Noticias e informaciones de interés                            30-septiembre-2023

1.- El lunes salimos a la calle a celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores

Una vez más el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria salimos a la calle el lunes para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. Lo hacemos para reivindicar que los derechos no caducan con la edad. Las personas mayores tenemos derecho a unas condiciones de vida dignas mediante unas pensiones públicas dignas y suficientes, unos servicios públicos universales y un sistema público de cuidados que cubra nuestras necesidades de atención.

Junto con las asociaciones de familiares de usuarios de residencias nos manifestaremos en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria a las 12:00, arrancando en: Ayuntamiento de Bilbao. Alderdi Eder de Donostia. plaza Berria de Gasteiz y plaza del Ayuntamiento en Iruñea. En los 75 pueblos que se movilizan habitualmente, en algunos se llevarán a cabo manifestaciones y en otras concentraciones y diversas iniciativas, a la misma hora. 

Al término de las manifestaciones de Donostia y Bilbao se entregaran sendas cartas a los máximos responsables de las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, solicitándoles la celebración de una reunión para abordar la situación de gravedad de las residencias y de los servicios sociales que dependen de ambas y tratar de que tomen medidas para que estos servicios sean públicos y de calidad, rechazando el sistema de privatizaciones  que solo sirve para que gestores privados, a través de las concertaciones, obtengan pingües beneficios, ofreciendo unos servicios de atención de mala calidad e imponiendo unos salarios y malas condiciones laborales a las trabajadoras que cuidan con gran responsabilidad y atención a las personas mayores. 

2.- Reunión del MPEH con la Comisión de Asuntos Sociales y Juventud del Parlamento Vasco

El miércoles día 27 se celebró la reunión prevista de una delegación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria con la Comisión de Asuntos Sociales y de Juventud del Parlamento Vasco. Por parte de la comisión parlamentaria tomaron parte la presidenta, vicepresidenta y secretaria junto con 7 vocales de los grupos políticos PNV, EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP. Por parte de la delegación del MPEH tres compañeras/os directamente en la reunión, y otros    cuatro compañeros/as que siguieron la comparecencia en una sala adjunta.

En una primera intervención la delegación del MPEH hizo una exposición resumida del informe en que se destaca la necesidad urgente de que se complementen en la CAV las pensiones mínimas a 1.080 euros, subrayando que hay cerca de 170.000 pensionistas -en su mayoría mujeres- que tienen serias dificultades para hacer frente a sus necesidades básicas.

Tras esta presentación tomaron la palabra las y los representantes de los diversos grupos políticos. Y en un segundo turno de palabra la delegación pensionista respondió aclarando algunas dudas planteadas por los grupos y puntualizando algunos aspectos de sus intervenciones. En una primera valoración de urgencia, el pleno de la delegación del MPEH concluyó de un modo resumido con lo siguiente:

• Buen recibimiento, palabras de reconocimiento a nuestra labor social y reivindicativa. Los grupos políticos han manifestado que el informe presentado está bien trabajado y argumentado.

• La comparecencia ha servido para ver la solidez de los planteamientos expresados en el informe presentado por el EHPM-MPEH. Tanto en lo que hacen referencia a la urgencia de nuestra reivindicación como al carácter de la misma (complemento a la pensión) y no protección asistencial; el carácter individual de las condiciones para acceder al complemento; y el marco competencial para poderlo realizar con presupuestos de la CAV.

• Los grupos en general se han mostrado receptivos a nuestra propuesta, algunos como el PSE han resaltado lo hecho por el gobierno del Estado y las mejoras en la RGI, el PNV ha dejado la puerta abierta a seguir hablando, Elkarrekin Podemos-IU ha reiterado su apoyo a nuestras reivindicaciones y EH Bildu se ha comprometido a buscar la fórmula más adecuada para que con carácter de urgencia el Parlamento asuma nuestra reivindicación.

