Noticias e informaciones de interés                                                   23-julio-2022

1.- Osakidetza acelera el traslado de la cirugía cardíaca de Basurto a Cruces

Como cabía esperar, Osakidetza aprovecha el verano para acelerar el traslado de cirugía cardíaca del hospital de Basurto al de Cruces. La jefa del servicio corporativo de relaciones laborales de Osakidetza, el 14 de julio hizo saber al comité de empresa del hospital de Basurto y a la junta de personal especializada de Bizkaia la resolución de la directora general por la que se aprueban los criterios para el traslado a Cruces del equipo de cirugía cardíaca de Basurto. El objetivo de Osakidetza: unificar todas las operaciones del corazón que realizan los especialistas del servicio público en el hospital de Margen Izquierda. Allí se atendería a los pacientes de Bizkaia y Araba que precisasen de ese tipo de intervención. Los de Gipuzkoa son operados en la Policlínica, gracias a un convenio alcanzado hace años con la entidad privada.

Los equipos afectados, además de cerca de 40 jefes de servicio y los sindicatos, están en contra de esa medida, ya que creen que se reducirá el número de quirófanos disponibles y que Osakidetza se verá obligada a derivar pacientes a la red privada al crecer la lista de espera. Alegan también que tendrá un impacto negativo sobre otros servicios como Cardiología, Neumonología , Reanimación , Cirugía Vascular e Infecciosas. Asimismo, consideran que este traslado conllevará la pérdida de puestos de trabajo.

Al día siguiente de que la resolución se publique en la intranet de Osakidetza los y las profesionales de Basurto afectados tendrán diez días naturales de plazo para manifestar por escrito su disposición de traslado voluntario a Cruces. Después se iniciará la fase forzosa.

Osakidetza y el gobierno de Gasteiz han hecho caso omiso a las razones que se han dado desde diversos estamentos en contra del traslado de Basurto a Cruces y el interés de mantener la cirugía cardíaca en Basurto. Tampoco les ha importado las decenas de miles de firmas que se recogieron entre la población de Bilbao contra esa decisión unilateral, ni los actos de protesta que se han llevado a cabo ante las puertas del hospital de Basurto, ni la masiva manifestación que se realizó en la capital vizcaína el 3 de junio. El martes, a convocatoria del comité de empresa y de la plataforma Basurto Bizirik, se llevó a cabo otra concentración, acompañada de una corta manifestación entre las dos entradas principales del hospital, con la participación de unas 350 personas, en su mayoría trabajadoras y trabajadores del hospital, pero como siempre apoyadas por un nutrido grupo de pensionistas con sus pañuelos rojos.

2.- Una modesta mejora en la asignación de plazas en las residencias de Bizkaia

Tras un escrito elaborado por Trabajadoras Sociales de la DFB (Diputación Foral de Bizkaia), la Junta de Personal tuvo constancia de un grave problema que estaba influyendo de un modo muy negativo en el modelo de gestión del proceso de asignación de plazas en las residencias de mayores de Bizkaia. Como consecuencia de ello muchas de las personas que se encuentran en los primeros puestos de la lista de espera y que no cuentan con ahorros para hacer frente al gasto de una residencia privada, no pueden elegir el recurso residencial que desean. Situación que va en contra de normativas que abogan por la permanencia de la persona en su entorno habitual.

Esta situación se puso de manifiesto en la Mesa de Negociación en primera instancia, planteando la necesidad de dar una alternativa al problema presentado. Asimismo, se informó de esta realidad a los diferentes grupos junteros. Ante las denuncias presentadas, el 6 de julio tuvo que comparecer en Comisión el Diputado de Acción Social, Sergio Murillo. Al mismo tiempo tuvo lugar una concentración ante las Juntas Generales en la que participaron la Junta de Personal, la asociación de familiares de residentes Babestu y algunos pensionistas.

El mismo día, las propias trabajadoras pusieron de manifiesto que se había buscado una alternativa al problema creado, y que, cambiaba a mejor la situación, posibilitando la asignación de plazas de manera más satisfactoria.

Aun así, Babestu ha puesto en marcha la campaña “participación residencias”. Pretende recoger información a través de una encuesta dirigida a familiares de residentes y trabajadoras de residencias no solo afectadas en la actualidad, sino que hayan tenido relaciones con las residencias en los últimos cuatro años. Invitan a la mayor participación posible, considerando que los datos aportados serán muy valiosos para su presentación ante las instituciones. Informa que estarán publicados en la web de Babestu.

