1.- Gran eco del ayuno-encierro del MPEH en un amplio sector de la sociedad y en los medios de comunicación
La campaña con el epicentro del ayuno-encierro pensionista de una semana en un local de Bilbao para que el Gobierno del Estado establezca la pensión mínima de 1.080 euros, o que los gobiernos e instituciones de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) y de Navarra complementen las pensiones mínimas hasta esa cantidad, ha tenido eco en un amplio sector de la sociedad vasca y en los medios de comunicación vascos y estatales. Esto ha posibilitado también que en diversos sectores pensionistas y populares del resto de las Comunidades y Pueblos del Estado hayan seguido con atención e interés el reto de esta iniciativa y el objetivo prioritario de la misma: una pensión mínima de 1.080 euros, en 14 pagas y su reconocimiento y aplicación inmediata.
El ayuno-encierro era un reto de envergadura, pues había que cubrir que 30 personas pensionistas ayunaran y se encerraran cada día, durante 5 días, del lunes 13 al sábado 18. Se superó con creces el reto, pues unas 200 personas pensionistas nos apuntamos para participar voluntariamente en el mismo. Pero la campaña iba más allá del acto del ayuno-encierro, organizando, por un lado, todos los días charlas y mesas redondas públicas abiertas en el local que se llevaba a cabo; por el otro, estar todos los días en la calle realizando diversos actos de protesta y denuncia ante diversas instituciones y emplazando a los partidos políticos a que se comprometan seria y responsablemente a defender esa petición ante el gobierno central del Estado y los autonómicos de Gasteiz e Iruña.
La semana se inició el lunes con un recibimiento muy emotivo ante el Ayuntamiento de Bilbao al primer grupo de 30 compañeros y compañeras que iniciaban el encierro. Unas 800 personas pensionistas concentradas ante el Ayuntamiento los/as acompañaron en manifestación hasta el lugar del encierro, con cálidos saludos y consignas que eran coreadas por el grueso de los y las participantes. Era una premonición de que se abría paso una iniciativa llena de emoción y con garantías de éxito.
A lo largo de la semana, todas las charlas y mesas redondas que se llevaron a cabo en el local del encierro contaron con una gran participación, 80 y más personas que abarrotaban el recinto. Asimismo, todas las concentraciones y marchas ante la subdelegación del gobierno del Estado, la sede de la Seguridad Social, la delegación del gobierno de la CAV, Emakunde o las sedes de los partidos contaron con la presencia de unas 200 personas pensionistas. Tener movilizadas a tantas personas pensionistas, mujeres y hombres, día tras día, expresaban la dignidad y firme voluntad de defender y exigir una pensión mínima de 1.080 euros, especialmente sentida y necesaria para centenares de miles de pensionistas en Hego Euskal Herria y millones en el conjunto del Estado, en su gran mayoría mujeres.
El balance de todas las iniciativas desarrolladas solo puede calificarse de muy exitoso. Al igual que la rueda de prensa masiva que se llevó a cabo el viernes en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao con participación de pensionistas de todo Hego Euskal Herria, en la que el MPEH con el apoyo presencial de numerosos agentes sindicales y sociales hizo un llamamiento a llenar las calles de Bilbao el día de ayer.
En pocas ocasiones una iniciativa pensionista del MPEH ha tenido tamaña expectativa y eco en los medios de comunicación. Sin duda, tal como manifestaban varios periodistas –mayoritariamente mujeres– no dejaban de reconocer la atención y el respeto que les provocaba una iniciativa tan atrevida y con personas mayores como somos los y las pensionistas en su inmensa mayoría. Por otro lado, la atención mediática a los debates y acuerdos sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones multiplicó el interés de los medios de comunicación en conocer las opiniones y respuestas de los y las pensionistas encerradas y del propio MPEH. Esta combinación de factores ha hecho que esta iniciativa haya tenido un eco informativo tan importante.
Exitosa manifestación en Bilbao
La manifestación de ayer en Bilbao, colofón de la campaña, reunió a miles de pensionistas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba –los compañeros y compañeras de Nafarroa, aunque con pena, decidieron priorizar su participación en la manifestación en Iruña en defensa de la sanidad pública– que contaron con el apoyo de trabajadores/as y otros sectores populares invitados a participar por sindicatos y otros organismos sociales. La importante asistencia –unas 10.000 personas– a la manifestación de Bilbao corroboró el éxito del ayuno-encierro y de la campaña impulsada a su alrededor.
