Noticias e informaciones de interés                                                   9 julio-2022

Divulgamos estas noticias del movimiento de pensionistas por su interés

1.- Sorteo de la Rifa organizada por el MPEH para el sostén de la Bizikleta Martxa

El pasado sábado fue el primer sorteo de la Rifa organizada por el Movimiento de pensionistas de Euskal Herria para el sostén de la Bizibleta Martxa. El número agraciado fue el 8.005, coincidiendo con las cuatro últimas cifras de la ONCE. Le correspondió a Nicolás Lopetegi, pensionista de Ibarra (Tolosa). Ahora podrá disfrutar con otra persona de un fin de semana en el Hotel Zelai Talasoterapia de Zumaya con cenas, desayunos y circuitos termales, a partir del 1 de octubre.

Y en el día de hoy, 9 de julio, se sorteará del mismo modo el segundo premio. A quien le toque podrá disfrutar con otra persona de la estancia de un día, entre el 5 y el 6 de noviembre de este año, en el Hotel Eguren Ugarte de Laguardia (habitación, visita a bodega, cata y cena).

2.- El sindicato de enfermería Satse alerta del cierre de mil camas en los hospitales de Hego Euskal Herria este verano

El día 4 el sindicato Satse alertó del cierre este verano de al menos 1.000 camas en los hospitales vascos (unas 900 en la CAV y otras 100 en Nafarroa). Denunció que esta decisión de las administraciones sanitarias llega cuando la repercusión de la séptima ola de la covid-19 es cada vez mayor en los centros y sus profesionales están totalmente saturados, exhaustos y sobrecargados.

Subrayó que el cierre de camas y la suspensión de miles de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas es algo especialmente grave cuando la séptima ola de la covid-19 está generando un progresivo aumento de la presión asistencial, tanto en urgencias, plantas y UCI, y las listas de espera en todos los servicios de salud se han disparado a cuenta de la pandemia. También denunció que los recortes aplicados durante el verano afectan a toda la atención primaria, con especial incidencia en las áreas rurales.

3.- Nueva concentración de denuncia en Gernika para que se instalen 72 camas en la tercera planta de su hospital

Llevan años demandando con protestas diversas que la tercera planta vacía del hospital comarcal ubicado en Gernika sea ocupada con 72 camas, exigiendo al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que, de una vez por todas, concluya con el proyecto inicial que recogía el compromiso de la instalación de esas 72 camas.

La falta de ese servicio conlleva el desplazamiento de pacientes con una salud ya muy deteriorada para ser atendidas. El jueves día 30, se llevó a cabo una nueva concentración ante el hospital en la que participaron agentes sociales, sindicales y sobre todo pensionistas de Busturialdea -comarca donde se ubica Gernika- Lekeitio y alrededores. Manifestaron que, a partir de septiembre, reanudarán las protestas y movilizaciones para tratar de resolver sin más dilación este problema.

4.- Documento del MPEH entregado a los grupos políticos del Parlamento de Gasteiz el 20-J

Coincidiendo con la salida de la Bizikleta Martxa Pensionista de la capital alavesa camino a Altsasu, el 20-junio una representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, de la que formaban parte miembros de la Bizikleta Martxa, hicieron entrega de un documento a representantes de todos los grupos políticos del Parlamento, salvo a Vox, titulado “Comparecencia del MPEH en la Comisión de Trabajo y Empleo sobre el Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión”. Debido a su extensión, sólo recogemos algunos extractos.

“El MPEH llevamos más de cuatro reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que responde a los criterios de suficiencia fijados en la Carta Social Europea. Una reivindicación que ha tenido reflejo en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que obliga al gobierno estatal a revisar este año la cuantía de las pensiones mínimas teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional”.

“Es en este marco en el que defendemos que las pensiones contributivas de la seguridad social garanticen una pensión mínima de 15.120 euros al año (1.080×14), transitoriamente 14.000 euros anuales, equivalentes al actual SMI, si bien, al ser los poderes públicos los destinatarios de la exigencia legal, corresponde a la CAV proveer a satisfacer este derecho de las personas pensionistas dentro de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía”.

“Para el MPEH, y para el conjunto del movimiento sindical, salarios y pensiones están intrínsecamente unidos, mediante una relación que consideramos positiva e irrenunciable. Es por ello que, para las pensiones mínimas estimamos que deben responder al 100% del SMI, tal y como se recogió en su día en la Ley Vasca 18/2008, para la Garantía de Ingresos”.

“Esta propuesta reivindicativa no tiene encaje en el actual Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. La realidad es que, a diferencia del conjunto de la población a la que se dirige la RGI, las personas pensionistas, especialmente las que perciben menos de 1.000 euros al mes, tenemos una característica singular, la de que, en general, dependemos de nuestras pensiones para vivir hasta morir. Somos personas que después de toda una vida laboral estamos recibiendo pensiones a las que tenemos derecho pero que no son suficientes pata tener un nivel de vida digno”.

“En Euskadi, según el 11º Informe Indicador Arope, hay más de 153.000 personas pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza, ingresando menos de 688 euros mensuales, y más de 72.000 en pobreza severa, con pensiones inferiores a 458 euros mensuales. La inmensa mayoría son mujeres, y muchas de ellas tienen más de 80 años y están solas. Sin embargo, según datos oficiales del GV a principios de este año sólo 12.933 de los 52.729 expedientes RGI activos corresponden a personas pensionistas”.

“Por todo ello, el MPEH hemos planteado a los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco el crear una ponencia para debatir la posibilidad de garantizar unas pensiones mínimas de 1.080 euros a las personas pensionistas vascas con un marco normativo propio fuera de la RGI”.

