POR UN DEBATE INCLUSIVO

María Serrano Mitxelena
La crisis del Covid-19 ha evidenciado las carencias en la atención a personas en situación de fragilidad, mayores, con discapacidad o dependencia. Realidades que vienen siendo objeto de debate y denuncia desde hace tiempo, pero que se han hecho visibles ante las situaciones trágicas vividas, en Gipuzkoa 167 fallecidos en residencias. Con buen criterio desde diferentes contextos relacionados con los cuidados, se está planteando la revisión en el modelo de cuidados, tanto en el domicilio como en las residencias.
Valoro que los debates sobre el nuevo modelo de cuidados, para que respondan a las necesidades de las personas a las que se dirige, deben surgir de dinámicas colaborativas que atraigan y reúnan el conocimiento de profesionales expertos, profesionales con experiencia, Asociaciones de personas mayores y, cómo no, la participación de las personas objeto de cuidados. Se trata de poner la mirada en un modelo que deberá tomar como centro la persona y no la Institución.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha formado un grupo de una “veintena de profesionales del tejido social de Gipuzkoa para analizar y repensar las políticas a desarrollar en el territorio para afrontar algunos retos como el de los cuidados de las personas mayores y dependientes, la soledad no deseada o la inclusión social”. Tras los debates, “se comenzará a diseñar una agenda en torno al desarrollo de un nuevo modelo de atención residencial…”.
Son varios los aspectos que me sorprenden y quiero señalar. Durante la crisis del Covid-19, la Diputada de Política Social, Dña. Maite Peña, ha destacado por su falta de autocrítica en relación a los hechos acontecidos y que han originado las situaciones dramáticas que conocemos. Y sus palabras, así como las del Sr. Diputado General, D. Markel Olano, han sido para subrayar el modélico ejemplo de las residencias de Gipuzkoa. Ahora, en plena campaña electoral, lanza el proyecto arriba mencionado. Bienvenido sea. Pero quiero subrayar también que el equipo cojea. Faltan profesionales de la U.P.V., Asociaciones de Familiares y de Personas Mayores, del ámbito de los Derechos Humanos, así como geriatras, por citar algunos ejemplos.