Están confundidos si piensan que van a debilitar nuestras protestas y movilizaciones
El acuerdo sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez superará sin duda en los próximos días su debate y aprobación en el Congreso de Diputados. Las medidas previstas quedan muy alejadas de las demandas del movimiento de pensionistas, entre otras la relativa a las pensiones mínimas, donde dejan a éstas muy por debajo de los 1.080 euros, por lo que no podemos dejar de mostrar nuestra dura crítica e insatisfacción. Los gobiernos de Gasteiz e Iruña tampoco están dando muestras de estar dispuestos a acceder a complementar las pensiones mínimas hasta esa cantidad. Lo que no podrán obviar es la importancia de esta campaña ni el amplio y positivo eco social que ha tenido. Si piensan que se van a debilitar nuestras movilizaciones y protestas están muy confundidos. En la próxima campaña de elecciones locales y forales continuaremos emplazándoles y exigiéndoles que asuman y apliquen de una vez por todas esa petición.
2.- Reforma de pensiones: muy críticos e insatisfechos
El jueves el Consejo de Ministros dio el visto bueno al acuerdo sobre la reforma de las pensiones alcanzado la víspera con los sindicatos CCOO y UGT. A lo largo de estos días se están prolongando diversas negociaciones tras las cuales pasará al Congreso para su debate y aprobación.
Se están cantando grandes alabanzas a este acuerdo, calificándolo de “histórico”, pues “garantiza” unas pensiones públicas y dignas para todo el mundo y el “sostenimiento y viabilidad” de la caja de la seguridad social. A falta de conocer el resultado concreto y final de lo que se va a presentar en el Congreso, los datos que se vienen avanzando y publicando solo nos permiten concluir con una posición muy crítica y de insatisfacción con lo que estamos conociendo. El MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria) así lo manifestaba en un comunicado hecho público el lunes. De un modo resumido, exponemos a continuación una valoración de sus elementos troncales.
Este acuerdo no deroga las reformas regresivas de pensiones que venimos sufriendo conociendo desde 2011 (paso de 15 a 25 años para el cálculo de las pensiones, ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años…), sino que perpetúa su mantenimiento.
Pesaba como una losa la posibilidad de que se ampliara la base de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años. En su lugar se mantiene con carácter voluntario el poder acogerse a los 25 años o a los 27 mejores, o menos gravosos, de los últimos 29 años. Si realmente se hubiera pretendido mejorar algo con la eliminación de la cadencia de los dos años peores de cotización, podrían haber optado porque se eligieran los 23 mejores de los últimos 25 años. Por otro lado, incorporar el referente de los 29 años está dirigido y programado para que dentro de unos pocos años sea ésta la referencia para el cálculo de todas las pensiones, con el recorte que conllevará.
El aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social de un 0,5 % por parte de los empresarios y de un 0,1% por los trabajadoras y trabajadoras es positivo para la mejora de los ingresos a ésta. Asimismo, el destope de las cotizaciones máximas. Pero este último es muy limitado y muy dilatado en el tiempo con lo que sus efectos reales sobre los ingresos por esas cotizaciones van a tener escasos efectos a corto plazo.
Se ha enfatizado que las pensiones mínimas contributivas se van a mejorar sustancialmente, situándose cerca de las recomendaciones de la Carta Social Europea. Es cierto que se recogen algunas medidas positivas para paliar la brecha de género y coberturas en lagunas de cotización para mujeres, incluso que ayer se anunciara que se van a mejorar las pensiones no contributivas y de viudedad. Pero esto no niega la mayor: por lo que conocemos, la pensión mínima contributiva para una persona pensionista con 65 o más años, con cónyuge a cargo, será en el 2023 de 966,21 euros; pero quien con esa edad constituya una unidad económica unipersonal, es decir que viva sola, solo contará con una pensión de 783,07 euros. Prevén que en el 2027 ‒dentro de cuatro años‒ la persona pensionista con 65 o más años, con cónyuge a cargo, tendrá una pensión de 1.179,36 euros. Y en el caso de que viva sola su pensión será de 920,07 euros.
