Noticias e informaciones de interés 26-agosto-2023
1.- Nutrida manifestación pensionista en la Aste Nagusia de Bilbao
Cerca de 3.000 personas participaron el lunes en la manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, que arrancó a las 12 del mediodía de la Plaza Elíptica y culminó en el Ayuntamiento.
Fue una manifestación participativa, alegre, festiva y muy colorida, en la que tomaron parte sobre todo pensionistas de Bilbao, pero con una asistencia significativa de compañeros y compañeras de otros pueblos de Bizkaia y también de otras localidades de Hego Euskal Herria. Estuvo encabezada por un grupo de txistularis y en ella se pudieron ver un buen número de pancartas y, sobre todo, banderolas, pañuelos y multitud de petos verdes del movimiento de pensionistas con la cifra del 1.080, símbolo de la demanda de una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas.
La pancarta que abría la manifestación resumía el objetivo principal de la misma: “1.080 euros pensión mínima. Recorte de pensiones NO”. Pero hubo otras, que forman parte también de demandas principales del movimiento de pensionistas, que hacían referencia a la exigencia de “residencias públicas de calidad” y “otro modelo de cuidados”.
También tomaron parte en la manifestación grupos de konparseros y de pensionistas venidos de otras comunidades autónomas cercanas a Euskal Herria, tales como Asturias (de donde vino un autobús), Cantabria y Burgos. Los saludos y agradecimientos solidarios a estos compañeros y compañeras fueron muy notables y emotivos.
El cierre de la manifestación se hizo con la lectura de un corto comunicado en euskera y castellano, unos bersos de Arkaitz Estiballes Ormaetxea y la canción del Txoria-txori de Mikel Laboa al son del grupo de txistularis. A continuación, grupos de pensionistas visitaron diversas txosnas degustando pintxo-potes a un precio reducido para pensionistas.
En el comunicado se puso de manifiesto el interés de hacer llegar en la Aste Nagusia ‒como en las demás iniciativas y movilizaciones que se llevan a cabo‒ al máximo de la ciudadanía la demanda, en especial, de la pensión mínima de 1.080 euros. Asimismo, se resaltó que, a partir del lunes 4 de septiembre, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria retomará sus concentraciones habituales en la mayoría de las capitales y pueblos de Hego Euskal Herria. Concentraciones que irán acompañadas de otras iniciativas de movilización para exigir sin más dilación a los parlamentos y gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa el complemento a la pensión mínima a 1.080 euros.
De igual modo, ser manifestó que el movimiento de pensionistas vasco retomará el impulso de nuevas iniciativas conjuntas con plataformas y movimientos de pensionistas de otras Comunidades y Pueblos del resto del Estado, para demandar al nuevo gobierno central que se constituya, la reivindicación de unas pensiones públicas y dignas, en especial la de 1.080 euros en 14 pagas.
2.- Protestas en diversas localidades frente a los macroparques fotovoltaicos o eólicos
La plataforma popular Salvemos el Perdón 4.0, formada por vecinos y vecinas de Valdizarbe y de la ladera norte de la sierra del Perdón (Nafarroa), ha conseguido una victoria importante, logrando que se deniegue la construcción de dos macroparques fotovoltaicos en sus terrenos municipales.
La empresa Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico pretende promover varios macroproyectos fotovoltaicos, entre ellos Serena 1 y Serena 3 en terrenos de Adiós y Muruzabal, y que recibieron la declaración de impacto ambiental favorable por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra publicada en el BON el pasado 30 de marzo. Pero el pasado 8 de julio el Departamento de Ordenación del Territorio y Paisaje rechazó su construcción en el marco de la legislación foral.
La plataforma Salvemos el Perdón 4.0 venía desde hace tres años rechazando los planes de la empresa Solaria para instalar tres parques solares, colindantes entre sí, en los términos de Adiós y Muruzabal con una extensión equivalente a 400 campos de futbol.
