Noticias e informaciones de interés                            16-abril-2022

1.- Para contener la inflación: recortar salarios, pensiones y gastos sociales

Día tras día el Banco de España, la CEOE, los gobiernos de Madrid, y Gasteiz nos bombardean diciendo que hay que moderar los salarios, pensiones y gastos sociales para contener la inflación y que no se prolongue el nivel o tasa que desde hace meses venimos sufriendo.

La práctica totalidad de los medios de comunicación están a su servicio queriendo llevar a la mayoría de la población (trabajadores y trabajadoras, pensionistas y otros sectores populares) la conciencia de que vivimos una crisis generada por la pandemia, acentuada por la guerra de Ucrania, que ha hecho dispararse la inflación, ante la que es “inevitable” tener que asumir  sacrificios, olvidándose, eso sí, de los grandes beneficios que están obteniendo multinacionales, grandes empresas industriales de la energía y comercializadoras con un aumento injustificado de los precios.

En la Comunidad Autónoma Vasca, El Correo ocupa un papel de primera línea en que “no hay otro remedio” que moderar salarios y pensiones y no hay día que pase sin que alguno que de sus editorialistas no dedique un “sesudo” artículo de opinión tratando de justificar esos sacrificios.

No solo propone que hay que moderar los salarios por debajo del alza del coste de la vida, para que “las empresas y el empleo se mantengan en pie”, sino que, al mismo tiempo, destaca que es “injustificable” que las pensiones sean revalorizadas con el IPC medio, cuando los salarios no van a hacerlo. No solo trata de justificar que los salarios pierdan poder adquisitivo, sino, de un modo ruin, busca división y enfrentamiento, aislar al movimiento pensionistas en sus demandas y que se gaste menos en la seguridad social para “reducir la deuda pública del Estado”.

2.- El Pacto de Rentas y un posible Acuerdo de Negociación Colectiva entre la CEOE, CCOO y UGT van en la misma dirección

Aunque no se están haciendo públicas las negociaciones sobre el Pacto de Rentas, tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el Banco de España y demás entidades bancarias, así como la CEOE y Cepyme, una y otra vez están manifestando la necesidad de un Pacto de Rentas que modere salarios, pensiones y gastos sociales, así como los beneficios de bancos y empresarios, pero sin precisar ni cuantificar lo que éstos estén dispuestos a aportar.

Paralelamente a los contactos y negociaciones para el Pacto de Rentas, ahora CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT están negociando la posibilidad de llegar a un Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva para tres años, hasta el 2024. De lo trascendido hasta el momento, ni unos ni otros se han planteado recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios el año pasado, donde la inflación interanual en diciembre llegó al 6,5 %. Al parecer la patronal está dispuesta a aceptar una subida en tres años hasta el 8%. Pero no acepta lo que CCOO y UGT proponen:  una subida del 3,4% en 2022, del 2,5 en 2023 y un 2% en 2024, junto con una recuperación en los tres años de la diferencia que haya entre el 3,4% y la tasa de inflación de este año 2022.

Esta propuesta sindical significa no solo una renuncia a la pérdida del 2021, sino a que los salarios estén equiparados el año 2022 con el IPC real y a que en los años 2023 y 2024 puedan quedar también por debajo de una inflación probablemente superior a las subidas salariales propuestas. Veremos finalmente a qué acuerdos concretos llegan.

3.- El consejero de Hacienda, Sr. Azpiazu y el Gobierno de Gasteiz no les van a la zaga

En las últimas semanas el Sr. Azpiazu ha manifestado en sede parlamentaria que hay que moderar los salarios, que no pueden revalorizarse con la subida de la inflación, pues se correría el peligro de que se mantuvieran las altas tasas actuales, perjudicando así a las empresas, al empleo y a los salarios.

La última sugerencia que se ha permitido hacer es que, en lugar de utilizar el concepto de inflación actual, podría tomarse en consideración para las actualizaciones salariales, la inflación subyacente. Esta es aquella que no toma en cuenta la subida de los precios de los carburantes ni de los productos no elaborados. Claro y en botella: nos quitamos de encima el elevadísimo precio de los carburantes, imprescindibles para nuestra vida cotidiana y listo; esta inflación subyacente que ahora se sitúa en torno a un 3,4% permitiría una subida salarial “moderada, realista y beneficiosa para controlar la inflación y la economía”.

Otra de las perlas del Sr. Azpiazu durante las últimas semanas ha sido que no le parece mal que el Pacto de Rentas y el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva sea negociado y acordado en Madrid, aunque estos días se ha dejado caer con la posibilidad de intentar algo parecido en la CAV. Pero el PNV y el Gobierno de Gasteiz continúan interesados en que esos acuerdos se hagan en Madrid.  La razón es bien sencilla: saben que lo que se negocie y acuerde en torno al Pacto de Rentas y de Negociación Colectiva en Madrid va a suponer recortes y malestar social en el que no quieren verse formalmente comprometidos. Por otra parte, saben que con la mayoría sindical vasca y la capacidad de protesta social en Euskal Herria no se van a lograr ni aceptar acuerdos como los que con bastante probabilidad se van a dar en la capital del Estado.