• En esta ocasión ningún partido ha cuestionado nuestros argumentos de que es posible complementar las pensiones a 1.080 euros porque hay dinero suficiente para hacerlo y se puede hacer tanto desde las instituciones de la CAV como de Navarra.

• Tras lo dicho por los grupos políticos, la delegación del MPEH consideramos que hay que seguir exigiendo que más allá de las buenas maneras se tomen medidas concretas, y que es conveniente en este sentido, interpelar individualmente a cada grupo político para ver y conocer tras nuestra comparecencia las iniciativas que piensan adoptar para realizar el complemento a 1.080 euros.

• Seguimos pensando que nuestra garantía para conseguir dicho complemento y la pensión mínima de 1.080 euros es la movilización y debemos seguir con más ánimo que nunca en la calle.

3.- Calentando motores de cara a la Huelga Feminista General del 30 de noviembre

El 20 de septiembre se llevaron a cabo diferentes movilizaciones impulsadas por el movimiento feminista en las cuatro capitales de Euskal Herria, llamando a impulsar la Huelga Feminista General del 30 de noviembre. Las mujeres pensionistas participamos en esas movilizaciones.

En primer lugar, por la mañana, en Gasteiz, se realizó una concentración ante la Diputación Foral de Álava para denunciar la “política privatizadora” de esta institución. Posteriormente, ocuparon las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social coreando consignas a favor de la huelga y reivindicando que las residencias deben ser públicas. En Donostia, la concentración tuvo lugar frente al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa bajo el lema “No al negocio con los cuidados”. En esa zona hay diferentes residencias para personas mayores y denunciaron que en este sector cada vez hay más privatizaciones. Al mismo tiempo, exigieron una mejora urgente de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de cuidados. En Iruña se concentraron ante la Oficina de Extranjería del Gobierno español, ya que las tareas de cuidado recaen cada vez más en las mujeres migradas y racializadas. Casi el 30% de las empleadas del hogar se encuentran en situación administrativa irregular, con grandes dificultades para empadronarse, lo que les obliga a trabajar en condiciones y situaciones extremas de explotación. Solicitaron la derogación de la Ley de Extranjería. Por la tarde, en Bilbo, la concentración se celebró frente a la sede del PNV en Sabin Etxea, cortando la carretera, para denunciar que “en este país y especialmente en Bizkaia es el PNV el responsable de la mercantilización de las infraestructuras vinculadas a los cuidados”.

Han sido diferentes movilizaciones encaminadas a denunciar el actual sistema de cuidados “capitalista, racista y heteropatriarcal”, planteando diferentes aristas y explotaciones vinculadas a los cuidados y subrayando la necesidad de transformar radicalmente este sistema, mediante la construcción de un nuevo sistema de cuidados público y comunitario. Precisamente, a favor de esta reivindicación impulsaremos la Huelga Feminista General el próximo 30 de noviembre.

4.- Deriva privatizadora de Osakidetza y Osasunbidea

Los problemas agudizados de las listas de espera para la primera atención médica y las intervenciones quirúrgicas en Osakidetza y en Osasunbidea, que afectan a muchas decenas de miles de personas pacientes, ha provocado que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea hayan decidido paliar esos problemas desviando lotes (grupos) de pacientes a la sanidad privada.

Les han estallado en las manos unos problemas que vienen de lejos y que no se pueden justificar por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. La falta estructural de profesionales de la sanidad, las cargas de trabajo que se veían obligadas a soportar, en especial en la Atención Primaria, las malas y poco atractivas condiciones laborales de las plantillas tanto en Osakidetza como en Osasunbidea… son deficiencias y problemas que, desde hace varios años ‒agudizados aún más durante los dos años de pandemia‒ habían venido siendo denunciados por sindicatos y numerosos agentes sociales, denuncias acompañadas de diversas movilizaciones y protestas.

