Toda persona trabajadora, después de una vida de trabajo, muchas veces en condiciones precarias e insalubres, tiene derecho a una pensión digna y suficiente para atender sus necesidades vitales. Sin embargo, una parte sustancial de los y las pensionistas lucha para llegar a fin de mes con pensiones de supervivencia.
Esta situación se va a acentuar este año 2022 debido al incremento de los precios, la inflación acumulada a noviembre de 2021 ha subido al 5,6% en tasa anual. Sin embargo, tendremos una pérdida del 3,1%, aplicando la media de la inflación mensual que ha sido un 2,5%. Esta última cifra marcará la revalorización de 9,9 millones de pensionistas, que perderemos poder adquisitivo, y empobrecerá dramáticamente las pensiones del 62,3 % de las personas pensionistas que a nivel estatal tienen pensiones inferiores a mil euros y del 79% de las viudas que tampoco lo alcanzan. Serán pensiones insuficientes, especialmente para las viudas y mujeres trabajadoras que han sufrido la brecha de género y han tenido cotizaciones más cortas debido a la crianza de los hijos.
La evolución de los salarios y del empleo, son cada vez más precarios y escasos debido a la legislación laboral que se impuso tras la crisis. La destrucción de los derechos sindicales y sociales nos ha conducido a la pauperización de los salarios y a la precariedad generalizada de la mayoría de la sociedad. Este gobierno que se comprometió con la mayoría social, los trabajadores y sus familias a derogar la reforma laboral, nos ha decepcionado, su reforma es mínima y lo que es peor confirma y da la vitola de acuerdo social a los aspectos regresivos de la reforma del gobierno del PP, como la modificación arbitraria de las condiciones de trabajo y salarios, los despidos, etc.., aspectos contra los que luchamos incluso hicimos huelgas generales.
Por estas razones el Movimiento Pensionista, con más razones que nunca y como lo venimos haciendo desde el inicio del movimiento en el 2018:
Exigimos al Gobierno y al Congreso que hagan efectivo el compromiso adquirido al firmar la Carta Social Europea, que cumplan el acuerdo de gobierno que lo recoge. “Hay que sentar las bases para avanzar en la senda que pueda llevar a que la pensión mínima alcance el 60% del salario medio y las no contributivas el 60% de la renta mediana como índices recogidos en la Carta Social Europea.”
Exigimos a las instituciones de la Comunidad autónoma vasca garantizar desde el actual marco de competencias los ingresos suficientes para alcanzar en consonancia con nuestra propia realidad socio económica la pensión mínima definida en la carta Social.
Este año 2022, que ahora iniciamos, todavía en pandemia, seguimos sufriendo una nefasta gestión institucional para hacerle frente, ya que anteponen siempre el negocio de unos pocos a la salud pública de todos, no invierten en Atención Primaria, y cargan sobre los ciudadanos todas las responsabilidades. Tenemos que defender la sanidad pública y exigir más recursos materiales y humanos.
Este año será decisivo en la lucha por un sistema público de pensiones digno. A la vuelta de la esquina tendremos que enfrentarnos a la introducción de los planes de pensiones privados, a el alargamiento del periodo de cómputo… Mantener nuestra lucha será la única garantía de evitarlo.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
Pentsionistak Aurrera
Vitoria -Gasteiz 17 de Enero de 2022.