Esto significa que una persona con 65 o más años, que viva sola y que cuenta con el derecho individual a la pensión contributiva mínima, todavía en el año 2027 contará con una pensión muy por debajo de los 1.080 euros en 14 pagas, que desde hace algo más de 5 años el MPEH venimos reclamando. Es decir, que nueve años más tarde estará aún muy lejos de esa cantidad.
El MPEH continuamos defendiendo y exigiendo ‒entre otras reivindicaciones‒ que: “La base para el cálculo de la pensión se sitúe en los mejores quince años cotizados. Recuperar cuando menos la jubilación a los 65 años. Que la actualización generalizada de las pensiones sea con el IPC. Incrementar la pensión mínima a 1.080 euros, como suelo mínimo. 100% pensión de viudedad. Establecer medidas efectivas para eliminar la brecha de género. Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados. Ampliar al máximo el destope de las cotizaciones máximas. Garantizar las pensiones mediante la creación de empleo de calidad y salarios dignos”.
El que no haya habido más recortes y se hayan incorporado algunas mejorar son, sin duda, resultado de las movilizaciones y presión del movimiento de pensionistas y del riesgo que no ha querido correr el gobierno de coalición de Pedro Sánchez de ir a medidas más duras. Pero no podemos dejar de manifestar nuestra firme crítica e insatisfacción por lo que se está acordando pues no responde a las demandas justas y razonables que el MPEH y plataformas de pensionistas del resto de las Comunidades y Pueblos del Estado venimos defendiendo.
3.- En febrero la inflación se situó en el 6% y el aumento de los precios de la cesta de la compra en un 16,6%
Según datos oficiales, en el mes de febrero, a escala estatal, la inflación ha sido un 6% y un 16,6 % el aumento del costo de la cesta de la compra. Estos datos se repiten con pequeñas variaciones en la CAV y en Navarra. Y muestran la cruda realidad de una situación a la que se enfrenta la mayoría de la sociedad, es especial sus sectores sociales más vulnerables.
Los efectos de la bajada del IVA apenas se han dejado notar en la inflación y menos aún en la reducción de los precios de la cesta de la compra, o del vestido. Es más, la organización de consumidores FACUA ha denunciado ante la Comisión del Mercado de Valores y la Competencia a ocho cadenas de supermercados no solo por no repercutir la rebaja del IVA a los alimentos, sino que han aumentado los precios por encima de la inflación. Otro tanto ocurre con un organismo similar como es la OCU, que ha cuantificado en 924 euros el sobrecoste de la cesta de la compra, “un duro golpe para la economía doméstica de muchas familias, ya lastrada por el alto precio de la energía”.
Por contra, resulta escandaloso que la multinacional Mercadona ‒la cadena de distribución alimenticia más potente del Estado español‒ trate de justificar su aumento de los precios y declare unos beneficios de 795 millones de euros. Lo mismo sucede con la cadena Inditex, dedicada al sector de la ropa. Ambas trasnacionales se oponen a poner límites a los precios de unos productos que son esenciales y básicos para la gran mayoría de la sociedad.
Poner límites a los precios y aumentar al mismo tiempo los salarios y pensiones son medidas urgentes, que los gobiernos y las instituciones deben adoptar de inmediato ante la dura pérdida de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, Pero no lo hacen, es más, asistimos a un fuerte incremento de las recaudaciones fiscales derivadas, sobre todo, del IRPF y del IVA y, sin embargo, los gobiernos del Estado y de la CAV y de Navarra ni siquiera están destinando una parte de esos ingresos a medidas sociales que palíen de un modo significativo las necesidades urgentes de un amplio sector de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad.
Aun no disponemos de los datos concretos de recaudación en los dos primeros meses de este año de todas las diputaciones vascas y de la navarra. Pero como dato de referencia, en Bizkaia entre enero y febrero se ha recaudado un 16% más que en el mismo periodo del año pasado, superando con creces lo previsto o presupuestado. Este aumento de la recaudación es de prever que se repita con pocas variaciones en las demás haciendas forales.
4.- ¿Jornada de trabajo de cuatro días manteniendo los salarios y sin aumento de la jornada laboral?
La propuesta de la vicelehendakari Idoia Mendia de promover con carácter experimental una jornada laboral de cuatro días, manteniendo los salarios y no aumentando la jornada laboral, ha ocupado en las últimas semanas un importante eco mediático, generando al mismo tiempo diversas expectativas y debates.
