Noticias e informaciones de interés                           27-enero-2024

1.- Penalizaciones injustificadas por jubilaciones anticipadas con más de 40 años de cotización

Según reconoce el gobierno, tomando datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en el Estado español hay actualmente 865.439 personas (varias decenas de miles en la CAV y Nafarroa) jubiladas anticipadamente que sufren importantes recortes por vida en sus pensiones a pesar de haber cotizado 40 o más años.

El grueso de esas jubilaciones anticipadas ha sido forzado por causas de reestructuraciones, cierres de empresas, etc. Una parte de ellas lleva más de 20 años jubiladas y sufriendo desde que se vieron obligadas a abandonar sus puestos de trabajo unas penalizaciones de un 30% o más en sus pensiones hasta que se mueran, a pesar de haber cotizado a la seguridad social 40 o más años.

ASJUBI/40 (asociación que agrupa a un número importante de personas jubiladas anticipadamente) lleva años luchando para que sean anuladas esas penalizaciones. Han recibido apoyo de diversas instituciones autonómicas y partidos, así como promesas de que se iba a reconsiderar esa situación, al menos en parte. Pero se sienten muy defraudados.

Según fuentes de ASJUBI/40, en los años 2023 y 2024 la jubilación anticipada forzosa implica un recorte del 26% a quienes acreditando 41 años y 6 meses cotizados (pero menos de 44 años y 6 meses) se ven obligados a jubilarse cuatro años antes de la edad ordinaria, es decir, con 61 años. 

Y si el retiro anticipado forzoso se produce con 63 años, la disminución será de un 13% para carreras largas de 41 años y seis meses de cotizaciones sociales, y del 12% en el caso de personas que acumulen 44 años y 6 meses o más de cuotas.

Después de tantos años de pelea para que las personas jubiladas anticipadamente ‒más aun las que se han visto forzadas a hacerlo‒ con 40 o más años de cotización no se vean penalizadas, representantes de ASJUBI/40 denuncian “su enorme decepción con la reforma de las pensiones, en su primera y segunda fase, ambas diseñadas por el entonces ministro José Luis Escrivá, y sancionada por los sindicatos UGT y CCOO”. Y visto que han perdido las esperanzas en que el gobierno del Estado atienda a sus demandas hace algún tiempo decidieron plantear el problema ante las Instituciones Comunitarias, donde el Parlamento Europeo ya ha admitido a trámite su queja contra el Estado español por los coeficientes reductores en largas carreras profesionales. 

Señalan también que la legislación española les discrimina y les aplica un “agravio comparativo”, frente a colectivos como funcionarios o policías que si pueden jubilarse sin penalizaciones a los 60 años con poco más de 35 años de cotizaciones. 

En nuestra opinión cualquier trabajador o trabajadora que ha estado trabajando y cotizando durante 40 años debería tener derecho a jubilarse con el 100%. Por ello, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria viene haciendo suya y defendiendo las demandas de ASJUBI/40.

2.- ¿Que está detrás de la carestía de la vida? La responsabilidad de los márgenes empresariales

La semana pasada se celebró en Iruña una mesa redonda organizada por SASOIA (colectivo pensionista que participa en las movilizaciones del Movimiento de Pensionistas) en la que se abordó el origen de la actual carestía desbocada de la vida y sus consecuencias y en la que quedó en evidencia la responsabilidad de los márgenes empresariales en ese encarecimiento disparado y sus demoledores efectos en jóvenes y pensionistas. En la misma, intervinieron Juan Carlos Longas, profesor de Economía en la UPNA, y Edurne Larrañaga, licenciada en ciencias políticas y miembro de la fundación Ipar Hegoa.

Longas se centró en los orígenes de la inflación, señalando que se trata de un problema muy duro, grave, que afecta de manera desequilibrada a las personas vulnerables. Un problema devastador por sus efectos potentes y desiguales.