Los problemas y el deterioro de ambos servicios de sanidad públicos han conducido a que una mayoría de la ciudadanía de la CAV y de Nafarroa manifieste su disgusto por las deficiencias de atención sanitaria y el deterioro de Osakidetza y Osasunbidea, considere que es un problema social de primer orden y estime que deben mantenerse como un servicio público y de calidad.

Lo único que se les ocurre a las consejerías de Salud y a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea para paliar la gravedad de las litas de espera es, por un lado, que a las tardes se puedan realizar operaciones quirúrgicas, meter horas extras y que los/las profesionales se esfuercen aún más en su trabajo; por el otro, desviar atenciones urgentes y determinadas operaciones quirúrgicas a los servicios sanitarios privados. Y para justificar esta derivación de servicios a clínicas y hospitales privados aprovechan el miedo y el deseo y la necesidad de la gente a querer ser atendida lo antes posible.

En el Pleno de Política General de la CAV, celebrado el jueves de la semana pasada en el Parlamento de Gasteiz, el lehendakari Urkullu pretendió mostrar una “seria” disposición a corregir las listas de espera, recuperando las cifras previas al inicio de la pandemia en seis meses. Quiso mostrar como un gran reto su compromiso de recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, bajar de los 30 días para cirugías cardíacas y bajar de las 48 horas de espera en la Atención Primaria. 

La hemeroteca pone las cosas en su sitio y a veces desgraciadamente para algunos deja al descubierto la falsedad o tergiversación de algunas propuestas o datos comparativos. La espera media de las intervenciones quirúrgicas en el 2019, año anterior a la pandemia, no estaba en los 65 días como indicó Urkullu, sino en 48,7 días. Las demoras de 30 días para pacientes oncológicos y 90 días para pacientes cardíacos es ya una obligación de Osakidetza desde 2006, contemplada en el real decreto sobre “garantía de las demoras máximas”. La consejera Sagardui, en febrero, en el Parlamento de Gasteiz dijo que la espera para una cita presencial en la Atención Primaria era ya entonces inferior a 48 horas, con lo que al parecer esta promesa de Urkullu ya “estaba lograda”.

Sindicatos del sector y otros agentes sociales y políticos han calificado estas medidas propuestas por Urkullu, de ser un puro “parche”, que no arregla los problemas de fondo de Osakidetza. Es más, consideran que tienen un tufillo electoral para tratar de recuperar algunos votos perdidos de cara   a las próximas elecciones autonómicas. Desde luego, para el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, es de suma importancia continuar con las movilizaciones y protestas más amplias y unitarias posibles como único modo de que Osakidetza y Osasunbidea recuperen su carácter público y de calidad para toda la población. Por supuesto, cerrando el paso a la deriva privatizadora a la que estamos asistiendo.

5.- El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Pamplona y le obliga a readmitir a toda la plantilla del Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD)

El Ayuntamiento de Pamplona, presidido por Enrique Maya, que contaba con un Equipo Municipal de Atención Domiciliaria (EMAD), decidió externalizar la gestión de este servicio en 2021, creando una empresa pública y traspasando a la misma todo el personal perteneciente a la Plantilla Orgánica que estaba realizando esa labor.

El Tribunal de Justicia de Navarra determinó en una sentencia que el empleo en una empresa pública no es empleo público. Y declaró el derecho de las personas afectadas a mantener su relación con el mismo y a que sus puestos de trabajo figurasen en la Plantilla Orgánica manteniendo las mismas condiciones laborales existentes con anterioridad. De esta manera, el servicio volvía a tener que ser prestado directamente por el Ayuntamiento de Pamplona.

Ante esa sentencia el Ayuntamiento presentó un recurso. Ello provocó que se llevaran a cabo muchas jornadas de movilización de trabajadoras y sindicatos y que se planteara una judicialización del caso. Ahora, hace poco más de una semana, se ha hecho público que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y le obliga a readmitir a toda la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio (SAD).

