1.- Crecimiento sin límites de la inflación: 10,8 % en julio
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el Estado español la inflación interanual en julio ha sido del 10,8%, la más alta desde hace 38 años. Nadie se atreve a aventurar cómo va a evolucionar en los próximos meses. La elevada inflación no es exclusiva del Estado español, sino que recorre todo Europa, EEUU y buena parte del mundo. Pero los grandes poderes económicos y potencias estatales son incapaces de tomar medidas estructurales de carácter global para paralizar o paliar la misma. Continúan defendiendo un crecimiento sin fin. No evitan guerras, sino que las promueven provocando grandes costos humanos y aumentando gastos militares. Se niegan a reducir sus escandalosos beneficios y a repartir la riqueza. Lo único que proponen y tratan de imponer son recortes a los salarios, pensiones y gastos sociales, manteniendo al mismo tiempo a muchos países y centenares de millones de personas en la pobreza e indigencia.
Nos enfrentamos a un panorama difícil. Los grandes poderes económicos y políticos internacionales han comenzado a advertir de los riesgos de una ralentización económica, incluso de una posible recesión. En Hego Euskal Herria y en el Estado español, la subida de los salarios ‒y esto donde se han negociado y acordado convenios‒ están en general entre 7 y 8 puntos por debajo de la inflación del 10,8%. A los y las pensionistas nos han actualizado este año las pensiones con el 2,5%, lo que implica una pérdida de un 8,3%, a lo que hay que sumar el 3% que perdimos el año pasado.
Los próximos meses son decisivos para que los trabajadores y trabajadoras, los y las pensionistas y demás sectores populares nos movilicemos masivamente y con contundencia para tratar de frenar o paliar lo que van a tratar de imponernos.
2.- Preparando la movilización pensionista del 22 de agosto en Bilbao
El 22 de agosto, primer lunes de la Aste Nagusia en Bilbao, el movimiento de pensionistas ha convocado una manifestación que arrancará a las 12 del mediodía de la Plaza Elíptica. El próximo día 10, se reunirá la asamblea provincial del MPB. Se debatirá y aprobará un manifiesto que se leerá al término de la manifestación. Se han preparado ya carteles que serán colocados en Bilbao y en buena parte de los pueblos de Bizkaia. Asimismo, los días anteriores varios coches recorrerán el centro y los barrios de la capital vizcaína invitando a toda la ciudadanía tomar parte en esa manifestación, pues lo que está en juego son unas pensiones públicas y dignas para hoy y para el futuro. Algunas konparsas nos han informado ya que tomarán parte en la misma.
3.- En la CAV al menos 65 consultorios están cerrados o sin médicos en verano
Según datos de Osakidetza remitidos por el Departamento de Gotzone Sagardui al Parlamento, al menos 65 consultorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están cerrados total o parcialmente este verano (desde el 22 de julio hasta el 22 de septiembre) o carecen de médicos y son atendidos por personal de enfermería. A estos hay que añadir otros 85 centros de salud y ambulatorios que sufren restricciones horarias en la atención a los pacientes.
Quienes más sufren este problema de los consultorios son localidades pequeñas, sobre todo de la zona del interior de Bizkaia y de Tolosaldea. De estos, 14 están totalmente cerrados, 33 sufren cierres por días o semanas y otros 18 carecen de médicos que los atiendan, y el servicio es ofrecido por personal de enfermería.
Si a estas limitaciones y recortes sumamos los efectos de la pandemia que aún perduran con un importante número de ingresos hospitalarios y sobre todo fallecimientos (53 la semana pasada) y los problemas generados por las últimas oleadas de calor que han provocado más de 200 muertes, el panorama de cierres de consultorios y centros de salud, la limitación de horarios y la falta de personal colocan a Osakidetza en una situación muy delicada, por no decir dramática.
Los últimos días se ha hecho también público que el número de personas mayores fallecidas en las residencias es mayor en las que tienen una ratio de personal (proporción entre profesionales y personas a atender) bajo o deficiente, frente a las que tienen una ratio justa y equilibrada. Permitir esto en residencias concertadas, por los intereses privados de quienes las regentan, cuando los efectos de la pandemia o el calor son más graves entre las personas mayores, es totalmente injustificable.
La política sanitaria y sociosanitaria de Osakidetza, Gobierno de Gasteiz y Diputaciones no puede calificarse más que de irresponsable y de desprecio a la sanidad pública y a unos servicios socio sanitarios que garanticen la atención y dignidad de las personas mayores. ¡Encima nos dicen que la sociedad vasca está bien atendida sanitariamente!
4.- El tocomocho de las pagas o complementos no consolidables
En algunas empresas con grandes expectativas y beneficios, en lugar de consolidar subidas salariales por encima del IPC, desde hace algunos años han venido estableciendo compensaciones económicas no consolidables en función de los beneficios, aunque no en la proporción que habían crecido estos. No eran un buen ejemplo.