Destacó que venimos de un periodo de estabilidad en el que los márgenes empresariales se asentaban en la reducción de los costes de producción. Una situación que cambió a causa de la pandemia de la Covid 19, la dislocación de las cadenas de aprovisionamiento y la guerra de Ucrania, con un impacto en los precios de combustibles, fertilizantes y alimentos. Circunstancia que ha sido aprovechada por las empresas para ampliar sus márgenes recurriendo a la subida de los precios. Esto ha tenido un mayor impacto en las rentas bajas frente a las altas, situando en las primeras a los/las más jóvenes por la precariedad laboral y a las personas mayores.

Las medidas adoptadas para frenar la inflación, como las ayudas directas, subvencionar los carburantes, reducir el IVA de los alimentos o una política monetaria restrictiva, no han terminado de resultar efectivas. La inflación “es una pelea por las rentas”, en la que gana el capital que en Nafarroa se lleva el 53% en el reparto de la renta, frente al 47% de los salarios. 

Por su parte, Edurne Larrañagaanalizó las consecuencias de la carestía de la vida. Señaló que las previsiones económicas apuntan a una recesión en 2024 en la eurozona, lo que afectará a las políticas económicas que se lleguen a aplicar en la UE (Unión Europea).

Destacó la elevada precariedad, que en Hego Euskal Herria se traduce en que el 53,2% de las personas entre 25 y 64 años, no “tienen ingreso para una vida digna”. Además, las personas pensionistas “ensanchan el índice de precariedad”, ya que el 33% tienen una pensión igual o inferior a los 1.080 euros, del que el 68% son mujeres. Otra consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, ante el elevado coste da la vida.

Citó la privatización de los servicios públicos, ámbito en el que subrayó que las residencias privadas llegan a percibir “más financiación de las administraciones que las públicas”. En cuanto al consumo, destacó que ha bajado en los hogares, ya que cada vez hay que destinar más porcentaje de los ingresos a cuestiones como la vivienda, electricidad y a los alimentos y bebidas no alcohólicas en menor medida. Esto se ha traducido en que “consumimos menos a pesar de que gastamos más” a causa de las desmedidas subidas de precios y que haya descendido el gasto en ocio, cultura, vestido y calzado.

De la vivienda dijo, que el derecho a la misma se ha convertido en un “artículo de lujo”, de tal manera que se “se necesitan más años para adquirir una vivienda en propiedad”, que en estos momentos asciende a 43 años, dos años más que en 2019 en Nafarroa. En el alquiler, la situación no es mucho mejor, ya que cada vez se destina más parte del salario al mismo, hasta llegar al 37%.

Terminó poniendo el acento en que crecen las desigualdades, ya que “el peso de los salarios baja respecto al PIB, de tal manera que el riesgo de la pobreza se sitúa en el 17,1%, lo que supone una “subida del 20% desde 2008”.

3.- “2024 seguirá siendo un año de lucha, no vamos a parar”

Con ese eslogan la plataforma ciudadana 24/7 de Urretxu-Zumárraga ha reiniciado sus protestas y movilizaciones. Llevan tres años de lucha para conseguir que funcione un servicio de Urgencias las 24 horas del día durante los siete días de la semana en la comarca de Urola Garaia. La reducción de dicho servicio durante la pandemia permanece desde entonces y en este año 2024 la plataforma tiene claro que sus “frentes no solo siguen abiertos”, sino que se multiplican y amplían de Urgencias a la propia Atención Primaria,

Denuncian que primero fue la Covid-19, ahora la falta de profesionales…, pero que en origen nos encontramos ante el detrimento de la sanidad pública. En lugar de defenderla como un derecho fundamental y universal para todo el mundo, se está convirtiendo en un factor de “desigualdad social”, quien tiene dinero puede acceder a una atención privada, quien no, se enfrenta a una atención pública donde los recortes van en aumento. Al mismo tiempo, hay quienes hacen negocio con la privatización creciente de la atención sanitaria.

Destacan que la realidad no miente y nos muestran listas de espera para ser atendidos en consulta, la suplantación de la atención presencial por la telefónica en muchos casos y jubilaciones de facultativos que no son repuestos como ha sucedido en Legazpi. Y ponen como ejemplo dramático de esa falta de profesionales, lo sucedido hace dos semanas en Laudio, donde un vecino murió con un infarto en el ambulatorio, donde contó con la atención de dos enfermeras, pero no había médico.