“En cualquier caso, en el marco del actual Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y Para la Inclusión, planteamos las siguientes cuestiones:

1.- Recuperar para las personas pensionistas lo establecido en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía y la Inclusión Social. Es decir, la renta máxima garantizada para las unidades de convivencia integradas por personas pensionistas será del 100% del SMI para las unipersonales, 125% del SMI para las unidades de dos personas, y 135% del SMI para las unidades de 3 o más personas.

2.– Además, en relación a las personas pensionistas, debe ser cada persona individual el sujeto de derecho a tener una renta suficiente en la vejez, independientemente de sus relaciones de convivencia, de conformidad con la Carta Social Europea y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

3.– Nuestro rechazo a que cuando haya más de una unidad de convivencia en un mismo domicilio, apliquen un índice corrector consistente en reducir la prestación en un 15%. Esta penalización persigue ahorrar sin considerar el grave problema de la vivienda que no tiene por qué ser deseada ni deseable. También, en línea con el objetivo de reducir requisitos y trabas burocráticas para que la cobertura sea lo más amplia posible, manifestamos nuestro desacuerdo con la exigencia de tres años de residencia efectiva cuando sería suficiente con un año como requisito para tener derecho tal y como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital”.

Este documento será la referencia con la que seguiremos los debates sobre el nuevo Proyecto de Ley de la RGI defendiendo públicamente los criterios y propuestas que en él se recogen.

5.- Importantes luchas obreras y sociales en Hego Euskal Herria

En los últimos meses y en especial en las últimas semanas estamos asistiendo en Hego Euskal Herria a numerosas luchas y movilizaciones obreras y sociales. Sólo por citar algunas de las más significativas, en el sector industrial tenemos:  La larga lucha de la empresa Alconza (Bizkaia) contra 25 despidos. En Gasteiz, Mercedes, la empresa industrial más grande de la CAV, movilizándose con huelgas y manifestaciones en defensa de la subida de los salarios con el IPC real y, sobre todo, contra la imposición del sexto turno de trabajo los sábados que la multinacional alemana les quiere obligar a hacer bajo el chantaje de una inversión de 1.200 millones de euros.  Las huelgas y manifestaciones por sus convenios en el Metal de Bizkaia y Araba que afectan a 50.000 y 20.000 trabajadores/as respectivamente. Huelgas y movilizaciones que, como la del metal de Bizkaia, tienen como referencia las que llevaron a cabo hace tres años y les permitió lograr un convenio provincial digno.

Acompañando a esas movilizaciones en el sector industrial se encuentran las largas luchas de las trabajadoras y trabajadores de las residencias, de Osakidetza, de sus servicios de limpieza, de las compañeras del sector privado de limpieza por sus convenios provinciales, la pelea de las trabajadoras del ciclo 0-3 ante el departamento de educación en Nafarroa, o las más recientes huelgas y movilizaciones en el sector de intervención social en Araba.

Todas ellas tienen como denominador común la mejora de sus salarios, acorde con la subida de la inflación o el IPC, y de sus condiciones laborales, frente a un intento por parte de las patronales de bloquear las negociaciones, imponer subidas salariales bastante por debajo del IPC real y recortar los derechos laborales, mientras ellos aumentan sus beneficios.

Más allá de los problemas y sus consecuencias en el sector industrial, el impacto de los problemas de los denominados sectores feminizados tiene una gran dimensión social por su relación directa con el cuidado, atención y limpieza que afectan a la gran mayoría de la sociedad. Problema que se acentúa por la discriminación salarial que como trabajadoras sufren. Aunque en los últimos años se ha atenuado un poco la brecha salarial aún se sitúa en torno a un 18% y esto, claro está, tendrá sus repercusiones negativas en sus futuras pensiones.

Hemos entrado en el verano, las luchas obreras y movilizaciones sociales tienden a disminuir y es difícil predecir a principios de septiembre cómo van a continuar éstas. Lo que sí sabemos es que la inflación va a continuar muy alta y que el Gobierno, la CEOE y CCOO y UGT están negociando un Pacto de Rentas que, de acordarse, traerá consigo pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones. Frente a este panorama, sin menoscabo de que las luchas de empresa o sectoriales continúan siendo muy importantes, son tales los ataques a los salarios, pensiones y servicios públicos, que afectan al conjunto de los trabajadores, trabajadoras, pensionistas y múltiples sectores populares, que no está de más pensar y trabajar para dar respuestas más globales, unitarias y contundentes en el otoño ante la situación a que nos enfrentamos.

6.-Recogida de firmas por la subida del IPC real, por una pensión mínima de 1.080 y contra la privatización de las pensiones

En los contactos habidos con las plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado hemos decidido dos iniciativas importantes para los próximos meses.

El día 15 de octubre realizaremos una movilización en Madrid en la cual escenificaremos la recogida de firmas realizada en los últimos dos meses y la forma de hacerlas llegar al Congreso. En esa movilización planteamos incidir de manera especial en el efecto que la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones está teniendo en las mujeres cuyas pensiones son injustamente más bajas que las de los hombres.

Con el objetivo de ampliar el número de firmas recogidas iniciamos el 7 de Julio, vía change.org, una campaña telemática que es complementaria a la ya realizada de manera física. Adjuntamos la dirección.

Así mismo planteamos que desde cada uno de los Pueblos y Comunidades del Estado se organicen movilizaciones masivas demandando la recuperación del poder adquisitivo de pensiones y salarios, incremento en función de los criterios de suficiencia de la CSE de la Pensión Mínima y el SMI y desarrollo de servicios públicos universales de calidad especialmente en el ámbito sanitario y la atención a la dependencia. Estas reivindicaciones básicas serán complementadas en función de lo que decidamos en cada espacio territorial.

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