3.- Pensiones: la guerra entre vulnerables o unidad ante la desigualdad

Fernando Miguel, miembro de Economistas frente a la crisis, publicó con ese título el 14 de julio un interesante artículo, del que recogemos algunos extractos.

“Como era previsible, los de siempre, a cuenta de la inflación, vuelven a las cargas contra las pensiones haciendo ya campaña contra su revalorización, como si las previsiones sobre los altos niveles de incremento de los precios este año fueran aplicarse a las pensiones en el propio 2022. Recordemos que, según lo ya establecido, las pensiones ya se han revalorizado en un 2,5% (inflación media de 2021) y no volverán a actualizarse hasta 2023”.

“Para tratar de justificar su campaña, utilizan falsos argumentos. Por un lado, se dice que una revalorización tan elevada no será asumible, por otro, que impediría atender otros compromisos centrales del gasto y de la inversión pública. Buena parte de quienes abanderan estas tesis son los mismos que, al tiempo, piden que se rebajen los impuestos porque la inflación está generando un fuerte incremento de la recaudación que debería ser devuelta a los contribuyentes”.

“La realidad es que se están produciendo importantes incrementos en la recaudación de tributos y de las cuotas de la Seguridad Social. En los cinco primeros meses de este año, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han marcado un máximo histórico, creciendo un 12,6% más que en 2019 (antes de la pandemia). Este aumento interanual supera en un punto y medio al gasto en pensiones en el mismo periodo. Todo ello gracias al aumento de la afiliación media que, en el mes de junio, ha alcanzado en el Estado español los 20.348.330 cotizantes”.

“Revalorizar las pensiones con el IPC no tiene ningún efecto en la transmisión de la inflación, toda vez que las pensiones no se incorporan a ningún proceso productivo y, por el contrario, actúan contra cualquier contracción económica, al permitir la demanda de un amplio colectivo”.

“Pretenden enfrentar a pensionistas con trabajadores y a unos grupos con otros, intentando responsabilizar de la situación de los más vulnerables a los un poco menos vulnerables, en lugar de plantear una acción común contra el incremento de las desigualdades y en favor de garantizar unas rentas suficientes para todos”.

“Con datos oficiales de la Seguridad Social y del INE (2020), todos en 14 pagas, la pensión media para todas las pensiones del sistema (9 millones de pensionistas) es de 1.090,2 euros/mes y de 1.254,7 euros mes, la pensión media de jubilación. En el ámbito de los trabajadores en activo, el salario más frecuente es el de 1.320 euros/mes, pues el salario medio de 1797,5 euros mes, es menos representativo por la fuerte desigualdad salarial, especialmente entre hombres y mujeres”.

“Con estos datos ¿realmente puede parecerle a alguien razonable que revalorizar las pensiones con el IPC medio del año anterior reviente la solidaridad intergeneracional convirtiendo a los pensionistas en devoradores de sus hijos?, ¿no sería más acertado poner la atención en los beneficios multimillonarios “caídos del cielo” de las empresas eléctricas que nos facturan toda su producción al precio disparatado del gas, o a la multiplicación de los márgenes de las empresas de refino, reconocidos por ellos mismos, que son, adicionalmente, los principales causantes de la escala de los precios?”.

“Lo que hay que hacer es mejorar la situación de los asalariados de menores rentas y especialmente de los más jóvenes, establecer un salario mínimo digno y acabar con la temporalidad injustificada. Esto no va en contra de la actividad económica, como ha demostrado la evolución de los datos de afiliación a la Seguridad Social citados”.

“Habrá que tener en cuenta que, la media de los salarios medios en 13 países de Europa Occidental, con los que pretendemos compararnos, alcanza los 49.300 euros/año. El Estado español ocupa el lugar doce de esa relación, solo por delante de Portugal. Este importe medio europeo supera en una 83,74 %, los 26.832 euros/año del salario medio en el Estado español”.

“La Seguridad Social a lo largo de más de treinta años contó con unos amplísimos superávits que fueron usados para financiar los Presupuestos Generales del Estado. El Sistema de Pensiones Públicas generó un superávit acumulado en el periodo 1977/2017 de 843.290 millones de euros. Su devolución permitiría acabar con el denominado déficit de la seguridad social y garantizar el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones, además de ser de pura justicia social y ser perfectamente viable”.