Consideran que la movilización ciudadana seguirá siendo una de sus herramientas, continuando con las concentraciones ‒que ya han iniciado‒ de cada primer y tercer miércoles de cada mes, a las 18:00 horas, frente al ambulatorio.  Otra actividad prevista para este comienzo de año será una mesa redonda que realizarán el 14 de febrero, a las 19:00 horas en Zelai Arizti Aretoa, para la que ya cuentan con la participación de los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT y Satse.  Por otro lado, prevén una manifestación comarcal y una marcha entre Zumárraga, Uretxu y Legazpi en los próximos meses. 

Señalan también “que están realizando una ronda de reuniones con todos los grupos políticos de la comarca y seguiremos pidiendo la implicación de los ayuntamientos en esta lucha por la sanidad pública en nuestros pueblos”. 

4.- La patronal vizcaína CEBEK se propone impulsar las EPSVs de empleo

Siguiendo el modelo de Geroa en Gipuzkoa, la patronal vizcaína CEBEK pretende impulsar mediante la negociación colectiva las EPSVs de empleo para unos 140.000 trabajadores/as en Bizkaia, que podrían componer una entidad que contrate los servicios para la gestión de inversiones a Geroa. 

Esta iniciativa se inserta en el marco de la reforma del exministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá (Ley 12/2022, de 30 de junio), impulsada el año pasado para promover las EPSVs de empleo. Pero ya en 2018, el entonces diputado general de Bizkaia Unai Rementeria, y después el consejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Azpiazu en el 2019, manifestaron su interés en promover éstas, mediante ayudas fiscales. Al mismo tiempo, CEBEK ha tomado también como referencia el convenio de la construcción de Bizkaia, que se renovó a finales de diciembre del año pasado para 16.000 trabajadores/as y en el que se incorporó el acuerdo del marco estatal del sector de la construcción en el que se incluía el plan complementario de pensiones, firmado por CCOO y UGT.

CEBEK y las empresas reclaman deducciones fiscales en el IRPF y en el impuesto de sociedades. El Gobierno Vasco está preparando en estos momentos un decreto, claro está para promover las EPSVs, que regule las ayudas fiscales ‒aunque éstas las determinan las diputaciones forales‒ y su seguridad jurídica. Un decreto que corresponde en exclusiva al gobierno vasco, que no necesita la aprobación del parlamento de Gasteiz, y que puede aprobarse en breve.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha manifestado en diversas ocasiones su opinión en contra de las EPSVs, pues crean desigualdades entre los trabajadores/as, debilitan la importancia  de disponer de una Seguridad Social pública y solvente, que garantice unas pensiones públicas y dignas para todos y todas, y que además cuenten con ayudas fiscales detraídas de la aportación que el conjunto de la sociedad hacemos para contar con unos servicios públicos y de calidad para el conjunto de la ciudadanía.

5.- Ánimo e ilusión en la manifestación pensionista de Santurtzi 

El pasado lunes el movimiento de pensionistas de Meatzaldea (Zona Minera) y Ezkerraldea (Margen Izquierda) retomaron su tradicional manifestación comarcal que esta vez tocaba en Santurtzi, en la que participaron 600 pensionistas que recorrieron las calles del pueblo, con gran ánimo, mucha participación e ilusión por lograr todas las reivindicaciones que tenemos pendientes. 

Mostraron orgullo por haber echado abajo el 0,25% de Fátima Báñez, el famoso Factor de Sostenibilidad y frenar parte de los recortes que se anunciaban. Denunciaron que la subida actual del 3,8% no permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años por lo que exigieron con firmeza la paga compensatoria que nos han arrebatado con la reforma 21/2021. De igual modo, que las pensiones mínimas continúan siendo una miseria, que afecta sobre todo a las mujeres. Por ello exigen al gobierno vasco que complemente la pensión mínima a 1.080 €.

No se olvidaron de mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y animaron a seguir defendiendo la sanidad pública con el apoyo a la manifestación que se celebra hoy sábado a las 12 horas en Portugalete. Finalmente cerraron el acto con la tradicional pañolada de los pensionistas de Portugalete.