Noticias e informaciones de interés                          9-diciembre-2023

1.- Importante movilización pensionista el 16 de diciembre en Bilbao

Aunque sin mucha confianza, las impresiones de las delegaciones del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria que mantuvieron entrevistas con los grupos políticos del parlamento de Gasteiz para plantearles el complemento a las pensiones mínimas contributivas a 1.080 euros, abrieron algunas pequeñas esperanzas.

Prácticamente todos los grupos mostraron su reconocimiento al informe presentando para justificar esa demanda y el esfuerzo y tesón con que el movimiento de pensionistas vasco la venimos defendiendo desde hace casi seis años. Pero las buenas palabras, por parte del PNV y el PSE, que componen el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, muestran a las claras que tienen poco que ver con su voluntad real para aceptar esa petición.

Su rechazo total a las enmiendas presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, en las que se planteaba una modesta cantidad ‒aunque abierta a su ampliación‒ para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros, así lo ponían de manifiesto. Y todo parece indicar que, tras el rechazo de esa enmienda y de otras varias de cierta entidad presentadas por los grupos políticos de la oposición, el próximo 22 de diciembre los presupuestos generales de la CAV para el 2024 serán aprobados exclusivamente, aplicando el rodillo del rechazo a cualquier enmienda, por el PNV y el PSE, que cuentan con la mayoría absoluta en el parlamento de Gasteiz.

No entendemos y menos aún encontramos justificación alguna para ese rechazo. Tienen capacidad política y económica para atender a esa reivindicación que afecta a 170.000 pensionistas en la CAV, en su mayoría mujeres, con una pensión por debajo ‒o muy por debajo‒ de 1.080 euros.  Hacen caso omiso al apoyo y reconocimiento social que tiene esa demanda, a los más de 40 ayuntamientos –en las próximas semanas serán muchos más‒ que ya se han pronunciado en favor de la misma, o de los cientos y cientos de firmas que en muchos pueblos se suman a ese apoyo.

Pero no por ello el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria va a cejar en sus protestas y movilizaciones, ni en conseguir el mayor arrope social de la gente en la calle y de las instituciones locales para conseguirlo. Entre otras iniciativas, antes de la aprobación de los presupuestos el día 22 de diciembre, el lunes 11 de diciembre los compañeros/as del Movimiento de Pensionistas de Gasteiz llevarán a cabo una manifestación hasta las puertas del parlamento. Y el sábado día 16, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) se movilizará en la capital vizcaína, en una manifestación que arrancará a las 6 de la tarde desde la plaza Elíptica y culminará ante el Ayuntamiento. Será sin duda una manifestación amplia y llamativa, por cómo está siendo preparada. Y, desde luego, se hace una invitación a todos y todas las pensionistas y a la ciudadanía a sumarse a la misma. 

También queremos advertir a los dos partidos que forman el gobierno de la CAV que, si se mantienen en su prepotencia y cerrazón para no admitir esa petición en los presupuestos para el 2024, en los próximos meses multiplicaremos nuestras iniciativas para que reconsideren su posición. Que no nos venga luego nadie con la monserga de que nos movilizamos porque vienen las próximas elecciones autonómicas, con la pretensión de debilitar a algún partido.

2.- Después de la Huelga Feminista General del 30-N

la huelga y movilización de ese día fue exitosa y marcó un hito histórico. Pero como destaca el Movimiento Feminista de Euskal Herria fue un paso más, importante sí, pero el reto hacía adelante es muy grande si se quiere avanzar seria y eficazmente para que el sistema de cuidados sea público y comunitario. 

Al día siguiente de la huelga el movimiento feminista ya destacó que en la vía para lograr ese objetivo desde hoy en adelante exigen a las instituciones que la política de los cuidados esté en el centro de su agenda política; que los hombres asuman sus responsabilidades; y que los empresarios dejen de aprovecharse y explotar a las mujeres que se dedican a los cuidados, acabando con la precariedad que se les impone y sufren.

Y destacaron que las instituciones no pueden establecer sobre los cuidados medidas por si solas, o unilateralmente, sino que deben contar con la participación del movimiento feminista, de los sindicatos y otros colectivos o movimientos sociales que participaron en la preparación y desarrollo de la huelga, aunque bajo el protagonismo del movimiento feminista.

Por otro lado, subrayaron la necesidad del desarrollo y compromiso del Acuerdo Social para llevar al grueso de la sociedad la conciencia de asumir el sistema de cuidados público y comunitario. Un Acuerdo Social que debe profundizar en el contendido y las reivindicaciones puestas de manifiesto en la huelga y movilización general del 30-N, dentro del cual el movimiento feminista continuará organizando y tejiendo alianzas. 

Sin duda, el reconocimiento de los cuidados como un bien social fundamental para la humanidad, requiere de un cambio de las condiciones materiales de vida de las personas, fundamentalmente mujeres, que se ocupan de esa función. Un cambio que se resaltó y fue demandado con fuerza en la huelga general. En este sentido, el reconocimiento de unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del hogar ‒muchas de ellas razializadas‒ de las residencias y de otros servicios de atención y cuidados, frente a la explotación individual que sufren las primeras, o la precariedad y privatizaciones que padecen en las residencias y otros servicios de cuidados, es un problema de primer orden a abordar y resolver. 

