1.- Mociones en los Ayuntamientos contra los recortes de servicios de la banca
Hace tres meses el MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria) inició una amplia campaña de presentación de mociones en los ayuntamientos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, para denunciar los recortes y retrocesos de la banca en su atención a las y los usuarios ‒que nos vemos obligados a percibir nuestros ingresos y realizar el grueso de nuestros gastos a través de las entidades bancarias‒ y exigir compromisos a los ayuntamientos para tratar de solucionar o reparar esos recortes y retrocesos.
A falta de algunos datos, podemos avanzar que se presentaron en algo más de 190 ayuntamientos. Hasta el momento se han pronunciado en 152. En 119, que constituyen la inmensa mayoría, fue aprobada la moción. Solo 12 votaron expresamente en contra. En otros 21, en unos casos se aprobaron mociones consensuadas por todos los grupos políticos y, en otros, mociones diferentes presentadas por algún partido. En buena parte de los ayuntamientos la moción fue presentada directa y presencialmente por el movimiento de pensionistas en cada localidad. En otros casos, por las dificultades que ponen algunos partidos y los reglamentos locales para que los colectivos sociales puedan presentarlas y defenderlas directamente, tuvo que hacerse por medio de alguno de los partidos que hacían suya la moción.
Esta campaña, más allá de socializar y popularizar el problema de los recortes de los bancos, ha tenido, aunque muy limitados, algunos frutos. Varios ayuntamientos, o sus alcaldes o alcaldesas, se han dirigido a las entidades bancarias locales planteándoles el problema de su falta de atención a los vecinos y vecinas de su localidad y consiguiendo el retorno de algún pequeño servicio. Asimismo, vistas las diversas denuncias al comportamiento de la banca, tanto por parte del movimiento de pensionistas como de otros sectores sociales, se ha conseguido que se restauren los horarios de atención en algunas entidades bancarias.
Pero el problema general está muy lejos de solucionarse. Antes bien, tiende a agravarse
Tan solo en la CAV (Comunidad Autónoma Vasca), desde 2008 han desaparecido 305 sucursales, que representan la pérdida de un 42,7% de las que había hace 14 años. En 60 municipios donde residen 27.497 personas no tienen ningún servicio bancario. Eso quiere decir que en su territorio no hay ni sucursal, ni cajero automático, ni oficina de correos, ni agente bancario. Ni siquiera reciben la visita de una oficina móvil. Si desean realizar una operación tienen dos opciones: o utilizar la banca “on line” o desplazarse a otra localidad.
En la CAV la provincia más castigada en relación a su población es Araba. Pero también se hace presente ese problema en otras zonas rurales o semirurales de la CAV, con gente mayor entre su población imposibilitada de utilizar la banca “on line”. Un problema similar, si no aún más grave, por su dimensión rural, se da también en Nafarroa.
Estas medidas, acompañadas de la liquidación de decenas de miles de puestos de trabajo y de servicios bancarios, con el aumento de cobros de comisiones y demás, están a la base de los enormes dividendos que están obteniendo, sobre todo, las grandes entidades bancarias en los últimos años.
A partir de septiembre el movimiento de pensionistas de Euskal Herria volveremos a retomar la denuncia de estos problemas. Pero es a los Ayuntamientos, a sus federaciones como Eudel en la CAV, o la FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos) en Nafarroa, y, en especial, a los Gobiernos de Gasteiz, Iruña y Madrid a quienes les toca poner freno a este deterioro.
2.– Manifestación pensionista el 22 de agosto, lunes de la Aste Nagusia en Bilbao
Al igual que los dos años anteriores a la pandemia, el movimiento de pensionistas de Bilbao, con el apoyo de pensionistas de otros pueblos de Bizkaia, llevará cabo una manifestación el 22 de agosto, lunes de la Aste Nagusia de la capital vizcaína, que partirá de la Plaza Elíptica a las 12 de mediodía.
Destacará que el movimiento de pensionistas de Bilbao y de Euskal Herria lleva cuatro años y medio con concentraciones y movilizaciones ininterrumpidas en las cuatro capitales y en 70 pueblos del sur del país. Subrayando que recientemente ha realizado una campaña de firmas por la revalorización de las pensiones públicas con el IPC real, una pensión mínima de 1.080 euros y el rechazo a los planes privados de empleo que superan las 65.000. También destacará la moción sobre la banca mencionada más arriba. Y que hace unas pocas semanas organizó una Bizikleta Martxa Pensionista que durante trece días recorrió el sur y el norte de Euskal Herria, que fue apoyada y aplaudida por unas 20.000 personas.