Sin duda, la decisión de denegar la construcción de los dos macroparques fotovoltaicos es una auténtica victoria, al igual que la que consiguieron antes los vecinos y vecinas de Valdizarbe al detener, a través de un amplio movimiento social, la instalación de los cuarteles militares del Perdón en Uterga.
En Balmaseda (Bizkaia), sin estar aprobado definitivamente aún el nuevo Plan Sectorial Territorial de Energías Renovables en Euskadi, la empresa Blue Viking Barbara S.L ha presentado licencia para promover el proyecto de dos parques macroeólicos con un total de 11 molinos de 200 metros o más de altura y un total de 85,6 megavatios de potencia bruta en terrenos de la localidad y que afectaría a la zona montañosa de la sierra de Ordunte entre los montes de Kolitza y la Garbea. Además de Balmaseda se verían afectados por las instalaciones auxiliares para ponerlas en marcha otros nueve Ayuntamientos: Artzentales, Sopuerta, Zalla, Güeñes, Alonsotegi, Arrigorriaga, Ugao y Basauri en Bizkaia y Okondo en Araba, que sufrirían las consecuencias de degradación ambiental, económica y social del entorno. El Ayuntamiento de Balmaseda se ha opuesto frontalmente y ha presentado 17 alegaciones que aún no han tenido respuesta.
Más allá del Ayuntamiento el domingo 13 de agosto tuvo lugar la primera asamblea popular de la plataforma ciudadana Enkarterrin Parke Eolikorik Ez con asistencia de más de ochenta personas que convocó a una concentración en el Kolitza el día 16, con asistencia de unas 150 personas y a una concentración y una manifestación que recorrió Balmaseda con cacerolas y pitos el mismo día a las 20 horas, con asistencia de 250 personas. Se ha acordado participar en la citada plataforma de Las Encartaciones. Su intención es continuar con las concentraciones y movilizaciones hasta conseguir que no se lleve a cabo ese proyecto, estando ya prevista una concentración masiva el próximo de octubre con la celebración en el Kolitza de la fiesta este año de los montes bocineros de Bizkaia.
La importante y rápida respuesta de la población tiene una base importante en el sentimiento extendido en la población de que, tras el desmantelamiento industrial y el enorme desarrollo del desempleo de la comarca, el Gobierno Vasco considera a Las Encartaciones como una zona a sacrificar. Con estos proyectos se vería privada del recurso al turismo sostenible centrado en la montaña y el paisaje. Varios compañeros y compañeras del movimiento de pensionistas del pueblo están teniendo una participación activa en esas protestas.
Sin duda, es imprescindible promover las energías renovables frente a las energías basadas en materias fósiles, que generan grandes cantidades de CO2 y el cambio climático con sus graves consecuencias de calentamiento global, pero esto no puede hacerse de cualquier modo, sin tener en cuenta los impactos ambientales, los lugares en que se van a situar, el conocimiento y la participación de las instituciones locales y de las poblaciones en que se van a llevan a cabo, etc.
Utilizar el argumento de la necesidad urgente de promover esas energías renovables, solamente en interés de las grandes empresas promotoras no está en absoluto justificado. Es cierto que, sobre todo, la Comunidad Autónoma Vasca es muy dependiente de energías fósiles procedentes de otros territorios. Pero no todo vale: lo más ecosocial es que se reduzca el consumo y que esas energías se produzcan y destinen a escala lo más local posible y con participación de la ciudadanía. Las protestas ciudadanas y populares en muchas localidades en que se pretenden imponer injustificadamente esos proyectos es la mejor forma de corregir e impedir que se instalen de cualquier modo. De poco servirá unas cuantas instalaciones para producir un poco de energía limpia, si no se no hay cambios sustanciales en el modelo de producción, distribución y consumo actual.
