Pensionistas exigen derogar todas las reformas para proteger el sistema público

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia considera «insuficientes» las decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez para la defensa de un sistema público de pensiones. Entienden que se podrían haber dado pasos hacia la derogación de las reformas de pensiones y laborales, la recuperación del poder adquisitivo de todas las pensiones, así como acabar con la brecha de género.

«No se ha consolidado el incremento anual de las pensiones manteniendo, al menos, el poder adquisitivo. Las pensiones futuras se siguen deteriorando sistemáticamente con las reformas vigentes; las pensiones más bajas no se han revalorizado en función de las exigencias de la CSE; el empleo sigue precarizándose; la brecha de género aumenta y, en definitiva, incluso en situaciones de mejora de la productividad y crecimiento económico muy pocos salarios y pensiones han sido beneficiados», exponen en un análisis donde abordan su posición respecto al Pacto de Toledo y al Diálogo Social en Madrid.

«Convocar el Pacto de Toledo y el Diálogo Social sin haber derogado las reformas laborales y de pensiones, mejorado los ingresos mínimos, eliminado la brecha de género y garantizado el sistema público de pensiones y la asistencia digna a mayores y dependientes, es un fraude y una trampa que pretende posponer nuestras demandas y sembrar falsas esperanzas», defienden. Además, recuerdan que en esos foros los y las pensionistas no tienen ni voz ni voto.

Su objetivo, así lo declaran, es que PSOE y Unidas Podemos no se valgan del Pacto de Toledo y el Diálogo Social para eludir y retrasar las reivindicaciones que asumieron ante el movimiento de pensionistas estando en la oposición al Gobierno de Rajoy. «Dejar en sus manos las reformas sin derogar las anteriores y establecer los ingresos de suficiencia es un fraude que seguirá destruyendo el sistema público de pensiones», advierten.

En ese contexto, estiman «imprescindible» una dinámica de movilización con otros sectores que persiguen un cambio radical. Apuntan que su tabla reivindicativa básica y otras que plantean esos sectores no van a ser tenidas en cuenta «si no somos capaces de ampliar nuestra capacidad de respuesta y de consolidar la cooperación con todos los sectores sociales que coincidan con la estrategia integral que planteamos».

«Si nos sacan de la calle –aseguran– profundizarán las reformas vigentes para reducir el sistema público de pensiones, la asistencia social y la sanidad pública a su mínima expresión».

Manifiestan que el estado de alarma sanitaria deja en evidencia las consecuencias de la reducción de las inversiones en Sanidad e Investigación, así como los recortes de servicios y de personal. «En la fase de crecimiento económico no se han derogado los recortes y a partir de ahí cualquier situación crítica como la actual genera enormes dificultades para garantizar el derecho a la salud», alertan.

En la actual coyuntura, atisban una nueva crisis o recesión una vez se supere la pandemia, que traerá secuelas como el cierre de pequeñas y medianas empresas, desempleo y reducción de recaudaciones impositivas y de cotizaciones. «Por experiencia, sabemos que van a intentar que, una vez más, seamos las clases populares las que paguemos el endeudamiento público lo cual tendrá un efecto negativo sobre el sistema público de pensiones, los ingresos de suficiencia y la universalidad de los servicios sociales», señalan.

Entienden que se podría haber evitar si tras la anterior crisis se hubiesen adoptado «decisiones estratégicas para poner la economía al servicio de la vida y las personas». Por el contrario, critican que se pretendan resolver las crisis profundizando en la desigualdad del reparto de la riqueza.

Insisten en que las reivindicaciones que plantean como «urgentes» en las diferentes interpelaciones que han realizado lo siguen siendo. Sostienen que garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, el nivel de sus prestaciones y su suficiencia, como parte de esa estrategia, es la premisa para asegurar conquistas parciales. Por ello, apuestan por seguir reivindicando medidas que lo fortalezcan y garanticen (legislativas, pensiones, prestaciones sociales, financiación, cotizaciones, auditoria social…).

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