Sin duda, una propuesta de este tipo suena bien desde el punto de vista social, exceptuando, claro está, al empresariado. También muestra sus reticencias el consejero de Hacienda, Azpiazu, quién subordina todo a la productividad empresarial, es decir a que mantengan su tasa de beneficios.
La falta de más concreciones hace que, por el momento, sea un poco difícil definir una posición en relación a dicha propuesta. Pero la primera pregunta que puede hacerse cualquiera es: ¿Qué significa sin “aumento” de la jornada laboral? ¿Que si una persona que tiene una jornada semanal de 40 horas, y 8 horas al día, durante 5 días, van a ser 8 horas las que va a continuar trabajando durante los cuatro días? ¿Y que esto se llevará a cabo sin merma salarial?
Si esto fuera así, supondría tener una jornada laboral de 32 horas semanales. ¿Es lo que propone Idoia Mendia? O, por el contrario, lo que propone es que las 40 horas semanales se repartan en 4 días y, por tanto, su jornada laboral diaria sea de 10 horas. Si es así, sería falso afirmar que se mantienen los salarios sin aumentar la jornada de trabajo.
Los avances tecnológicos permiten aumentar la productividad de los trabajadores y trabajadoras reduciendo el tiempo de trabajo y la disposición de estos/as a disfrutar de más horas libres en su vida. Pero el objetivo de los empresarios es solo aprovecharse de la mejora de la productividad para sus beneficios, es decir para su cuenta de resultados económicos, importándoles poco a nada la mejora de la vida laboral y social de los y las trabajadoras.
Frente a los intereses y beneficios exclusivos de los empresarios siempre hemos defendido que una mejora de la productividad conlleve que los beneficios derivados de ésta repercutan en los y las trabajadoras, permitiendo que sus salarios se mantengan o mejoren y se reduzca su jornada laboral.
¿La intención real de Idoia Mendia es que, por ejemplo, se reduzca a 32 horas en cuatro días, 8 al día, lo que ahora son 40 en 5 días? Si es así, saludaríamos positivamente esa iniciativa. No estaría mal, menos aún si la voluntad es que el tiempo de trabajo laboral se reduzca y se aplique, aunque se lleve a cabo de formas distintas, a todos los y las trabajadoras. Una reivindicación histórica del movimiento obrero ha sido la de “trabajar menos para que trabajen todos y todas”. Claro está, sin merma de los salarios. Esa reivindicación está concebida para que todo el mundo tenga derecho a un empleo digno y se pueda disfrutar de una jornada más reducida. Cuando tantos jóvenes y mujeres se encuentran en paro o con jornadas parciales que no desean, una reducción generalizada de la jornada de trabajo, sin merma de los salarios sería, sin duda, un avance muy positivo.
5.- Movilizaciones y huelgas en Osasunbidea y Educación Pública en Navarra
A la huelga convocada en todo el sector público en Navarra el 15 de febrero, ahora toman el relevo la huelga de Osasunbidea el próximo día 23 y en la Educación Pública el 3 de abril. El miércoles fue ya escenario de concentraciones ante los Centros de Salud, con el objetivo de aglutinar al personal sanitario y a la ciudadanía en la defensa de la Sanidad Pública y lograr mejoras para todo el personal de Osasunbidea sin agravar desigualdades como está queriendo llevar a cabo el Gobierno de Navarra. Ayer día 18 se llevó a cabo a la tarde una manifestación en Iruña. Estas iniciativas son el preámbulo para la huelga que se celebrará el día 23 de este mes. El movimiento de pensionistas navarro decidió priorizar el apoyo y la participación en esta manifestación no pudiendo acudir por tanto a la que ayer realizamos el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria en Bilbao con el apoyo de sindicatos y otros agentes sociales.
El 3 de abril, le tocará el turno a la Educación Pública, que realizará también huelga denunciando la falta de respuestas del Gobierno y del Departamento de Educación a sus demandas, centradas en la mejora de las ratios de enseñanza y de los salarios, en la búsqueda de la estabilidad en sus puestos de trabajo y en disminuir la sobrecarga de trabajo que están sufriendo.
