantiene muy alto 

El IPC en el Estado español se situó en junio en torno a un 1,9%. En el mes de mayo fue de un 3,2%. De este modo estamos asistiendo a un proceso de ralentización del IPC en los últimos meses, situándose por debajo de la media de los estados de la Unión Europea.

Pero estos datos que los Gobiernos del Estado, de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa consideran muy positivos, no pueden ocultar el alto costo de los productos básicos que componen la cesta de la compra. En mayo se situaban en un 12% superior al mismo mes del año pasado y en junio han anunciado que han sido de un 10%, también en relación a junio del 2022. Estas subidas son muy altas, además, es preciso señalar que este aumento se calcula en relación a los precios del mismo mes del año pasado, pero éstos ya habrán crecido mucho en relación al 2021.

En febrero de este año el Gobierno de Urkullu anunció la creación de un grupo de cuatro inspectores para controlar el precio de los alimentos y la actuación de algunas distribuidoras y mayoristas.  Pero de los resultados de su trabajo no se ha hecho público nada y todo parece indicar que su función se va a remitir simplemente a “notificar” sus observaciones al gobierno de la CAV.

Sin controlar los grandes beneficios de quienes especulan y determinan los precios de toda la cadena alimentaria, y sin tomar medidas para poner límites a esos beneficios y a los precios que imponen, continuaremos asistiendo a unos desorbitados precios de la cesta de la compra que afectan negativamente, como todo el mundo sabe, a la mayoría de la población: trabajadores/as, pensionistas, etc.  

3.- Una de cada 4 mujeres mayores de 65 años en la CAV ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida

Una compañera pensionista, en una intervención realizada el lunes en la concentración de Bilbao, puso el dedo en la llaga sobre la violencia machista sufrida por muchas mujeres mayores de 65 años en la Comunidad Autónoma Vasca.

Señaló que, según un estudio realizado por Emakunde, una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años (el 23,4%) ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y que el 5,1% sufre actualmente violencia machista. Esto significa que casi 68.000 mujeres han sido víctimas de esa violencia y que unas 16.500 la siguen padeciendo actualmente.

Y resaltaba que se trata de una realidad invisible. O, mejor dicho, INVISIBILIZADA. ¿Y por qué?

Porque como indica el informe realizado por Emakunde, se pone la atención en las mujeres jóvenes, obviando a las mujeres mayores.

Porque se asume que estas mujeres sufren violencia por ser mayores, ignorando el carácter machista de esta violencia, lo que dificulta señalar los comportamientos violentos de los hombres mayores, al considerarlos, “frágiles” o “pero, si parece buena gente”.

Y porque se ha construido una imagen de la mujer mayor víctima de violencia machista, como un sujeto dependiente que requiere necesariamente de un proceso de tutela, sin tener en cuenta su capacidad de cambio y su derecho a tomar sus propias decisiones.

En el fenómeno de la violencia machista hacia mujeres mayores existe un carácter específico, determinado por la confluencia de tres elementos: el tipo de violencia, ser mujer y la edad. Y se cronifica en la vejez, con la jubilación y la necesidad de que requieren cuidados para realizar las actividades de la vida diaria, convirtiéndose fundamentalmente en violencia psicológica y de control económico.

Las mujeres mayores de 65 años, víctimas de violencia machista, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad cuando se dan factores de riesgo entre los que destacan la dependencia económica, las creencias y estereotipos sociales y la falta de recursos para eliminarla.

Terminó su intervención subrayando: 

Tener medios económicos propios es una forma de luchar contra la violencia machista. Reivindicar la pensión mínima de 1.080 euros, es también una forma de combatir la dependencia económica y la violencia que sufren las mujeres mayores de 65 años.

No queremos que este estudio se quede en un cajón. Exigimos que las recomendaciones recogidas en él, sean asumidas por el Gobierno Vasco o las Diputaciones, según sus competencias.

4.- Crítica al nuevo proyecto que prepara el Gobierno Vasco para las residencias

EH Bildu ha denunciado hace unos días que el nuevo proyecto del Gobierno Vasco para regular las condiciones y requisitos a cumplir por las residencias de mayores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, “las sitúa por debajo de los estándares mínimos fijados en el Estado en 2022 en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, y pide que la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales , Nerea Melgosa, informe sobre su contenido en el Parlamento Vasco.

Este partido o coalición política explica que según ese proyecto las nuevas residencias tendrán como máximo 150 plazas y que los centros estarán organizados con un máximo de 25 plazas por módulo. Y que esto implica unas condiciones o límites peores que los fijados en el acuerdo estatal, que no contempla residencias de más de 120 plazas ‒75 plazas en zonas rurales y 90 en zonas de densidad intermedia‒, ni tampoco módulos que pasen de 15 plazas. 

También resalta que el nuevo proyecto “fija una ratio de 0,33 y da un plazo de 6 años para que las residencias cumplan ese requisito”. Esto significa que hasta el 2029 no está garantizada esa ratio, es decir el tiempo que cada trabajadora de la residencia dedicará de su jornada laboral a la atención directa y personalizada de cada residente. Sin embargo, según el acuerdo del Consejo Territorial, en 2029 la ratio debe ser 0,49, es decir que cada trabajadora dedicará más tiempo a la atención a cada persona residente.