4.- Las multinacionales son las que imponen y se aprovechan del alza de los precios

Nos dicen que el mercado, como si no tuviera nombre y apellido, es quien determina los precios y los regula. Pero son los oligopolios, multinacionales y grandes bancos privados, basados en competencias y en la especulación económica quienes establecen los precios a su antojo, generan inflación y crisis, de las que, además, obtienen grandes beneficios.

Diversas instituciones económicas y políticas, nada sospechosas de defender los intereses de los trabajadores, trabajadoras y sectores populares, han denunciado en las últimas semanas los acuerdos de algunas de las petroleras más importantes del mundo, que han acordado entre ellas unos precios injustificados del petróleo, para aumentar sus beneficios en la situación de crisis incrementada por la pandemia y la guerra de Ucrania. Esto tiene luego su prolongación cuando las gasolineras aumentan los precios sin control, y encima procedieron a hacerlo más, en vísperas del anuncio de que se iba a subvencionar el 20% del costo del litro de gasolina a los consumidores.

Lo mismo está sucediendo, desde hace ya tiempo, con los precios escandalosos de la luz y los carburantes, fijados en el Estado español por las grandes empresas eléctricas ‒entre ellas Iberdrola‒ y las distribuidoras de gas.

Siguiendo la estela de todo este entramado, estos días hemos podido conocer la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), señalando que “algunos fabricantes de alimentos están reduciendo el contenido de sus envases entre un 5% y un 10% para despistar a los consumidores y que no se note la subida de precio”, que afecta también a productos de higiene y droguería. Práctica a la que denominan “reduflación”. En fin, asistimos a una cadena de aumentos de precios, donde los verdaderos paganos somos las clases populares que constituimos la gran mayoría de la población, mientras que una minoría aumenta sus beneficios.

5.- Reuniones del MPEH con los partidos políticos parlamentarios en Gasteiz

Tal como adelantábamos la semana pasada, los días 7 y 8 de abril, delegaciones del MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria) celebraron reuniones bilaterales con los grupos políticos en el Parlamento de Gasteiz:  PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Con el grupo PP-Ciudadanos no pudo llevarse a cabo, por la situación de cambio en la dirección del PP y no poder concretar fecha de reunión. Aunque en la próxima ronda de reuniones se estará también con ese grupo.

Previamente se informó a todos los grupos de la reunión realizada con una representación de la consejería del Idoia Mendia, en torno el proyecto de ley de la nueva RGI y la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV).  A continuación, tras una carta que había sido remitida previamente a todos los grupos, el MPEH les reiteró su propuesta de que apoyen promover una PONENCIA en el Parlamento de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) con el doble objetivo de:

1.- Hacer una propuesta concreta para complementar la pensión mínima hasta los 1.080 euros en la perspectiva de acercarnos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado con el criterio de suficiencia de ingresos recogido en la Carta Social Europea (60% del salario medio). Y que esa propuesta sea recogida y dotada económicamente en los presupuestos de la CAV para el 2023”.

2- Las sucesivas reformas de las pensiones están transformando el sistema público de pensiones de reparto orientándolo hacia un sistema dual en el que parte pública tenga un carácter de mínimos asistencial y se desarrolle un sistema complementario de pensiones de capitalización para aquellas personas que puedan acceder a él. El MPEH rechaza esas reformas pues solo traen como consecuencia que se perpetúen pensiones mínimas netamente insuficientes, perdiendo de un modo alarmante su poder adquisitivo.

En próximas fechas se llevará a cabo una segunda ronda de entrevistas para conocer la opinión y actitud de todos los grupos parlamentarios en el impulso de esa PONENCIA en la que quiere participar el MPEH, trabajando y preparando de inmediato una propuesta concreta, bien argumentada y justificada, sin esperar a que nadie la haga por nosotros y nosotras.

6.- Carta a Idoia Mendia para que se actúe de oficio sobre la información y el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES)

En la entrevista que llevó a cabo el MPEH el 5 de abril con el departamento dependiente de la Consejería de Trabajo y Empleo, dirigida por Idoia Mendia, entre otros problemas se explicó las graves dificultades que tienen la gente mayor y de los sectores más desfavorecidos para ser informados de la existencia de la RGI y, en su caso, de verse acogidos a ese derecho, lo que significa que la mayoría de esa gente ni conoce ni accede a la misma.