Pero los problemas de las malas y discriminatorias condiciones laborales de las mujeres no solo se reducen a esos sectores, sino a todo el mundo laboral, con una brecha salarial injustificada, que luego se reproduce cuando llegan a las jubilaciones y la brecha de pensiones se mantiene o acentúa.  

El papel de las mujeres del movimiento de pensionistas en la huelga general fue significativo y la demanda del conjunto del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria de una pensión mínima de 1.080 euros, que afectaría sobre todo a mujeres, paliando la brecha de pensiones existente, tuvo un amplio eco en la misma. Conseguir esa reivindicación es algo muy importante para tantas mujeres que tuvieron que destinar buena parte de su vida a los cuidados.

3.- Aumenta el paro entre los trabajadores/as de más de 50 años, con graves consecuencias para su futuro

La tasa de paro de los trabajadores/as mayores de 50 años está creciendo de un modo preocupante en los últimos años, tasa que se acentúa a medida que aumenta la edad de quienes superan esos 50 años. 

Las dificultades para encontrar un empleo son cada día mayores, y no digamos nada de quienes tienen 52 o más años. Muchos de ellos/as tienen una amplia experiencia y capacitación profesional, pero a los empresarios solo les interesa personal con otros perfiles y, sobre todo, gente joven en condiciones más precarias y peor pagadas. 

Las propuestas planteadas por las instituciones para tratar de paliar el paro de las personas mayores, ofreciendo determinadas ventajas para su contratación por los empresarios, apenas están obteniendo resultados, por lo que la gran mayoría se ven condenadas al paro, sin perspectivas de recolocarse en un nuevo puesto de trabajo, teniendo que subsistir con unos subsidios míseros y abocadas a unas pensiones más bajas cuando se jubilen. 

Con Rajoy el subsidio para trabajadores/as mayores en paro pasó a los 55 años, limitó su duración hasta que hubiera posibilidad de jubilarse en cualquier modalidad, incluyendo la anticipada con aplicación de coeficientes reductores que reducían la cuantía de la pensión, estableciendo, además, como condición de acceso la renta de la unidad familiar, con lo que bastaba con que el otro/a cónyuge tuviera un sueldo o una pensión, aunque fuera muy baja para que no pudiera acceder a ese subsidio.

En marzo de 2019 el gobierno de Pedro Sánchez volvió a la edad de 52 años para reconocer ese subsidio, la condición de rentas volvió a ser individual y, en el supuesto de que continuara en paro, le sería mantenido hasta la edad de jubilación ordinaria. Durante ese periodo, su cotización será equivalente al 125% del SMI anual, aplicado en 12 cotizaciones. 

En octubre de este año en la CAV percibían esa prestación 14.010 trabajadores/as, de las que 7.634 eran mujeres. En Nafarroa 4.353, de las que 2.770 eran mujeres. En total, en Hego Euskal Herria 18.363 trabajadores/as (7.959 hombres y 10.404 mujeres). Pero hay otro grupo de personas mayores de 52 años que no trabajan por estar en paro o por otras razones y no percibe ese subsidio que, por otro lado, es una miseria pues se reduce a 480 euros en 12 pagas.

El precio a pagar por una situación de paro que les es impuesta es muy grave. No solo se ven obligados/as a tener que vivir muchos años con un subsidio de miseria, sino que sus cotizaciones serán en la mayoría de los casos más bajas que de haber seguido trabajando y en, consecuencia, sus pensiones serán más reducidas. De este modo, los ingresos a la seguridad social serán menores y otro tanto en los gastos en pensiones.

El problema de las pensiones y de mantener un sistema público que las garantice y de un modo digno no podemos por menos que calificarlo de preocupante. Y no solo afecta a quienes hoy somos pensionistas, ni a quienes se verán en una situación más delicada como es el caso de las personas mayores en paro, sino al conjunto de los trabajadores/as que están viendo cómo día tras día se alarga la fecha de su jubilación y sus pensiones conocen más recortes. 

El movimiento de pensionistas, los sindicatos y otros colectivos o movimientos sociales tenemos que avanzar en iniciativas conjuntas para poner freno al deterioro que estamos conociendo, con medidas restrictivas impuestas a las pensiones públicas por los poderes económicos y políticos que les apoyan y que solo buscan y promueven cada vez más la privatización de éstas.

