Noticias e informaciones de interés                            23-septiembre-2023

1.- Reunión del MPEH con la Comisión de Asuntos Sociales y de Juventud del Parlamento Vasco el día 27

El próximo miércoles día 27 se celebrará una comparecencia de una delegación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria con la Comisión de Asuntos Sociales y de Juventud del Parlamento Vasco. Comparecencia que estaba solicitada desde hace varios meses.

El objetivo de esta reunión es abundar en la explicación ante la citada comisión de un amplio informe elaborado por el MPEH ‒del cual se ha hecho ya entrega a todos los grupos políticos parlamentarios‒ en el que se destaca que en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) hay unas 170.000 personas pensionistas, en su gran mayoría mujeres, que tienen una pensión inferior ‒o muy inferior‒ a 1.080 euros, y que el costo del complemento de las pensiones mínimas a esa cantidad equivale  aproximadamente a un 2% del presupuesto del gobierno de Gasteiz, es decir a dos euros de cada cien presupuestados.

El gobierno dispone de unas cuentas económicas muy saneadas, con una mejora muy importante de la recaudación a lo largo de este año, que se viene a sumar a las reservas de partidas no gastadas que dispone de años anteriores. Esto le permite poder contar para el próximo año con un amplio y saneado presupuesto económico y destinar sin problemas el dinero necesario para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros. Partida económica que desde hace varios años venimos reclamando el MPEH, que podía haber sido establecida sin ningún tipo de sobresalto presupuestario, y que si no se ha llevado a cabo ha sido por falta de voluntad política del gobierno de coalición del PNV y PSE, presidido por el lehendakari Urkullu.

La propuesta del MPEH es que esta demanda sea llevada de inmediato al Parlamento Vasco y pueda ser aprobada y aplicada en los presupuestos generales de la CAV del 2024. Llevamos años reivindicando esta petición de complemento de las pensiones mínimas a 1.080 euros ‒cantidad, por cierto, muy inferior hoy día a la que corresponde siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea‒ y no podemos asistir a posibles dilaciones formales parlamentarias, que continúen retrasando el reconocimiento de esta demanda. La responsabilidad principal de que se asuma y se aplique corresponde a los partidos que forman parte del gobierno. Pero nuestra invitación es a todos los partidos a que se comprometan y defiendan con responsabilidad esta petición en el Parlamento Vasco.

2.- Piden al Gobierno de Navarra que complemente las pensiones mínimas hasta 1.080 euros

En una rueda de prensa realizada el martes, diversos colectivos pensionistas, sindicatos y otros agentes sociales, manifestaron su exigencia de que los Presupuestos Generales de Navarra de 2024 tengan una partida para complementar las pensiones hasta 1.080 euros en 14 pagas y anunciaron que llevarán a cabo una manifestación el 11 de noviembre a las 17:30 horas desde el Baluarte, en Iruña.

Las portavoces de este movimiento promovido por la Iniciativa 1.080 Orain/Ahora, June San Millán y Paula García explicaron que tienen previsto reunirse con los diferentes grupos políticos del Parlamento Foral para que apoyen esta partida presupuestaria. Destacaron que actualmente afectaría a unas 32.000 personas pensionistas, que verían incrementada su pensión mínima de 743 euros, a la de 1.080, de las cuales el 66% son mujeres. Cuantifican que la partida presupuestaria sería de 60 millones de euros.

Apoyan esta iniciativa: CGT, COESPE Navarra, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta (EHNE, ELA, Ernai, ESK, LAB, Movimiento Feminista de Navarra, Nafarroako Pentsionistak Martxan, Oneka, Sasoia, Steilas), Nafarroako Pentsiodunen Mugimendua Plataforma Navarra de Salud, REAS Navarra (Economía Social y Solidaria).

3.- Convocatoria de dos días de huelga en el sector público de la CAV

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESK han convocado dos jornadas de huelga, los días 25 de octubre y 19 de noviembre, en el sector público de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Tienen el 83% de la representación sindical en el conjunto del sector, que agrupa a unos 150.000 trabajadores/as, buena parte de ellos/as ocupados/as en Osakidetza y Educación.

Denuncian la pérdida de calidad en todos los servicios públicos, que desde hace diez años no se ha renovado el convenio colectivo y consideran inadmisible la eventualidad y precariedad en el conjunto del sector. Asimismo, denuncian que la eventualidad y las jornadas parciales de trabajo se ceban en los sectores feminizados, con una brecha salarial entre hombres y mujeres que alcanza al 25%. Y se oponen a las crecientes privatizaciones, más aún cuando en la actualidad alrededor de 100.000 trabajadores/as forman parte de contratas en el sector público. 