Ahora, ante el crecimiento desbocado de la inflación interanual, la patronal vizcaína Cebek, la gipuzkoana Adegi y la alavesa SEA, han decidido no subir los salarios en el 2022 según el IPC. Ni comprometerse para los próximos años con cláusulas de revisión salarial que garanticen a los salarios mantenerse frente a la inflación o aumento del coste de la vida.
En la CAV, donde se están firmando convenios para tres o cuatro años, la subida salarial media pactada para el 2022 es de un 3,78%. Y las subidas acordadas para los próximos dos o tres años están hechas sobre previsiones de inflación poco o nada creíbles. La pérdida este año y la previsible en los próximos va a ser muy grande, pues la mayoría de los convenios no cuentan con cláusulas de revisión salarial según el IPC real. Situación aún peor ‒en general‒ para ese 70% de los trabajadores y trabajadoras que tienen sus convenios sin negociar o decaídos.
En algunas empresas con mucho margen económico, la patronal está promoviendo y acordando, pagas o complementos salariales no consolidables, con el argumento de “proteger” la capacidad adquisitiva de los salarios. Es el caso de empresas como Mercedes, Sidenor, Euskaltel o Gestamp. Los sindicatos firmantes de esos acuerdos se sienten satisfechos de los mismos y tratan de hacer creer a los trabajadores/as que así, al menos, no pierden capacidad adquisitiva.
Es un tocomocho, pan para hoy y hambre para mañana, y esto en empresas con grandes beneficios. No actualizar y consolidar los salarios con el IPC correspondiente, es perder indefinidamente y cada vez más en los años siguientes. Lo mismo sucede con las pensiones. Por poner un ejemplo: un trabajador/a que en el año 2021 tuviera un salario bruto anual de 28.000 euros (que se estimaba como salario medio en Hego Euskal Herria), aunque le suban este año un 6%, si la inflación a final de año se sitúa en el 10%, va a perder un 4%. Es decir, 1.120 euros. Pero si en el 2023 le suben un 2,5% frente a una inflación del 4,5%, no solo va a perder un 2%, sino un 6,5% en relación a 2021, lo que equivaldría a 1.764 euros.
Los convenios de las grandes empresas citas son referenciales para otros muchos convenios de menor entidad, o para los sectoriales. Los sindicatos que los firman renunciando a la subida real y consolidada en función del IPC real, aceptando como “alternativa” pagas o complementos no consolidables, están dando un muy mal ejemplo para la gran mayoría de los trabajadores/as.
5.- ¿Beneficia a toda la gente de la CAV la deflactación del 4% en el IRPF?
Estos días el Gobierno de Gasteiz, junto con los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, ha manifestado, ‒siguiendo la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Ayuso‒, que a partir del 1 de septiembre se deflactará con el 4% el pago del IRPF. Y que en la declaración de la renta del 2023 se tendrá en cuenta esa deflactación, así como una deducción de 200 euros para quienes tengan ingresos inferiores a 30.000 euros anuales. Y añaden que con la deflactación del 1,5 que se llevó a cabo en enero, se llegará a un 6%, que se corresponde, poco más o menos, con la subida del IPC subyacente, dentro del cual no se contempla el enorme gasto en electricidad, carburantes y productos frescos, elementos básicos imprescindibles para la vida cotidiana.
Pretenden vender esta medida como positiva para toda la sociedad, con el argumento de que palía el aumento del coste de la vida y va a favorecer la reducción de la inflación. Pero lo que no explica el gobierno es que esa medida va a favorecer sobre todo a las rentas más altas, en menor escala a las medianas y nada a los sectores más vulnerables y desfavorecidos porque no llegan a percibir ingresos por la cantidad mínima que es necesaria para cotizar por el IRPF. Y por el mismo motivo, tampoco les afectan los 200 euros de reducción prevista en la declaración de la renta.
Tratarán de justificar que quienes no llegan a 14.000 euros anuales tienen derecho al cheque de 200 euros ‒por una sola vez‒ establecido por el gobierno del Estado. Pero se olvidan, una vez más, que muchísimas personas pensionistas, en especial mujeres, no tienen una pensión que llegue a los 14.000 euros y ni siquiera tendrán derecho a ese cheque de 200 euros.
En definitiva, se trata de una medida parcial, limitada y discriminatoria con quienes tienen menos ingresos y más dificultades para poder vivir con un mínimo de dignidad. En lugar de proponer estos parches, lo único razonable y justo para paliar la subida del IPC es que los salarios y las pensiones suban igual al IPC. Y que el salario mínimo interprofesional sea como mínimo de 1.200 euros, al igual que la pensión mínima de 1.080 euros, en 14 pagas. Y lo que tienen que hacer es aprobar una reforma fiscal que, entre otros elementos, iguale lo que hay que pagar por las rentas del capital, que como mucho nominalmente tributan al 25% mientras que las del trabajo pagan hasta el 49% y que aumenten los tipos efectivos en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
6.- Solidaridad y apoyo contra el derribo de la Nagusien Etxea de Romo
Desde julio de 2019, en que se constituyó el nuevo ayuntamiento con la mayoría absoluta del PNV y el PSE, los intentos y presiones para el derribo de la Nagusien Etxea han sido constantes. Un centro que es referencial, con múltiples actividades, para las personas mayores del barrio de Romo y que lo están defendiendo con uñas y dientes con un fuerte apoyo social.
