Noticias e informaciones de interés 19-Diciembre-2020

1.- Movilización en Bilbao el lunes para denunciar los problemas de las residencias y de los PACs (Puntos de Atención Continuada) en Bizkaia

El lunes llevaremos a cabo, a las 12 del mediodía, otra manifestación desde el Ayuntamiento de Bilbao hasta el Palacio de Justicia (Jardines de Albia), para denunciar la falta de soluciones -incluso agravamiento- a los problemas de las residencias. Asimismo, para denunciar los planes de la dirección de Osakidetza de cerrar el servicio de atención nocturna de las 24:00 a las 8:00 de la mañana, en algunos PAC (Puntos de Atención Continuada).

La semana pasada ya informamos de lo que pretende la Diputación Foral con la residencia pública de Gallarta -en la que tiene responsabilidad directa a través del IFAS – para personas mayores dependientes. Esa pretensión ha tenido ya varias iniciativas de contestación y protesta social, entre otras la manifestación que se llevó a cabo el viernes de la semana pasada con la participación de 250 personas. 

Ese mismo día, en un  intento de desactivar las protestas, el  Diputado Foral de Acción Social de Bizkaia hizo llegar a la Presidenta de Babestu (Asociación de Familiares de Usuarios/as de Residencias de Bizkaia) un pequeño escrito  en el que le manifestaba “que le gustaría saber el origen de su preocupación, puesto que el centro asistencial Gallarta, gestionado ahora y en el futuro por el IFAS, no va a cesar su actividad asistencial, y ninguna persona residente actualmente en el centro deberá trasladarse a ningún otro, salvo que así lo decidan ellas o sus personas allegadas”.

Por otra parte, tenemos conocimiento de que la dirección de Osakidetza, además de querer cerrar a partir de febrero, el servicio de atención nocturna en el PAC de Deustu (Bilbao), otro tanto tiene pensado hacer en algunos otros centros de Bizkaia y de Gipuzkoa. La recogida de firmas para impedir ese cierre está siendo importante y el miércoles se celebró también una concentración ante su ambulatorio. De igual modo, en Urretxu-Zumarraga, donde ya ha sido cerrado el PAC, se están llevando a cabo diversas iniciativas de protesta con manifestaciones de hasta 600 personas.

No son más que ejemplos recientes de que no sólo no se adoptan medidas positivas para paliar los problemas de las residencias y de otros servicios sanitarios, sino que se empeoran con una privatización creciente de los mismos. La manifestación del lunes ha sido convocada por el movimiento de pensionistas de Bilbao, aunque contará con el apoyo de compañeros y compañeras de algunos pueblos del entorno. Pero se llevará a cabo con la participación de representantes de los colectivos que están actuando en defensa de la residencia pública de Gallarta y contra el cierre nocturno del PAC de Deustu: asimismo, con Babestu.

2.- Reunión del Movimiento de Pensionistas y de las Asociaciones de Familiares de Residentes con la Fiscal General de la CAV

Como continuación de las reuniones y contactos llevados a cabo a partir de setiembre con la Fiscalía en Bilbao, tras la presentación de sendos informes del Movimiento de Pensionistas de la CAV y de Babestu, donde en el primero se recogían diversas denuncias sobre los problemas de las residencias, y en el segundo sobre las condiciones en que se habían dado los fallecimientos de 19 personas usuarias  de residencias en Bizkaia, el próximo martes 22-D se celebrará una reunión telemática con la Fiscal General de la CAV, ubicada en Donostia.

3.- A vueltas con la Mesa de Dialogo Social

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los Presupuestos Generales, el presidente del gobierno Pedro Sánchez busca ahora el consenso y el aval de la patronal y de los sindicatos UGT y CCOO, a través de la denominada Mesa de Dialogo Social, sobre cuestiones fundamentales que afectan a los trabajadores y trabajadoras y también a las y los pensionistas por medio de la concreción y aplicación de algunas de las recomendaciones del  Pacto de Toledo, que se pretenden llevar a cabo los próximos meses.

Al parecer, la posibilidad de poner fecha inmediata al reinicio de las negociaciones oficiales y públicas en la Mesa de Diálogo Social presenta algunas dificultades, tanto en el seno del Gobierno como por parte de la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, que tienen que ver con las cartas con que cada parte quiere iniciar esta etapa de negociaciones, aunque todas ellas con interés de llegar a un consenso y acuerdo.

En esas negociaciones se van a abordar el marco de las subidas salariales de la negociación colectiva, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la modificación o no de las reformas laborales actualmente vigentes y, sin duda, también, criterios en la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

La patronal pone como condición primera, siquiera para empezar a reunirse, que no entre en las negociaciones el acuerdo que firmaron el PSOE, Unidas-Podemos y EH Bildu para derogar las reformas laborales. En la coalición del gobierno, hay quienes como la ministra Nadia Calviño defiende que “ahora no es el momento de tratar la cuestión de las reformas laborales”, mientras que, al “parecer”, algunos otros ministros del PSOE y sobre todo los/las de Unidas Podemos, en particular la ministra de trabajo Yolanda Diaz, quieren abordar en serio esta cuestión.

Hasta ahora, por parte de los sindicatos CCOO y UGT, sólo hemos conocido declaraciones genéricas a favor de modificar algunas de las medidas más regresivas de las reformas laborales, y en relación a las subidas salariales, la única concreta ha sido por parte de UGT, que dice defenderá un SMI de 1.000 euros, frente a los 950 actuales. 

