Noticias e informaciones de interés 8-agosto-2020
- – Las Juntas Generales de Bizkaia instan a la Diputación a elaborar en un mes un informe que aclare lo sucedido en las residencias durante el Covid-19
En reunión celebrada el 29 de julio, la comisión de acción social de las Juntas Generales de Bizkaia aprobó por unanimidad la petición de elaboración de un informe en el plazo de un mes por parte del departamento de Acción Social de la Diputación sobre lo acontecido en los centros de servicios sociales de carácter residencial durante la pandemia del Covid-19.
El informe, que será realizado por personal técnico y profesionales adscritos a ese departamento, debe incluir, al menos, “incidencias sobre actuación sanitaria, equipos de protección individual, personal asistencial, comunicación entre residentes, familiares y centro”. Y se pide además incluir medidas de mejora “para que los errores no se repitan en el futuro”, estimando, “cuando sea posible” los costos de esas medidas.
La Diputación tendrá que trasladar el informe tanto a los grupos junteros de Bizkaia como al Gobierno Vasco, de cara al proceso que se está llevando a cabo de modificación del Decreto 126/2020 de 30 de julio, de residencias de personas mayores en el ámbito de la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco) y adoptar así las mejoras necesarias para la mejora de los centros residenciales del territorio.
La Comisión aceptó tres enmiendas de EH Bildu para que en el informe se incluyan también las características de las residencias (tamaño, ubicación), el tipo de gestión de las residencias, los ratios de personal y su formación, los servicios sanitarios y el personal de las residencias” de cara a “detectar los posibles efectos de estos factores en la pandemia”.
Sin embargo, no fueran aceptadas otras dos enmiendas. Una de Elkarrekin Podemos para que se tuvieran en cuenta “los criterios e indicadores de las asociaciones de usuarios, así como de los sindicatos”. La otra de EH Bildu que proponía “compartir el informe con los diferentes sectores implicados en los centros para personas mayores (trabajadores y trabajadoras, residentes, familiares de los y las residentes, empresas gestoras y propietarios…). PNV, PSE y PP no las aceptaron, argumentando que dicho informe va a tener carácter público.
No cabe duda de que este paso dado por unanimidad de la comisión de acción social de las JJ.GG., tiene que ver con la presión social permanente que prácticamente desde el inicio de la pandemia ha dinamizado el movimiento de pensionistas en Bizkaia y del resto de la CAPV, con manifestaciones, denuncias, entrevistas con las instituciones, incluso con peticiones de intervención de la fiscalía. Presión que no ha sido sólo del movimiento de pensionistas, sino de las asociaciones de familiares de residentes, sindicatos del sector, y ciertos medios de comunicación que han generado una opinión social de la que no se podían escurrir quienes están al mando de las diputaciones y del Gobierno Vasco, es decir, el PNV y el PSE-EE.
Aun así, no podemos hacernos muchas ilusiones de lo que puede salir de ese informe, ni de las medidas prácticas que estén dispuestas a asumir las Diputaciones y el nuevo Gobierno de Gasteiz. Por otra parte, quienes gobiernan la Diputación (PNV y PSE) no quieren saber nada de reunirse con el movimiento de pensionistas ni someter a un debate público los problemas acaecidos y las medidas a adoptar.
2.-Trabajadoras de la Residencia Vitalitas Santa Teresa de Barakaldo emprenden movilizaciones
El 29 de julio llevaron a cabo una concentración donde el comité de empresa denunció que no se cubren las jubilaciones, tampoco se ha reforzado la plantilla durante la pandemia como recomendaba la Diputación, y la sobrecarga estaría mermando la calidad del servicio que se presta a las y los residentes. Destacan que una plantilla de unas 100 personas para unas 155 personas residentes podría dar a entender que la ratio de personal no es tan escasa. Pero subrayan que es una minoría del personal quién se ocupa de la atención directa a las personas usuarias, no pudiendo atenderles como es debido.
Mientras tanto, el largo conflicto de las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa sigue latente, aunque las huelgas dejaron de realizarse al iniciarse la pandemia.
3- Entrevistas con el Ararteko y la Fiscalía
El miércoles de la semana pasada, día 29 de julio, una delegación del movimiento de pensionistas de la CAV hizo entrega al Ararteko de un amplio documento donde se recogían las quejas por los problemas observados en las residencias durante la pandemia. Este miércoles, 5 de julio, ante la Fiscalia de la CAV en Bilbao se hizo una pequeña concentración simbólica, acompañada por una rueda de prensa, donde se explicaron los motivos principales por los que el movimiento de pensionistas presentaba un documento de denuncia, un tanto similar al entregado al Ararteko. El 7 de setiembre, ya está establecida la cita con la Fiscalía para explicar las razones que justifican ese documento y la necesidad de que esta actúe sobre los hechos denunciados que se recogen en el mismo.
4.- El Presidente de la patronal vizcaína Cebek declara que el rebaje de salarios no garantiza el empleo
Días después de las declaraciones de Arantza Tapia, señalando entre otras cosas que la reducción de los salarios podría ayudar al mantenimiento del empleo, el presidente de Cebek manifestaba que la reducción de salarios no garantiza el empleo y que son necesarias otras medidas. Confebask, por su parte, añadía que era necesaria una especie de pacto social de país para remontar la crisis generada por la pandemia.
