Noticias e informaciones de interés 30 – mayo -2020

1. – El lunes 1 de junio de nuevo ante los ayuntamientos y en las plazas

Iniciadas el lunes 18 de mayo, el día 25 se volvieron a repetir en decenas de pueblos de Hego Euskal Herria protestas o concentraciones simbólicas de pensionistas. Una vez más denunciando la situación de las personas mayores dependientes en residencias y en casa, mostrando solidaridad con los familiares y allegados de todas las personas fallecidas por el coronavirus, así como con todos y todas las trabajadoras que les han atendido con un celo y cariño extraordinario. Asimismo, se volvió a subrayar la necesidad de que las instituciones públicas solucionen con urgencia los graves problemas y deficiencias detectadas y avanzar hacia un sistema socio sanitario público, universal, gratuito y de calidad para toda la sociedad.

Este último lunes, la asistencia de pensionistas a las protestas se duplicó en Bizkaia. Especialmente significativas fueron la participación de 110 personas en Barakaldo, 200 en Ondarroa y otras 200 en Bilbao.

El próximo lunes 1 de junio, el movimiento de pensionistas vasco volverá a concentrarse ante los ayuntamientos o en las plazas de los pueblos, previsiblemente en más pueblos y con mayor participación. Continuaremos con nuestras denuncias y demandas para poner freno a las consecuencias del coronavirus, sin dejar de lado la exigencia de una pensión mínima de 1.080 euros. Y lo haremos como en los lunes anteriores respetando las medidas de prevención y seguridad sanitaria.

2.- La Comisión Europea recomienda al Estado español reducir los gastos en pensiones para “priorizarlos” en los jóvenes

Hace dos semanas, ante la situación de la deuda pública en el estado español, agravada por las consecuencias del coronavirus, la Comisión Europea recomendaba al estado español reducir los gastos en pensiones para prestar mayor atención y apoyo a la inserción y el empleo de las y los jóvenes.

En situaciones de crisis como está, los grandes poderes económicos, financieros y las instituciones públicas o entidades a su servicio – en este caso la Comisión Europea – siempre buscan paganos, división y enfrentamientos entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, eludiendo sus responsabilidades y protegiendo, por encima de todo, sus intereses.

En muchas ocasiones convierten en chivos expiatorios y ponen el foco en los “emigrantes”, o en ciertas minorías, señalando que “nos quitan el trabajo” a los autóctonos o “nacionales” y se “aprovechan de nuestras prestaciones o ayudas sociales”. En esta ocasión van un poco más lejos, y ahora se trata de que, aunque seamos autóctonos/as, o no, si somos personas mayores “no productivas”, tenemos que sacrificarnos aún más, para poder invertir algo en la inserción y empleo de las y los jóvenes, que son los que ”pueden producir”.

No importa lo que las y los pensionistas aportamos mientras estuvimos “activos”, sosteniendo el pago de las pensiones de la generación anterior, que también había cotizado para la que le había precedido. No importan todos los impuestos que seguimos pagando. Tampoco el colchón que somos para muchos de nuestros hijos e hijas que se encuentran en el paro o con contratos basura. Ni el cuidado que, en muchos casos, tenemos que realizar de los nietos y nietas, más aún en periodos como el actual en que no pueden ir a la escuela, ikastola o instituto. También se olvidan de que gracias al consumo de nuestras necesidades materiales y de todo tipo, la producción de estos bienes permite no sólo millones de puestos de trabajo, sino enormes beneficios a las empresas y multinacionales que controlan y monopolizan esa producción.

“Priorizar” lo de los jóvenes no es más que una burda patraña, que se aprovecha de la dura situación que ellos mismos imponen a las y los jóvenes, para que se enfrenten, cuestionen o no reconozcan como legítimos los derechos de las personas pensionistas.

3.- Algunos pensionistas, consciente o inconscientemente, se pliegan a esta confusión y excusa

Desde hace bastantes meses y más recientemente ante EITB y algún otro medio de comunicación, hemos visto y oído a algunos pensionistas – poco representativos en el movimiento, por cierto – señalar que demandar una pensión mínima de 1.080 euros podría parecer injusta e insolidaria ante muchos jóvenes que trabajan 8 y más horas y perciben salarios muy por debajo de los 1.080 euros. Y que esto podría deslegitimar al movimiento de pensionistas.

Y que ahora se trata de poner esa reivindicación en el “congelador” o “a la espera de mejores tiempos” porque la salud es lo primero y el panorama social al que nos enfrentamos es muy duro y difícil para todo el mundo.

Cuidar la salud y la vida de toda la sociedad y multiplicar los esfuerzos para superar la pandemia y posibles nuevos rebrotes es sin duda muy importante y prioritario. Pero cuando tenemos a millones de trabajadores y trabajadoras en el paro, viviendo con enorme angustia y preocupación su presente y futuro; cuando, de igual modo, tenemos a centenares de miles de personas pensionistas en Hego Euskal Herria y a millones en todo el estado, con unas pensiones de absoluta miseria, dejar que las cosas sigan como están, opiniones de ese tipo son preocupantes.