Pondrá de manifiesto que producto de las movilizaciones se lograron algunos avances en las pensiones. Pero señalará que el movimiento de pensionistas se enfrenta a una difícil situación, pues con la coartada de la inflación y de la guerra de Ucrania, los empresarios, la banca con el Banco de España a la cabeza y los gobiernos de las instituciones tanto de Madrid como de la CAV y Nafarroa, proponen un Pacto de Rentas con el que pretenden reducir las pensiones, los salarios y el gasto social, mientras ellos mantienen o aumentan sus beneficios y prebendas.
Los empresarios y la banca están haciendo saber que, si no se logra un pacto de rentas a su medida, continuarán por su lado rechazando convenios que pretendan unas subidas salariales equiparables al IPC real y que seguirán presionando al gobierno para que las pensiones ni siquiera sean regularizadas con el IPC medio para el 2023.
Habida cuenta de los difíciles retos a que se enfrenta el mundo pensionista, los trabajadores y trabajadoras y otros sectores populares, invitará a toda la ciudadanía a participar en esa manifestación, que destacará como demandas reivindicativas: Revalorización de pensiones y salarios con el IPC real. Pensión mínima de 1.080 euros. No al desmantelamiento de Osakidetza. Sanidad y cuidados públicos y de calidad.
Asimismo, manifestará su disposición y ánimo de continuar con las concentraciones y movilizaciones, que se reanudarán en Bilbao y en buena parte de los pueblos de Hego Euskal Herria el 5 de septiembre. De igual modo informará de que el 15 de octubre el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria acudirá a Madrid para, conjuntamente con pensionistas del resto de los Pueblos y Comunidades del Estado, manifestarse y hacer entrega de todas las firmas recogidas en Hego Euskal Herria y el resto del Estado. Sobre esta última iniciativa informamos más ampliamente en otra noticia.
3.– Negociaciones para reducir los impuestos anunciados para la banca y las grandes empresas energéticas
En el “Debate sobre el Estado de la Nación”, celebrado los días 12,13 y 14 de julio en el Congreso de Diputados, Pedro Sánchez, entre otras medidas, propuso:
“Impuestos a los bancos y a las eléctricas. El impuesto a las entidades bancarias será excepcional y temporal, tendrá una duración de dos años (sobre los ejercicios 2022 y 2023) y se estima que recaudará unos 1.300 millones de euros al año. El impuesto a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, también tendrá carácter excepcional y temporal y gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023, que se estima supondrá una recaudación de 2.000 millones de euros al año”.
Y añadía “que no permitirán que el costo de estos impuestos para la banca y las empresas de la energía sea trasladado a los usuarios y usuarias”, mediante el aumento del cobro de los servicios de banca, o de los precios de la energía. Es decir, que “no pretendan mantener sus escandalosos beneficios sin costo o aportación alguna a la ciudadanía, que viene padeciendo una elevada inflación y una pérdida considerable de su poder adquisitivo”.
La banca y las grandes empresas monopolistas de la energía pusieron el grito en el cielo, argumentando que esos impuestos no estaban justificados y que ponían en riesgo sus negocios. La semana pasada se iniciaron las reuniones y negociaciones entre la banca y el gobierno para tratar de acordar cómo aplicar esos impuestos. Oficialmente no se sabe si un camino similar se ha iniciado con la patronal de las grandes empresas energéticas. Pero no cabe duda de que lo harán.
No sabemos ‒y seguramente no lleguemos a saberlo‒ como culminarán estas negociaciones y su letra pequeña, a pesar de tratarse de unos impuestos muy limitados en su cuantía y en su aplicación, pues solo será de dos años. Mucho nos tememos que el gobierno acceda a parte de las demandas de esas élites económicas, aguando incluso unos titulares que pretendían decir que el gobierno se había atrevido a enfrentarse a esas élites.