Critica también que el nuevo proyecto “no refuerza la atención sociosanitaria en los centros residenciales “ya que “contempla la teleasistencia y que auxiliares asuman las tareas propias de personal de enfermería o que una terapeuta ocupacional cubra la atención correspondiente a las y los trabajadores sociales”.

Otros elementos de crítica se refieren a que el nuevo proyecto “no contempla ningún órgano de participación”. Y subraya que la “sociedad vasca es una de las más envejecidas del mundo y está inmersa en una crisis de cuidados que requiere una transición hacia un sistema público comunitario de cuidados”.

Y concluye que es preciso debatir sobre el modelo de gestión de las residencias “porque no se puede permitir hacer negocio con los cuidados y es necesario hablar de cómo participan trabajadoras, residentes y sus familiares en el día a día de estos centros y sus decisiones”.

Es preocupante que un proyecto de residencias de esta naturaleza para la Comunidad Autónoma Vasca sea regresivo en relación a las condiciones y estándares estatales recogidos en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. De igual modo, no se puede continuar con el sistema “privado-concertado” para el negocio de algunos sino caminar hacía un sistema público, acompañado de un debate social y participativo lo más amplio posible. Estas son demandas que, entre otros colectivos, plantean las asociaciones de familiares de residentes de la Comunidad Autónoma Vasca, agrupadas en Zaintza Babesten.

5.- Acuerdos de convenio en limpiezas de contratas de Osakidetza y en Gorabide (Asociación vizcaína a favor de los/as discapacitadas/os intelectuales)

El miércoles se dio por cerrado el preacuerdo de convenio de las trabajadoras de contratas de Osakidetza acordado hace dos semanas por las patronal y la mayoría sindical del sector (LAB, CCOO, UGT y ESK) y que el Servicio Vasco de Salud debía ratificar para aceptar el coste económico que supondrán las medidas acordadas por la patronal y los sindicatos.

Han sido dos semanas en las que de un modo incomprensible Osakidetza han venido poniendo pegas y dilatando la aceptación de un preacuerdo que ha contado con la intermediación de la Viceconsejería de Empleo y Trabajo. Argumentar para justificar sus no responsabilidades en que se trata de negociaciones o acuerdos que solo afectan a patronales o sindicatos es algo que no tiene la menor justificación, porque es Osakidetza quien concierta con las patronales los contratos de limpieza y estos determinan los acuerdos a que luego pueden llegar con los sindicatos.

Ha sido una lucha muy larga y difícil, con cerca de un centenar de jornadas de huelga y múltiples movilizaciones y protestas que han debido llevar a cabo las trabajadoras de limpieza para lograr este acuerdo, que consideran positivo y que fue celebrado con alegría por las compañeras que se concentraron a las puertas de donde se formalizó el acuerdo.

Otro acuerdo de convenio positivo que se ha cerrado días atrás ha sido el de las trabajadoras de Gorabide (Asociación vizcaína a favor de los/as discapacitadas/os intelectuales), que atienden a personas con deficiencia intelectual. En este caso, los sindicatos firmantes del acuerdo son LAB y ESK.

Una vez más cabe resaltar que se trata de luchas de mujeres trabajadoras, que con gran esfuerzo consiguen ir dando pasos en la mejora de sus condiciones de trabajo y en el reconocimiento de sus derechos ante la discriminación y desigualdad laboral que continúan sufriendo.

6.- No perdonan participar en huelgas y piquetes

Tres jóvenes detenidos en Iruña durante la huelga general del 2020, convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y con el apoyo del movimiento de pensionistas, fueron juzgados el día 3 de julio en la Audiencia de Nafarroa. Huelga y movilización convocada en defensa de una vida digna y a favor de un cambio de sistema para acabar con el modelo capitalista y patriarcal. 

En el curso de la misma se produjeron en Iruñea diversos actos e incidentes, durante los cuales las fuerzas policiales realizaron diversas cargas, se produjeron 30 identificaciones de jóvenes y el arresto de once personas.

Tres años más tarde, el día 3 de julio, la Fiscalía pedía para esos tres jóvenes 18 años de cárcel. La acusación, como siempre: “atentado contra la autoridad y desórdenes públicos”. Al final los tres jóvenes, se vieron obligados a “asumir” 2 años de cárcel (que les evita entrar en prisión) y 3 años de suspensión.

Convocadas por la plataforma Grebalariekin bat, más de un centenar de personas, entre ellas también pensionistas, se concentraron ante la sede de la Audiencia de Navarra para mostrarles su apoyo y solidaridad.

Al igual que estos jóvenes, trabajadores y trabajadoras que participaron en los piquetes y en la larga huelga de Tubacex contra los despidos, están siendo juzgados o a la espera de serlo. Seis de esos trabajadores están a la espera de juicio con peticiones de varios años de cárcel.

Ni los empresarios ni las instituciones que les protegen y defienden, “perdonan” las luchas de resistencia obrera con huelgas y piquetes contra los despidos, en defensa de sus puestos de trabajo o por unas condiciones laborales justas y dignas. Pretenden criminalizar las luchas obreras y sociales, meter miedo y amedrentar a la gente para que no se mueva y que acepte con resignación lo que se les imponga. No lo van a tener fácil, al menos en Euskal Herria.