Prueba de ello es que refiriéndonos tan solo a las personas pensionistas, el propio departamento informó de que en la actualidad solo 12.933 personas pensionistas tienen un expediente RGI activo, mientras que, según el 11º INFORME SOBRE EL INDICADOR AROPE 2021, el año anterior, 153.608 pensionistas en la CAV tenían unos ingresos de 9.612 euros año,  estando así por debajo del umbral de la pobreza y que 72.244 tenían una pensión inferior a 6.412 euros anuales, es decir  en una situación de pobreza extrema, buena parte de ellas mujeres con más de 80 años.

Por estos motivos, al igual que lo ha venido denunciando y demandando que se actuara de oficio para que todas  las personas con menos de 18.000 euros anuales pudieran acceder a la gratuidad o rebaja del costo de  algunos medicamentos,  el MPEH planteó lo mismo en la reunión de abril, y ahora con esta carta directa a Idoia Mendia se vuelve a proponer:  que remitan de oficio  a aquellas personas pensionistas cuyas pensiones estén por debajo de 10.015 euros anuales (839,54 x 12) ‒que es la cuantía actual de la RGI correspondiente a una unidad de convivencia unipersonal‒  y que no sean perceptoras de la RGI, o de las AES, en su caso, una comunicación mediante la cual les informen de su derecho a complementar sus pensiones, poniendo a su disposición, al mismo tiempo, y dado que se trata de personas mayores, los recursos necesarios  para que puedan acceder a la información con claridad y sencillez, y tramitar, en su caso, su solicitud.

Cuando las declaraciones fiscales de toda la población están controladas y digitalizadas por las tres Haciendas Forales de la CAV, indicar que tienen dificultades para recabar los datos necesarios y actuar de oficio, es poco menos que una tomadura de pelo. Claro está, les viene muy bien para gastar mucho menos de lo que corresponde a toda la gente con ese derecho.

7.- Encuesta de Babestu sobre la dura realidad que viven las trabajadoras en los turnos de noche en las residencias de Bizkaia

En una encuesta bien trabajada por Babestu (Asociación de familiares de Residentes de Bizkaia) y presentada a enfermeras y gerocultoras de 9 residencias que acogen 1.415 plazas residenciales, las respuestas dadas por estas trabajadoras expresan las durísimas condiciones en que se obligadas a trabajar, sobre todo en los turnos de noche.

Con datos bien contrastados, la situación que describen es preocupante y dramática. Tres enfermeras de noche cubren 1.270 plazas residenciales, lo que significa una enfermera por 423 plazas. Y cada una de las 26 gerocultoras-cuidadoras de media se ocupan de 40 personas residentes. A esto ha de añadirse, además, que hay puestos que no se cubren cuando se producen bajas o disfrute de vacaciones.

Las trabajadoras y Babestu plantean unas propuestas que estiman son asumibles: el incremento del coste de las contrataciones necesarias supondría en torno a 115-175 euros por residente y mes; esto es, entre el 4,1% y el 6,3% de la cuantía de la concertación. Que la Diputación y el Gobierno Vasco decreten ratios razonables y justos (proporción debida de plantilla con residentes) de Atención Nocturna para personal de enfermería y gerocultoras/es en residencias de mayores. Que el establecimiento de ratios que permitan una atención de calidad debe ser una condición para la concertación de plazas residenciales. Finalmente, incluir el control de las ratios en la Atención Nocturna en las Inspecciones que se realicen en las residencias.

8.- Venganza política y social contra trabajadores/as de Tubacex, Petronor, PCB,  Metal de Bizkaia,  Artiach  y en otras empresas

No pudieron contra la tenaz lucha de Tubacex y de otras empresas o sectores y ahora los empresarios y el Gobierno Vasco quieren vengarse con trabajadores/as que tuvieron un papel activo en los conflictos laborales de sus empresas. El Comité de Tubacex denunció el lunes la “avalancha de multas” que se están produciendo contra compañeros y compañeras que participaron en el largo conflicto de casi ocho meses de su empresa.  Mostró su solidaridad total con sus compañeros/as represaliados, así como con las y los trabajadores imputados en sus respectivos conflictos en Petronor, PCB, Metl de Bizkaia, Artiach y otras empresas.

Son multas que se están aplicando en virtud de la “Ley Mordaza”. Denuncian con rotundidad que “el hacer huelgas o participar en una manifestación no puede ser delito”. Destacan que se trata de un intento de criminalizar a la clase obrera, por medio de una decisión política. Señalan que ante conflicto laborales el Gobierno Vasco no solo abandona a las y los trabajadores, sino que se posiciona a lado de las empresas poniendo a disposición de éstas a la Ertzaintza para que la utilice como si de seguridad privada se tratara. Y ésta, a su vez, elabora los informes y denuncias sobre las y los trabajadores para que sean castigados. No es un reto menor al que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores represaliados/as, los sindicatos y el conjunto de la clase obrera. Merecen todo nuestro apoyo y solidaridad.