Ante este cúmulo de problemas señalan que no tienen otra opción que protestar y movilizarse, con unas peticiones concretas: subida del 10% en los salarios para el 2024, y un compromiso para recuperar otro 10%, ante la pérdida del 20% que han tenido en su capacidad adquisitiva en los dos últimos años; no admitirán más privatizaciones en el empleo y que el que está privatizado sea hecho público, garantizando la subrogación de los trabajadores/as; que la eventualidad se reduzca por debajo del 8% y que las plantillas se rejuvenezcan.

Asimismo, plantean acordar medidas para limitar las cargas de trabajo, garantizar una formación adecuada y reducir el papel que tienen las mutuas en la gestión de la salud de las y los trabajadores públicos. De igual modo, acordar planes que garanticen una verdadera y eficaz euskaldunización.

La mejora de los derechos laborales de los y las trabajadoras y el aumento de las plantillas son elemento fundamental para la calidad de los servicios públicos. Pero la dimensión social y política de los servicios públicos para el grueso de la sociedad, más aún cuando estamos asistiendo a crecientes procesos de privatizaciones y recortes en Euskal Herria y en todo Europa, exige y plantea cambios estructurales que solo pueden conseguirse con amplias movilizaciones y alianzas sociales. Y una vez más, no podemos dejar de recordar que el grueso de los servicios socio-sanitarios (residencias, atención domiciliaria, centros de día, cuidados a los mayores en general…) corresponde a instituciones públicas como las Diputaciones, que abonan grandes cantidades de dinero por medio de las concertaciones a entidades privadas que los gestionan y explotan obteniendo suculentos beneficios. 

Para el mundo pensionista y las personas mayores ampliar y mejorar los servicios públicos es no solo importante, sino imprescindible para mejorar la calidad en todos los aspectos de su vida. En este sentido, de un modo especial, que los servicios socio-sanitarios sean públicos es una demanda que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria venimos defendiendo y exigiendo sin descanso.

4.- Suma y sigue: el BCE aumenta los tipos de interés al 4,5%

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido, hace unos días, subir sus tipos de interés por décima vez consecutiva, pasando del 4,25% al 4,5%, supuestamente para frenar el aumento de los precios y pese a que la economía se esté estancando.

La práctica totalidad de los sindicatos tanto en Euskal Herria como en el conjunto de Europa denuncian que, gracias a la decisión del BCE, los únicos ganadores son los ricos accionistas de los grandes bancos que han obtenido grandes beneficios y repartido enormes dividendos a sus accionistas, gracias a las subidas de los tipos de interés impuestos por estos.

En efecto, con la subida ininterrumpida de los tipos de interés del BCE desde julio del 2022, la banca en general viene conociendo un aumento escandaloso de sus beneficios, obtenidos en buena parte de las hipotecas a tipo variable que han sufrido de media un aumento de 300 a 400 euros al mes en el pago de las mismas. En Hego Euskal Herria hay unas 155.000 familias o personas con ese tipo de hipotecas, con lo que es fácil deducir la cantidad de cientos de millones de euros al año que se chupan los bancos a cuenta de esas hipotecas. 

En sentido contrario, está el aumento de gastos que se ven obligadas a sufrir las familias o personas hipotecadas, sobre todo aquellas que cuentan con ingresos medios o bajos, que se han visto en la necesidad de tener que hipotecarse para adquirir una vivienda. Obviamente, si se promoviera de un modo amplio el alquiler social de viviendas a unos precios asequibles y populares, mucha gente, sobre todo joven, no se embarcaría en la compra de viviendas con unas hipotecas que les van a ahogar por vida.

El argumento con que el BCE pretende justificar esas subidas es el de contener la subida de la inflación o de los precios. Pero en la zona euro en agosto se mantiene en torno al 5,5 % (aunque en el Estado español es del 2,6%, un poquito más alta ‒entre una y dos décimas‒ en Hego Euskal Herria) y lo que aún es peor, el aumento interanual de los precios de la cesta de la compra continúa sufriendo unos aumentos mucho mayores, situándose en la CAV y en Nafarroa entre el 10 y el 11%.

Por otro lado, la economía se está ralentizando con las consecuencias que en el empleo se pueden producir. Otro problema es que, la ralentización de la economía capitalista que a ellos les preocupa no es la que a la mayoría de la sociedad importa, que es aquella que debe estar dirigida a producir bienes y servicios para la mayoría de la ciudadanía, cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente y la vida en el planeta.