Han acudido para frenar el derribo a plenos del Ayuntamiento de Getxo, a Juntas Generales, Parlamento Vasco, Ararteko, Kultura del Gobierno Vasco, pero sin ningún resultado. De igual modo, han realizado manifestaciones en el barrio, delante del Ayuntamiento y la Diputación, recogidas de firmas, año y medio dando vueltas como protesta en la Plaza del Ajedrez. También han participado con su pancarta en manifestaciones del MPB (Movimiento de Pensionistas de Bizkaia) en Bilbao.
Últimamente han llevado a cabo ocupaciones y encierros en la Nagusien Etxea. El jueves 28 de julio acudieron al pleno del Ayuntamiento de Getxo para protestar, pero fueron desalojados con un fuerte despliegue de la Policía Local, que actuó con violencia sobre todo con las personas jóvenes que les acompañaban. Y este sábado día 6 recuperarán también la comida en el centro para las personas mayores de 75 años, en el marco de las fiestas del barrio.
Los riesgos del derribo se aceleran y han decidido dirigir un escrito a la alcaldesa de Getxo, avalado con firmas individuales, pero con dimensión masiva. En el escrito se recoge:
La persona abajo firmante, habiendo tenido conocimiento de los Planes del Ayuntamiento de Getxo y Diputación Foral de Bizkaia para derribar los edificios de Lope de Vega 12 y construir un llamado Centro Intergeneracional de 100 camas para dependientes grado 2, 3 y 40 apartamentos para jóvenes.
Conociendo igualmente que para ello habría que desalojar Nagusien Etxea (que va a cumplir 35 años siendo un espacio de convivencia y ocio para las personas mayores), además de derribar los edificios que la albergan, así como los 11 apartamentos tutelados, antiguo euskaltegi y aula de cultura, que ya en 2015 la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro pedía proteger ante la inacción del ayuntamiento.
Y conociendo también la inexistencia de plazas de centro de día en el municipio, lo que obliga a personas mayores a desplazarse a diario fuera de su entorno. Es por lo que nos dirigimos a Ud. solicitando:
- Que las personas mayores, socios y socias de Ibar Nagusien Etxea, no sean desalojadas.
- Que los edificios de Lope de Vega 12, patrimonio del barrio, no sean derribados.
- Que busquen una ubicación alternativa para el Centro Intergeneracional.
- Que se habilite un Centro de Día en Romo.
Al igual que se han apoyado otras iniciativas de la Nagusien Etxea, el movimiento de pensionistas apoyará y animará las firmas de ese escrito.
7.- Escandalosos beneficios de la banca y de las grandes empresas energéticas
Entre CaixaBank, Banco de Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja han obtenido en el primer semestre de este año unos beneficios netos de 10.297 millones de euros. El reparto entre ellos ha sido: Banco de Santander (4.894 millones de euros). BBVA (3.001 millones de euros). CaixaBank (1.573 millones de euros). Bankinter (271 millones de euros). Banco Sabadell (393 millones de euros). Unicaja (165 millones de euros). Las grandes empresas energéticas han tenido un recorrido similar. Por citar algunas: Iberdrola (2.075 millones de euros). Endesa (916 millones de euros). Repsol (2.539 millones de euros). Tanto bancos como estas grandes empresas han mejorado ampliamente sus beneficios del mismo periodo del 2021.
Con total desvergüenza siguen proponiendo y presionando para un Pacto de Rentas que recorte salarios, pensiones y gastos sociales. Y no solo eso, sino que han tratado de limitar al máximo la propuesta del gobierno de que paguen impuestos por sus altos beneficios con la escasa cantidad de 7.000 millones de euros, con carácter excepcional por dos años.
Josu Jon Imaz, ex presidente del Euskadi Bru Batzar (EB), máximo órgano de dirección del PNV, y ex consejero de industria del gobierno de Gasteiz, es desde hace unos años consejero delegado de Repsol, ha defendido en los últimos meses con entusiasmo la defensa de la utilización del petróleo y sus derivados. Y hace poco más de dos semanas manifestó que “haría todo lo posible” para no pagar los impuestos citados a las energéticas. No es extraño: en el 2021 tuvo un sueldo anual de 4,27 millones de euros, equivalente a 142 veces el sueldo anual de un trabajador/a de 30.000 euros.