La desvergüenza de la banca y de los grandes oligopolios de la energía no tiene límites al tratar de justificar su posición crítica no sólo de cara a esos impuestos, sino a otros mucho mayores que les corresponderían. ¿Qué suponen esas cantidades cuando los cinco grandes bancos del Estado declararon unas ganancias de 20.000 millones de euros en el 2021, un 45% más que en el 2020, y que en el primer trimestre de este año los beneficios del Santander, BBVA y Caixabank han crecido más de un 50%?
Otro tanto ocurre con las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Total Energies y EDP) que ganaron más de 10.000 millones en el 2021, o los miles de millones de beneficios que también obtuvieron en el 2021 las grandes empresas de carburantes (Repsol, Cepsa, BOP, entre otras). Los datos del primer semestre de este año no solo muestran una consolidación de sus beneficios, sino un aumento de los mismos. Tan solo Iberdrola en el primer semestre ha tenido 2.075 millones de euros de ganancias.
Que paguen más impuestos y devuelvan lo que deben
Citando sólo a la banca, 14 entidades bancarias recibieron por parte del Estado prestamos de algo más de 76.000 millones de euros. Hasta el momento solo han devuelto 4.139 millones. En la mejor de las hipótesis se piensa que devolverán 16.387 millones, un 21,4% de lo prestado. El Tribunal de Cuentas y el Banco de España dan por hecho que unos 60.000 millones de euros no se recuperarán.
En los últimos años a costa de cerrar sucursales, reducir servicios de atención, liquidar decenas de miles puestos de trabajo, aumentar el cobro de comisiones por doquier, los beneficios de los bancos han crecido de un modo desmesurado. Hay que exigirles que devuelvan lo adeudado. Hay que establecer un control público sobre la banca y las grandes empresas energéticas para que no sigan con sus desmanes. En definitiva, hay que caminar hacia su nacionalización si queremos que los créditos sean asequibles, los precios no suban sin control y que los beneficios y la riqueza sea justamente repartida.
4.– Por la recuperación del poder adquisitivo de pensiones y salarios
Movilización en Madrid el día 15 de octubre
El día 21 se llevó a cabo una rueda de prensa telemática en la que participaron junto al MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas), MODEPEN ( Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE y PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles… donde dieron lectura a un comunicado con el encabezamiento arriba señalado. Entre otras cuestiones se destaca:
No sólo estamos en una crisis, estamos también ante un robo organizado para sustraer de los bolsillos de la gente sus rentas y engordar con ellas los beneficios de los oligopolios financieros, de la energía y de las materias primas. La causa fundamental del incremento de los precios, no son los salarios ni las pensiones son quienes en régimen de monopolio fijan los precios para mantener e incrementar sus beneficios. En lo que va de 2022, además de lo perdido en 2021 (3% en el caso de las pensiones) la subida media de los salarios ha sido de un 2,4% y las pensiones de un 2,5% mientras el IPC interanual en junio ha alcanzado el 10,2%.
Es una crisis económica, ecológica y social proyectada con un escenario de guerra por la disputa de la hegemonía económica internacional con el desvío de cuantiosos recursos públicos para la industria militar y los ejércitos.
En el otoño la batalla por la distribución justa de la riqueza y la equidad de género será crucial y lo será especialmente en la defensa de los salarios y pensiones (nuevos recortes bajo el eufemismo de Pacto de Rentas), y en su vertiente de mejora y defensa de servicios públicos universales y comunitarios como la sanidad, la educación y socio sanitarios de atención a la dependencia, serán el objetivo de todo tipo de recortes y procesos de privatización.
Las plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado, antes citadas, el día 15 de Octubre nos movilizaremos en Madrid y escenificaremos ante el Congreso de Diputados la entrega de decenas de miles de firmas (esperan que lleguen a centenares de miles) recogidas por la revalorización de las pensiones en función del incremento del IPC acumulado anual, por una pensión mínima del 60% del salario medio y el rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP). También exigiremos la realización de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social aprobada en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y todavía no realizada pese a que han pasado más de 6 meses desde que esa Ley fue aprobada, y ese era el plazo máximo para su realización, de acuerdo con el texto de la misma ley.
Concluye con que el 15 de octubre será el primer paso de una movilización general que se realizará en noviembre en los Pueblos y Comunidades del Estado. Y hacen un llamamiento expreso a participar en la movilización a las personas y plataformas pensionistas, a las trabajadoras y trabajadores y a cuantas organizaciones sociales y sindicales que compartan estos objetivos quieran acudir.