5.- Novedades sobre el complemento de maternidad

Varias sentencias del Tribunal Supremo han ampliado las posibilidades de cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica que complementa las pensiones contributivas de viudedad, jubilación e incapacidad permanente a las que se haya accedido a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se hubieran tenido dos o más hijos o hijas, biológicos o adoptados.

Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 2019 los hombres pueden ser beneficiarios de ese complemento. Además, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2023 ha resuelto que ese complemento puede ser percibido simultáneamente por hombres y mujeres, con carácter retroactivo desde el momento de acceso a la pensión, si bien en otra sentencia de 2023 el complemento de maternidad que cobre el padre se reduce si la madre cobra el plus por brecha de género. 

Este complemento es incompatible con el nuevo complemento para la reducción de la brecha de género que sustituye al de maternidad a partir del 4 de febrero de 2021 ‒que se percibe a partir del primer hijo/a‒ pudiéndose optar por percibir uno u otro complemento. Sin embargo, el INSS no ha abonado “de oficio” el complemento de maternidad como hubiera debido e incluso, en algunos casos, no ha respondido a las solicitudes presentadas. Pues bien, el antes citado Tribunal de la Unión Europea ha resuelto este mes de septiembre que, teniendo en cuenta que sus sentencias deben ser cumplidas no solo por los tribunales estatales, sino por todas las administraciones, no solo el complemento debe ser aplicado de oficio, sino que el INSS tiene obligación de indemnizar por los perjuicios causados por el retraso, lo que incluye los gastos legales por la posible reclamación. Está en debate jurídico si es aplicable un plazo de prescripción de 5 años para las reclamaciones.

En un principio, el complemento de maternidad estaba concebido para paliar la brecha de pensiones sufrida por las mujeres debido al tiempo dedicado a cuidar a sus hijos/as. Sin entrar en otras consideraciones, el hecho real es que, al percibirse en proporción a la pensión (5% por dos hijos/as, 10% por tres y 15% por cuatro o más), en la medida en que los hombres perciben de media pensiones de mayor cuantía que las mujeres, el complemento de maternidad ha aumentado la brecha de género de las pensiones.   

6.- Recaudación: 11.360 millones de euros hasta agosto en la CAV

Son 732 millones de euros más que los recaudados por las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el mismo periodo del año pasado hasta agosto. Suponen un crecimiento del 6,9%, superando así el 5% previsto para toda la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Como siempre, el porcentaje mayor de recaudación corresponde al IRPF, que lo abonamos en su inmensa mayoría los trabajadores/as y los/las pensionistas. Y no solo se trata del porcentaje mayor, sino que es el que en mayor proporción crece, este año también un 9% con respecto al mismo periodo, de enero a agosto, del año pasado.

La recaudación del IVA, que también sostenemos y soportamos en su gran mayoría los trabajadores/as, pensionistas y sectores populares, permanece este año estancada. Pero no es porque el IVA que pagamos por los altos precios de consumo haya disminuido, sino porque el gasto general en consumo ha disminuido porque los salarios y las pensiones han perdido capacidad adquisitiva y el consumo tanto individual como colectivo de las clases populares, es menor.

7.- Logran parar el desahucio de un compañero pensionista de 68 años en Galdakao

Patxi, perteneciente al movimiento de pensionistas de Galdakao, de 68 años, hace años solicitó un crédito hipotecario a BBK (ahora Kutxabank) para comprar una vivienda, y, como no ha podido hacer frente, Kutxabank ha pretendido desahuciarlo. Después de un largo proceso de protestas de vecinos, con el apoyo de varios colectivos, entre ellos del sindicato de la vivienda y del movimiento de pensionistas del pueblo, han conseguido que no se proceda al desahucio.

El martes de la semana pasada dieron una rueda de prensa popular, felicitando a los vecinos y vecinas que con sus protestas han hecho posible esta pequeña pero significativa victoria. El intento de desahucio de este compañero pensionista no es un caso aislado, muchas personas ‒entre ellas pensionistas y mayores‒ se están viendo confrontadas a tener que dejar sus viviendas y verse en la calle entre el cielo y la tierra, producto de la voracidad de los bancos o fondos buitre. La lucha contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna para todas las personas cobra cada día más importancia. Y no sólo hay que oponerse y denunciar el comportamiento de esas grandes entidades privadas, que solo buscan obtener grandes ganancias especulando con esas viviendas, sino que hay que exigir a los gobiernos y a todas las instituciones públicas que tomen medidas para impedir estas actuaciones y asegurar unas viviendas dignas a todas las personas.