La experiencia histórica de los acuerdos de la Mesa de Dialogo Social nos dice que no han sido nada positivos. En condiciones de crisis económica y social, acentuada por la pandemia, mucho nos tememos que la patronal va a apretar y chantajear aún más para llegar a cualquier acuerdo, y que tanto el gobierno como los sindicatos en nombre del “realismo” y del “pragmatismo” puedan aceptar recortes o limitaciones que van a desanimar y frustrar a millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas y otros sectores sociales. 

Está en juego, encima de la mesa, buena parte de las condiciones de vida y derechos sociales de la mayoría de la sociedad. No cabe duda que les corresponde a las y los trabajadores y a sus sindicatos ponerse a la cabeza de las movilizaciones y resistencia social para enfrentarse y poner freno a cualquier claudicación o compromiso a la baja en esa mesa de diálogo social, ante el chantaje y presión del empresariado y los grandes poderes económicos. Pero las y los pensionistas no somos ajenos a los retos a que nos enfrentamos la mayoría social, por ello debemos estar dispuestos a apoyar y colaborar en aquellas movilizaciones o iniciativas sociales que se impulsen en defensa de reivindicaciones comunes.

4.- Señalar y abordar las desigualdades salariales y de las pensiones es imprescindible al hablar de las subidas de los salarios y de las pensiones

En los últimos meses, desde diversos medios y artículos de opinión, incluso de algunos pensionistas, al hablar de los porcentajes de subidas salariales o de las pensiones, no citan para nada lo que suponen esas subidas, teniendo en cuenta las fuertes diferenciaciones que existen entre los salarios, y aunque sea en una menor escala, entre las pensiones. Tomar en cuenta solamente el porcentaje de subida de la media salarial o la de las pensiones, puede servir para los cálculos macroeconómicos y evaluar en términos generales la evolución de estos estándares sociales, sin duda importantes para medir en qué medida avanza o retrocede el bienestar de la sociedad en general. Pero tomar en cuenta sólo esas referencias, para algunos sirve para tapar u ocultar la miseria que suponen para millones en el estado -varios cientos de miles en Hego Euskal Herria- de trabajadores, trabajadoras – entre ellos muchas mujeres y jóvenes- y otro tanto de pensionistas.

Porque ¿es lo mismo, por ejemplo, la subida de un 1% o un 2%, para salarios mensuales de 4.000 euros, que para uno de 750 o de los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Es lo mismo también para una pensión de 2.600 euros, o de 750 euros de una pensión mínima contributiva, o peor aún para los 400 euros de una pensión no contributiva?

Refiriéndonos a las pensiones, la subida del 0,9 % prevista para este año, a una pensión contributiva de 750 euros, supondrá un incremento de 6,75 euros al mes. Y con la subida prevista del 1,8% para las no contributivas estas quedarán en 402,7 euros mensuales. ¿Esto permite “paliar” las condiciones míseras de esas pensiones, aunque la inflación esté por debajo de esos porcentajes?

Además, algunos se permiten decirnos ¿por qué os quejáis, si encima en los años 2018 y 2019, también habéis tenido subidas por encima del IPC? Satisfechos/as tenéis que estar porque hace tres años sólo contabais con el 0,25%, y visto lo logrado no está justificado que sigáis movilizándoos y pidiendo más, más aún con las consecuencias que nos ha impuesto la pandemia.

El movimiento actual de pensionistas vasco, desde que inició su andadura hace casi tres años, tuvo como unas de sus banderas principales la demanda de una pensión mínima de 1.080 euros. Ello nos permitió lograr una legitimidad social enorme y, sobre todo, que miles y miles de mujeres con pensiones de miseria se sumaran al movimiento, y que no pocas de ellas emergieran como activistas representativas del mismo, tanto en numerosos pueblos como en las capitales. Por ello y con más ánimo que nunca seguiremos defendiendo prioritariamente esa demanda sin menoscabo de todas las otras reivindicaciones que tenemos planteadas hasta conseguir unas pensiones públicas y dignas para todos y todas las pensionistas.

5.- Primer torpedo en la línea de flotación en torno a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ahora corresponde gestionar al Gobierno de Madrid

Empezamos bien. El martes, primero en nombre de la Moncloa y después como posición del Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, se hizo pública su intención de aumentar a 35 años el cálculo del salario regulador de las pensiones. Si ya el paso del cálculo de los 15 años a los 25 años está suponiendo una merma considerable, la prolongación hasta los 35 años, nadie pone en duda que supondrá un recorte en las pensiones de entre en 10% y un 20%, según las condiciones en que el trabajador o trabajadora haya estado cotizando durante ese periodo. No nos extrañaría que luego pongan la zanahoria; es decir, que puedan ser elegidos del conjunto de la vida laboral, los años mejores de cotizaciones, aunque después de 35, qué años te quedan para mejorar.

6.- Una pequeña precisión. 

La semana pasada informábamos de la posibilidad de que hombres jubilados, según determinadas condiciones, podrán solicitar la compensación de sus pensiones por “maternidad” al igual que las mujeres. Y añadíamos que podían hacerlo quienes perciban pensiones por jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Pero que no podían acogerse a ese derecho los jubilados anticipadamente. La precisión es que también podrán hacerlo quienes se hayan jubilado anticipadamente, pero de un modo forzoso.