4.- La escalada del IPC en Hego Euskal Herria

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó a mediados de mes que la inflación sigue creciendo en Hego Euskal Herria. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se elevó hasta un 9,6% respecto a hace doce meses. En Nafarroa, en el mismo periodo, fue del 10,2%. En el conjunto del Estado español se situó también en el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985. Y nadie se atreve a augurar que la inflación, o aumento de los precios, vaya a reducirse de un modo mínimamente significativo en los próximos meses.

El precio de la electricidad subió en junio un 33,4% en el Estado español en tasa interanual. Esto sin tener en cuenta la reducción temporal de impuestos en la factura eléctrica, pues de no haberse dado el incremento habría sido del 52,7%.

En el transporte la subida de los precios fue de un 19,2 % también respecto a hace doce meses. Y en cuanto a los alimentos (frutas, legumbres, hortalizas, carne, pan, cereales, leche, queso y huevos) y bebidas no alcohólicas el aumento fue del 12,9%.

5.- La subida de los salarios muy por debajo de la inflación y limitada a un pequeño porcentaje de las y los trabajadores

Los convenios vigentes en la CAV han subido en torno a un 5%, aunque solo afectan a 120.000 trabajadores y trabajadoras. Un 70% de los asalariados y las asalariadas tienen sus condiciones congeladas porque su convenio está pendiente de renovar o han decaído, según datos al cierre de abril del CRL (Consejo de Relaciones Laborales) de la CAV. En Gipuzkoa gracias al convenio del metal y de algunos otros sectores o empresas la subida salarial ha sido un poco mejor. Pero por detrás han quedado Bizkaia y Araba. En Nafarroa se da una situación parecida a la media de la CAV.

Los empresarios siguen bloqueando en general la negociación colectiva, al negarse a mejorar los salarios con incrementos no ya con el IPC, sino con subidas inferiores. Las patronales vascas, aun teniendo por sus condiciones económicas mayores márgenes de negociación que en el resto del estado, salvo excepciones, siguen los dictados de la CEOE. Y al igual que ésta y el Banco de España defienden un pacto de rentas que recorte salarios y pensiones.

6.- Un daño “colateral” injustificable por las sanciones “antiguerra” de la UE a Rusia

Durante la guerra del 36-39 y ante el avance y las barbaridades de las tropas franquistas y sus aliados, unos 50.000 niños y niñas del Estado español ‒4.000 del País Vasco‒, sin sus madres y padres, fueron evacuados a diversos países: Gran Bretaña, Francia y la hoy extinta URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

Son niños y niñas que sufrieron no solo la guerra civil del 36-39 sino la segunda guerra mundial de 1939-1945 y quienes aún continúan vivos tienen cerca de 90 años o más. Algunos de ellos pudieron volver pocos años después de la guerra, pero el grueso, sobre todo los que habían sido evacuados a la URSS, empezaron a hacerlo de un modo escalonado a partir del 1956. Una buena parte de estos últimos, antes de volver, habían trabajado unos años en la URSS.

Los ejércitos en las guerras, siempre califican de daños colaterales los provocados por ellos matando a personas civiles, destruyendo hospitales, escuelas, infraestructuras básicas y obligando a que decenas de millares o millones de personas tengan que refugiarse o desplazarse a otros países.

En Europa el grueso de la población estamos pagando los daños colaterales de la guerra de Ucrania. Los gastos militares y las sanciones económicas de la UE a Rusia, por un lado, y el bloqueo, por el otro, de Rusia del suministro de gas, petróleo, fertilizantes, cereales… están conduciendo a un aumento de la inflación y de los precios ‒que ya venía de antes‒ que está afectando seriamente al grueso de la población europea. Los efectos son aún peores para los países empobrecidos de África, que, hoy por hoy, dependen de los cereales de Ucrania y Rusia y se ven obligados a adquirirlos en otros mercados pagando unos precios muy altos, aumentando así su deuda pública y no poder responder a las necesidades básicas de sus poblaciones.

La irracionalidad e injustificación de estos daños colaterales llega en ocasiones a extremos límites. Como consecuencia de las sanciones de la UE a Rusia, y que el estado español asume a rajatabla, según Gonzalo Barrena, vicepresidente de la Asociación Niños de Rusia-Niños de la Guerra, los bancos españoles retienen o devuelven las prestaciones del ente público ruso de pensiones que recibían por haber trabajado allí. Es decir que no cobran esa pensión por decisión de los bancos, decisión que, al parecer, asume y comparte el Gobierno de Pedro Sánchez. Por el momento, se han iniciado denuncias de esta injusticia en Asturias, Euskal Herria y Madrid.