Quizás alguien, ingenuamente, pudo pensar al escuchar el titular de la declaración del presidente de Cebek que expresaba una actitud menos a la derecha que la de Arantza Tapia. Lo que en realidad estaba expresando es que hay que ir a medidas de choque más duras. Es decir, aprovechando la crisis de la pandemia, las grandes empresas de la CAV, unidas o dependientes en buena parte de multinacionales, quieren cerrar centros de trabajo y reducir las plantillas de un modo brutal, no sólo despidiendo a la gente eventual –que ya lo han hecho estos meses– sino a las y los trabajadores fijos con muchos años de antigüedad.
Su proyecto, ni más ni menos, es desprenderse de buena parte de esas plantillas, para que luego cuando se inicie cierto grado de recuperación económica, puedan contratar a trabajadores con salarios más bajos, eventuales, que les puedan proporcionar unos beneficios más altos.
Es tal la desvergüenza de esas empresas que, como hemos podido saber, han tenido en los últimos años unos beneficios muy grandes, repartiendo generosos dividendos entre sus accionistas. Por citar sólo tres casos: Tubacex (con sede social en Laudio), Aernnova (Gasteiz) e ITP Aero (Zamudio), que según los cálculos del sindicato ELA en base a los datos presentados por las propias empresas, desde 2009 han ganado 1.027,4 millones de euros en conjunto.
La cadena de cierres de empresas, deslocalizaciones, despidos masivos, deterioro de salarios y derechos laborales van a intentar que sea muy amplia en los próximos meses, sobre todo a partir de la desaparición de los ERTEs. La misma Confebask ha declarado que de aquí a finales de año, pueden perderse en la CAV otros 45.000 empleos.
¿Cómo enfrentarse a esta situación? Considerar que bajando los salarios puede atenuarse de un modo significativo la pérdida de empleo es una ilusión que no se corresponde ni con las experiencias vividas, ni con la realidad a que nos enfrentamos. Los empresarios, con el chantaje de conservar los puestos de trabajo, juegan a todas las bandas para salvar sus intereses. Chantajean con los cierres y los despidos, para plantear la reducción de salarios, la flexibilidad según las cargas de trabajo, la eventualidad, los recortes de derechos laborales…, y sin con todo ello no les es suficiente, van por el camino de en medio cerrando la empresa o despidiendo unilateralmente, sin importarles para nada la situación dramática en que quedan las trabajadoras, los trabajadores y sus familias.
Sólo excepcionalmente aceptar la reducción de salarios ha permitido que alguna empresa y el empleo se mantengan. La experiencia nos enseña que, en la generalidad de las empresas privadas, incluso en algunas cooperativas y en muchas SALes sólo ha servido para aguantar un poco, y al final, casi siempre, se ha ido al cierre o a unas pérdidas de empleo y salarios muy grandes.
Arantza Tapia, el previsible nuevo gobierno de Gasteiz, el empresariado sabe muy bien que una mayor inversión pública en sanidad, educación, en la atención a las personas mayores y servicios sociales posibilitaría una creación muy importante de puestos de trabajo y de ingresos a las cajas públicas. De igual modo, promoviendo un sistema productivo cuidadoso con la naturaleza y la vida humana, pero quieren continuar con su política capitalista, neoliberal, que conduce cada vez más a la desigualdad social, la pobreza y riesgos de todo tipo para la gran mayoría de la sociedad.
Como pensionistas, no podemos dejar de subrayar que el panorama ante el que nos enfrentamos, si no cambian las cosas, conduce no sólo a que las pensiones de las nuevas generaciones van a ser más precarias, sino que las nuestras pueden conocer también recortes. No estaría de más empezar a pensar, además de mantener la lucha cotidiana en las empresas, en los sectores, así como las movilizaciones de los pensionistas y otros sectores sociales, en preparar para los próximos meses una movilización general similar a la que llevamos a cabo con éxito el 30 de enero.
5- Preparando la manifestación del 24 de agosto en Bilbao
Carteles, vía digital o impresa, han comenzado ya a repartirse. En fechas próximas se elaborará una declaración. Txistularis, algún bertsolari, etc. se han comprometido ya a alegrar y animar la manifestación que terminará en el Arenal. Esperamos que las konparsas de Bilbao y algún otro colectivo social nos acompañe. Sería de mucho interés que toda persona o colectivo interesado en la defensa de una sanidad y unos servicios socio sanitarios públicos y de unas pensiones públicas y dignas para hoy y para el futuro, se sumen y participen en la misma. Ahora el trabajo en la capital y pueblos de Bizkaia es animar en la medida de lo posible a asistir a la misma. Mucha gente está de vacaciones, la Aste Nagusia está suspendida, aun así, estamos convencidos de que muchas personas tomaremos parte en la misma.
6- Comisión técnica del Pacto de Toledo
Durante la semana pasada ha continuado reuniéndose la comisión técnica del Pacto de Toledo. No ha habido cambios sobre las recomendaciones ya conocidas. Están pendientes dos comparecencias más: la del Banco de España y de AIREF. Al parecer algunos están considerando la posibilidad de estudiar los coeficientes reductores que se les aplican a las personas jubiladas con 40 años de cotización. El contenido de las recomendaciones no tiene nada de positivo, más bien se justifican los elementos de retrocesos de las pensiones que venimos conociendo desde las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y a las y los trabajadores jubilados con 40 años de cotización, les decimos que mejor que no se hagan muchas ilusiones. Los días 1, 2 y 3 de setiembre se reunirá de nuevo la comisión técnica del Pacto de Toledo. Habrá que estar atentos a lo que “recomienden”.