4.- Los partos del área de salud de Estella serán atendidos en Pamplona y Tudela por falta de ginecólogos

Las mujeres embarazadas del Área de Salud de Estella-Lizarra que se pongan de parto –este mes se prevén alrededor de 25 nacimientos– serán atendidas a partir del pasado jueves, 7 de diciembre, en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) en Pamplona y en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Una decisión que, según informó Salud, se ha adoptado porque el Hospital García Orcoyen de Estella “no puede asumir los partos de manera temporal”, ya que faltan “5 profesionales de los 8 que forman el servicio de Ginecología y Obstetricia, que, de las 8 plazas de Ginecología, 4 profesionales están de baja médica, una en reducción de jornada, dos en jornada completa y una plaza vacante. Hasta el momento, estas carencias se han solventado “con el gran esfuerzo y compromiso” del resto de la plantilla que, además, está trabajando en la reestructuración del servicio. 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha afirmado que “la seguridad y calidad asistencial de nuestros pacientes está por encima de todo y la derivación es la solución más responsable y coherente con la situación que tenemos”. No obstante, señala que trabajan para retomar la atención “en el menor tiempo posible”. La decisión ha generado malestar en la ciudadanía y, de hecho, las mujeres embarazadas de Tierra Estella convocaron para el mismo jueves una movilización bajo el lema: “La sanidad es nuestro derecho y se defiende”.

Desde el ámbito sindical se volvió a denunciar el desmantelamiento de la atención sanitaria pública de Estelerria debido a la dejadez de la gerencia del hospital y del propio Gobierno. Que el cierre del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital García Orcoyen ha vuelto a poner de manifiesto que la gestión del Área de Salud de Lizarra sigue siendo pésima, así mismo se denunció que “el desmantelamiento de la atención sanitaria pública se debe, en primer lugar, a la falta de interés de la gerencia de Osasunbidea y, en segundo lugar, a la falta de personal consecuencia de la doble actividad en centros privados que tienen algunos facultativos”. “De que Osasunbidea oculte la situación administrativa de algunos de ellos, algo que la Oficina Anticorrupción exigió que se solucionara y aún no se ha hecho”.

Hace exactamente cuatro meses ya exigieron la destitución inmediata de la gerente del hospital García Orcoyen de Lizarra debido a que estaba favoreciendo intereses privatizadores y generando un ambiente de trabajo lo suficientemente incómodo para que el Área de Salud de Lizarra no funcionase como debiera. Esa gerente ya abandonó su puesto ‒no la echaron‒. Pero la pésima gestión del área sigue y están consiguiendo una falta de atención sin precedentes en la zona, ya que “están optando claramente por la derivación de la atención a Iruña. También está ocurriendo con otros servicios como son Pediatría, Radiología y Dermatología”.

5. – Reunión del MPB y Babestu con la Diputada Foral de Acción Social de Bizkaia

El 2 de octubre el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) y la asociación de familiares de residentes en centros de atención a personas mayores, Babestu, se dirigieron a la Diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, para solicitar una reunión en la que pudieran explicarle cuales son las demandas que como personas pensionistas y usuarias de residencias y servicios de atención a la dependencia vienen reclamando desde hace cinco años. Y le recordaban que el día anterior, 1º de octubre, con ocasión del Día Internacional de las Personas Mayores se habían concentrado ante la Diputación Foral para manifestar sus reivindicaciones. En un amplio documento que se le adjuntaba, le solicitaban la celebración de la reunión con urgencia en la que le iban a plantear las siguientes cuestiones:

. Realizar un plan efectivo para el desarrollo de un sistema público de atención a la dependencia, universal, cercano y de calidad.

. Abrir un marco de diálogo y negociación con los agentes sociales y las trabajadoras de los servicios para garantizar los medios económicos, personales y de infraestructuras necesarias para garantizarlo.

. El empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores también requiere de inmediato complementar a 1.080 euros la pensión mínima. Ninguna persona debe percibir ingresos por debajo de esa cantidad.

. Apoyar nuestras reivindicaciones para recuperar el poder adquisitivo de las pensiones perdido, eliminar la brecha de género y derogar las reformas de los recortes y los coeficientes reductores de la jubilación anticipada.

. Son muchas las deficiencias que en el sistema de atención a la dependencia quedaron en evidencia con la reciente crisis sanitaria del Covid-19 y son muchas las necesidades de atención, de personal y de recursos que siguen existiendo.

. El recurso habitual a la privatización de los recursos sólo lo está empeorando. Un modelo de atención socio-sanitaria integrada, y centrándose en los deseos y necesidades de las personas, coordinando servicios y apoyos, lo que requiere aumentar el presupuesto económico a corto plazo.

. Llevamos diez años de recortes a la dependencia, en residencias, centros de día, etc. Plazas insuficientes, largas listas de espera, insuficiencia de profesionales, falta de equipamiento… La Diputación Foral de Bizkaia se ha desentendido de supervisar las plazas privadas que subvenciona. Un sector residencial altamente feminizado, cuyas plantillas llevan años de lucha para conseguir condiciones de trabajo dignas. 

. Todavía no existe un protocolo de actuación contra la violencia que se ejerce contra las personas mayores que quedan indefensas ante las decisiones administrativas y los atropellos de los derechos a las personas mayores.

. El MPB y Babestu llevamos más de 5 años luchando en defensa de esos objetivos y tenemos el apoyo de miles de personas que participan en nuestras movilizaciones y de organizaciones sindicales y sociales que nos apoyan.

Después de dos meses en que se solicitó la reunión a la Diputada General, por fin ha contestado, pero desviando la celebración de la reunión a la Diputada Foral de Acción Social, Amaya Antxustegi, proponiendo que se celebre el 26 de diciembre.