En el auto del Tribunal Supremo se declara que “el cambio de modelo de gestión del EMAD contraviene el artículo 13 del Convenio Colectivo del Personal Laboral”. Artículo que dispone que el Ayuntamiento, con el fin de promocionar el empleo público, no externalizará trabajos actualmente realizados por personal laboral fijo o indefinido no fijo.

La externalización de ese servicio supone incidir en la precariedad de las trabajadoras de un sector altamente feminizado y alejarse de la dignidad que requieren. Los cuidados deben tener la máxima protección y apoyo dentro de las instituciones públicas y para ello es fundamental e imprescindible mantener a las trabajadoras del SAD en la plantilla consistorial. 

Frente a cualquier intento del gobierno de derechas del Ayuntamiento de Pamplona de no asumir o dilatar la aplicación de esta sentencia del Tribunal Supremo, la mayoría política de izquierdas y progresista de la corporación debe obligarle a que lo haga de inmediato.

6.- Mejora de los/las trabajadoras a tiempo parcial para acceder a la pensión contributiva

Tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del mismo año basada en la anterior declaró la nulidad del sistema de cálculo de las pensiones de jubilación de los trabajadores/as con contrato a tiempo parcial por suponer una vulneración del principio de igualdad y una discriminación indirecta contra las mujeres, que son quienes de forma muy mayoritaria trabajan a tiempo parcial. 

Hasta entonces el importe de la pensión de jubilación de un trabajador/a a tiempo parcial se calculaba multiplicando la base reguladora, determinada en función de las cotizaciones satisfechas, por un porcentaje que dependía de la duración del período de cotización. Según la sentencia del TC esta regla suponía una penalización doble: a la menor base de cálculo por los menores salarios, no solo por la menor jornada sino también por el inferior salario horario que suele cobrar la gente parcializada, se añadía un menor porcentaje a aplicar a la base de cálculo en función de la duración del tiempo cotizado, ya que el tiempo trabajado a tiempo parcial se consideraba inferior al realizado a tiempo completo.

El 1 de octubre próximo entran en vigor unas nuevas reglas fijadas por una ley de 2023, ampliando a las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor, la fórmula del cómputo del tiempo cotizado y ello tanto para la cuantía de la pensión como para el acceso a las pensiones. 

Hasta el uno de octubre de 2023, un trabajador/a con un trabajo a tiempo parcial durante la mitad de la jornada laboral, debía trabajar 30 años para complementar los 15 años a tiempo completo y poder acceder así a la pensión contributiva por jubilación. Esto significaba que mucha gente, es especial mujeres que trabajaban a jornada parcial en diversos sectores de servicios, o para atender al cuidado de sus hijos u otras obligaciones familiares, no podían acumular el mínimo de los 15 años completos necesarios para acceder a la pensión contributiva. 

La adopción de este nuevo modelo de cálculo supone una mejora, pues permitirá a más gente el acceso a las prestaciones contributivas y en consecuencia a una mejora de sus pensiones. Pero presenta la importante restricción de su no aplicación con carácter retroactivo.

¿Qué pasa con quienes trabajando a tiempo parcial se jubilaron antes de 2019? A estos trabajadores/as no se les reconoce de oficio ese derecho y la única vía es que lo reclamen judicialmente. Hay alguna sentencia que ha dictado a favor de ese reconocimiento. Pero sin presión sindical, acompañada de una demanda generalizada con esa petición, las dificultades van a ser grandes para que se reconozca de oficio para todo el mundo afectado ese derecho.

¿Y con todas aquellas personas, en gran parte mujeres, que antes del 2019 trabajaron 30 o más años con jornadas de 2 o 3 horas, y no pudieron completar los 15 completos requeridos para acceder a la pensión contributiva? En la actualidad no pocas compañeras pensionistas que trabajaron en esas condiciones solo perciben unas pensiones no contributivas de miseria. Sería de justicia una revisión de estas situaciones.