PROYECTO DE LEY DE PENSIONES. SEGUNDA PARTE

La ley de pensiones se ha dividido en dos fases, la primera está en curso de deliberación en el Congreso y fue acordada en el marco de la mesa del diálogo social y sus contenidos los tratamos en la concentración de la semana pasada.

Esta segunda fase del acuerdo está fuertemente condicionada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un compromiso de reformas presentado por el Gobierno a la Unión Europea a cambio de recibir los fondos europeos. Este compromiso tiene un capítulo específico sobre la Reforma de las Pensiones.  En él se recogen las reformas a realizar en el sistema y que coinciden con lo ya acordado en la primera fase y fija los objetivos a conseguir en la segunda fase de negociación que se tiene que cerrar antes del fin de 2022.

Los objetivos más importantes para el gobierno en esta segunda fase son: primero incorporar un nuevo factor de sostenibilidad, que sustituya al derogado por la presión de nuestro movimiento. Se trataba de recortar la cuantía de la pensión en proporción al crecimiento de la esperanza de vida. Este factor pretenden sustituirlo por otro con distinto nombre, pero con los mismos objetivos, este gobierno no ha querido renunciar a un instrumento pactado en el año 2011 que le permite reducir las pensiones futuras. Este nuevo factor debe estar acordado en la mesa del diálogo social antes del 15 de noviembre y si no hay acuerdo el gobierno legislará.

El segundo aspecto es alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión a prácticamente toda la vida laboral, (35 años), los lobbies de seguros, la banca, etc… que difunden interesadamente la insostenibilidad del sistema público para hacer un negocio de la pensiones, llevan años persiguiendo este objetivo, que de conseguirse, sería muy perjudicial para los futuras personas pensionistas. Este objetivo de 35 años no se explicita en el documento, pero sí se habla claramente de aumentar el periodo de cómputo. El incremento en 10 años, hasta 25 años, de la reforma del 2011, ha supuesto una pérdida de un 20% anual para el pensionista mediano.

El tercer aspecto, muy importante, supone abrir la puerta del sistema público al negocio privado, por la introducción de los sistemas de previsión social complementaria y el fomento de los planes de empleo. La expresión del compromiso del gobierno con Bruselas sobre este punto es muy clara y merece la pena recordarla. “Mediante esta reforma se pretende revisar el marco regulador de pensiones complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva preferentemente sectorial. El gobierno creará fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo. El objetivo es que a través de la negociación colectiva sectorial se amplíe de los dos millones de trabajadores y trabajadoras cubiertos actualmente, a 13 millones en 2030 y al 80% de la población ocupada a largo plazo” Este compromiso del gobierno con la UE expresa la magnitud del ataque al sistema público.

Este gobierno, al que votaron millones de trabajadores y trabajadoras y sus familias debe revertir las reformas regresivas que han hundido en la precariedad y en la subsistencia a una parte substancial de la población, y debe impedir el negocio y la depauperación consiguiente del sistema público, que será para pobres como la sanidad o la educación si no lo evitamos.

Por ello rechazamos estas medidas, pedimos LA DIMISIÓN del ministro Escrivá y nos movilizaremos contra ellas exigiendo a este gobierno que cumpla su programa y derogue las reformas laborales y de pensiones, que son la raíz de las amenazas al sistema público.

Pentsionistak aurrera             Pentsionistak  Araba                   Vitoria-Gasteiz 25-10-2021

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.