4. – Subidas escandalosas de salarios a la guardia civil y policía armada

Al mismo tiempo que se destituía al coronel de la guardia civil Pérez de los Cobos, personaje muy cercano a la extrema derecha y con un largo recorrido represivo sobre todo en Euskal Herria y en Cataluña, el gobierno anunciaba la subida de los salarios de la guardia civil y de la policía armada en torno a un 20 %, con un costo de 240 millones de euros.

Pretender neutralizar o “contentar” a estos cuerpos militares o policiales con subidas tan escandalosas, cuando millones de trabajadoras/es, pensionistas, jóvenes y otros sectores populares están viviendo situaciones de penuria extrema, sin perspectivas a corto o medio plazo de que sean superadas, no tiene la menor justificación.

Lo mismo sucede con el conjunto de gastos militares, que no sólo se mantienen, sino que aumentan, incluso en estas circunstancias, tanto en el estado español como a escala internacional, para satisfacción y beneficios sin límites de las corporaciones privadas y públicas de la industria militar. Hoy más que nuca toma sentido la demanda social de “gastos militares para gastos sociales”

5. – No al copago sanitario y mascarillas gratuitas

Entre otras muchas medidas urgentes a adoptar para garantizar la salud y la vida, hay dos que afectan de un modo importante a mucha gente, en especial a personas mayores y pensionistas con ingresos muy bajos. Personas que por su edad, riesgos y necesidades tienen un consumo más alto de medicamentos y ahora de protección con mascarillas.

Muchísimas de ellas, con ingresos de menos de 18.000 euros, por razones muy diversas y entendibles no se acogen o acceden a la pequeña reducción del gasto en medicamentos que les corresponde. Y la administración del gobierno de Gasteiz en vez de aplicársela a todo el mundo que le corresponde, situación que puede controlar de un modo sencillo, se niega a ello, consintiendo con que mucha gente necesitada no pueda beneficiarse de esa pequeña exención. Otro problema añadido ahora es el del costo de las mascarillas, de uso obligatorio para todo el mundo.

Sin menoscabo de seguir exigiendo la eliminación de cualquier copago sanitario, al menos para la mayoría de la sociedad, la administración de Gasteiz debe aplicar a todas las personas que les corresponde la exención del copago citado y que todas las mascarillas sean gratuitas, como una medida sanitaria más dentro de las que corresponden a Osakidetza.

6. – Ingreso mínimo vital y gestión por la Comunidades Autónomas del País Vasco y de Nafarroa

Al cierre de esta crónica no podemos informar con detalle de lo que en el día de hoy, viernes, ha resuelto el Gobierno en torno al Ingreso Mínimo Vital. Lo que si se ha hecho público estos días atrás es que la gestión de esta materia en Hegoalde la llevarán a cabo las administraciones autonómicas de la CAV y Nafarroa. Esperemos que ese ingreso mínimo vital no sea absorbido por las rentas mínimas de ingresos en ambas comunidades, que las administraciones quieran aprovecharse de su ahorro para destinarlo a otras cuestiones, menos aún si no son sociales y de protección a las personas y familias más vulnerables. Lo lógico y justo es que, aunque sea limitado ese ahorro, sirva para mejorar las rentas mínimas de ingresos, que se amplíen los derechos de acceso a las mismas, y que las pensiones mínimas tengan un complemento mayor. Esto sin renunciar a que, de una vez por todas, tomen medidas inmediatas para complementarlas hasta los 1.080 euros.

7. – Derogación de la reforma laboral del 2012 del PP

La reforma laboral de 2010, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, trajo consigo un retroceso importante de los derechos laborales. Y la del 2012, bajo el gobierno del PP, no hizo sino ampliar de un modo aún mucho mayor los recortes de los derechos laborales. Reforma esta que redujo las indemnizaciones por despido, limitó la capacidad de negociación colectiva y, sobre todo, posibilitaba aún mucho más la precariedad aumentando de un modo exponencial los contratos temporales, a tiempo parcial.

El acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, recogía – entre otras medidas – la derogación integra de la reforma laboral del PP de 2012 y su aplicación sin subordinarse en el tiempo a otras cuestiones.

Utilizando argumentos catastróficos de todo tipo, la CEOE y los poderes económicos y financieros pusieron inmediatamente el grito en el cielo, oponiéndose de un modo radical a la derogación. Y a ellos se sumaron Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno, y todos los partidos de derecha y extrema derecha. EL PNV también se sumó a esas críticas, aunque días después ha querido lavarse la cara, señalando que su enfado no era por el contenido y la legitimidad del acuerdo, sino porque no había sido consultado y por las formas en que se dio.

Es difícil saber el compromiso real del PSOE con lo firmado. Previsiblemente trate de descafeinarlo en su contenido y materialización en el tiempo, bajo la presión de la patronal y los poderes fácticos, o la coartada de la necesidad de su acuerdo en el marco del diálogo social entre el gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.

Habrá que estar atentos, en especial esto corresponde los sindicatos vascos, para valorar como se desarrolla esta cuestión, teniendo muy presente que, si no hay una fuerte presión social, algo tan importante como la derogación de esa reforma puede quedar en agua de borrajas, o en algo muy limitado.