PENSIONES Y SALARIOS DIGNOS PARA TODAS LAS PERSONAS
Salarios y condiciones laborales nos afectan directamente a las personas pensionistas, porque son la base principal de las cotizaciones, y porque nuestras pensiones son en muchos casos el único sostén de familias precarizadas, laboral y socialmente.
El SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES en ESPAÑA es un sistema de REPARTO, de SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. La generación que cotiza sostiene a la generación que cobra las pensiones. Además, las cotizaciones de hoy son las pensiones de mañana, y sabemos que el CAPITAL lleva años intentando cargarse este sistema y convertir las pensiones en prestaciones asistenciales mínimas con el fin de eliminar las cotizaciones y hacer negocio de los FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES.
No lo van a conseguir. A través de la lucha hemos conseguido que en la última REFORMA DE LAS PENSIONES se reconozca que el ESTADO debe garantizar la SOLVENCIA del SPP mediante los presupuestos, que debe reintegrar los más de 100.000 millones de cotizaciones desviados para gastos distintos de las pensiones, y que deben revisar las pensiones mínimas para garantizar que sean dignas. Actualmente, un tercio de los nueve millones de pensionistas tenemos unos ingresos inferiores a 650 €, por debajo del umbral de pobreza, y un 60% inferiores a 800 € mensuales. Además, medio millón de pensiones no contributivas son mas bajas, y hay mayores que dependen de las ayudas sociales o de la caridad.
Esta situación tiene una relación directa con los salarios y condiciones laborales de la clase trabajadora, y por eso reivindicamos un SMI de 1200 € mes, equivalente al 60% del salario medio, y la DEROGACIÓN de las reformas laborales de 2010 y de 2012, responsables de que seamos el Estado con más paro, precariedad, y temporalidad de toda la CE. Y quienes se llevan la peor parte son las mujeres, nativas o emigrantes, que sufren una tasa de paro superior a los hombres, cobran de media un 30% menos, y sus pensiones son un 37% más baja.
GOBIERNO, UGT- CCOO, y la PATRONAL, acaban de aprobar una nueva reforma laboral que tiene aspectos positivos, como recuperar la ULTRACTIVIDAD de los convenios, para que mantengan su vigencia hasta negociar uno nuevo, o volver a la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa, aunque sólo en salarios y complementos, o la supresión del contrato de obra o servicio que era un coladero de temporalidad. Sin embargo, los ERTES, que han servido en pandemia para contener despidos, más de 200.000 trabajadores-as se han acogido en EUSKADI, se configura en la reforma como un recurso estructural y no excepcional al servicio de las empresas, para reducir jornada o suspender contratos, pero financiados, en salarios y cotizaciones, con dinero público. Además, se mantienen intactos aspectos esenciales de las reformas de 2010 y 2012. El despido, individual y colectivo, seguirá siendo fácil y barato, y es miserable que se mantenga la supresión de los salarios de tramitación cuando se declare improcedente. Los EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO no necesitan autorización administrativa, las AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN serán las que contraten en precario, el poder discrecional de los empresarios se mantiene, pudiendo modificar las condiciones sustanciales de trabajo, incluida jornada y salarios, por razones económicas, técnicas, organizativas, o de producción, y también su capacidad de descolgarse del convenio colectivo. La contratación parcial, por días u horas, que es mayoritariamente involuntaria y la principal fuente de fraude a la SS, a través de millones de horas extras semanales que ni se pagan ni se cotizan, no se toca. El recurso de las empresas a la externalización para abaratar costos a costa de accidentes y precariedad sigue igual, y la obligatoriedad de aplicar en las subcontratas el convenio sectorial se excepciona cuando la propia subcontrata tenga un convenio propio, aunque en este caso deba respetar los salarios del sector.
Como movimiento de pensionistas seguimos defendiendo la derogación integral de las REFORMAS LABORALES 2010 Y 2012, mucho más con una clase empresarial y financiera que defrauda e incumple normas y convenios. Destaca la BANCA PRIVADA que, al mismo tiempo que despiden masivamente, cierran sucursales, suben las comisiones, y anuncian beneficios de miles de millones de euros mientras nos niegan a las personas mayores la atención presencial y de calidad que nos merecemos. Condiciones de trabajo decentes y un SMI de 1200 € mes son la mejor garantía para conseguir pensiones dignas, como mínimo de 1080 € mensuales.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
PENTSIONISTAK ARABA 31 de enero de 2022
PENTSIOAK ETA SOLDATA DUINAK PERTSONA GUZTIENTZAT