Noticias e informaciones de interés 22-agosto-2020

1. – Las mentiras sobre el déficit y las cuentas de la Seguridad Social

Día tras día los voceros y medios de comunicación al servicio de los grandes empresarios, bancos y grupos financieros, especuladores… nos bombardean con grandes titulares sobre el “enorme” déficit de la Seguridad Social, cifrado en torno a los 100.000 millones de euros. Pero se olvidan y ocultan conscientemente las deudas del Estado a la Seguridad Social, por gastos que no correspondían a esta, sino a los presupuestos públicos, como las deducciones de cotización utilizadas para fomento del empleo.  

Diversos informes y estudios señalan que la deuda histórica del Estado a la Seguridad Social se sitúa entre 500.000 y 700.000 millones de euros. Pero por si algunos ponen en duda estas cifras, un organismo público fuera de toda sospecha, como es el Tribunal de Cuentas Públicas, ha hecho público recientemente un informe donde ratifican parte de esa deuda, desde los años 1989 hasta 2013.

El Tribunal de Cuentas calcula que entre los años 1989 y 2013, la factura que el Estado debe a la Seguridad Social es de 103.690 millones de euros. Deuda que se deriva del gasto sanitario y los complementos a las pensiones mínimas hechas a cargo de la seguridad social y que correspondían a prestaciones del estado. Además, el Tribunal de Cuentas al establecer esa cantidad de deuda no contempla los intereses que hubiera podido generar a la Seguridad Social. Simplemente corrigiendo con la inflación habida en todos estos años, esa cifra sería hoy bastante superior en euros actuales. 

A partir del año 2013, las fuentes de financiación de las prestaciones que atiende la Seguridad Social están separadas. Pero en la práctica las cosas han seguido igual y entre los años 2013 y 2019 la Seguridad Social ha seguido asumiendo gastos que son del Estado, todavía no contabilizados por el Tribunal de Cuentas. Se calcula que estos gastos están en torno a 120.000 millones de euros a añadir a los citados por el Tribunal de Cuentas.

La necesidad de una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, que haga devolver las deudas del estado con ésta, es una exigencia recogida en nuestra tabla reivindicativa y solicitada a través de los escritos dirigidos a los partidos políticos que forman parte del Pacto de Toledo. Pagar con los presupuestos públicos los gastos impropios de la Seguridad Social, mejorar salarios, especialmente el SMI hasta los 1.200 euros, crear más empleo de calidad y mejorar las cotizaciones serían más que suficiente para asegurar la financiación del Sistema y atender las demandas que reivindicamos. 

2. – Una vez más, las mujeres son quienes pagan el precio mayor de la pandemia

Según un informe del Instituto Vasco de la Mujer Emakunde, la desigualdad de género entre mujeres y hombres se ha puesto de manifiesto a la hora del precio y sufrimiento a pagar derivado del Covid-19. En él se señala que con la llegada de la pandemia las responsabilidades del trabajo doméstico y del cuidado en los hogares han aumentado, debido al cierre de centros escolares, la suspensión de servicios que facilitan la conciliación, al aislamiento domiciliario o a la interrupción de cuidados profesionales a las personas mayores. 

Y añade que, a estos trabajos que no son renumerados, hay que añadir las pérdidas en los trabajos renumerados. Han tenido que trabajar más de lo habitual, afrontando mayores riesgos sicosociales, sobre todo en sectores feminizados, como son, por ejemplo, la sanidad y los servicios socio sanitarios.  Aquí una gran mayoría está compuesta por enfermeras, auxiliares de enfermería, limpiadoras, cuidadoras, trabajadoras en residencias de personas mayores o auxiliares administrativas, que han debido soportar esas condiciones y que han sufrido el mayor número de contagios de la pandemia.

Y cuando nos referimos a la pérdida de empleos renumerados, no podemos dejar de constatar que entre los sectores económicos más castigados por la crisis están el comercio, la hostelería y los restaurantes, donde las plantillas están compuestas en gran parte por mujeres, buena parte de ellas con contratos temporales y parciales que han sido despedidas. Y todo esto sin referirnos a las empleadas del hogar, con contratos irregulares, o sin ellos. Los datos que se exponen a continuación muestran la presencia, el papel y el precio de contagios que han pagado en el ámbito sanitario y socio sanitario.  

Seis de cada diez personas diagnosticadas de covid-19 son mujeres.

Ocho de cada diez personas del ámbito sanitario que han estado salvando vidas durante la pandemia han sido mujeres.

Ocho de cada diez personas que trabajan en el sector de residencias son mujeres.

Nueve de cada diez de las personas cuidadoras no profesionales de dependientes son mujeres.

3. – Restablecimiento de la emergencia sanitaria en la CAV

Motivado por el amplio número de contagios y, derivado de ello, el elevado número de las personas ingresadas en los centros hospitalarios de la CAV, el gobierno de Gasteiz declaró a mediados de semana el estado de emergencia sanitaria, activando el Plan de Protección Civil bajo el mando único del Sr. Urkullu, con el objetivo de paliar o frenar la pandemia. El Gobierno de Nafarroa, con datos de contagios e ingresos hospitalarios también elevados, no ha decretado la emergencia sanitaria.