3.- PSOE y Unidas Podemos delegan en la AIReF la revisión de la estabilidad del sistema de pensiones
La reforma de las pensiones aprobada por el PSOE y Unidas Podemos ha delegado en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la revisión de la estabilidad del sistema de pensiones, y concretamente es el organismo que inspeccionará si las personas jubiladas pueden acceder o no a aumentos de las cuantías.
De esta forma, y de manera obligatoria a partir de marzo de 2025, la AIReF publicará su informe de evaluación cada tres años con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calculará el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo. Para ello, utilizará los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea. Pero ya antes de 2025, elaborará informes previos de “advertencia” cuando estime que la progresión hasta esa fecha tampoco permita la “sostenibilidad” prevista.
La AIReF es un organismo que se pretende “independiente” y puramente “técnico”. Fue creado bajo el mandato de Mariano Rajoy y a instancias de la Troika y tiene como finalidad dar una apariencia “neutral” a las políticas de control del gasto y del déficit de las arcas públicas, que además “sugiere” y sirve como referencia a la hora de tomar medidas gravosas, tales como recortes en las jubilaciones, reducción de la participación pública en la economía, etc.
El Consejo asesor de este organismo está conformado por tecnócratas asociados al sistema financiero, provenientes la mayoría de la Asociación Española de la Economía, un lobby académico de corte liberal, heredero del Instituto de Estudios Fiscales del franquismo y que tiene como bandera la economía de mercado.
Nada bueno cabe esperar de un organismo de esta naturaleza. No solo se apoya en las medidas de recortes de los gastos sociales en general y de las pensiones en particular previstos por las instituciones de la Unión Europea, sino que es un instrumento de las élites económicas y empresariales del Estado español para reducir pensiones y gastos sociales, con informes y propuestas que solo responden a los intereses de esa minoría elitista en contra de la mayoría de la sociedad. La denuncia de las medidas de recortes que vaya proponiendo y la pelea contra su aplicación va a tener que ser permanente. Que el nuevo gobierno que se forme considere “razonables” y “justificadas” las propuestas que vengan de AIReF no hará sino complicar aún más las cosas, creando mayores dificultades a la resistencia social y política a las mismas.
4.-La convocatoria de Huelga Feminista General para el 30 de noviembre presente en la Aste Nagusia de Bilbao
A pesar del sofocante calor del pasado miércoles, cientos de mujeres del movimiento feminista, pensionistas y de diferentes comparsas y organismos sociales realizamos la Kalejira feminista para difundir la convocatoria de Huelga Feminista General para el 30 de noviembre.
Ante las altas temperaturas, realizamos un recorrido por las diferentes txosnas sin salir del espacio festivo. Y al final se dio lectura a los textos que se iban a leer ante el Ayuntamiento de Bilbao y la Oficina de Extranjería.
Se denunció que los cuidados se “mal” resuelven en el ámbito privado de los domicilios, de modo que recaen en las mujeres, y, en muchos casos, además, las familias contratan a otras mujeres como empleadas de hogar.
Las mujeres migradas y/o racializadas sostienen una parte importante de los cuidados de las personas mayores en los hogares vascos. Sin embargo, las políticas migratorias europeas, la ley de extranjería del estado español, el racismo y la violencia institucional y social se entrecruzan y abandonan a las personas migradas a años de economía sumergida, desprotección y negación de derechos fundamentales.
Frente a esta situación, se denunció que el Ayuntamiento de Bilbao tiene la responsabilidad de desarrollar servicios públicos, universales y de calidad para atender a las necesidades de cuidado de bilbaínas y bilbaínos.
Las personas mayores que viven solas, en su mayoría mujeres, deben recibir los cuidados que necesitan desde los servicios sociales municipales. En este sentido, el ayuntamiento debe garantizar un Servicio de Ayuda a Domicilio que atienda a las necesidades reales de las personas mayores que viven en su domicilio, que sea gratuito y gestionado directamente por el Ayuntamiento.