6.- Las multinacionales farmacéuticas se forraron con los fármacos para el Cocvid-19
Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac obtuvieron en 2021 y 2022 beneficios por unos 90.000 millones de dólares con sus vacunas y medicamentos contra el Covid-18, aunque gran parte de las investigaciones para la elaboración de sus fármacos estuvieron financiadas por las Administraciones Públicas. Para ellas la pandemia solo fue un negocio muy lucrativo.
Pfizer, BioNTech y Moderna aumentaron el precio de sus vacunas un 56% y un 73%, respectivamente, entre 2020 y 2022. Y han anunciado que cuadruplicaran este año sus precios en un intento de mantener esa gran rentabilidad.
Estas empresas favorecieron sus acuerdos con países de renta alta, pues les permitía vender las vacunas a un precio elevado, pero quienes gobiernan estos países o estados no pudieron o no quisieron poner límites a esos precios. Lo más grave, es que esos precios también se mantuvieron para los países más pobres o menos desarrollados, generándose una escasez en su compra, la no generalización de su utilización en buena parte de sus poblaciones y un endeudamiento enorme de estos países, ya con enormes dificultades económicas para atender a las necesidades de la inmensa mayoría de sus gentes.
7.- La mayoría del Parlamento de Gasteiz rechaza actuar de oficio en el reconocimiento de la RGI para las personas mayores en situación de pobreza de mantenimiento
El jueves se debatió en el Parlamento de Gasteiz la iniciativa presentada por EH Bildu para que la Administración actuara de oficio en el reconocimiento y aplicación de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) a las personas mayores de 65 años en situación de pobreza de mantenimiento. En la actualidad unas 12.000 personas pensionistas está acogidas al complemento de pensiones recogido en la RGI. Con esta propuesta, al menos otras 23.000 personas podrían acogerse a ese derecho con un costo no superior a 6 millones de euros. Personas que en su inmensa mayoría son mujeres mayores.
PNV, PSE, Elkarrekin-Podemos y PP votaron en contra de esa propuesta, con lo que las dificultades para que esas personas accedan a ese derecho son muy grandes. Esa actuación discriminatoria de no actuar de oficio se repite con todas aquellas personas, muchas de ellas también mujeres mayores, que tienen ingresos inferiores a 18.000 euros anuales y que podrían ver reducidos sus gastos farmacéuticos. Resulta difícil de entender que partidos de izquierda votaran en contra de esa propuesta, porque a pesar de ser parcial y limitada afectaría a algunas decenas de miles de personas mayores y pensionistas que padecen una situación de pobreza de mantenimiento, es decir que no disponen de lo básico para poder mantenerse y vivir con un mínimo de dignidad.
8.- Decretazo de Macron con su reforma de las pensiones
La decisión del Gobierno de Macron de saltarse la posibilidad de decisión de la Asamblea Nacional francesa sobre su plan de reforma de las pensiones, optando por la vía del Decretazo, es algo muy grave y nada respetuoso con el modelo democrático que dice defender. No tenía ninguna garantía de que su plan fuera aprobado por la Asamblea Nacional, habida cuenta de la falta de apoyos con que esperaba contar de los conservadores de Los Republicanos. Las movilizaciones masivas en las calles y la presión social, con una opinión ciudadana muy mayoritaria en contra de ese plan de reforma habían hecho que se abrieran grietas entre los diputados susceptibles de apoyar el plan del Gobierno.
La gravedad de optar por el Decretazo, dejando pulverizado el modelo democrático del que se jacta Macron y que con sus limitaciones acepta la mayoría de la sociedad francesa, hizo que el enfado generalizado y la radicalización de algunos sectores se expresara en la calle inmediatamente de tener conocimiento de la decisión del Decretazo. Hubo importantes movilizaciones, protestas y acciones con cierto nivel de radicalización por las calles de París y otras muchas localidades, con duras actuaciones de la policía y cientos de personas detenidas.
Las huelgas, paros, bloqueos, movilizaciones masivas llevadas a cabo en todo el Hexágono ‒incluido Iparralde‒ en las últimas semanas y días con la participación de trabajadores y trabajadoras, la juventud y otros sectores populares, con toda probabilidad se van a extender en los próximos días. Los sindicatos han decidido prolongarlas y convocar una nueva y gran jornada de movilización el próximo miércoles. Se trata de continuar la lucha contra la reforma de las pensiones y en defensa de la democracia.