Según las informaciones oficiales de las instituciones, en las últimas semanas los contagios afectaban principalmente a las personas jóvenes y de mediana edad. Pero últimamente están reconociendo que los contagios están también afectando a personas mayores en residencias, sobre todo en Bizkaia. El jueves se contabilizaban 166 contagios (104 residentes –3 hospitalizados– y 62 trabajadoras/os)

Hace unos días, la ONG Médicos sin Fronteras, que ha venido colaborando en la atención a las personas en residencias, declaraba la situación deplorable con que se habían encontrado en unas 486 residencias de seis comunidades autónomas del estado español: personas mayores totalmente encerradas y aisladas en sus habitaciones, falta de atención, negativas a ser trasladadas, estando contagiadas por el covid-19, a centros hospitalarios para recibir un tratamiento médico adecuado…

La denominada segunda fase de la pandemia si bien no ha alcanzado la gravedad de la primera está dejando en evidencia que las residencias de personas mayores dependientes siguen sin ser centros seguros porque no se han tomado las medidas necesarias para ello. Las quejas que estamos recibiendo y las denuncias de las asociaciones de familiares de residentes nos confirman que no se ha realizado un plan de choque eficaz para garantizar la salud de las personas usuarias y trabajadoras ni se han tomado las medidas necesarias para adecuar la habitabilidad de los centros, incrementar el número de personal, evaluación continua de la evolución de la pandemia y dotación de medios de prevención. La alternativa sigue siendo el internamiento y la reducción de las visitas que han sido denunciadas por diversos médicos y especialistas, por los efectos psicológicos y de salud que esa situación genera.

Hace algo más de una semana en Donostia, Gipuzkoako Senideak volvía a denunciar la situación que estaban viviendo sus familiares residentes, exigiendo también la devolución de ciertos pagos por la falta de atención durante la pandemia y manifestando su solidaridad y exigencia de acuerdo de convenio y solución del conflicto laboral de residencias en Gipuzkoa, que estos días alcanzará los 250 días de duración. Una de las demandas centrales de las trabajadoras es el ratio de atención, es decir la necesidad de aumentar las plantillas en casi todos los estamentos de atención a las personas mayores, para que dispongan de una atención de calidad. Este mismo problema estuvo en la base de la larga huelga de Bizkaia, que sigue sin resolverse. 

Los gestores y patronales del sector, con el apoyo de la Diputaciones Forales, continúan mirando para otro lado o bloqueando cualquier salida a este problema. La solidaridad y el apoyo del movimiento de pensionistas a estas trabajadoras, así como a todos y todas las profesionales de la atención primaria y hospitales es muy importante, pues su mejora nos afecta a nosotros/as muy directamente por ser personas con cierta edad, o simplemente mayores.

4. – La valoración de la dependencia en Bizkaia también en manos privadas

En las últimas noticias comentábamos la necesidad de acortar el tiempo de valoración de la dependencia, pero abordar este tema exige entrar también en cómo se realizan las valoraciones de la dependencia.

Según el artículo 28.6 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, “los servicios de valoración de la situación dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas”.

Sin embargo, la Diputación de Bizkaia (claro exponente de la privatización de los servicios públicos) tiene un contrato con Médicos de Bizkaia-Bizkaiko Sendagileak S.L., “de Apoyo Técnico en el procedimiento de Valoración de la Situación de Dependencia y de la Orientación a recursos y/o servicios para apoyar el trabajo de campo para la emisión de los citados dictámenes de grado de dependencia”. En definitiva, los informes de valoración los realizan Médicos de Bizkaia-Bizkaiko Sendagileak S.L., y el órgano de valoración de la Diputación (formado por personal propio) firma el dictamen.

Esa empresa, creada por el Colegio de Médicos de Bizkaia, tiene ese contrato desde 2008, empezaron con 1 millón de euros y ya llevan cobrados más de 14 millones. Pero es que, además, esta misma empresa hace valoraciones de discapacidad desde 2013. Y el colmo ha sido cuando en 2015 se le hace un contrato para hacer seguimiento de los Planes de Atención Individualizada (PAI) algo que corresponde claramente a la Inspección. ¿Dónde se ha visto que quienes proponen el PAI sean quienes controlan su aplicación? Una vez más la Diputación de Bizkaia hace dejación de sus responsabilidades en el control y seguimiento de los servicios subcontratados.

¿Cuánto personal médico, cuantas trabajadoras/es sociales, … se podrían contratar con esos millones que se lleva Médicos de Bizkaia-Bizkaiko Sendagileak? Para reducir el tiempo de valoración de la dependencia, ¿vamos a darle más dinero público a esa empresa o vamos a exigir que, como dice la ley, la valoración se haga con personal público y que éste sea el necesario para recortar ese tiempo de valoración?

5. – Manifestación del MPB el 24 de agosto en Bilbao: Legal y segura

La manifestación cuenta con todos los requisitos legales y con la seguridad de cumplir escrupulosamente todas las medidas de seguridad sanitaria.  Acudiremos con las mascarillas, las manos limpias, con la distancia de seguridad sanitaria y en cuatro hileras. Invitamos a participar en la misma a todas las personas y colectivos sociales interesados en defender una salud pública de calidad y unas pensiones públicas dignas para hoy y las próximas generaciones. Comenzará a las 12:00 horas en la Plaza Elíptica y culminará en el Arenal.